Comenzó en Tucumán nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad

El genocida José Mijalchyik, vestido de sacerdote

Este lunes comenzó en San Miguel de Tucumán un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar. Allí se juzgarán a 44 genocidas acusados en dos causas por crímenes en perjuicio de 235 víctimas: Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía. Entre los acusados se encuentra el sacerdote José Mijalchiyk, quien participó de las torturas en esos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El ex vicario castrense, que colaboraba con las fuerzas armadas y policiales en la obtención de confesiones por parte de los secuestrados, es el primer miembro de la Iglesia Católica Argentina juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán.

"Tras haber sido encarcelado, Mijalchyik fue liberado por el pago de fianza que realizó el Arzobispado de Tucumán."

El año pasado se descubrió una fosa común en ex Centro Clandestino de Detención Arsenal y se descubrieron 15 cuerpos incinerados, de los cuales se pudo identificar a 14 de las víctimas. Los delitos cometidos en centros de tortura de ambas fuerzas, las fuerzas armadas y la policía local, así como la participación de civiles da cuenta de la amplia trama de responsabilidades de la dictadura cívico militar en esa provincia.

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Juicio por los Mártires de Chamical: “Ustedes son peligrosos porque hacen pensar a los negros"

por Javier Puigdomenech

Avanza el juicio por los secuestros y asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura cívico militar. En un principio, las autoridades del Tribunal Oral Federal de La Rioja, decidieron suspenderlo debido a un inconveniente en el sistema de eléctrico en la Cárcel de Ezeiza, luego se recompuso la situación y se pudo seguir la audiencia. El testimonio de un emocionado Balbino Luna, dejó más comprometidos a los genocidas Domingo Vera, Luis Estrella y Luciano Benjamín Menéndez. La querella de la familia Murias confía en que antes de fin de año se dicte sentencia.

Afiche de HIJOS y la Mesa por el Juicio y Castigo

En la jornada Nº 17 de este caso, prestaron declaración testimonial la ex abogada patrocinante de la familia Murias, la Dra. Orquídea Adelma, Díaz Macedo. Igualmente, lo hicieron mediante videoconferencia, el ex agente del SIDE, Eduardo Rulfo, quien está actualmente privado de la libertad en el Penal de Marcos Paz y el laico Juan Carlos Dimarco, quien reside actualmente en El Dorado, provincia de Misiones. También aportó su testimonio Balbino Luna, ex periodista del diario El Independiente y padre de la senadora Teresita Luna.

Fue de gran importancia la declaración de Balbino Luna, porque debido a una investigación periodística que hizo por aquellos años, pudo determinar que los autores de los homicidios a los curas Murias y Longueville, serían los uniformados Domingo Benito Vera, Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez. Afirmó que Vera tenía una estrecha relación con la Base CELPA y que en Chamical no se hacía nada sin la orden de Estrella.

Otro dato relevante que arrojó la declaración de Luna, fue el relato de un episodio que tuvo lugar en la Terminal de Ómnibus de Chamical, donde él trabajaba, cuando dos sujetos llamaron por teléfono a la Base y al rato apareció el ex Vice-Comodoro Luis Fernando Estrella para hablar con ellos. Este hecho se produjo horas antes de que Carlos y Gabriel fueran secuestrados.

"Balbino Luna afirmó que las homilías de Carlos Murias eran de un tenor 'muy fuerte' y a eso vinculó el ensañamiento en su asesinato."

Para Díaz Macedo no se pueden separar los crímenes de Lesa Humanidad sucedidos en La Rioja en ese momento, dado que fueron realizados sistemáticamente y, en su opinión, todos fueron producto de Terrorismo de Estado: “el 18 de julio matan a Carlos y Gabriel; el 25 de julio en Sañogasta, al laico Pedernera y el 4 de agosto al Obispo Enrique Angelelli, todo seguido y planeado para que así fuera”. Asimismo, contó que en lo que ella pudo indagar del caso “lo de las tierras de La Chimenea era un accesorio, la realidad era que Angelelli molestaba y había que callar la voz de la pastoral, por eso matan a los sacerdotes, al laico y finalmente al Obispo”.

Por su parte, el testigo Eduardo Rulfo, declaró que la triple A formaba parte del Estado terrorista, ya que él, que pertenecía al Servicio de Inteligencia Del Estado y los demás integrantes, eran contratados.

Por su parte, el laico Juan Carlos Dimarco, relató una situación que le tocó vivir en la provincia de Mendoza, aproximadamente un mes antes del golpe cívico-militar del 76, mientras almorzaba “aparece un muchacho policía y me dice que el comisario me llamaba; afuera de la casa había un Torino. Después me dicen que el ejército de La Rioja me “necesitaba”. Para entonces, ya habían detenido a Rafael Sifre y en la comisaría estaba Inestal. Luego de viajar por varios puntos, nos llevan a Junín y nos encierran con los más peligrosos presos comunes. Nos hicieron bajar a cara descubierta”, expresó. Esta versión evidencia, nuevamente, la persecución que había ya antes del golpe, hacia ciertos sacerdotes que estaban sindicados como “peligrosos” por parte de los genocidas de la dictadura. Y recordó que los policías que los trasladaban decían “QSL, dos paquetes a depósito”.

