Ataque a la Familia de Luciano Arruga

La secretaria de Derechos Humanos de CTERA condena de forma contundente, las amenazas que buscan amedrentar la búsqueda de justicia de la familia del joven Luciano Arruga.

El 7 de junio, semanas después de la condena a 10 años de prisión al policía Diego Torales por torturas a Luciano en la comisaria de Lomas del Mirador , fue incendiado el auto que de la incansable luchadora por la aparición del cuerpo y el esclarecimiento de la muerte de Luciano, su hermana Vanesa Orieta.

"Somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes."

Estas fueron las palabras de su familia ante este hecho con el que las fuerzas de seguridad acechan a las víctimas para mantener la impunidad de sus prácticas. Nuestra solidaridad para con Vanesa Orieta y su familia ante estos acontecimientos de tinte mafioso.

Desde las organizaciones sociales, los trabajadores y organismos de derechos humanos, debemos estar atentos para denunciar y acompañar los pedidos de memoria, verdad y justicia de los familiares de las víctimas de la violencia.

¡NI UN PIBE MENOS!

Rogelio De Leonardi

Secretario Derechos Humanos CTERA

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Violencia Institucional: cuatro penintenciarios condenados por torturas

 Penitenciarios a la Cárcel por torturadores

Este martes 16 de junio el Tribunal Oral federal Nº 2 de San Martín, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña, condenó a cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Federal por las torturas físicas y psíquicas contra  Brian Oscar Núñez, quien estaba preso desde el 2009 por robo en la cárcel de Marcos Paz. Los agentes penitenciarios Juan Pablo Martínez (jefe de turno de la unidad,), Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza (agentes a cargo de la requisa), quienes  le pegaron bastonazos, lo quemaron y golpearon con el puño, puntapiés y lo pisaron en el rostro, pies, piernas y tobillos a Brian hasta fracturarlo, fueron condenados a  nueve años y medio de cárcel el primero y a  a ocho años y medio a Cóceres y Meza. Por su parte al penitenciario Juan José Mancel ( jefe de día), lo condenaron a dos años y medio “en suspenso...por omisión de denuncia”, sabiendo que Brian había sido torturado. Además fueron absueltos otros tres agentes penitenciarios, Juan Fernando Morinigo, Javier Enrique Andrada y Ede Martín Vallejos.
La fiscalía había pedido 18 años para Juan Pablo Martínez; 15 para Roberto Fernando Cóceres, Víctor Guillermo Meza y Javier Enrique Andrada; cinco para Juan José Mancel; cuatro para Juan Fernando Moriñigo y tres para Ede Martín Vallejos.

La sala de auduiencias estaba colmada con familiares y amigos de Brian, familiares de víctimas de violencia institucional, integrantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el diputado Leonardo Grosso y miembros de  Asociación Seré. Aunque son las primeras condenas a penitenciarios federales por torturas a presos, queda un resquemor por las absoluciones, que se podrán apelar.

El 16 de julio de 2011, Brian Nuñez, que tenía veinte años, mientras se hallaba esposado fue golpeado, vejado, torturado y pateado hasta el borde de la muerte  por varios integrantes del Servicio Penitenciario Federal, Brian quedó sordo de un oído y fracturado. El ataque de los penitenciarios toruradores fue en la sala de audiencias del anexo 5 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. En el 2011 esas torturas fueron denunciadas ante la justicia federal por la Procuración Penitenciaria y por  Víctor Hortel, el entonces director del Servicio Penitenciario Federal. Los siete penitenciarios denunciados que llegaron a juicio, fueron pasados a disponibilidad, pero igual se siguió  torturando a Brian, incluso, para que no declare, fue medicado e internado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza donde sigue a dispocición de los penitenciarios. Su madre, Liliana Valenzuela (foto), fue su apoyo y la que  denunció la continuidad de los vejámenes a los que sometían a Brian.

Después del fallo Brian dijo que “Estoy contento de que se haya podido hacer justicia. Esto recién comienza y va a ser para mejor. Lo importante es que de algo malo surgió algo bueno. Al final, después de la lluvia siempre termina saliendo el sol. Espero que esto sirva para que nadie baje los brazos y no tengan temor de denunciar”.

Hay que recordar que Abel Córdoba, el tirular de la PROCUVIN, informó recientemente que hay 749 agentes de fuerzas de seguridad (policías, penitenciarios, etc.), que están imputados en causas por violencia institucional (delitos de homicidio, tortura, violaciones y muchos otros).

