MEGACAUSA LA PERLA, HISTÓRICA SENTENCIA

La secretaria de Derechos Humanos celebra la condena a prisión perpetua de 28 genocidas en el marco de la Megacausa del Centro de Detención Clandestina que funcionó en Córdoba, llamado “La Perla”.

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Córdoba leyó este mediodía la histórica sentencia donde también hubo nueve condenas de dos a 14 años de cárcel y seis absoluciones.

Para el colectivo de trabajadores de la educación nucleados en la CTERA es una reparación histórica esta sentencia, porque uno de los fundadores de nuestra central, el compañero Eduardo Requena, fue identificado por sobrevivientes de La Perla como uno de los detenidos-desaparecidos-torturados que transitó por el edificio.

El genocida Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército en la dictadura y máximo responsable de los crímenes cometidos en la denominada Subzona 33, Zona 3, denominada por el tribunal, fue hallado culpable por 282 desapariciones de personas perpetradas en el campo de concentración La Perla-La Ribera, además de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de torturas.

Durante la etapa de apertura de los juicios que se iniciaron la década anterior por crímenes de Lesa Humanidad, Menéndez es el represor mas condenado durante este proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Suma 14 veredictos con penas de cárcel, de los cuales 12 son a prisión perpetua.

Seguimos junto a las luchas de los organismos de derechos humanos y familiares que reclamaron Memoria, Verdad y Justicia. Cárcel común y efectiva para los genocidas!

NUNCA MAS!

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Comenzó la Megacausa en La Rioja

La Secretaria de Derechos Humanos de CTERA acompaña el pedido de Memoria, Verdad y Justicia con el que este 6 de agosto inició, en El Tribunal Oral Federal de La Rioja, el juicio de la Megacausa. Durante su desarrollo investigará la responsabilidad de 15 imputados en delitos de lesa humanidad entre 1975 y 1983.  Esta causa es denominada Megacausa porque investiga dichos delitos, cometidos en el marco de la Dictadura Cívico militar 1976-1983. En este caso involucra 45 casos de ex presos políticos y desaparecidos de la provincia y mas 100 testigos.  

El Tribunal, está integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Carlos Jiménez Montilla y Carlos Eduardo Casas.

También acusarán las querellas de las secretarías de Derechos Humanos nacional y provincial representada por el Dr. Guillermo Andres Díaz Martínez; y Dr. Bernardo Lobo Bugeau. Miguel Ángel Morales como letrado de la Asociación Ex Presos Políticos de La Rioja. En representación de víctimas y familiares, las doctoras Viviana Reynoso, María Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna.

Esta secretaria, junto a organismos de derechos humanos y la destacada solidaridad expresada por el SERPAJ, denunció las amenazas contra las abogadas Maria Elisa y Viviana Reynoso y Mercado Luna, quienes son además representantes de la querella en la causa Ledo contra el ex General del Ejercito César Milani. Intimidaciones que fueran lanzadas durante los días en los cuáles Milani presentara su renuncia al cargo de jefe del Ejército.

Entre los 18 acusados, sobresalen los nombres de los represores condenados por otras causas, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Dentro del marco de echar luz al vínculo de los civiles -que se desempeñaron como funcionarios de la Justicia- con los mandos militares, se sentará en el banquillo de acusados el ex Juez Federal Roberto Catalán.

Sobre estos pesan los cargos de Homicidio, Privación Ilegal Libertad agravada, Allanamiento ilegal, Imposición de tortura agravada, Abuso deshonesto, Violación Agravada, Aborto sin consentimiento de la mujer y Asociación ilícita.

También son imputados: José Félix Bernaus, Renardo Sánchez, , Eliberto Goenaga, Hugo Norberto Maggi, Miguel Chiarello, Luis Fernando Estrella, Leonidas Moliné, Nicolás Granillo, Miguel Ángel Ramaccioni, Roberto Ganem, José Chelito Gay, y Ramón Rearte.

