Perpetua para el genocida ex Alferez Ángel Ricardo Pezzeta

La Secretaria de Derechos Humanos de CTERA expresa su beneplácito al recibir la noticia de la condena a cadena perpetua dictada contra el genocida Ricardo Pezzeta, por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville sucedido en la ciudad riojana de Chamical.

El asesinato de los “Martires de Chamical” ocurrió durante la última dictadura cívico-militar y tiene en Pezzeta al cuarto condenado por esta causa. La misma pena recibieron el vicecomodoro retirado Luis Fernando Estrella, el general retirado Luciano Benjamín Menéndez y el ex policía Domingo Benito Vera.

Los párrocos fueron secuestrados el 18 de Julio de 1976 de la parroquia El Salvador y llevados a la base de la Fuerza Aérea de Chamical para ser interrogados, torurados y posteriormente asesinados por el trabajo social que realizaban junto a Monseñor Enrique Angelleli, también asesinado por los militares y sus cómplices civiles en la provincia de La Rioja.

Desde la secretaria valoramos y reivindicamos la lucha de las abogadas querellantes Maria Elisa Reinoso, Viviana Reinoso y Adriana Mercado Luna,  en conjunto con las familias de las víctimas y la militancia por los Derechos Humanos, que han desandado el camino de la Memoria, Verdad y Justica con un compromiso inclaudicable por condenar a los responsables.

Rogelio De Leonardi

Secretario Derechos Humanos de CTERA

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A 41 años del Golpe en Chile

A 41 años del golpe cívico militar en Chile organizado por el gobierno del ex presidente Nixon de los Estados Unidos y la CIA, que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, recordamos y lamentamos además de la muerte de Salvador Allende las de miles de chilenos y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufrieron otros miles. Pocos asesinos y torturadores fueron procesados y menos condenados y como dijo la presidenta Bachelet aún se mantiene el pacto de silencio.

El golpe lo inició la Armada al tomar Valparaiso en la madrugada del 11 de septiembre,  a las 8 y 42 los jefes militares emiten la primera proclama militar  por las radios Minería y Agricultura, exigiendo la renuncia del presidente democrático. Poco después Allende se entera que aún no fue silenciada radio Magallanes y un poco después de la 9 de la mañana logra emitir su último mensaje a la Nación, que nos llegó gracias a los operadores de la radio que grabaron el audio en varias cintas, las que pudieron ocultar y sacar del país. A las 10hs. los tanques abren fuego contra la Moneda y antes de las 12hs. comienza el bombardeo aéreo, Salvador Allende muere a la 14 horas luego que se aseguró que la mayoría de sus colaboradores habían logrado salir de La Moneda. Luego se inició la dictadura que se mantuvo por 17 años.

Este es el texto de ese mensaje por radio Magallanes, al final se puede escuchar el audio.

Quizás sea ésta la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron: Soldados de Chile, comandantes en jefe y titulares… …el almirante Merino… más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros.
“Ante estos hechos sólo me cabe decirle a los trabajadores: Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
¡Trabajadores de mi Patria!: Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, espero que aprovechen la lección.
El capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición: la que les señaló Schneider y que reafirmara el Comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando, con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios...
...Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
¡Trabajadores de mi Patria!: Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! , ¡Viva el pueblo!, ¡Vivan los trabajadores!
Éstas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.”

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Este viernes 16 comienza en La Rioja un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad

 Comenzará este viernes 16 un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia en 1977, durante la dictadura cívico militar, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier (de Córdoba) y Karina Rosario Perilli (de la Capital Federal),

El juicio es por delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos  a los que fueron sometidos Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Ángel, los crímenes fueron comentidos en el Escuadrón 24 de Gendarmería de la ciudad riojana de  Chilecito, luego de estar detenidos clandestinamente unos días allí  fueron trasladados a otros centros de detención. En el juicio están imputados los represores genocidas Luciano Benjamín Menéndez, Normando Guillermo Torres, Candido Medardo Aroca, Jorge Alberto García, Eulogio Vitale, Wilson Manuel Velazquez, Eduardo Abelardo Britos, Ricardo Manuel Torres Daram, Francisco Domingo Franco Casco, Hernan Dolivar Pizarro.

