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miércoles, 2 de septiembre de 2015

Charla con el defensor del Pueblo de Venezuela


El lunes 24 de agosto, en la “Casa Patria Grande Néstor Kirchner” de la Capital Federal, se desarrolló la conferencia “Situación Política y Derechos Humanos en Venezuela” a cargo del Defensor del Pueblo Venezolano, el Dr. Tarek William Saab, invitado a la Argentina por la Embajada de Venezuela en nuestro país.

El panorama de los derechos humanos en Venezuela, su pasado, presente y futuro estuvieron presentes a lo largo de la charla. La coyuntura política cruza estas reflexiones, con la palabra memoria como faro que guía el pensamiento.

El funcionario venezolano, titular de uno de los 5 poderes del Estado bolivariano – el Poder Ciudadano- , hizo un repaso histórico por el significado de los DDHH en Venezuela antes y después de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia y terminó su conferencia con un análisis coyuntural de la situación política venezolana, atravesada por los ataques de los “verdugos de siempre” a Venezuela. Dejó en claro que el gobierno de Nicolás Maduro tiene a los derechos humanos como política de Estado. 



Venezuela y los Derechos Humanos

Mientras en el mundo se sucedía la conquista de los derechos, el defensor del pueblo venezolano trazo un paralelismo con lo que ocurría en su país a partir de los años de la dictadura de Pérez Jiménez (1952-1958).

Luego de la caída de la dictadura, por peleas de poder intestinas en las Fuerzas Armadas, se opera la vuelta a la democracia sobre un sistema de partidos manejado por los generales, la llamada democracia representativa. “Venezuela fue el ejemplo de democracia en la región, con la llamada etapa de democracia representativa, que fue instaurada a “sangre y fuego”.
Acción democrática y COPEI (sistema bipartidista) se sucedieron en el poder desde el 58 al 68. Este periodo Saab lo caracterizo como de “doble pecado”, porque mientras se suponía que el Estado de Derecho era garantizado, en la práctica fue tiempo de torturas, desaparición forzada de personas y asesinatos de los que pensaban diferente.
El terrorismo se instalo a través de la frase “disparar primero y preguntar después”. “Lo que ustedes y otros países de latinoamérica vivieron en los setenta-las dictaduras cívico militares de la región- nosotros lo padecimos durante antes, desde los 60”

En este punto de la conferencia hizo aparición en escena Carlos Andrés Pérez, porque Tarek William Saab recordó la década de 1980 como “la década de las grandes masacres”,
La masacre de Cantaura (4 de octubre de 1982), en el Estado de Anzoategui, bajo la represión del gobierno de Luis Herrera Campíns.  24 muertes que el poder la justificó como un “enfrentamiento armado” contra los asesinados, en donde cualquier parecido con los genocidas argentinos y las noticias de los diarios de la época,  no es casualidad.

Las masacres de Yumare, durante el gobierno de Jaime Lusinchi. “Fue una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda, y planificada por el gobierno de Jaime Lusinchi, el 8 de mayo de 1986 nueve dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP, policía política durante la IV República), a las órdenes del entonces comisario López Sisco.”[1]

La masacre de Amparo: “Han pasado más de 20 años, donde fueron asesinados 14 pescadores venezolanos por el ejército venezolano y continúa impune. La Masacre de El Amparo constituyó uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos en el período político conocido como la Cuarta República. Existen dos sobrevivientes del hecho, familiares de las víctimas y otros actores claves en la lucha por la verdad y contra la impunidad, quienes dos décadas después continúan luchando por limpiar el nombre de aquellos humildes pobladores de la frontera venezolana y el castigo para los responsables.”[2]

Saab también recordó la más emblemática de esas masacres: el Caracazo de febrero de 1989. “La movilización popular más importante de la historia de Venezuela, termino en genocidio: los militares asesinaron a 3000 personas y las enterraron en fosas comunes”. La rebelión popular del Caracazo, en palabras de Hugo Chávez, fue la chispa que encendió el fuego. Una reflexión de esa índole nos dejo el camarada Saab, porque él la llamo la primera movilización antiglobalización en el mundo.

Por estos motivos enalteció y reivindicó el trabajo que ha llevado adelante Argentina como politica de “Memoria, Verdad y Justicia” en torno a los juicios que se hicieron -y se siguen haciendo- a los genocidas en estos años de gobierno. La diferencia con Venezuela en este punto es notable, “Violaron los derechos humanos, mataron, torturaron y no recuerdo que haya algún responsable condenado por estos hechos”.

En este contexto de Guerra Fría, con una América Latina que se desilachaba por los crímenes de las dictaduras militares, ¿que decía Estados Unidos?: “ustedes quieren democracia, ahí esta Venezuela como ejemplo”.

“La llegada del comandante Hugo Chávez al gobierno termina con todo ese esquema”.
A pesar de Chávez en el poder, en Venezuela no fue posible reivindicar los mártires y honrar la memoria de los compañeros, en la forma que Néstor y Cristina Kirchner lo llevaron adelante en argentina, con mas de 400 juicios a represores y sus cómplices civiles.

La palabra memoria se hizo carne en la conferencia, porque el escenario histórico que pintó el funcionario venezolano, fue el de un Estado represor, genocida, ausente e impune. Por eso la llegada de Hugo Chávez Frías supone un antes y después en la historia de los derechos humanos de Venezuela.

En las elecciones de 1998 Chávez llega a la presidencia, hecho crucial para los nuevos tiempos de nuestro continente. Para Saab este fue un “ejemplo, porque lleva adelante las políticas socialistas que no habían dejado concretar a Salvador Allende en Chile”.

“Este fue el ejemplo que inspiró las políticas y la llegada de Lula Da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y después Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Por supuesto no hay que olvidarse de los golpes de Estado en Honduras a Zelaya y el golpe blando de Paraguay, que saca del ejecutivo a Fernando Lugo”.

Con el comandante Chávez, la decisión política de la revolución bolivariana vira a favor de cortar de cuajo ese sistema de poder elitista, y pone en marcha una asamblea constitucional que elaboró la nueva constitución de Venezuela “En nuestra nueva Constitución está consagrado el nuevo Estado social de justicia y de Derecho. Porque en esta nueva carta magna esta tranversalizada desde el preámbulo, hasta el último artículo, la idea de la defensa de los derechos humanos”.