Separados por pedido de sus abogados defensores, aduciendo problemas de salud: Eulogio Vilte, Pedro Jesús Ledesma, Miguel Chiarello, Francisco Pinto. 

Este juicio tiene una gran importancia para la provincia, porque los riojanos condenan que los Menem, Agost Carreño y otros oligarcas tengan responsabilidad en los hechos denunciados, y continúan aplicándose políticas de Estado que apuestan a la verdad, la memoria y la justicia. La secretaria de Derechos Humanos se une a los familiares y victimas que exigen Juicio y Castigo a los represores y sus cómplices civiles. 

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Ataque a la Familia de Luciano Arruga

La secretaria de Derechos Humanos de CTERA condena de forma contundente, las amenazas que buscan amedrentar la búsqueda de justicia de la familia del joven Luciano Arruga.

El 7 de junio, semanas después de la condena a 10 años de prisión al policía Diego Torales por torturas a Luciano en la comisaria de Lomas del Mirador , fue incendiado el auto que de la incansable luchadora por la aparición del cuerpo y el esclarecimiento de la muerte de Luciano, su hermana Vanesa Orieta.

"Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes."

Estas fueron las palabras de su familia ante este hecho con el que las fuerzas de seguridad acechan a las víctimas para mantener la impunidad de sus prácticas. Nuestra solidaridad para con Vanesa Orieta y su familia ante estos acontecimientos de tinte mafioso.

Desde las organizaciones sociales, los trabajadores y organismos de derechos humanos, debemos estar atentos para denunciar y acompañar los pedidos de memoria, verdad y justicia de los familiares de las víctimas de la violencia.

¡NI UN PIBE MENOS!

Rogelio De Leonardi

Secretario Derechos Humanos CTERA

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Menéndez: el genocida es récord en condenas a perpetua

Este 1 de Junio de 2015, el juzgado Federal Nª 2 de Córdoba, integrado por Vicente Muscará, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, condenó al genocida Benjamín Menéndez a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta”, ya que consideraron que “los hechos juzgados fueron ejecutados en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables”.

La condena que recibió el represor en el día de ayer lo identifica como culpable del secuestro de tres compañeros de la Juventud Universitaria Peronista -JUP-: Ana María Villanueva, de 23 años; Carlos Delfín Oliva, de 20, y Jorge Manuel Diez, de 26. Operación que llevó adelante una patota del entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el 2 de junio de 1976.

Los jóvenes fueron secuestrados en la ciudad de Córdoba, arrojados dentro de un auto y llevados cerca del actual estadio de fútbol del Chateau Carreras, que estaba siendo reaccionado para el mundial de 1978. Allí, sin más, los fusilaron. Durante el juicio los testigos detallaron que “entre los tres cuerpos, sumaban más de 140 proyectiles de FAL”.

Cabe recordar que en Julio de 2014 Menéndez había sido condenado a cadena perpetua, en cárcel común, por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de La Rioja, que lo declaró culpable por el asesinato de Monseñor Angelelli en 1976, ocurrido en la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja. Sumadas sus sentencias dan un total de 12 condenas para el genocida.

Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles. Cárcel común a estos asesinos ¡nunca mas!  

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Acompañamos la presentación de excombatientes ante la CIDH por los crímenes de lesa humanidad contra ex combatientes

Este martes las organizaciones de ex combatientes de Malvinas presentaron su denuncia ante la CIDH, luego de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de tratar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura Cívico Militar. Se trata de las torturas, estaqueamientos y asesinatos de los militares argentinos contra sus propios soldados, en su gran mayoría conscriptos.

Recordemos que en febrero de este año la Corte Suprema de Justicia ratificó la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa contienda por oficiales y suboficiales, negándose a tratar sobre la cuestión de fondo. En este sentido, desde el CECIM afirmaron que la denuncia versará sobre la “privación del derecho de acceso a la justicia”, tal como afirmó Mario Volpe, presidente del CECIM de La Plata.

