Ante la aparición del cuerpo de Franco Casco: justicia y cárcel a los culpables

El hecho de la aparición del cuerpo sin vida de Franco Ezequiel Casco, el joven bonaerense que desapareció en la ciudad santafesina de Rosario, mantiene abierta la herida social que provoca otro hecho fatal de violencia institucional. En estos momentos dolorosos, manifestamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Franco.

No es un hecho casual y aislado, sino el producto habitual de una institución policial contaminada por prácticas represivas y desligada del control por parte del poder político. Pedimos justicia junto a la familia de Franco y exigimos la urgente investigación de este hecho y el juicio a los culpables del mismo. 

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

CTERA

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Los civiles que hicieron la dictadura. Cuadernillo para el debate y la formación.

     Compartimos este documento para el debate y la formación. Un texto que pretendemos que no se quede en la efeméride, que sea, más bien, una base para futuros aportes. En este momento histórico, a casi 4 décadas del inicio de la dictadura cívico-militar, es preciso exponer a los responsables civiles a la condena social. No olvidamos que ADEBA, la Sociedad Rural, Clarín, La Nación, Techint, Ford, Mercedes Benz, la Corporación Judicial, entre tantas otras corporaciones, fueron quienes acudieron a las botas y a los palos, para imponer un modelo económico-social regresivo y excluyente. 

Este texto, pretende dar continuidad a los debates pendientes y contribuir a saldar a las deudas de la justicia. Como tantos otros aportes realizados desde otros actores del campo popular, creemos necesario asumir el desafío de llevar el Nunca Más al aula.
     Otra de las deudas está en advertir el peligro de recrear y difundir las prenociones, prejuicios y representaciones negativas sobre los grupos políticos. Esto implica analizar el impacto del discurso que decía que peronistas, socialistas, trabajadores, sindicalistas, marxistas, comunistas, eran delincuentes subversivos y peligrosos. Este discurso fue asumido por los medios de comunicación, los militares, los empresarios, parte de la iglesia, algunas fuerzas partidarias y tantos otros civiles. Así se preparó el escenario para iniciar la cacería genocida contra los enemigos políticos del bloque dominante.
     A 38 años esas categorías negativas sobre el otro, en particular sobre los grupos políticos, sigue viva en los nichos del sentido común y legitima el accionar arbitrario de distintos actores. Queda en nosotros asumir esta deuda, elaborar los desafíos y llevar esta reflexión al plano material.

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

CTERA

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Repudio a los dichos macartistas del dirigente empresario tabacalero Ari Klusener

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA repudia enérgicamente los dichos macartistas y fascistas de Ari Klusener, presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones. Asimismo consideramos que es necesaria y urgente la intervención del INADI y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Klusener en una cena entre empresarios y dirigentes políticos de Panambí (Misiones) había expresado: "si por ahí hay algún chancho comunista suelto hay que agarrarlo, hay que meterlo en cana y hay que secuestrarlo y liquidarlo, porque no podemos tener chanchos comunistas sueltos, al chancho comunista hay que meterlo a la parrilla".

El contexto y el tono displicente de los mismos, muestran que no hubo exabrupto, sino que los dichos son la clara expresión de un pensamiento retrógrado correspondiente a un dirigente empresario y a un sector político. Es paradójico que estos dichos provengan de un terrateniente y tengan lugar en una provincia en la que fueron asesinados y secuestrados cientos de dirigentes campesinos del Movimiento Agrario Misionero y de las Ligas Agrarias de Misiones. 

Es menester manifestar la honda preocupación que generan estas afirmaciones, que recrean los argumentos más básicos de los genocidas civiles y militares que montaron el terrorismo de Estado en nuestro país. 

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

CTERA

16/06/2013

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La justicia procesó a ex jueces por delitos de lesa humanidad

La justicia federal dictó el procesamiento contra el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Cornejo y el ex secretario Carlos Otero Álvarez. Los funcionarios del poder judicial son investigados por su actuación "omisiva" en causas donde fueron víctimas detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal en Córdoba durante la última dictadura cívico militar.

El ex juez Miguel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo son investigados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios del poder judicial en por lo menos ocho casos de tortura y homicidios. Otero Álvarez es investigado por encubrimiento y participación secundaria de ochenta y seis hechos, en los delitos de "homicidio calificado, imposición de tormentos, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, concursados idealmente entre si."

El Secretario de Derechos Humanos de la CTERA, Rogelio De Leonardi, afirmó que "la medida es oportuna, estos últimos años hemos insistido en la pata civil de la dictadura y la participación de miembros poder judicial". De esta misma manera señaló que "la omisión, encubrimiento y complicidad de los jueces era necesaria para llevar el plan de exterminio que se propusieron militares y civiles para imponer el modelo neoliberal en nuestro país. Hoy, el avance de la lucha por justicia se enfrenta a una rígida corporación judicial, no olvidamos que los jueces actuales son los discípulos de Zamboni, Otero Álvarez, Puga y Cornejo."

No hace mucho, tras la detención de Otero Álvarez, el juez Jaime Díaz Gavier - que integra el Tribunal que juzga a Luciano B. Menéndez por los mártires de Chamical - defendió al ex magistrado. "Es un hombre de bien" dijo Díaz Gavier, quien en una entrevista de Página 12, ante la pregunta de sí era factible que él juzgara a Otero Álvarez respondió "en ese caso tendría que apartarme porque estoy vinculado por lazos de afecto, compartimos quince años en la magistratura." Díaz Gavier, junto a Carlos Lascano y el riojano José Quiroga Uriburu, se habían negado a llamar a declarar a la jueza Cristina Garzón de Lascano en el juicio por los crímenes en la Unidad Penitenciaria 1. La ex magistrada había actuado como secretaria civil del ex juez cordobés de la dictadura Adolfo Zamboni Ledesma. Para De Leonardi "es más que sólo una generación de funcionarios, no hay que perderle el rastro a la pista de la corporación judicial."

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