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Otros dos ex jueces procesados por delitos cometidos durante la dictadura cívico militar

En Santiago del Estero, los ex jueces federales Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga (también ex vocal de Cámara en Catamarca), fueron procesados por los delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", por el juez federal Guillermo Molinari de esa provincia. El procesamiento se volvió a impulsar después de las denuncias en su contra en el juicio en el que se condenó al genocida Musa Azar el año pasado.

Sin embargo estos dos ex jueces ya habían sido imputados en el 2004 por delitos durante la dictadura, esa vez por asociación ilícita y denegación de justicia junto con Luis Eduardo López (secretario penal durante la dictadura y luego camarista federal en Santiago del Estero) y la ex secretaria Lorna Hernández. López fue sobreseido en abril del 2011 por el juez ad hoc Eduardo Coroleu, quien sólo estuvo 3 días a cargo de la causa, hasta que el pasado 29 de mayo, la Cámara de Apelaciones de Tucumán anuló el sobreseimiento de Luis Eduardo López, y se lo puede volver a investigar.

Liendo Roca antes de 1976 fue fiscal y en la dictadura fue juez federal. Olmedo  trabajó como juez ad hoc cuando Liendo Roca debía abstenerse de intervenir en los casos de algunos presos políticos en los que había trabajado como fiscal. Eduardo Luis López, en tanto, era secretario penal. Olmedo de Arzuaga se hizo conocido fuera de la provincia cuando le tocó presidir el tribunal que juzgó el crimen de María Soledad Morales en Catamarca y quedó registrado por las cámaras de televisión cuando le hacía un gesto a una de las partes.

Volviendo al 2004  el Juez Federal Ángel Toledo, decidió sobreseer directamente a Liendo Roca y a Santiago Olmedo, sin siquiera haberles tomado una  declaración indagatoria. La fiscalía presentó recursos por 7 años hasta que en julio del 2011, la cámara de Casación de Nación decidió intimar al tribunal oral de Santiago  presidido por Pedro Ibáñez e integrado por los conjueces Eduardo Coroleu y Guillermo Ruiz Alvelda. Estos jueces sostuvieron que la fiscalía tenía razón, que no se puede sobreseer a alguien sin investigar los delitos, pero terminaron resolviendo que los delitos por los que los imputados Liendo Roca y Olmedo estaban acusados ya habían prescripto.

En agosto del 2012 la  Sala IV  de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga y ordenó investigar la participación de ellos en delitos durante la dictadura y ayer fueron procesados.

Durante las actuaciones del año pasado en el máximo tribunal penal de la Nación  el fiscal ante la Cámara, Raúl Plee, planteó que “de autos surge nítidamente que Santiago Olmedo de Arzuaga incumplió sus deberes de juez federal –subrogante– en relación con Mercedes Cristina Torres y Luis Garay, de quienes conoció sus privaciones ilegítimas de la libertad y torturas agravadas, tolerando y permitiendo la perpetración de estos delitos, ello por cuanto si hubiese cumplido con sus deberes de funcionario judicial, esas personas no habrían sido víctimas de los delitos antes mencionados”.

Lo mismo dijo de Liendo Roca. “Incumplió sus deberes de fiscal federal antes de producirse el golpe de Estado de marzo de 1976 y de juez federal durante el gobierno de facto en relación con Luis Roberto Avila Otrera, Cristina Torres, Raúl Eduardo Dargoltz, Luis Guillermo Garay, Daniel Eugenio Rizzo Patrón, María Susana Habra, Ramón Orlando Ledesma Miranda, Enrique Figueroa Nieva, Javier Silva y Margarita del Valle Urtubey, de quienes conoció las privaciones ilegítimas de sus libertades y torturas agravadas tolerando la perpetración de estos delitos en perjuicio de los antes nombrados.”