Desde las organizaciones afirmaron que existen documentos y testigos que contrubuirán al esclarecimiento de estos crímenes: “Quedan todavía testigos por declarar y hay documentos, actas, para presentar”, solo en Chaco “hay 39 testigos que no han declarado.” En la conferencia de prensa, además estuvieron presentes varios de los denunciantes en casos de tortura.

El Presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes Malvinas, Ernesto Alonso, señaló que los jueces de la Corte Suprema “desperdiciaron una oportunidad histórica”, refiriéndose a la posibilidad de “investigar y dar una respuesta a la sociedad que demanda verdad y justicia.”

Los presentes señalaron, además, que los crímenes contra los por entonces conscriptos se producen en el contexto político de una Dictadura Cívico-Militar. Orlando Pascua de la Red de Compromiso por Malvinas afirmó: “No fuimos con el Ejército de San Martín, fuimos a Malvinas con el ejército de Videla y Galtieri.” Asimismo se señaló que “no es casualidad que fueran los pobres, peones rurales, los cabecitas negras, los judíos, las principales víctimas,” se trataba “del proyecto de la dictadura.”

Uno de los presentes “es una pena que esta denuncia lleve en la carátula que es contra el Estado nacional, porque no es precisamente el Estado el responsable, debería decir que es contra la Dictadura Civico, Militar y el Poder Judicial.”

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Sentenciaron a 10 años al bonaerense torturador de Luciano Arrug

Este 15 de mayo se conoció la sentencia dictada contra Diego Torales, el agente de la bonaerense acusado de torturar a Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador, en enero de 2008. El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza, lo encontró culpable de "tormentos físicos agravantes", y lo condeno a 10 años de prisión.

Torales había sido identificado por el joven, unos meses antes de los hechos que culminaron con su muerte, cuando les contó a su madre y a su hermana la extorsión que sufría por parte de los agentes de ese destacamento. Los policías le exigían al pibe que incurra en delitos, garantizándole una “zona liberada”.

Luciano permaneció desaparecido durante 5 años, hasta que su cuerpo apareció como NN en el cementerio de la Chacarita el 17 de octubre de 2014. Mientras tanto su crimen permaneció sin justicia, dando una muestra de la cadena de responsabilidades institucionales de la impunidad de las fuerzas de seguridad.

El de Luciano, es un caso emblemático que gracias a la Lucha de su familia y de las organizaciones populares, permitió visibilizar la violencia institucional que sufren nuestros pibes y pibas en todo el país. Y demuestra sobre todo que las prácticas performadas por las fuerzas de seguridad provinciales y federales, esas que son herencia de la Dictadura genocida, son legitimadas por otras instituciones, entre ellas el poder judicial.

Desde CTERA seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los torturadores y asesinos que arrasan con las vidas de los pibes como Luciano, como Ismael Lucena, como los pibes de Budge, entre tantos otros. ¡Ni un pibe menos!

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Cárcel Común al Juez de la Dictadura Roberto Catalán

La Secretaria de Derechos Humanos de CTERA celebra la decisión de La Cámara Federal de Casación Penal que ratificó que el ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán, beneficiado hasta este momento con arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, deberá cumplir su arresto en una cárcel común.

Los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos adujeron “falta de control permanente en el ámbito de la prisión domiciliaria por parte de los organismos de seguridad competentes”, y que podría haber un “entorpecimiento del proceso” bajo “la forma de presión directa o indirecta hacia testigos o víctimas de la causa”.

Roberto Catalán actuó como Juez en la provincia de La Rioja durante toda la dictadura cívico-militar y esta acusado de “imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” luego de haber sido denunciado por el ex preso de la dictadura Leopoldo Juan González, quien estuvo detenido en abril de 1976 en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja y allí fue indagado por el ex juez.

Seguimos exigiendo juicio y castigo para los civiles que fueron parte del genocidio y exhortamos al poder judicial a que aplique el criterio de cárcel común a los genocidas.