“Lo que importa es la práctica, por eso la mejoría política y jurídica se traduce en derechos para el pueblo. Desde mi cargo de defensor del Pueblo, como ustedes sabrán, tenemos la jerarquía de un poder en Venezuela, somos parte del Poder ciudadano. Sus miembros son elegidos por la Asamblea Nacional. Por este motivo tenemos peso especifico, para inspeccionar escuelas, hospitales, cárceles para defender los derechos del pueblo en todos esos ámbitos”.

En la conferencia, el camarada bolivariano, siempre apunta a reivindicar puntos de inflexión que nos den las herramientas para comprender la coyuntura venezolana. Su relato nos sitúa en el año 2002, año en el que la derecha de Venezuela intenta un golpe de Estado a Chávez. Por eso resalta esta situación, porque lejos de amedrentar al pueblo, se organiza y proclama en las calles la vuelta del comandante a Miraflores. “El proceso chavista se profundiza a partir de aquí”.

A partir de 2003 se implementan las “misiones sociales”, que no son otra cosa que programas de defensa de los derechos humanos, en materia de salud, consagrados en la nueva constitución del 99. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida y para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad, se crea la Misión Barrio Adentro que tiene como objetivo garantizar el acceso pleno a servicios de salud integrales y de calidad, para dar respuesta a las necesidades sociales de la población, especialmente la excluida, bajo los principios de equidad, universalidad y justicia”.[3]

Esta acción en la salud, viene a forjar en cuestiones concretas una alianza con Cuba, que provee de médicos que trabajan en zonas rurales de Venezuela. Es una de las variables que explica el apoyo de Fidel al gobierno de Chávez y como esta relación propició una integración regional sin precedentes en estos últimos 200 años.

También destacó a Venezuela como territorio libre de analfabetismo, “la derecha los privatiza a estos derechos, porque los ven desde el liberalismo, desde el plano individual y no como derechos sociales”. “Los que salen de esa esfera de la derecha son atacados, por esta razón desde 1999 denuncian en los foros internacionales al gobierno chavista. Por eso nosotros reivindicamos la voluntad del Estado por construir la política de Derechos Humanos desde la Constitución”. 

Chávez y Después

“Chávez, En el 2012 -a pesar de su enfermedad-, ganó de forma inequívoca las elecciones a presidente”.
A consideración de Saab, desde que el comandante se convirtió en el "comandante eterno" se han endurecido en la derecha venezolana, sus posturas antidemocráticas. “Desde el 2013 esta oposición de Venezuela ha demostrado que no le importa nada, con tal de apoderarse de la reserva mas grande del mundo en Petróleo, la tercera en reservas de Oro y la quinta de gas. Estados Unidos no ve como un botín, a quien arrebatarle la riqueza. Nos saquearon durante 100 años, hasta la llegada de Chávez”.

En esta construcción que buscan imponer en el mundo, “los verdugos de siempre, quedan como los campeones de los derechos humanos”.

En medio de esta coyuntura –fallece el comandante Chávez a principio de 2013- se ganan las elecciones presidenciales de ese año,  con Nicolás Maduro como el candidato del chavismo contra un candidato único, que representaba todo el arco opositor, el empresario Henrique Capriles. “Desconocieron el resultado, su derrota. Cual fue el resultado: 14 muertos. Ellos llamaron a protestas en la calle donde ocasionaron 14 muertos, esa es una factura que todavía nos falta cobrar”.

Luego de esa estrategia de desconocimiento, se divide la derecha y aparecen nuevos nombres: Corina Machado y  Leopoldo López. Ponen en práctica otra de sus intentonas y pergeñan el llamado plan, LA SALIDA. “Se refiere a la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República), para provocar decenas de asesinatos directos y muertos indirectos que no fueron atendidos a tiempo debido a las barricadas e interrupción de autopistas y calles que no permitieron que las ambulancias con heridos y enfermos pasaran a tiempo para llegar a los hospitales”.[4] Como actúan: quieren tomar por asalto el Ministerio Publico y provocan un muerto.

Enfatizó en su discurso la situación de los líderes opositores que llamaron a una salida insurreccional:“Se horrorizan los verdugos de siempre, cuando son llevados ante la justicia y a juicio por cargos como conspiración y rebelión civil. Presos de conciencia se los llama, pero los medios ocultan esto”, haciendo referencia al cerco mediático que ostentan los lideres opositores, que los representa alrededor del mundo como las víctimas de esta situación, 

El decreto presidencial firmado por Obama -en marzo de este año- que declaró la "emergencia nacional" por la amenaza "inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela, también formo parte de la charla

“Firma este decreto para sancionar funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos. Esto fue lo que planteo el terreno fértil para declarar la amenaza en la orden ejecutiva. Estados Unidos solo firmó este tipo de acciones 8 veces, todas significaron invasión contra esos territorios”.

Para contrarrestar esta avanzada imperialista el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro puso en marcha una campaña mundial de junta de firmas bajo el lema “Venezuela no es una amenaza”. “La campaña de apoyo a Venezuela “Obama, deroga el decreto ya” contó con el apoyo de todo el planeta, y tuvo que reconocer en Panamá (Cumbre de las Américas) que Venezuela no es una amenaza. Sin embargo todavía no hay derogado el decreto”.

En el cierre de su alocución, hizo referencia a la difícil situación en la frontera con Colombia. “Nuestro gobierno es una democracia que garantiza los derechos humanos, batalla contra ataques permanente a su soberanía, en este momento es Colombia y el factor uribista. Por tal razón Nicolás Maduro ha decretado el Estado de excepción en la zona fronteriza con Colombia. Porque contribuyen a la especulación y desabastecimiento llevándose de contrabando de kilómetros de toneladas de productos venezolanos de primera necesidad”. Maduro decreto este estado de excepción por los próximos 60 días.

Corrió el velo acerca de las Guarimbas. “Son terroristas armados”. Grupos de oposición al gobierno, que están emparentadas desde su construcción y su accionar, con los paramilitares colombianos. “Mataron 6 guardias nacionales, 3 policías y un fiscal del ministerio público. Desde que empezó la operación la “salida” hubo 43 muertes hasta junio.

La despedida vino con tarea para el hogar: pensar como profundizar los lineamientos de integración y emancipación, con el protagonismo y el compromiso de las organizaciones populares, de derechos humanos y sociales. El defensor del pueblo del Venezuela no dejo dudas al afirmar que esta coyuntura sólo puede superarse con lucha y organización popular.