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La justicia al banquillo. Parte 1: Hooft, el juez cómplice de "la feliz"

por Pablo Peláez*

Cuando casi pasaron siete años desde que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dirigida por Eduardo Luis Duhalde, reclamara la suspensión del juez marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft en el 2006, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió recientemente, por unanimidad, suspenderlo hasta que finalice el juicio político. La Comisión también resolvió por unanimidad otras cuestiones como rechazar las nulidades pedidas por la defensa del magistrado, no hacer lugar al pedido de paralización de la causa y el planteo de Hooft de ser oído en la audiencia que se realizó en el edificio del máximo tribunal provincial en La Plata.  

La demora de tantos años se debió a esas nulidades y a diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo cual las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En de Mar del Plata, se investiga a Hooft por ser partícipe de diversos delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, y del ocultamiento de los delitos ocurridos en los centros clandestinos de detención (CCD), visitados por él, lo cual fue sostenido por funcionarios policiales de la comisaría Cuarta de esa ciudad y reconocido por el propio Hooft en diferentes declaraciones radiales. También por su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas del genocidio y por no haberle dado curso a los habeas corpus a varias otras, entre ellos algunos de los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada “Noche de las Corbatas”, cuando el magistrado era juez en lo criminal y correccional de la ciudad balnearia. Otro caso fue no haber interpuesto habeas corpus, como el caso de Jorge Candeloro, hecho denunciado por su madre Marta García de Candeloro. 

El jurado que tomó las decisiones está presidido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y lo integran los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Rosello y los legisladores provinciales Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic. 

Las audiencias del jury contra Hooft, aún no tienen fecha de comienzo, pero el jurado decidió que se realicen en dependencias de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

  

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, dijo a Télam que “nos parece bueno que finalmente se haya construido este juzgado de enjuiciamiento y hoy tome algunas resoluciones que dan inicio a este proceso, como ser el pedido de suspensión, que permitirá que Hooft sea sometido en el proceso como corresponde”. 

Hasta ahora el único juez condenado por delitos de lesa humanidad es el santafesino Víctor Brusa, condenado en el 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y que recibió una pena de 21 años de prisión por participar, en ocho casos, de sesiones de tortura en 1976 y 1977, cuando era funcionario del ex juez Fernando Mántaras. Brusa ya había sido denunciado a la CONADEP en 1984 y en 1996 el juez español Baltazar Garzón, ordenó la extradición y la captura internacional de Brusa por las denuncias de varias víctimas. Hace unos meses la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las salidas transitorias del ex juez, las cuales habían sido autorizadas un poco antes y que causó indignación en las víctimas y querellantes.

Pero hay más de cuarenta jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales de diversos fueros, a los que se les investiga, imputa o procesa por no haber actuado ante denuncias de diversas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar ocurridos en centros clandestinos de detención (CCD), o por cometer diferentes delitos de lesa humanidad o por encubrimiento.

* Miembro del Equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA

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10 juicios de lesa humanidad se reanudan en febrero

Luego de la feria judicial se reanudarán en todo el país las audiencias en 10 juicios por crímenes de  lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Capital Federal: 4 de febrero. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia) encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Se prevé que declaren cerca de 900 testigos y se juzgarán 789 hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención. Son 68 los imputados.

Córdoba: 5 de febrero. Se realiza ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba el juicio oral y público por la causa “Menéndez, Luciano Benjamín y otros”, en donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención “La Perla” y “La Ribera”, entre los años 1975 y 1977. El proceso está compuesto por la acumulación de 16 causas, que cuentan con 45 imputados, 417 víctimas y se espera que declaren más de 900 testigos. El tribunal está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu. En tanto que Carlos Ochoa lo hace en calidad de cuarto juez.

Jujuy: 7 de febrero. El Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin, juzga a Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni. Se investiga la responsabilidad de los acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio, en perjuicio de 43 víctimas.

Mar del Plata: 13 de febrero. El TOF de Mar del Plata encabeza un juicio oral por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval Argentina. El tribunal está integrado en este caso por los jueces Alejandro Daniel Esmoris, Jorge Aníbal Michelli y Nelson Javier Jarazo. Son juzgados 14 imputados. 

