La justicia al banquillo. Parte 1: Hooft, el juez cómplice de "la feliz"
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por Pablo Peláez*
Cuando casi pasaron siete años desde que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dirigida por Eduardo Luis Duhalde, reclamara la suspensión del juez marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft en el 2006, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió recientemente, por unanimidad, suspenderlo hasta que finalice el juicio político. La Comisión también resolvió por unanimidad otras cuestiones como rechazar las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y el planteo de Hooft de ser oído en la audiencia que se realizó en el edificio del máximo tribunal provincial en La Plata.
La demora de tantos años se debió a esas nulidades y a diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo cual las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En de Mar del Plata, se investiga a Hooft por ser partícipe de diversos delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, y del ocultamiento de los delitos ocurridos en los centros clandestinos de detención (CCD), visitados por él, lo cual fue sostenido por funcionarios policiales de la comisaría Cuarta de esa ciudad y reconocido por el propio Hooft en diferentes declaraciones radiales. También por su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas del genocidio y por no haberle dado curso a los habeas corpus a varias otras, entre ellos algunos de los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada “Noche de las Corbatas”, cuando el magistrado era juez en lo criminal y correccional de la ciudad balnearia. Otro caso fue no haber interpuesto habeas corpus, como el caso de Jorge Candeloro, hecho denunciado por su madre Marta García de Candeloro.
El jurado que tomó las decisiones está presidido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y lo integran los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello y los legisladores provinciales Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic.
Las audiencias del jury contra Hooft, aún no tienen fecha de comienzo, pero el jurado decidió que se realicen en dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, dijo a Télam que “nos parece bueno que finalmente se haya construido este juzgado de enjuiciamiento y hoy tome algunas resoluciones que dan inicio a este proceso, como ser el pedido de suspensión, que permitirá que Hooft sea sometido en el proceso como corresponde”.
Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, condenado en el 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que recibió una pena de 21 años de prisión por participar, en ocho casos, de sesiones de tortura en 1976 y 1977, cuando era funcionario del ex juez Fernando Mántaras. Brusa ya había sido denunciado a la CONADEP en 1984 y en 1996 el juez español Baltazar Garzón, ordenó la extradición y la captura internacional de Brusa por las denuncias de varias víctimas. Hace unos meses la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las salidas transitorias del ex juez, las cuales habían sido autorizadas un poco antes y que causó indignación en las víctimas y querellantes.
Pero hay más de cuarenta jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales de diversos fueros, a los que se les investiga, imputa o procesa por no haber actuado ante denuncias de diversas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar ocurridos en centros clandestinos de detención (CCD), o por cometer diferentes delitos de lesa humanidad o por encubrimiento.
* Miembro del Equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA