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

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Perpetua para el genocida ex Alferez Ángel Ricardo Pezzeta

La Secretaria de Derechos Humanos de CTERA expresa su beneplácito al recibir la noticia de la condena a cadena perpetua dictada contra el genocida Ricardo Pezzeta, por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville sucedido en la ciudad riojana de Chamical.

El asesinato de los “Martires de Chamical” ocurrió durante la última dictadura cívico-militar y tiene en Pezzeta al cuarto condenado por esta causa. La misma pena recibieron el vicecomodoro retirado Luis Fernando Estrella, el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y el ex policía Domingo Benito Vera.

Los párrocos fueron secuestrados el 18 de Julio de 1976 de la parroquia El Salvador y llevados a la base de la Fuerza Aérea de Chamical para ser interrogados, torurados y posteriormente asesinados por el trabajo social que realizaban junto a Monseñor Enrique Angelleli, también asesinado por los militares y sus cómplices civiles en la provincia de La Rioja.

Desde la secretaria valoramos y reivindicamos la lucha de las abogadas querellantes Maria Elisa Reinoso, Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna,  en conjunto con las familias de las víctimas y la militancia por los Derechos Humanos, que han desandado el camino de la Memoria, Verdad y Justica con un compromiso inclaudicable por condenar a los responsables.

Rogelio De Leonardi

Secretario Derechos Humanos de CTERA

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Sin justicia para los pibes de Malvinas

25/02/2015

Comunicado de Prensa

Luego de tres años la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre los crímenes cometidos por oficiales y suboficiales contra soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. En una resolución de tres líneas con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, se notificó que se desestima el recurso de los denunciantes por casos de torturas y asesinatos.

Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal y clausura toda posibilidad de investigar en términos de delitos de lesa humanidad los hechos sucedidos durante la contienda. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata explican que con esta medida judicial rige el status de delitos comunes para los asesinatos, la tortura, estaqueamientos y violaciones, así como la prescripción de los mismos. 

En su comunicado el CECIM afirma que “La Corte Suprema con esta resolución nos aplica la misma imposición de silencio que impuso la dictadura al regreso, con esta resolución la Justicia Argentina retrocede en lo que hemos avanzado en materia de DD.HH donde somos un ejemplo a nivel internacional.”

Secretaría De Derechos Humanos

CTERA

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Piedra libre a los Genocidas

Una filmación realizada por H.I.J.O.S. Regional Capital muestra a Carlos "Pedro Bolita" Galián Suboficial Principal (R) de la Armada Argentina, violando el arresto domiciliario que pesa sobre él.
El genocida Gailán está siendo juzgado en el juicio de la Megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad, acusado de participar en los vuelos de la muerte y el plan sistemático de robo de bebés. En 2010 fue beneficiado con el arresto domiciliario so pretexto de resguardar su salud, aunque en las imágenes se observa su comportamiento cotidiano, convertido en quiosquero de barrio, realizando salidas constantemente.

Este hecho repudiable, no es una situación aislada sino que resulta un lugar común en decenas de causas. Un caso emblemático, sólo por mencionar algunos similares, nos acordamos que en 2004 el represor Suárez Mason fue en el auto del por entonces embajador de Ecuador Germánico Molina – un ladero del presidente Lucio Gutiérrez-, a festejar su cumpleaños en el Club Argentinos Juniors; de las salidas al Patio Bullrich del genocida Jorge Luis Magnacco en 2013, filmado también por H.I.J.O.S. Capital; también en 2013, se observó al ex marino José Francisco Bujelo, en Mar del Plata, en reiteradas ocasiones violando su arresto domiciliario; los paseos del ex comisario mendocino Orlando Gutiérrez en 2014; en 2011 el ex jefe de policía tucumano condenado a perpetua Roberto Eriberto “El Tuerto” Albornoz.