Mendoza: 7 de febrero. Ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza se lleva a cabo un juicio oral en el que se encuentran imputados: Dardo Migno Pipaon, Alcides París Francisca, Paulino Enrique Furió, Ramón Angel Puebla, Juan Agustín Oyarzabal, Armando Fernández, Fernando Morelado, Juan Antonio Garibote, Aldo Patrocinio Bruno Pérez y Ricardo Benjamín Miranda. El tribunal está integrado por los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Burad y Alejandro Nocetti Achával. 

Salta: 4 de febrero. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Mario M. Juárez Almaraz y Gabriel Casas (juez sustituto), son juzgados18 imputados por 34 hechos cometidos entre los años 1975 y 1978. En la causa se investiga la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, algunos de ellos docentes de la Universidad Nacional de Salta. 

San Juan: 5 de febrero. El Tribunal Oral Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Furcade, Alejandro Piña encabezan el debate donde son juzgados Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel, Alejandro Manuel Lazo, Daniel Gómez y Horacio Julio Nieto. En el proceso se investigan delitos cometidos en perjuicio de 60 víctimas. 

San Martín:  5 de febrero. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín lleva adelante el juicio oral por crímenes en jurisdicción de Campo de Mayo. En el debate (encabezado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone) son juzgados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guarañabens Perelló, Julio San Román, Luis Sadi Pepa, Osvaldo García, Hugo Castagno Monge, Carlos Somoza, Carlos Macedra, Eduardo Corrado, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo. Se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 20 víctimas. 

Santa Fe: 14 de febrero. Se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe un juicio donde se investigan crímenes en perjuicio de 35 víctimas. Son juzgados Jorge Alberto Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Alberto Sambuelli, El tribunal está integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci. 

Tucumán: 7 de febrero. El Tribunal Oral Federal de Tucumán encabeza el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia, en el marco de la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/ secuestros y desapariciones”. Son juzgados 41 imputados, por crímenes en perjuicio de 235 víctimas. Se investigan los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. 

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Santiago del Estero: fijan fecha de sentencia en juicio de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de esa provincia fijó fecha de sentencia para el 5 de diciembre en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. En el procesos son juzgados diez genocidas por crímenes contra 44 personas. Los imputados tendrán oportunidad de decir sus últimas palabras en esa misma jornada. 

La casa donde funcionó la DIP entre 1874 y 1978

Recordemos en su alegato el fiscal había solicitado condena a prisión perpetua para el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Musa Azar, máximo responsable del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), quien había sido condenado por el asesinato de Cecilio Kamenetsky. También fue requerida la misma pena para el subjefe de la DIP, Miguel Garbi, y los ex oficiales Ramiro López Veloso, Juan Bustamante y Francisco Laitán. Se pidieron las penas de 25 años de prisión para el ex mayor del ejército Jorge Alberto D'amico, y los ex agentes Eduardo Bautista Baudano y Carlos Hector Capella. Mientras que pidió 15 años de prisión para los también ex agentes José Gregorio Brao y Rodolfo Doroteo Salvatierra. 

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Comenzó en Tucumán nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad

El genocida José Mijalchyik, vestido de sacerdote

Este lunes comenzó en San Miguel de Tucumán un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar. Allí se juzgarán a 44 genocidas acusados en dos causas por crímenes en perjuicio de 235 víctimas: Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía. Entre los acusados se encuentra el sacerdote José Mijalchiyk, quien participó de las torturas en esos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El ex vicario castrense, que colaboraba con las fuerzas armadas y policiales en la obtención de confesiones por parte de los secuestrados, es el primer miembro de la Iglesia Católica Argentina juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán.

"Tras haber sido encarcelado, Mijalchyik fue liberado por el pago de fianza que realizó el Arzobispado de Tucumán."

El año pasado se descubrió una fosa común en ex Centro Clandestino de Detención Arsenal y se descubrieron 15 cuerpos incinerados, de los cuales se pudo identificar a 14 de las víctimas. Los delitos cometidos en centros de tortura de ambas fuerzas, las fuerzas armadas y la policía local, así como la participación de civiles da cuenta de la amplia trama de responsabilidades de la dictadura cívico militar en esa provincia.

