Una filmación realizada por H.I.J.O.S. Regional Capital muestra a
Carlos "Pedro Bolita" Galián Suboficial Principal (R) de la Armada
Argentina, violando el arresto domiciliario que pesa sobre él.
El
genocida Gailán está siendo juzgado en el juicio de la Megacausa ESMA
por delitos de lesa humanidad, acusado de participar en los vuelos de la
muerte y el plan sistemático de robo de bebés. En 2010 fue beneficiado
con el arresto domiciliario so pretexto de resguardar su salud, aunque
en las imágenes se observa su comportamiento cotidiano, convertido en
quiosquero de barrio, realizando salidas constantemente.
Este
hecho repudiable, no es una situación aislada sino que resulta un lugar
común en decenas de causas. Un caso emblemático, sólo por mencionar
algunos similares, nos acordamos que en 2004 el represor Suárez Mason
fue en el auto del por entonces embajador de Ecuador Germánico Molina –
un ladero del presidente Lucio Gutiérrez-, a festejar su cumpleaños en
el Club Argentinos Juniors; de las salidas al Patio Bullrich del
genocida Jorge Luis Magnacco en 2013, filmado también por H.I.J.O.S.
Capital; también en 2013, se observó al ex marino José Francisco Bujelo,
en Mar del Plata, en reiteradas ocasiones violando su arresto
domiciliario; los paseos del ex comisario mendocino Orlando Gutiérrez en
2014; en 2011 el ex jefe de policía tucumano condenado a perpetua
Roberto Eriberto “El Tuerto” Albornoz.
Albornoz actualmente
imputado en la Megacausa Villa Urquiza, había sido condenado en 4 causas
por crímenes de lesa humanidad, una de ellas es Arsenales II, causa que
muestra algunos reveses. En esta proceso judicial, luego de una
apelación presentada por los defensores oficiales de los represores
Casación hace lugar a la observación de uno de los puntos de la
resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán, ordenando “restablecer
el status quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y
público.” Con esta medida gran parte de los condenados volvieron a sus
arrestos domiciliarios y otra parte fueron puestos en libertad. El TOF
de Tucumán pasó revista de la situación de los condenados, recién
después de una resolución del juez federal Fernando Luis Poviña, que
hizo lugar a la presentación masiva de habeas corpus preventivos (101
presentaciones) por parte de la querella.
Todos estos casos dan
cuenta de una misma situación de impunidad que toca la puerta de las
responsabilidades en algunos de los despachos del poder judicial, pero
también de las fuerzas de seguridad locales que otorgan reiterados
permisos para consultas médicas prolongadas. Entendemos que es necesaria
la observancia y seguimiento de las decisiones judiciales, como medidas
continuas que permitirán sostener el actual proceso de justicia.
Exigimos al poder judicial cárcel común para el genocida Carlos Gailán y
todos los represores que se encuentran en esa misma situación de
privilegio. Expresamos nuestra preocupación ante la responsabilidad
institucional de los hechos como éste, que se presentan recurrentemente.