Albornoz actualmente imputado en la Megacausa Villa Urquiza, había sido condenado en 4 causas por crímenes de lesa humanidad, una de ellas es Arsenales II, causa que muestra algunos reveses. En esta proceso judicial, luego de una apelación presentada por los defensores oficiales de los represores Casación hace lugar a la observación de uno de los puntos de la resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán, ordenando “restablecer el status quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y público.” Con esta medida gran parte de los condenados volvieron a sus arrestos domiciliarios y otra parte fueron puestos en libertad. El TOF de Tucumán pasó revista de la situación de los condenados, recién después de una resolución del juez federal Fernando Luis Poviña, que hizo lugar a la presentación masiva de habeas corpus preventivos (101 presentaciones) por parte de la querella.

Todos estos casos dan cuenta de una misma situación de impunidad que toca la puerta de las responsabilidades en algunos de los despachos del poder judicial, pero también de las fuerzas de seguridad locales que otorgan reiterados permisos para consultas médicas prolongadas. Entendemos que es necesaria la observancia y seguimiento de las decisiones judiciales, como medidas continuas que permitirán sostener el actual proceso de justicia.
Exigimos al poder judicial cárcel común para el genocida Carlos Gailán y todos los represores que se encuentran en esa misma situación de privilegio. Expresamos nuestra preocupación ante la responsabilidad institucional de los hechos como éste, que se presentan recurrentemente.

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La causa por el crimen de Monseñor Angelelli se elevó a juicio oral

La justicia federal de La Rioja resolvió elevar a juicio oral la causa por el crimen de Monseñor Enrique Angelelli, cometido durante la última dictadura cívico militar. En la causa están procesados el ex General Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el ex vice comodoro Luis F. Estrella y el ex policía Juan Carlos Romero. La preventiva también alcanzaba a Albano Harguindeguy, el ex jefe de Inteligencia que falleció recientemente.

Angelelli, quien fuera al momento de su asesinato obispo de la Provincia de La Rioja, era objeto de constantes ataques por parte de las fuerzas militares y de seguridad que ejercían el poder de facto. Unas semanas antes de su muerte Carlos Murias y Gabriel Longueville, ambos sacerdotes de su diócesis, habían sido secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Chamical.. Precisamente, el obispo venía de esa ciudad en su camioneta de investigar los crímenes de sus sacerdotes, cuando otro vehículo lo interceptó y provocó el vuelco de la camioneta acabando con la vida de Angelelli.

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A 36 años, los lápices siguen escribiendo

Durante septiembre de 1976 el Batallón 601 del servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la provincia comandada por el represor Ramón Camps aterrorizaron a la ciudad de La Plata, en particular a los estudiantes secundarios y universitarios. Durante la noche del 16 de septiembre, la policía y el ejército secuestraron 10 pibes y pibas, en su mayoría menores de edad y los trasladaron a los distintos Centros Clandestinos de Detención: “Arana” y “Pozo de Banfield” fueron algunos de los centros del horror en los que fueron vistos.  Los adolescentes 16 y 18 años eran estudiantes - la mayoría de ellos - del Normal 3 de La Plata y militaban en la UES. Todos habían sido militantes por el boleto estudiantil.

La noche de los lápices: los pibes y las pibas

La comunidad educativa estuvo en el ojo de la tormenta desde el comienzo. No casualmente, en el inicio de la dictadura, esa misma madrugada del 24 de marzo fue acribillado Isauro Arancibia - el maestro tucumano fundador de la CTERA-, junto a su hermano Arturo, también docente. Así fueron uno tras uno, llevándose a Eduardo Requena en Córdoba, a Marina Vilte en Jujuy, arrancando 600 guardapolvos de las aulas.

Primero, pusieron en marcha la persecución y el aniquilamiento físico, con él vino el oscurantismo, que plagó los contenidos educativos y finalmente, así, se conjugó el método del terror. La estrategia de la dictadura cívico militar consistió en destruir el proyecto político que buscaba la liberación nacional y social, antagónico a los planes que pretendían ejecutar. La resistencia al plan estaba en las escuelas, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las fábricas, en las parroquias y comunidades de base de la iglesia de los pobres. Allí fueron, con el método dispuesto a destrabar el plan.