"Dimarco recordó también las amenazas que recibían por defender a Angelelli: 'Ustedes son peligrosos porque hacen pensar a los negros. No va a ser difícil decir que fue un accidente."

El laico, indicó que los interrogaban acerca de unas armas, que ellos pensaban que escondía Angelelli y los torturaban psicológicamente “nos hacían dormir de pie, con un reflector de frente”. 

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Vetos, cautelares y plegarias para frenar el aborto no punible

En marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un fallo unánime en el que se declaraba no punible un aborto realizado a una adolescente de 15 años, cuyo embarazo era producto de una violación. De esta manera, la Corte sentaba jurisprudencia respecto a que no era necesaria autorización judicial para realizar esta práctica médica en los casos contemplados por la legislación argentina. En el texto  de la acordada de esa sentencia recomendaban la implementación de protocolos en hospitales, con lo que médicos y pacientes no sufrirían más sanciones.

Este, significó un avance en la regulación de las prácticas clandestinas de abortos, que causan 1 de cuatro muertes de mujeres embarazadas (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la República Argentina, con datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, 2011). Sin embargo un arsenal de medidas burocráticas promovido por sectores conservadores buscaron detener la implementación de las recomendaciones del citado fallo. Con ello, funcionarios, jueces y grupos ultracatólicos se lanzaron a una cruzada por la revictimización de las mujeres víctimas de violaciones y abusos. 

Los gobiernos de provincias como Chubut, Chaco y Santa Fe pusieron en vigencia protocolos que cumplen con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la no punibilidad del aborto. Otros, como el gobierno de Mendoza y el Salta se opusieron al fallo, en un principio.

En otros distritos como la Ciudad de Buenos Aires, el protocolo se hizo en contradicción con el código penal y el mismo fallo de la Corte. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso procedimientos administrativos que retrasan la atención médica de las mujeres. La reglamentación, que le costó el cargo al ahora ex Ministro de Salud Jorge Lemus, hace más restrictivo el aborto no punible. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género afirma que el procedimiento establecido exige que “el director del hospital público apruebe los abortos, cuando no hay razón para que intervenga en ninguna práctica médica”. Además, el procedimiento exige la autorización de un representante legal para las menores de 18 años y un límite de 12 semanas de gestación. El protocolo colisiona contra el Código Civil que establece los 14 años como edad de consentimiento de las prácticas médicas. Además excluye a aquellas mujeres que sufrieron violaciones y detectaron tardíamente el embarazo, que son una gran parte de las víctimas de este delito.

En septiembre entró en la Legislatura porteña un proyecto que reglamenta la realización de los abortos no punibles en la Ciudad. En el debate, la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti se había adelantado al desenlace de hechos que seguirían a la aprobación de la ley: “Agradezco también que el oficialismo hoy esté dando esta discusión, ojalá se respete la decisión de la Legislatura. Abogo porque esta decisión siga teniendo en cuenta los derechos de las niñas, de las mujeres. Discutamos sobre el derecho de cada una a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo.” El alcalde porteño Mauricio Macri vetó la ley aprobada esa noche por 30 votos contra 29. Luego del veto a esta ley -el veto número 105 de su gestión-, el empresario y dirigente del PRO fue partícipe de otro escándalo. 

La interrupción del embarazo de una mujer víctima de una violación debía realizarse en el Hospital Ramos Mejía. La intervención fue suspendida por la jueza Myriam Rustan de Estrada que hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo ultrareligioso. En un clima de repudio social, la Corte Suprema volvió a intervenir dejando sin efecto la suspensión ordenada por la jueza y autorizando a la realización de la práctica médica a la paciente.

Tras el fallo de la corte Macri fue denunciado penalmente por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Macri reveló públicamente datos de la mujer en clara violación de la ley 1845, norma que protege los datos de las personas que se atienden en el sistema de salud. El titular del poder ejecutivo porteño había dado a conocer los datos que revelaban la identidad y lugar donde residía la mujer en un acto con empresarios y referentes allegados.

La revictimización de la mujer por parte de los grupos fundamentalistas no cesó. El Capellán del Ramos Mejía, Fernando Llambías, realizó un "escrache" frente a la casa de la mujer, junto a los activistas ultracatólicos, presionándola con rezos para que cambie su decisión. El cura, que espera el nombramiento del Gobierno porteño, se ausentó del nosocomio en los últimos días evitando la protesta de quienes integran la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y otras organizaciones políticas, barriales y sindicales, entre ellas la CTA. Mujeres y varones reclamaron además la real separación Iglesia – Estado, pidiendo la destitución del Capellán bajo la consigna: “El cura no cura. La Iglesia fuera del hospital”.