Juan José Albarracín, colaborador Secretaria DDHH CTERA




[1]     http://www.radiomundial.com.ve/article/este-viernes-se-cumplen-29-a%C3%B1os-de-la-masacre-de-yumare
[2]     http://www.derechos.org.ve/casos/justicia/masacre-de-el-amparo/
[3]             http://ceims.mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=39:mision-barrio-adentro-i-ii-iii-iv&catid=23:misiones-bolivarianas
[4]     http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/13/la-segunda-fase-de-la-desestabilizacion-en-venezuela/

viernes, 13 de febrero de 2015

Piedra libre a los Genocidas

Una filmación realizada por H.I.J.O.S. Regional Capital muestra a Carlos "Pedro Bolita" Galián Suboficial Principal (R) de la Armada Argentina, violando el arresto domiciliario que pesa sobre él.
El genocida Gailán está siendo juzgado en el juicio de la Megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad, acusado de participar en los vuelos de la muerte y el plan sistemático de robo de bebés. En 2010 fue beneficiado con el arresto domiciliario so pretexto de resguardar su salud, aunque en las imágenes se observa su comportamiento cotidiano, convertido en quiosquero de barrio, realizando salidas constantemente.

Este hecho repudiable, no es una situación aislada sino que resulta un lugar común en decenas de causas. Un caso emblemático, sólo por mencionar algunos similares, nos acordamos que en 2004 el represor Suárez Mason fue en el auto del por entonces embajador de Ecuador Germánico Molina – un ladero del presidente Lucio Gutiérrez-, a festejar su cumpleaños en el Club Argentinos Juniors; de las salidas al Patio Bullrich del genocida Jorge Luis Magnacco en 2013, filmado también por H.I.J.O.S. Capital; también en 2013, se observó al ex marino José Francisco Bujelo, en Mar del Plata, en reiteradas ocasiones violando su arresto domiciliario; los paseos del ex comisario mendocino Orlando Gutiérrez en 2014; en 2011 el ex jefe de policía tucumano condenado a perpetua Roberto Eriberto “El Tuerto” Albornoz.

Albornoz actualmente imputado en la Megacausa Villa Urquiza, había sido condenado en 4 causas por crímenes de lesa humanidad, una de ellas es Arsenales II, causa que muestra algunos reveses. En esta proceso judicial, luego de una apelación presentada por los defensores oficiales de los represores Casación hace lugar a la observación de uno de los puntos de la resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán, ordenando “restablecer el status quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y público.” Con esta medida gran parte de los condenados volvieron a sus arrestos domiciliarios y otra parte fueron puestos en libertad. El TOF de Tucumán pasó revista de la situación de los condenados, recién después de una resolución del juez federal Fernando Luis Poviña, que hizo lugar a la presentación masiva de habeas corpus preventivos (101 presentaciones) por parte de la querella.

Todos estos casos dan cuenta de una misma situación de impunidad que toca la puerta de las responsabilidades en algunos de los despachos del poder judicial, pero también de las fuerzas de seguridad locales que otorgan reiterados permisos para consultas médicas prolongadas. Entendemos que es necesaria la observancia y seguimiento de las decisiones judiciales, como medidas continuas que permitirán sostener el actual proceso de justicia.
Exigimos al poder judicial cárcel común para el genocida Carlos Gailán y todos los represores que se encuentran en esa misma situación de privilegio. Expresamos nuestra preocupación ante la responsabilidad institucional de los hechos como éste, que se presentan recurrentemente.

lunes, 15 de septiembre de 2014

NUESTRO HOMENAJE y RECONOCIMIENTO A ESTELA DE CARLOTTO

Este viernes la CTERA fue sede de el homenaje de las/os docentes argentinas/os a la compañera Estela Barnes de Carlotto. A sala llena, con una audiencia ansiosa de recibirla, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el reconocimiento de “Maestra de la Paz” por parte de nuestra entidad sindical.

Los compañeros de SUTEBA, el sindicato de base de CTERA en la Provincia de Buenos Aires, contaron con mucho orgullo que el encuentro entre Estela e Ignacio Guido los inspiró a iniciar una campaña “por los 400 que faltan”, como afirmó nuestra compañera Rosana Merlos, Secretaria de Derechos Humanos de ese sindicato. Mediante un spot protagonizado por nenes y nenas entre 8 y 16 años. Desde las primeras filas los jóvenes protagonistas observaban con atención y expectativas el estreno del micro audiovisual con el que se pretende fortalecer la búsqueda de nietos emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo. 

Luego de los anuncios, Eduardo López, nuestro Secretario Gremial, le dio la bienvenida en nombre de CTERA. Entonces, Hugo Yasky, Secretario General de CTA, Cecilia Martínez, Secretaria adjunta de SUTEBA Delia Bisutti y Tito Nenna, ex miembros de Junta Ejecutiva de CTERA, entregaron la distinción y los presentes.

Era oportuno el momento para el homenaje. Los motivos, como siempre, nos sobran, porque las Madres y las Abuelas, trajeron a nuestras generaciones lo que sus hijos e hijas no pudieron transmitirnos y a ellas le debemos la Memoria. Con ellas y junto a los padres, familiares e hijos, fuimos conociéndolos en su integridad como hombres, mujeres y militantes. De la misma manera, pudimos aprender que los valores de la Verdad y la Justicia existen en la medida que luchamos por ellos. Así también con sus compañeros y compañeras de lucha, los que quedaron para contar y transmitir la experiencia en clave histórica, aprendimos a recibir ese legado, en convertirlo en mandato -como le gusta decir a nuestra compañera Stella-. Por eso, nos hacemos herederos -parafraseando a otro compañero- de la “comprensión histórica y la decisión política” acerca de la necesidad de transformación que requiere nuestro país y la región.

Estela nos contó de su experiencia como maestra rural, que su experiencia la había hecho valorar el rol del docente, no sólo dentro del aula. “Hoy algunas cosas cambiaron, pero sin embargo el trabajo del maestro sigue sin ser reconocido” sentenció. En el medio de los agradecimientos, Estela confesó: "Hoy me siento más Maestra que nunca". Entonces, todo el Auditorio Isauro Arancibia se puso de pie, se encendió en aplausos y la emoción colmó los rostros de cada uno de los presentes. 

Nos quedan pocas palabras y mucho aliento después de esa noche.  Luego de escucharla y sentir el palpitar colectivo de sus palabras quedan enseñanzas indelebles: es imposible construir presente y sembrar futuro sin esperanza, sin mística, sin alegría.