 

JUSTICIA PARA BRIAN

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Sentenciaron a 10 años al bonaerense torturador de Luciano Arrug

Este 15 de mayo se conoció la sentencia dictada contra Diego Torales, el agente de la bonaerense acusado de torturar a Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador, en enero de 2008. El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza, lo encontró culpable de "tormentos físicos agravantes", y lo condeno a 10 años de prisión.

Torales había sido identificado por el joven, unos meses antes de los hechos que culminaron con su muerte, cuando les contó a su madre y a su hermana la extorsión que sufría por parte de los agentes de ese destacamento. Los policías le exigían al pibe que incurra en delitos, garantizándole una “zona liberada”.

Luciano permaneció desaparecido durante 5 años, hasta que su cuerpo apareció como NN en el cementerio de la Chacarita el 17 de octubre de 2014. Mientras tanto su crimen permaneció sin justicia, dando una muestra de la cadena de responsabilidades institucionales de la impunidad de las fuerzas de seguridad.

El de Luciano, es un caso emblemático que gracias a la Lucha de su familia y de las organizaciones populares, permitió visibilizar la violencia institucional que sufren nuestros pibes y pibas en todo el país. Y demuestra sobre todo que las prácticas performadas por las fuerzas de seguridad provinciales y federales, esas que son herencia de la Dictadura genocida, son legitimadas por otras instituciones, entre ellas el poder judicial.

Desde CTERA seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los torturadores y asesinos que arrasan con las vidas de los pibes como Luciano, como Ismael Lucena, como los pibes de Budge, entre tantos otros. ¡Ni un pibe menos!

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Ante la aparición del cuerpo de Franco Casco: justicia y cárcel a los culpables

El hecho de la aparición del cuerpo sin vida de Franco Ezequiel Casco, el joven bonaerense que desapareció en la ciudad santafesina de Rosario, mantiene abierta la herida social que provoca otro hecho fatal de violencia institucional. En estos momentos dolorosos, manifestamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Franco.

No es un hecho casual y aislado, sino el producto habitual de una institución policial contaminada por prácticas represivas y desligada del control por parte del poder político. Pedimos justicia junto a la familia de Franco y exigimos la urgente investigación de este hecho y el juicio a los culpables del mismo. 

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

CTERA

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CTA y CTERA en la Marcha Nacional de la Gorra

Este miércoles fue una gran jornada de lucha contra la violencia institucional, en la que las organizaciones sociales, políticas y sindicales acompañamos a las madres y familiares de las víctimas del accionar represivo de las fuerzas de seguridad bajo un mismo grito: los pobres también tenemos derechos ¡Ni unx pibx menos! La marcha que fue desde la Jefatura de la Policía Federal hasta la Jefatura de la bonaerense, cobijo a una pluralidad de fuerzas, entre las que estuvo la CTA y la CTERA através de Victorio Paulón, Secretario de Relaciones Internacionales de CTA, y Eduardo López, Secretario Gremial de CTERA. A días de producirse el descubrimiento del cuerpo de Luciano Arruga, las organizaciones afirmaban con bronca que esta fue “La 'gorra' que rebalsó el vaso.”

En la marcha también estuvieron presentes Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, y Dolores, la madre de Ezequiel Demonty – el joven arrojado al Riachuelo por efectivos de las fuerzas de seguridad- entre otras compañeras cuyos hijos fueron víctimas del llamado gatillo fácil. Además dieron el presente Horacio Verbitsky (presidente del CELS), el legislador Pablo Ferreyra -hermano de Mariano asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria en complicidad con la Federal-, y los Diputados Nacionales, Leonardo Grosso y Victoria Montenegro. Entre las organizaciones que marcharon a La Plata se encuentran el Movimiento Evita, el Partido Comunista, Kolina, la Tupac Amaru, CTERA, CTA, la Corriente Peronista Descamisados, Comedor Los Pibes, la CTEP, MTE, Juventud de la Unidad Socialista para la Victoria, entre otras.

El compañero Victorio Paulón hizo hincapié en la construcción popular como herramienta para ponerle un freno definitivo al accionar sistemático de las policías. Al respecto señaló que “es necesario ir a fondo, articular todas las marchas que se están dando a lo largo del país. Que podamos confluir en una gran marcha nacional donde definitivamente podamos poner a las policías provinciales y a la Policía Federal al control del poder político, y a los políticos y los funcionarios políticos que la conduzcan a rendir exhaustivamente cuentas para que no se transformen en parte de ese mismo aparato de maldad.”