Recientemente se sumó el caso del magistrado santafesino Claudio Bermúdez, que también volvió a contradecir el fallo de la Corte. A pesar del fallo dictado por la máxima autoridad judicial del país, el juez hizo lugar a una cautelar presentada por el Partido Demócrata Cristiano de esa provincia. En sus argumentos el juez había citado una cautelar concedida el grupo ultra católico “Portal de Belén”.

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Mártires de Chamical: más descompensaciones demoran el juicio oral

El Tribunal Oral Federal de La Rioja

Una vez más fue demorado el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Las dilaciones del Tribunal y las defensas siguieron tras la partida del genocida Luciano Benjamín Menéndez a Córdoba, con el pico de presión del imputado Domingo Benito Vera, quien fue trasladado al Hospital Vera Barros. En la audiencia del día jueves pasado estuvo ausente el abogado defensor de Menéndez, Carlos Cáceres, también por motivos de salud.

En el juicio oral, que ya lleva casi un mes, aún no declararon los testigos que estaban previstos. En las últimas semanas las demoras se duplicaron. Los informes médicos habían aconsejado que Menéndez esté presente por intervalos de 40 minutos en la sala. Los jueces optaron por desconocer el consejo de la junta médica y tras una supuesta descompensación del genocida fue trasladado al Hospital Militar de Córdoba. Los jueces Quiroga Urburu, Lascano y Díaz Gavier decidieron que Menéndez "presencie" el juicio por videoconferencia.

En la audiencia del viernes 21, las querellas propusieron el traslado de Vera a la Cárcel Hospital de Ezeiza para garantizar su salud y la continuidad del juicio, e hicieron extensivo el pedido, además, al imputado Menéndez. El abogado defensor de Vera, Juan Carlos Pagotto, respondió al pedido intempestivamente y buscó inculpar a las querellas por el estado de salud de su defendido durante el traslado.Los jueces, por su parte, solicitaron vía exhorto a la Cortes Suprema de Justicia un perito forense para examinar a los imputados que aducen problemas de salud. A lo que Pagotto respondió “que vengan los peritos de la Corte Suprema, si quieren. No hay nada que ocultar. Ellos tienen los informes médicos desde antes del juicio”.

El Secretario de Derechos Humanos de CTERA, Rogelio De Leonardi, apuntó contra el gobierno local y el poder judicial "Los torturadores y sus defensores obstruyen el avance de la investigación porque es la única manera de continuar con la impunidad, lamentablemente tienen al poder local acompañandolos en todas las maniobras". Para De Leonardi "los genocidas tienen que estar presentes, es parte del proceso de justicia". 

La próxima audiencia será el jueves 27, después de que una junta médica evalúe la salud de dos de los acusados, por lo que su comparecencia en la sala está en dudas. La familia Murias y los organismos de derechos humanos plantearon que la presencia de los imputados es imprescindible por su valor reparatorio.

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Se reanudó el juicio por el asesinato de los Mártires de Chamical en La Rioja

Este lunes 3 de septiembre se reanudaron las audiencias en el juicio oral por el asesinato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, los sacerdotes masacrados durante la última dictadura cívico militar en Chamical, provincia de La Rioja. Mañana se realizará la cuarta audiencia en el que se espera que sigan declarando parte de los 80 testigos que tiene el juicio.

Gabriel Longueville - Carlos de Dios Murias

El Tribunal Oral Federal Nº1 había resuelto pasar a un cuarto intermedio para resolver los pedidos de los defensores de los genocidas imputados. Finalmente, el Tribunal rechazó unánimemente el pedido de nulidad respecto de la querella presentada por el Estado provincial, representado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja.  En la audiencia dio su testimonio Cristina Murias, hermana de Carlos de Dios, quien relató la vocación de su hermano y detalló la persecución a la que eran sometidos varios religiosos, descartando el supuesto móvil económico del crimen. Al finalizar la audiencia declaró Teresita Luna, senadora nacional por el Frente Para la Victoria. 

Los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville fueron secuestrados, torturados y asesinados en Chamical, donde estaba situada su parroquia. Ambos pertenecían a la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja asesinado cuando investigaba sus muertes. 

La Rioja, 3 de Septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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La iglesia cómplice y los festejos

El obispado de La Pampa se mantiene en silencio frente a los dichos del sacerdote que saludó a Videla en su cumpleaños y afirmó que “no fueron 30 mil ni fueron inocentes”.