Equipo de la Secretaría de Derechos Humanos
CTERA

viernes, 15 de noviembre de 2013

Formosa: 25 años a cinco genocidas por crímenes de lesa humanidad


El Tribunal Oral Federal de Formosa dio lectura de la sentencia en el juicio oral contra 8 imputados, por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como La Escuelita contra 74 víctimas. Este es el segundo juicio de lesa humanidad que se realiza en la provincia, el anterior había sido en 2009 y tuvo como único imputado al ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo quien fue condenado a 25 años de prisión.
Foto: Télam 


El TOF de Formosa condenó a la pena de 25 años de prisión al ex militar Juan Carlos Camicha, a los ex policías Sergio Gil, Luis González, Félix Romero y José Medina. En tanto que la pena para el ex gendarme Mario Osvaldo Sosa fue de 18 años de prisión. El ex militar Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera –ex médico militar- fueron condenados a siete años.


lunes, 5 de agosto de 2013

Son doce los juicios por delitos de Lesa humanidad que se están realizando y dos terminaron recientemente

Los juicios sobre los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en todo el país, se estan llevando a cabo en siete provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), once son orales y uno es por escrito, con casi 240 imputados entre todos ellos.

En la CABA se están realizando dos juicios orales, el de la ESMA III con 68 represores imputados; incluyendo los pilotos de los llamados "vuelos de la muerte" y el otro por el plan Condor con 25 represores imputados.

En Santa Fe también son dos los juicios orales, en la ciudad de Santa Fe el de la Causa 050-III Brigada Aérea de Reconquista y otro por los delitos cometidos en la ciudad de San Lorenzo que se desarrolla en Rosario. Esta semana se conocerán las sentencias en estos dos juicios, el martes 6 de agosto de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe, leerá el veredicto en la Causa 050, donde son juzgados siete represores por crímenes de Lesa humanidad a 35 víctimas. El jueves 8,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario dará a conocer la sentencia a los represores Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y Pedro Alberto Rodríguez.

En Tucumán, sigue el megajuicio que unifica las causas  “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía"; el TOF de Tucumán juzga a 41 represores, por crímenes de lesa humanidad como  violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra 235 víctimas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta está juzgando desde mayo de 2012, a 18 represores por la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, delitos cometidos en esa provincia entre los años 1975 y 1978.

En Catarmarca el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, inició en mayo del 2013, juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia en perjuicio de 14 víctimas, durante la última dictadura cívico militar, por los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, investiga desde fines del año pasado los delitos cometidos en los centros  clandestinos de detención (CCD),  “La Perla” y “Campo de la La Ribera” y en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar; ya se realizaron 64 audiencias. Entre las 416 víctimas hubo asesinados, desaparecidos y solo 166 sobrevivientes. En este juicio son 45 los represores imputados, con los genocidas Luciano Benjamín  Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, entre ellos.

Entre los juicios que terminaron recientemente, el pasado 24 de julio el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a sólo 12 años de prisión al ex policía del Comando Radioeléctrico provincial, Juan Domingo Ayala, por el fusilamiento de seis presos políticos el 17 de mayo de 1976.

En la provincia de Buenos Aires es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín el que realiza el juicio por la 8ª etapa de Campo de Mayo, iniciado en abril pasado y focalizado en el área represiva que abarcaba Zárate-Campana. En este juicio están imputados los genocidas Santiago Omar Riveros, Sergio Buitrago, Servando Ortega y el ex titular de la Comisaría de Escobar Juan Fernando Meneghini, por crímenes contra 31 víctimas; los alegatos comenzaron el viernes 2 de agosto.

En Bahía Blanca el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad realizaba el juicio a  ocho represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, pero la semana pasada el TOF apartó del juicio, por razones de salud, al represor Miguel Ángel Villegas y ordenaron su inmediata libertad, la fiscalía anunció que recurrirá en Casación. Hay que recordar que el represor imputado Carlos Alberto Arroyo, miembro del grupo de tareas de la Compañía Comando y Servicios, está prófugo desde el 6 de mayo pasado.

El pasado miércoles 31 el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzó el segundo juicio en esa provincia por delitos de lesa humanidad, son ocho los represores imputados: Hugo Kishimoto, Faustino Blanco Cabrera, Juan Carlos Camicha,  Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, todos del ejército y el ex gendarme Mario Osvaldo Sosa. Es importante recordar que está prófugo el represor Angel Ervino Spada por haber llegado libre al juicio (ver nota anterior). Se estima que terminará antes de fin de año.

Recientemente, el pasado 30 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia M. Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, condenó a 25 años de prisión a los genocidas Carlos Faraldo y a Héctor Filippo y a seis años a Rubén Ledesma, por ser coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, en perjuicio de tres víctimas. Además el TOF ordenó el traslado de estos represores a la Unidad Penal N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

En Entre Ríos hace varios años se desarrolla un juicio a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal (juicio por escrito), en la llamada causa "Area Paraná". En este juicio están acusados los genocidas Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani (el socio del fugado Jorge Olivera), Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el ex policía federal Cosme Marino Demonte; la ex agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano entre otros. Se investigan delitos cometidos a 70 víctimas. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná busca reactivar esta causa, por la cual ya pasaron diez jueces en el último año y medio  y el proceso se estancó por los planteos dilatorios de los abogados de los represores. También complicó que se fueron agregando causas como la del CCD de la ex comisaría de El Brete.

Según el CELS, hasta ahora hay más de 370 causas activas incluyendo más de 80 con sentencia, con casi 2000  entre denunciados,  prófugos, imputados e investigados, incluyendo más de 320 condenados, de los cuales casi el 50% fueron condenados a perpetua.


sábado, 13 de julio de 2013

Prisión perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad


Olivera,  Martel, Gómez, Nieto y Lazo, en el juicio
Luego de 20 meses de juicio oral, el pasado jueves 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, dio a conocer la sentencia en "fallo definitivo y unánime", por crímenes de lesa humanidad. En general el fallo concidó con lo pedido en mayo pasado por el fiscal Mateo Bermejo, quien tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega.

A los genocidas Horacio Julio Nieto (el único expolicía), Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera se los condenó a la pena de prisión perpetua;  a Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, a la pena de 25 años de prisión. mientras que el represor Alejandro Manuel Lazo, recibió una pena de 10 años de de prisión, cinco años menos que lo que pidieron los fiscales. Salvo Nieto y Lazo que mantendrán la prisión domiciliaria, los otros genocidas irán donde lo decida el Servicio Penitenciario Federal.

A todos se los condenó por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de 60 víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otros. Todos secuestrados y torturados en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan.