En su discurso frente a la Jefatura de la Federal, López condenó fuertemente el accionar represivo sistemático de las fuerzas de seguridad, insistiendo en que “violencia institucional e inseguridad son caras de la misma moneda”. Puntualizó además que los docentes “entre cuidarnos de los pibes y cuidar a los pibes, nosotros optamos por cuidarlos, por protegerlos, porque se trata de generar más inclusión y más derechos.” 

La marcha desembocó en un gran acto en la ciudad de La Plata frente al Ministerio de Seguridad donde funciona la Jefatura de Policía de la Provincia. Allí se acercaron Rosa Bru, mamá de Miguel y Raquel Wittis, y también Florencia Saintout, Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde los organizadores aseguraron que además de esta edición y la tradicional Marcha de la Gorra de Córdoba que desde hace 8 años se realiza en esa ciudad en el mes de noviembre, tendrá sus ediciones también en las provincias de Santa Fé (en Rosario), Mendoza (Mendoza) y La Rioja (La Rioja). 

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Día de la Violencia Institucional: 4000 gritos contra el Gatillo Fácil

27 años han pasado de los hechos de la Masacre de Budge, un episodio triste para la Democracia argentina que reveló la crueldad y la impunidad de las fuerzas de seguridad. Después, vinieron los casos de Agustín Ramírez, en San Francisco Solano, y en 1991 el caso de Walter Bulacio, en Capital Federal en 1991. 

Los hechos sobresalieron entre el silencio mediático, pues, se trató también de las primeras movilización de familiares, amigos y vecinos que se realizaron exigiendo cárcel a los asesinos, que lograron una gran visibilización del accionar de las policías.

Desde diciembre de 1983 entonces más de 4000 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad en casos de Gatillo Fácil, cuestión que resuena en lo más hondo de las instituciones y de la que suele decirse por ahí que es una de las "deudas pendientes de la Democracia" o parafraseando a León Rozitchner ¿qué es sino esa estela del terror sobre el cual navega la democracia argentina? Estos números constituyen, ni más ni menos, el saldo estructural de las prácticas y la cultura represiva de las fuerzas de seguridad y las instituciones de encierro.

Estas tres décadas de construcción democrática coinciden también con la consolidación del discurso de la seguridad basado en la mano dura. Este discurso que repiten algunos medios, algunos políticos y los "expertos en seguridad pública", se parapeta en el argumento de que cada vez hay más delitos asociados a la violencia, para aplicar una misma fórmula: más violencia. Estos argumentos no dicen nada sobre la los orígenes ni de las posibles soluciones para la pobreza estructural en nuestro país; nada dicen de la corrupción de la institución policial, de su independencia de las decisiones políticas y su capacidad para regular el delito; tampoco hablan sobre el rol de la corporación judicial y sus intereses; mucho menos hablan de la vulneración de los derechos de las personas que se operan bajo ese manto oscuro de la mano dura.

Por esto, siempre que buscamos dar este debate decimos que hay que desterrar la supuesta contradicción que acusan estos sectores políticos y mediáticos entre seguridad y derechos humanos. En el marco de otro diálogo es necesario hablar de la reformulación del rol de las instituciones administrativas, policiales y judiciales que operan en este ámbito. Este es el valor de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, una iniciativa en la que convergen una rica pluralidad de colectivos y referentes. 

En estos 27 años seguimos apostando a la organización popular, la articulación entre las organizaciones del campo popular para visibilizar, denunciar y exigir ¡Ni un pibe menos, basta de Gatillo Fácil!

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA

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Comenzó el juicio por el asesinato de Walter Bulacio

Hace más de 22 años, el 19 de abril de 1991 y en la puerta del Estadio Obras, a la salida de un recital de los Redonditos, la policía  detuvo a Walter David Bulacio ilegalmente, porque era menor y no intervino un juez (ley No. 10.903), lo llevaron junto a otros 73 jóvenes a la comisaría 35ª de Nuñez, donde lo golpearon y torturaron. Al día siguiente lo tuvieron que internar en el Hospital Pirovano con un grave traumatismo craneano y murío el 26 de abril de 1991 en el Sanatorio Mitre. 

Walter que tenía sólo 17 años y cursaba el quinto año en el colegio Nacional Rivadavia, su crímen sigue impune a pesar de que ya intervinieron más de 40 jueces.