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Se ratificaron las condenas para los asesinos de Paco Urondo y se establece el delito de asociación ilícita

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Germignani y Gustavo Hornos), confirmó las condenas dictadas en octubre del 2011 a cinco de los imputados por el Tribunal Oral Federal 1 de Cuyo (el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza), por el asesinato de Francisco “Paco” Urondo y la desaparición de su esposa Alicia Raboy, entre otros. Fueron cuatro condenas a prisión perpetua (Celustiano Lucero, Juan Agustín Oyarzabal, Eduardo Smahá y Alberto Rodríguez Vázquez), y una a 12 años. 

La Cámara también revocó la absolución en primera instancia y lo condenaron a prisión perpetua al ex teniente coronel retirado Paulino Furió Etcheverry, quien era el jefe de Inteligencia de la Brigada de Infantería VIII, por el secuestro y homicidio de Jorge del Carmen Fonseca, militante del Partido Comunista Marxista Leninista-Vanguardia Comunista (PCML-VC). La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal también condenó a seis de los imputados (incluyendo a Furió Etcheverry), por asociación ilícita, un delito que no había sido contemplado en primera instancia por el Tribunal Oral Federal 1. Hubo una condena a 12 años a Dardo Migno Pipaon y 3 sobreseimientos por problemas de salud.

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Neuquén: 13 genocidas condenados y otros 8 absueltos

Hoy martes el Tribunal Oral Federal Nº1, integrado por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, resolvió condenar a 13 genocidas y absolvió a otros 8 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" ubicado en la Provincia de Neuquén. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA consideramos insatisfactoria la sentencia dictada por dicho tribunal. Los jueces redujeron notablemente las penas solicitadas por las querellas en sus alegatos y eximieron de toda culpa a miembros de la policía rionegrina. 

En este juicio habían declarado compañeros docentes, entre ellos Orlando “Nano” Balbo -también querellante en la causa-, quien fue víctima de tormentos por parte de miembros del ejército y de la policía que lo dejaron sin audición de ambos oídos. El “Nano” estuvo en la U9 y luego fue trasladado a un penal en la Provincia del Chubut. De allí fue liebrado y se exilió en Italia. El “Nano” volvió y emprendió una férrea militancia en el campo sindical y educativo desde la Secretaría General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. 

Los genocidas condenados fueron Osvaldo Laurella Cripa a 23 años de prisión; Enrique Braulio Olea a 22 años de prisión; Oscar Reinhold a 21 años de prisión; Sergio Adolfo San Martín, 19 años de prisión; Jorge Eduardo Molina Ezcurra a 19 años de prisión; Jorge Ricardo Luera a 16 años de prisión; Raúl Guglielminetti a 12 años de prisión; Antonio Alberto Camarelli a 10 años de prisión; Enrique Charles Casagrande a 8 años de prisión; Gustavo Vittón a 8 años de prisión; Máximo Ubaldo Maldonado a 7 años de prisión; Miguel Ángel Quiñones a 6 años y 6 meses de prisión; el suboficial Francisco Julio Oviedo a 4 años de prisión. En tanto que resultaron absueltos Serapio del Carmen Barros, Oscar Ignacio del Magro, Jorge Osvaldo Gaetani, Gerónimo Huircaín, Saturnino Martínez, Desiderio Pinchulef, Emilio Sachitella y Julio Héctor Villalobo. 

El primer juicio por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en ese Centro de Detención, Tortura y Exerminio, conocido como “la Escuelita", se había realizado en 2008. En aquella ocasión los genocidas Reinhold y Olea habían sido condenados a prisión perpetua; para los oficiales de inteligencia San Martín y Molina Ezcurra la pena había sido de 21 años, y el suboficial Oviedo había sido condenado a 7 años de prisión. 

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Salta: el empresario Marcos Levín procesado por crímenes de Lesa Humanidad

El juez Leonardo Bavio del Juzgado Federal Nº 1 de Salta procesó el pasado 15 de octubre al empresario Marcos Jacobo Levin, de 73 años, por considerarlo instigador del delito de imposición de tormentos, en 1977, sobre Víctor Manuel Cobos, quien era chofer y delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de la empresa de transporte La Veloz del Norte. Levin era por entonces propietario de esa empresa de transporte. 