El TOF  ordenó al  juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, que investigue a 12 represores del ejército y de la gendarmería, quienes actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22.

miércoles, 3 de julio de 2013

Solidaridad con Evo Morales y el pueblo boliviano

La Secretaría de Derechos Humanos Solidaridad con el presidente Evo Morales y con el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia ante las manifestaciones colonialistas de varios países de Europa occidental. Es necesario expresar el rechazo rotundo a las medidas de los gobiernos de España, Portugal, Francia e Italia que prohibieron el paso del avión oficial de Bolivia por su espacio aéreo, violando la inmunidad diplomática y poniendo en peligro la vida del primer mandatario. El atropello  se cometió con el argumento de la búsqueda de un prófugo del gobierno de los Estados Unidos.

Así como se apronta una resolución de la Unión de Naciones Sudamericanas, la situación exige el pronunciamiento de todos los gobiernos populares y de las organizaciones sociales, políticas y sindicales de la región y el mundo.

Estos países, que hoy han violado normas del derecho internacional, son los que acompañaron las invasiones en Irak, Afganistán y Libia, y que disponen libremente el espacio aéreo para el paso de aviones Hercules de las fuerzas de invasión estadounidenses, cargados con prisioneros ilegales. 

Debemos recalcar que la política de intromisión del país de norte de América en nuestra región está en un momento de reactivación. En este sentido, desde ese país se orquesta la puesta en marcha de la Alianza Pacífico, mecanismo de alianzas con el que buscan debilitar los espacios regionales autónomos como el MERCOSUR, ALBA, UNASUR y CELAC. El imperialismo no es ninguna reminiscencia histórica, sino la opción estratégica actual de los países ricos de Europa Occidental y, en particular, de los Estados Unidos. 


Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA

jueves, 20 de junio de 2013

La justicia federal de Corrientes beneficia al genocida Juan Carlos De Marchi condenado por delitos de lesa humanidad


La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA repudia la medida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que beneficia con salidas transitorias de la unidad penal N°34 de Campo de Mayo, al ex militar y represor Juan Carlos  "el electricista" De Marchi. El genocida, condenado a 25 años, viajó el 14 de junio pasado a su domicilio del centro de la capital correntina para visitar a su familia, sin haber cumplido aún la mitad de la condena. Según el informe judicial, debe volver a la cárcel recién el próximo lunes 24. 

El 6 de agosto del 2008 el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también presidido por el juez Víctor Alonso,  dictó la sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, conocida  como “Causa RI9” por el centro clandestino de detención  que funcionó en  el ex Regimiento de Infantería 9. Entonces se condenó a cuatro represores, el ex coronel  Julio Rafael Barreiro con prisión perpetua , con 25 años a Juan Carlos De Marchi y  al ex coronel Horacio Losito, y con 18 años al ex Gendarme Raúl Alfredo Reynoso. El genocida Cristino Nicolaides no fue juzgado por razones de salud. Estos represores fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Cuando se dictó la sentencia, la militante a favor de los genocidas Cecilia Pando, realizó un triste espectáculo amenazando a Eduardo Luis Duhalde, entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, diciéndole que  “¡Te voy a matar con mis propias manos!”.

Ramón Leguizamón, abogado de la querella en la causa RI9 afirmó a Télam que no se está cumpliendo uno de los recaudos de la ley, que establece el 50 por ciento de la condena cumplida para poder tener salidas transitorias. Por eso  Flavio Ferrini, Fiscal Federal de Corrientes y la Comisión Provincial de Derechos Humanos apelarán la decisión del Tribunal Oral.

Hoy familiares y ex detenidos junto a organizaciones como Barrios Unidos- La Colectiva- , La Campora , JP Descamisados y la Federación Juvenil Comunista realizaron, a pesar del mal tiempo,  un escrache en la la casa del represor De Marchi, en la esquina céntrica de Santa Fe 403 y Quintana de la Capital de Corrientes, contra la decisión judicial que otorgó el beneficio de una salida transitoria de la cárcel de Campo de Mayo por diez días. Todo se desarrolló en forma pacífica, con cánticos, afiches y pintadas, sin embargo, y sorprendentemente,  se enteraron que el Tribunal Oral Federal de Corrientes había suspendido la salida transitoria del genocida, y que esta  mañana a las 7 horas ya se había producido su regreso a la Unidad 34 de Campo de Mayo, con la custodia de efectivos de Gendarmería. De todas formas el represor estuvo casi una semana fuera de la cárcel, cuando no correspondía.

Hay que recordar que De Marchi era empresario ganadero y presidió la Sociedad Rural de Corrientes hasta que fue detenido en el 2004 y desde 1989, además de ser  vocal suplente de la Sociedad Rural Argentina nacional, cuyo presidente, Luciano Miguens, dijo en el 2005 “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi, una persona honorable que también integra nuestra casa”.

Según denunció oportunamente  H.I.J.O.S. Capital, De Marchi viajó cinco veces, durante cinco años, a la Escuela de las Américas en Panamá, la academia de torturadores.

viernes, 14 de junio de 2013

Pidieron la extradición de María Estela "Isabelita" Martínez para indagarla por el Operativo Independencia



Los Fiscales Federales Ad Hoc de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, presentaron oralmente ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez de Perón por ser responsable de 270 víctimas del denominado "Operativo Independencia" de 1975. En esta presentación, los fiscales se basaron en que Martínez firmó, el 5 de febrero de 1975, el decreto secreto 261/75 "que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la Directiva 333 del Comandante General del Ejército (Leandro Enrique Anaya ), del 23 de enero de 1975". Como se publicó en este blog el pasado 16 de abril (ver detalles en Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla), el decreto 261/75 determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, ya que ahí se ordenaba "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN" y se destinaban al ejercito unos 4 millones de dólares extras para lograr ese fin.

"María Estela Martínez se encuentra en España, país que negó la extradición de la ex-vice jefa de Estado en 2008."

El dia 9 de febrero de 1975 el ex general Acdel Edgardo Vilas ordenó que tropas del Ejército ocuparan militarmente la provincia de Tucumán, e iniciaran la represión indiscriminada, que luego  fue comandada  por el genocida Antonio Domingo Bussi. Los fiscales Camuña y  Rovira sostienen que Isabelita tenía "conocimiento del verdadero curso de las acciones represivas de las FF AA en la ejecución de dicho plan".

La causa por el Operativo Independencia la lleva el juez federal Raúl Daniel Bejas, y tiene unos 130 imputados. El 27 de diciembre del 2012 Bejas negó la solicitud de indagatoria y detención de la ex presidenta que había sido presentada por Camuña y Rovira un año antes, el 20 de diciembre de 2011; los fiscales iniciaron la apelación el 6 de febrero pasado porque el juez no permitió "el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada". Entre los detenidos por este caso,  desde octubre del 2012; están  Mario Benjamín  y José María Menéndez y  Walter "Capitán" Saborido, ex candidato a vicegobernador de la provincia y otros 20 represores.