Fotomontaje: el genocida Videla y el sacerdote Hidalgo

Las palabras y la imagen de la cuenta del Facebook caduco de un cura pampeano, que saludó a Videla por su cumpleaños y reivindicó las desapariciones de personas hechas por la última dictadura militar, todavía circulan por Internet provocando rechazo y desconcierto en amplios sectores del arco político. “No fueron 30 mil ni fueron inocentes. Feliz cumpleaños General. Un soldado nunca pide perdón por haber salvado a su patria de la dictadura comunista” decía, el 2 de agosto, Jorge Luis Hidalgo, sacerdote de la parroquia Medalla Milagrosa de Santa Rosa, La Pampa.

El obispo de la provincia, Mario Poli, aún no ha pronunciado públicamente ninguna declaración respecto de lo sucedido, a pesar de que ya transcurrieron más de diez días. En consecuencia, la concejal por Frente Nuevo Encuentro Paola Assone, quien impulsó un proyecto de resolución para repudiar el accionar del cura, criticó que la institución eclesiástica local cubriera “con un manto de silencio las declaraciones del padre Hidalgo”. A su vez, la vicegobernadora de La Pampa, Norma Durango, reclamó que la Iglesia “se sume y aclare esta situación” como un acto de respeto “a los miles de desaparecidos, muertos, exiliados y nietos que todavía se están buscando”.

Ante las posibles sanciones, el sacerdote cerró su cuenta de Facebook y, al ser entrevistado en un programa radial local, sostuvo que no quería hablar del tema para “evitar líos” y tratar de “dejarlo así nomás”. Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa presentó en los Tribunales de Santa Rosa una denuncia contra Hidalgo por presunta “apología del crimen”, delito previsto en el artículo 213 del Código Penal.

El genocida Videla en facebook

El Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Rubén Funes, declaró a TELAM que lo ocurrido le causó un “gran dolor” por tratarse de una autoridad que debería “ponderar la vida antes que la muerte, la tortura, la desaparición y el robo de bebes”. Funes recalcó que estaba sorprendido porque Hidalgo, con 32 años, “tiene la edad aproximada de los nietos que las Abuelas están buscando”. Los diputados del PJ Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli también expresaron su enérgico repudio y acompañan el proyecto presentado al Consejo Deliberante.

Al darse a conocer la noticia de las posibles sanciones al padre Hidalgo, numerosas personas, a través de redes sociales y entre los comentarios de los artículos publicados online, se manifestaron en defensa del sacerdote pampeano por considerar que lo hizo amparado por el derecho de la libre expresión. Al respecto, la concejala Assone argumentó que esa justificación no se sostiene ya que se trató de una “apología de delitos gravísimos” hechas “desde un lugar de responsabilidad social que los vuelve aún más inadmisibles”. Paralelamente, convocó a diferentes sectores de la sociedad civil de la provincia para que se pronuncien en contra de este tipo de manifestaciones para que “no puedan hacerse con impunidad”.  

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Angelelli y la otra Iglesia

Este 4 de agosto se cumplieron 36 años del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli, por entonces obispo de La Rioja. El sacerdote era uno de los exponentes de la otra iglesia, aquella radicalmente comprometida con los valores cristianos. La iglesia católica, o para ser más exactos la institución eclesiástica, no reconoció de inmediato el asesinato de uno de sus obispos. La Conferencia Episcopal Argentina reconoció en el año 2001, recién 25 años después, que la muerte de Angelelli se debió a un accidente fraguado, es decir, que se trató de un asesinato y no de un accidente.

Monseñor Enrique Angelleli

Desde hace unos años está presente en la opinión pública la complicidad por parte de miembros del episcopado en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Varias investigaciones publicadas en el diario Página/12, realizadas en base a documentos de las Juntas Militares y del Episcopado, dan cuenta de la comunicación regular entre los jerarcas de ambas instituciones. Horacio Verbitsky, en una nota publicada en Página/12 el 4 de noviembre de 2010, hace referencia a los archivos de la Asamblea Plenaria del Episcopado del 10 de mayo de 1976, donde los obispos de Neuquén, La Rioja, Santa Fe, Viedma, Formosa y Posadas exponen los hechos violentos que sucedían en sus respectivas provincias; torturas, persecución, corrupción, allanamientos de parroquias, saqueos, desapariciones, en los que estaban implicados civiles, miembros de la policía y las fuerzas armadas. Allí, Angelelli contó un episodio en el que Luis Estrella, jefe de la base aérea de Chamical -ahora imputado en el juicio por su asesinato- interrumpió su homilía durante la misa y detuvo a varios sacerdotes, religiosas y seminaristas. Estrella clausuró la casa parroquial y el propio obispo fue sometido a una requisa efectuada por los militares. Verbitsky afirma que mientras 19 miembros de las episcopales eran partidarios de la difusión de estas situaciones, 39 obispos fueron partidarios de silenciar los crímenes de lesa humanidad.

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