Desde 2003 la condena social y la decisión política confluyeron acabando con el ciclo de la impunidad. El Estado tomó como política pública la histórica lucha de Memoria, Verdad y Justicia, que construyeron las Madres, los HIJOS, las Abuelas, los ex-Presos, los Familiares y las organizaciones sociales, políticas y sindicales.

A 36 años, el objetivo sigue vigente: la construcción de una educación pública que se transforme y lleve el pulso de las transformaciones sociales. A 36 años, seguimos diciendo: la Escuela Pública enseña, resiste y sueña.

DANIEL ALBERTO RACERO, MARIA CLAUDIA FALCONE, MARIA CLARA CIOCCHINI, FRANCISO LOPEZ MUNTANER, CLAUDIO DE ACHA y HORACIO UNGARO ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!

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Se reanudó el juicio por el asesinato de los Mártires de Chamical en La Rioja

Este lunes 3 de septiembre se reanudaron las audiencias en el juicio oral por el asesinato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, los sacerdotes masacrados durante la última dictadura cívico militar en Chamical, provincia de La Rioja. Mañana se realizará la cuarta audiencia en el que se espera que sigan declarando parte de los 80 testigos que tiene el juicio.

Gabriel Longueville - Carlos de Dios Murias

El Tribunal Oral Federal Nº1 había resuelto pasar a un cuarto intermedio para resolver los pedidos de los defensores de los genocidas imputados. Finalmente, el Tribunal rechazó unánimemente el pedido de nulidad respecto de la querella presentada por el Estado provincial, representado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja.  En la audiencia dio su testimonio Cristina Murias, hermana de Carlos de Dios, quien relató la vocación de su hermano y detalló la persecución a la que eran sometidos varios religiosos, descartando el supuesto móvil económico del crimen. Al finalizar la audiencia declaró Teresita Luna, senadora nacional por el Frente Para la Victoria. 

Los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville fueron secuestrados, torturados y asesinados en Chamical, donde estaba situada su parroquia. Ambos pertenecían a la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja asesinado cuando investigaba sus muertes. 

La Rioja, 3 de Septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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Repudio a Concejales de la UCR, del PRO y del GEN que se oponen a colocar placa recordatoria de desaparecidos en Chascomús

La Secretaría de Derechos Humanos de la CTERA expresa su repudio a la negativa de concejales del partido bonaerense de Chascomús a colocar una placa recordatoria de las víctimas del terrorismo de estado en ese partido. La placa que iba a instalarse en el Concejo Deliberante de esa ciudad, buscaba recordar a tres víctimas del terrorismo de Estado: Eduardo Hernández, Raúl Ameri y Miguel Angel Villa.

Sede del Concejo Deliberante de Chascomús

Los concejales que se opusieron fueron Adolfo Aldabe, Claudia Pérez Cazal, Nélida Alvarez y Elías Gárriz (de la UCR); Miguel Alfonsín (del GEN); Laura Moujan y César Echavarría (de Unión Pro). Los votos afirmativos fueron de Oscar Ruiz (Frente para la Victoria); Pablo Francese, Javier Gastón, Leandro Bordalecou, Elisa Castro y Gabriela Arreche (UxCh). Estuvo ausente la concejal del FpV Mariela Moscarella.

Nos solidarizamos con los/las familiares y compañeros/as que impulsan la colocación de esta placa en el Concejo Deliberante. La negativa de los mencionados concejales obstruye un proceso social de condena al terrorismo de estado y de construcción colectiva de memoria. Estos procesos son pilares ciudadanos fundamentales para la construcción de políticas en materia derechos humanos que deben ser acompañados e impulsados por el Estado, tal como viene sucediendo a nivel nacional desde 2003.

Ciudad de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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