Uno de los argumentos del juez Bejas fue que Martinez desconocía el accionar llevado a cabo en Tucumán por las fuerzas armadas, cuando ella les ordenó aniquilar y era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así Bejas sustuvo a teoría de la autonomía de los militares e indicó que “desde el año 1974 las FF.AA. y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista”.

jueves, 13 de junio de 2013

Luego de denegar la nulidad se inició el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba


Finalmente este miércoles comenzaron a declarar los testigos ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, presidido por Eduardo Ariel Belforte (TOF de Formosa) e integrado por los jueces Mario Eugenio Garzón (Juzgado Federal de San Francisco) y Roque Ramón Rebak (Juzgado Federal de Villa María). El pasado 7 de junio, en representación de la víctimas José Alberto Svagusa  y Miguel Ángel Moze se presentó un pedido de nulidad, que ayer fue denegado  por el Tribunal en fallo dividido.

El único imputado es el ex-policía del Comando Radioeléctrico cordobés Juan Domingo Ayala, porque no están sus cómplices, así Jorge Alberto Zalazar continúa apartado por enfermedad, otros tres represores murieron (son Héctor Ricardo Rivera, Tomás Hugo Vera y Sixto Contreras), y permanece prófugo Hugo Armando Barbosa; todos eran efectivos del Comando Radioeléctrico de Córdoba. Ayala está acusado por  seis homicidios doblemente calificados por alevosía y pluralidad de partícipes, en concurso real contra Diana Fidelman, Miguel Moze, Luis Ricardo Verón, José Alberto Svaguza, Ricardo Alberto Yung y Eduardo Alberto Hernández, fusilados el 17 de mayo de 1976 durante un traslado.

Luego de la declaración del primer testigo y de la la exhibición de dos videos con las declaraciones testimoniales de  Ingrid Waisman y Eduardo Svagusa, el Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 25  de junio. 

Familiares e H.I.J.O.S. Córdoba expresaron, mediante un comunicado, su más enérgico rechazo a la decisión tomada por el Tribunal de denegar la nulidad pedida, por no haber sido notificados como parte querellante y no haber podido presentar un perito de parte para corroborar si Zalazar está realmente temporalmente insano.


martes, 11 de junio de 2013

Córdoba: amenazan con posponer el inicio de Juicio de Lesa Humanidad

En el sexto juicio por delitos de Lesa Humanidad que se desarrolla en Córdoba podría suspenderse la etapa oral. Se trata de la que iniciará este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Provincia de Córdoba, integrado,  por subrogancia legal,  por los jueces Mario Eugenio Garzón, Roque Ramón Rebak y Eduardo Ariel Belforte. La instrucción se realizó por el  Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

Los imputados por el asesinato de seis presos políticos  son el ex cabo del Comando Radioeléctrico de la Policía cordobesa, Juan Domingo Ayala, bajo los cargos de presunto coautor responsable de seis hechos de Homicidio Agravado, doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes, en concurso real.

El otro imputado es Jorge Alberto Zalazar, entonces comisario y luego ascendido a comisario mayor, pero, para él, se ha suspendido la tramitación de la causa por el resultado de  informes médicos que indican una incapacidad mental sobreviniente, lo que le impediría ser sometido al proceso. Esto hizo que la única querella y la fiscalía solicitaran que se postergara el proceso oral. El abogado Claudio Orosz de la querella objeta el informe médico que había sido ordenado por el Tribunal, ya que no pudieron controlar los exámenes con peritos propios. Claudio Orosz declaró a Página/12 que “Estamos pidiendo la suspensión de la audiencia porque somos querellantes de dos de las víctimas y no fuimos notificados de los trámites del juicio”. La fiscal Graciela López de Filoñuk, en acuerdo con la querella, va a presentar un escrito para adherir a la nulidad.

Los seis presos políticos  fueron fusilados el 17 de mayo de 1976, con el falso argumento de intento de fuga. Ese día  efectivos del Comando Radioeléctrico y del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Córdoba, se trasladó hasta la cárcel cordobesa San Martín (la UP 1), para retirar a los seis detenidos y llevarlos a dependencias del D2 ; Ayala y Zalazar eran los que conducía los vehículos. Inicialmente hubo seis imputados pero tres murieron, el último fue Hector Rivera, que había sido detenido en el 2011 junto con Zalazar y Ayala y otro llamado Hugo Armando Barboza permanece prófugo.

Las víctimas son Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Moze, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Svagusa, quienes estaban detenidos como presos políticos en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), de la ciudad de Córdoba.

Actualmente se está desarrollando  en Córdoba el juicio de la megacausa La Perla que tiene un total de 42 imputados, incluido el genocida Luciano Benjamín Menéndez, por delitos de lesa humanidad contra 412 víctimas. Los otros cuatro juicios que se desarrollaron en la provincia, son los de la causa ‘Brandalisis’ con sentencia en julio de 2008 y significó la primera perpetua para Menéndez; la causa ‘Albareda’ con la segunda perpetua para Menéndez en diciembre de 2009; en la causa ‘UP1’ se condenó, en diciembre del 2010, a perpetua al genocida Jorge Rafael Videla y fue la tercera para Menéndez, por el fusilamiento de 31 presos políticos. En el cuarto juicio se dictó sentencia,  en marzo del 2012, contra tres ex policias del Comando Radioeléctrico, por el asesinato de tres militantes.

lunes, 3 de junio de 2013

Solo 4 y 3 años de prisión para los represores que cometieron vejámenes contra los hermanos Iaccarino



En fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus,  condenó a los ex policías Jorge Rómulo Ferranti y Bruno Trevisán a las penas de 4 y 3 años de prisión, respectivamente, por las vejaciones y severidades de las que fueran víctimas los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino.

En la sentencia conocida hoy por la tarde el juez Carlos Rozanski votó en disidencia con los otros dos jueces. En la audiencia anterior el fiscal Hernán Schapiro y las querellas habían pedido entre 11 y 13 años de prisión para los dos represores. Se fijó para el próximo lunes 10 de junio, a las 16, la audiencia para la lectura de los fundamentos.

Trevisan y Ferranti, fueron jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó el centro clandestino de detención "El Infierno". Trevisan se negó a hacer uso del derecho a efectuar unas últimas palabras, por su parte Ferranti sí lo hizo y negó su participación en los secuestros y tormentos sufridos por los hermanos Iaccarino.