Después de 22 años, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, (integrado por los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, María Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Litvack), comenzó a juzgar al ex comisario Miguel Ángel Espósito que será el único acusado y, aunque varios testigos afirmaron fue él  quien lo golpeó a Walter en la cabeza (como el agente Fabián Rodolfo Sliwa), solamente será juzgado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada. En la primera audiencia del juicio Espósito no estuvo en la sala  pero participó por teleconferencia, de todas formas se negó a declarar.

Hay que recordar que hace 4 años que la causa fue elevada a juicio oral y que este tribunal postergó dos veces el inicio del juicio, la última  en junio del 2011. A Espósito nunca lo imputaron por “torturas seguidas de muerte”, pero por el delito de privación ilegítima de la libertad y por el homicidio ya había sido sobreseido, su único castigo hasta ahora es haber sido exonerado de la Policiía Federal en el 2008. 

Gracias a una presentación hecha en 1997 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, derechos del niño, a la protección judicial y a un recurso judicial sencillo y rápido, garantizados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículos 4, 5,7, 8, 19, 25) y de la presentación de la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (enero de 2001) en el 2003 se le ordenó al Estado Argentino el juicio y castigo a todos los responsables. Algo que aún no se cumplió aunque en 2004 la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la causa.

No es necesario preguntarse el por qué de la trascendencia del caso de Walter Bulacio, no obstante, cierto es que las prácticas represivas asediaban a todos y todas los y las jóvenes de las clases populares. Ésto pronto se hizo parte de la cultura juvenil, de la misma manera que en marchas, recitales y eventos deportivos se entonaba: "Yo sabía, yo sabía, que a Bulacio lo mató la Policía. Yo Sabía, yo sabía, que a los pibes los mató la Policía".

El caso Bulacio se unió a la memoria colectiva, que tenía el recuerdo fresco de La Masacre de Budge por lo que pronto encendió la movilización en pibes y pibas. Aquella, que había despertado la experiencia de la organización en el barrio, ante el acribillamiento de 3 pibes en una esquina, le dio cuerpo a la lucha contra el Gatillo Fácil, lucha que se acrecentaría con el caso de Walter.

Los Redondos-Indio Solari - Juguetes Perdidos

Banderas en tu corazón.
yo quiero verlas
ondeando luzca el sol o no.
banderas rojas, banderas negras,
de lienzo blanco en tu corazón.

Los Fabulosos Cadillacs - Arde Buenos Aires

Pero cuidado lo que hacés
o adonde vas
despues del gran recital
están los puños de la ley
para atraparte
tarde para reaccionar
la ciudad va a reventar
el camino es largo,
y Buenos Aires arde

Arde de sirenas y de canas
Buenos Aires
Arde de violencia ya se quema
Buenos Aires.

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El mecanismo de prevención de la tortura es Ley

El día miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Desde esta Secretaría expresamos nuestro beneplácito por la aprobación de un mecanismo indispensable para prevenir la violencia institucional, y avanzar hacia su erradicación. 

Se trata de un sistema que permitirá monitorear y controlar los lugares de detención, brindando una herramienta garantizar la integridad psíquica y física de las personas privadas de la libertad. La norma prevé también, la creación Comité Nacional contra la Tortura, con miembros electivos y un fuerte acoplamiento con el Congreso de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además se estableció el 8 de mayo, fecha de la Masacre de Budge, como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. 

"El mecanismo es indispensable para prevenir la violencia institucional y avanzar hacia su erradicación" 

Con la aprobación de esta Ley nuestro país incorpora uno de los puntos que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual ratificó en 2004. Además se establece el fomento a la creación de mecanismos similares en otras jurisdicciones, permitiendo un control de los sistemas penitenciarios provinciales. 

Este año hemos conocido y denunciado distintos casos que dan cuenta de un preocupante fenómeno institucional. Son los casos de las Comisarías de Salta, de los destacamentos de Florencio Varela, de las penitenciarías de Mendoza, Neuquén y la Provincia de Buenos Aires, por mencionar algunos. Allí se entrevé, por una parte, las condiciones degradantes de detención y, por otra, la utilización de la tortura y los tratos inhumanos en los sistemas ilegales de castigo que las fuerzas de seguridad ponen en acto en cada penal, comisaría y destacamento.

Desde 1900, los casos de violencia institucional suman más de 1900 denuncias, cifra que evidencia la magnitud de esta problemática. Consideramos, que este es un importante paso para terminar con la violencia y los tratos degradantes en los lugares de encierro. 

La Rioja, 29 de Noviembre de 2012

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos 

CTERA

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