Marcos Levin

Bavio también dictó el procesamiento de los ex-policías Víctor Hugo Bocos (era empleado de la empresa y subjefe de la comisaría 4 de la policía de Salta), y Enrique Cardozo, pero como coautores de los tormentos a Cobos. Sin embargo el juez dejó fuera de la causa a otras denuncias por tormentos de otras trece víctima entre choferes y azafatas de la misma empresa y la imputación a otros policías denunciados. Levin continuará en libertad porque el procesamiento es sin prisión preventiva. El llamado a indagatoria se inició hace varios meses (a fines del año pasado), luego de la denuncia de los empleados de La Veloz del Norte. Para dictar los procesamientos el juez se basó en las declaraciones coincidentes prestadas por catorce testigos que evidenciaban la existencia de las torturas denunciadas. Según el juez, las torturas tuvieron por finalidad "arrancar la confesión de los acusados" para un procedimiento penal que se había iniciado a instancias de Levín, para investigar una supuesta defraudación a La Veloz del Norte realizada por un grupo de empleados.

Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, hasta ahora se contabilizó que, desde la vuelta de la democracia, hay 122 civiles entre condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. De estos, sólo 29 se encuentran condenados (y ocho son ex Personal Civil del Batallón 601).

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Postergan el inicio del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA

El primer juicio oral: el acompañamiento popular

El Tribunal Oral Federal Nº 5,  resolvió postergar el comienzo del segundo juicio oral por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico militar. Por pedido del nuevo fiscal de la causa el inicio de las audiencias será el 28 de noviembre próximo. 

En el proceso serán juzgados 67 acusados, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta, por delitos contra 786 víctimas. El Tribunal Oral Federal Nº 5, a cargo del juicio, está integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia. En el segundo capítulo de la llamada megacausa ESMA se ha convocado a 830 testigos y, desde el tribunal estiman que el juicio puede extenderse por dos años. El tribunal resolvió que se incorporen los videos con los testimonios de 80 víctimas. 

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Detuvieron a Mario Benjamín Menéndez en la causa por el Operativo Independencia

La justicia federal de la Provincia de Tucumán resolvió dictar la prisión preventiva para 40 imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el llamado “Operativo Independencia” en esa Provincia. La Policía Aeroportuaria Argentina detuvo a 16 personas, entre ellas al ex general Mario Benajmín Menéndez. Menéndez es también señalado como responsable de delitos de lesa humanidad cometidos contra colimbas durante la guerra de Malvinas en 1982. La orden de detención alcanza a María Isabel Martínez de Perón, por entonces presidenta.

Los otros detenidos son: José María Menéndez, ex coronel del Ejército; Fernando Luis Labayru, ex teniente coronel; Víctor Hugo Olmos, ex comisario Inspector de la Policía de Tucumán; Walter Edgardo Saborido, ex capitán del Ejercito; Ernesto Nicolás Chávez, ex coronel; Omar Angel Baldo, ex Subteniente de Reserva del Ejercito y Juan Bautista Martín Cabrera, ex teniente del Ejército; Miguel Angel Carrasco, médico traumatólogo; José Ernesto Cuestas, ex Comisario Inspector de la Policía de Tucumán; Pedro Roberto Rojas, ex Suboficial principal de la Policía de Tucumán; y los ex coroneles Jorge Gerónimo Capitán, Pedro Adolfo López y José Fernando Tanoni; Roberto Manuel Monteros, ex agente de la Policía de Tucumán; y a Alberto Alfredo Svendsen, ex teniente coronel del Ejército. 

El Operativo Independencia fue una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía de Tucumán para reprimir el movimiento popular en Tucumán. Se desarrolló en el año 1975, durante el gobierno de Isabel de Perón, comandado por el genocida Domingo Bussi, que fuera condenado por crímenes de lesa humanidad en 2008. El Operativo tiene entre sus defensores durante la democracia al columnista del Diario La Nación Rosendo Fraga, que revindicó la labor de los criminales. 

Fuente: Télam

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