Alejandro Iaccarino le dijo a Télam que la condena era una injusticia y que "como hombres normales y comunes vemos que hay una terrible injusticia que se da luego de haber presentado durante más de 30 años la prueba que hemos hecho y que es irrefutable". Las querellas y el Ministerio Público fiscal recurrirán la sentencia.

viernes, 31 de mayo de 2013

Identifican los restos de Jesus Cejas Arias, diplomático cubano desaparecido

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de agregado de la embajada cubana Jesús Cejas Arias, desaparecido durante la última dictadura cívico militar. El descubrimiento fue informado por el juez federal Daniel Rafecas quien tiene a cargo la causa en la que se investigan los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. 
El cadáver fue hallado hace, aproximadamente, un mes en un tambor metálico de 200 litros de capacidad rellenado con cemento, en un predio de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. Por orden de Rafecas, en este terreno se vienen realizando excavaciones en búsqueda de nuevas víctimas de la última dictadura militar.


En el marco del siniestro Plan Cóndor, Jesús Cejas Arias fue secuestrado el 9 de agosto de 1976 en el barrio porteño de Belgrano junto con su compatriota Crescencio Galañena Hernández y fueron llevados al Centro Clandestino de Detención, Tortorua y Exterminio "Automotores Orletti". Los restos de Galañena Hernández habían sido encontrados en junio del año pasado en el mismo predio junto con los cadáveres de los argentinos María Rosa Clementi de Cancere -empleada de la Embajada de Cuba en Argentina- y Ricardo Manuel González. En todos los casos los restos se hallaron en tambores de doscientos litros de capacidad rellenados con cemento, la que constituyó una práctica sistemática y exclusiva de los represores que actuaron en “Orletti” para el ocultamiento de las víctimas asesinadas. 


jueves, 30 de mayo de 2013

Lesa Humanidad: El próximo 3 de junio se conocerá la sentencia por crímenes contra los hermanos Iaccarino



El 29 de mayo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escuchó los alegatos en el juicio a dos ex policías acusados del secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino  durante la última dictadura cívico militar. El  4 de noviembre de 1976, ellos con el resto de su familia, fueron secuestrados en Santiago del Estero y luego torturados para  obligarlos a transferir sus bienes. El tribunal tiene previsto ecuchar las palabras de los acusados y dar a conocer la sentencia el próximo lunes 3 de junio.

El fiscal Hernán Schapiro pidió la pena de 13 años de prisión para Jorge Rómulo Ferranti, y 11 años de cárcel para Bruno Trevisán, quienes eran subjefe y jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús donde funcionó el centro clandestino de detención "el Infierno". En la acusación del ministerio público fiscal se los consideró como “coautores penalmente responsable del secuestro de los hermanos Iaccarino, en concurso real con el delito de tormentos reiterados en tres oportunidades”.Por su parte Florencia Arietto, representante de la querella que representa a las víctimas, requirió la pena de 13 años para los dos imputados; lo mismo que Hernán Navarro, el representante de la otra parte querellante, constituida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

También alegaron los abogados defensores, Horacio Insanti, defensor de Bruno Trevisán, y Luis Ricardo Aliana, defensor de Ferranti.



jueves, 23 de mayo de 2013

Rechazo a la sepultura de Videla en Mercedes, su ciudad natal


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Varias agrupaciones políticas y sociales de diversas posturas ideológicas de la ciudad de Mercedes, y la secretaría de Derechos Humanos local, realizaron ayer un acto conjunto en  repudio a la “figura y significancia” del genocida Jorge Rafael Videla, al cual acudieron centenares de personas. El cuerpo del dictador sería enterrado en el cementerio de esa localidad y en una bóveda  donde están los restos de su padre, Rafael Eugenio Videla, donde quedan dos sitios libres.

La Dirección de Derechos Humanos del municipio junto con la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Asesinados de Mercedes, colocaron paneles en la puerta del cementerio con un pequeño informe con los nombres y las historias de 22 desaparecidos mercedinos, estre los que figuran Enrique Pankonin, Carlos Agosti, Jorge Roberto Passadore, entre otros. En ese mismo cementerio están enterrados tres de los padres palotinos asesinados en la masacre de San Patricio del 4 de julio de 1976, son Pedro Duffau, Alfredo Leaden y Alfredo Kelly.

La CTA Regional Mercedes también manifestó "su más profundo rechazo a que los restos de tan nefasta figura descansen en la ciudad". Marcelo Melo, secretario de Derechos Humanos de Mercedes,  aseguró que aunque "repudiamos lo que fue... tenemos un estado de derecho ... y nosotros no podemos prohibir que [el genocida Videla] sea enterrado en el cementerio de la ciudad".

En 1998, el Concejo Deliberante había votado, por unanimidad, que Videla  era persona no grata en Mercedes, lo mismo se hizo con el genocida Emilio Eduardo Massera. También era  de Mercedes el represor condenado Raúl Guglielminetti, quien fuera detenido en su campo mercedino en el 2006 por orden del juez federal Daniel Rafecas.


miércoles, 22 de mayo de 2013

Procesaron a ex directivos de Ford por la desaparición de obreros


La jueza Alicia Vencdel Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, ex directivos de la empresa Ford, por los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. Estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos durante la última dictadura militar.

La jueza dispuso, además, trabar embargo sobre sus bienes, cada uno hasta cubrir la suma de $750.000, y se les impuso el cumplimiento de las siguientes condiciones bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la libertad provisional: no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas y comunicar cualquier cambio de residencia, comparecer mensualmente a la delegación de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en su domicilio del 1° al 10° día de cada mes.

Según la resolución, se les imputa a Müller -en su carácter de gerente de Manufactura-, Galarraga -en su carácter de gerente de Relaciones Laborales- y Sibilla -en su carácter de jefe de Seguridad-, el haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar, al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, de la empresa Ford Motors Argentina SA, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.

Se destaca que también debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en autos, habría fallecido en el año 1989 en la República de Chile.

En la investigación sobre la complicidad de  Ford Motors de Argentina en crimenes de lesa humanidad, la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó como partícipes necesarios del secuestro y tormentos que sufrieron 24 obreros en 1976, a tres ex directivos de la automotriz. Estos son Pedro Müller, ex gerente de manufactura, Héctor Francisco Sibilla, un militar retirado del Ejército que fue jefe de Seguridad en la Ford y el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga. Esto se logró por el impulso de la jueza Vence, luego que   el fiscal de San Martín Jorge Sica y el juez subrogante Juan Manuel Yalj no movieran la causa por varios años, en una línea de conducta cuestionada por los organismos de derechos humanos.

Se los acusa de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas", por haber señalado y dar los datos personales de cada uno de los empleados, junto a sus fotografías y domicilios particulares, para que se secuestrara a los delegados y empleados de Ford Motors Argentina S.A. de la planta de Pacheco, por militares  del Comando de Institutos Militares,a cargo del genocida Santiago Omar Riveros. Las víctimas son Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.Los secuestros fueron perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

Los sobrevivientes, que son querellantes en la causa, también habían pedido el procesamiento de Nicolás Enrique Courard (de nacionalidad chilena), quien fue  presidente de Ford Argentina entre el 29 de noviembre de 1973 y el 1º de marzo de 1985,  pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989.

En su fallo la jueza Vence señaló que "es importante no solo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados... la violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos". También recordó los casos de las causas abiertas a empresas alemanas por vender al estado nazi el pesticida que se usó en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos y otros perseguidos.

Fuente: Centro de Información Judicial

martes, 21 de mayo de 2013

Volvieron a capturar al genocida Juan Miguel Wolk



Despues de algo más de un año, el pasado viernes fue recapturado el ex comisario de la bonaerense, Juan Miguel “El nazi” Wolk, quien fue, entre 1976 y 1978, el jefe del centro clandestino de detención el Pozo de Banfield, uno de los principales centros de tortura del circuito Camps donde, entre muchos otros, estuvieron los pibes secuestrados en la denominada Noche de los Lápices, cuando reclamaban por el boleto estudiantil. El represor fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, donde permanecerá acusado de  apropiación de niños, privación ilegal de la libertad y tormentos a más de trescientas víctimas.

Desde 2009 Wolk tenía el beneficio de arresto domiciliario que le concedió  Arnaldo Corazza titular del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, pero a principios de mayo del 2012 se escapó de su casa de Punta Mogotes, en Mar del Plata (Benedetto Crocce al 3000), cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la revocación de esa decisión.

En 1987 con la ley de obediencia debida Wolk evitó una condena a prisión perpetua y en el 2000 Fernando de la Rúa se negó a conceder la extradición solicitada por el juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio.

Hace unos años se lo daba por muerto, hasta que en el 2008, Marta Ungaro, hermana de Horacio, uno de los militantes de la UES desaparecidos en septiembre de 1976 cuando tenía 17 años, descubrió que Wolk todavía  cobraba una jubilación de comisario mayor en Mar del Plata, por  la Caja de Retiros de la Policía y le presentó las pruebas al juez Corazza. Recién muchos meses después y luego que fuera entrevistado por el periodista marplatense Roberto Garrone, Corazza lo citó a Wolk a indagatoria, pero rápidamente le concedió la prisión domiciliaria, con su hija, también policía bonaerense, como garante de la integridad y la detención de su padre.



lunes, 20 de mayo de 2013

El juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido de detención de Massot




La semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago  Ulpiano Martínez rechazó el pedido de los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, Miguel Palazzani y José Nebbia para indagar y detener a Vicente Massot, director del matutino la Nueva Provincia, y del ex jefe de redacción, Mario Gabrielli, por su vinculacion a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico militar. Entre las pruebas reunidas por los fiscales están las que vinculan a los directivos con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, y, entre notas y editoriales, se publicaron fotos de detenidos que estuvieron por el centro clandestino de detención  La Escuelita", que estaba dentro del V Cuerpo del Ejército.

Santiago Ulpiano Martínez es un secretario nombrado por sorteo en el 2009 como subrogante del juzgado federal nº2 de Bahía Blanca y luego, en junio del 2012, designado ad-hoc por la Cámara Federal en el juzgado nº1 por la renuncia del juez Alvarez Canale. Recientemente Martinez también rechazó detener  a Aldo Vara, el ex capellán del V Cuerpo del Ejército, acusado de complicidad con los miltares genocidas.

En conferencia de prensa Palazzani declaró que "esta resolución va en línea con la consagración de una impunidad y una manera de no abordar justamente el fenómeno criminal que hace a la pata civil de la dictadura acá en Bahía Blanca", y que el juez "no tiene fundamentos, y no aborda ni se hace cargo del cúmulo de pruebas que lo hemos puesto de manifiesto en la requisitoria".














miércoles, 15 de mayo de 2013

Mendoza: 3 policías imputados por el robo de expedientes de causas de Lesa Humanidad


Tras ser descubierto en abril el robo de varias computadoras que contenían archivos de causas por crímenes de Lesa Humanidad, fueron detenidos tres efectivos de la Policía Federal de Mendoza encargados de la custodia de la Fiscalía Federal de esa Ciudad. Fueron imputados por el  el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de sustraer caudales sometidos a su cuidado. Las penas por estos delitos ascienden a los diez años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua para desarrollar funciones públicas.

El robo se había producido el mes pasado y se verificó que no hubo un ingreso forzado a las oficinas. El hecho que hayan faltado solo computadoras hizo más enogmático el caso. Más aún teniendo en cuenta que en esas computadoras habían archivos que contenían elementos probatorios de causas que se tramitan en esa Fiscalía.

Desde esta Secretaría manifestamos la preocupación por este hecho que busca obstaculizar el desarrollo de las causas por los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado. 

lunes, 13 de mayo de 2013

Está previsto que este martes declare Videla por el Plan Cóndor

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital Federal tiene previsto que este martes declare el genocida Jorge Rafael Videla en el juicio oral por el “Plan Cóndor”. El ex general está imputado en la causa junto a otros 24 genocidas por crímenes de Lesa Humanidad contra más de 200 víctimas.

En este juicio oral y público se acumulan cuatro causas en las que se investigan crímenes de Lesa Humanidad en el marco del llamado Plan Cóndor, un operativo represivo impulsado por el gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia Central de Inteligencia (C.I.A., por sus siglas en inglés) e instrumentado por los distintos gobiernos dictatoriales de América Latina. Mediante este plan, desplegado entre las décadas del 70 y 80, fueron derrocados diversos gobiernos populares y fueron asesinados, torturados y secuestrados miles de miembros de organizaciones populares de nueve países de la región.

Además de Videla están imputados los genocidas Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Miguel Landoni, Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Manuel Juan Cordero Piacentini, Néstor Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci, Enrique Braulio Olea, Horacio De Verda, José Julio Mazzeo, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas, Juan Avelino Rodríguez y Miguel Ángel Furci.

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