El mecanismo de prevención de la tortura es Ley

El día miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Desde esta Secretaría expresamos nuestro beneplácito por la aprobación de un mecanismo indispensable para prevenir la violencia institucional, y avanzar hacia su erradicación. 

Se trata de un sistema que permitirá monitorear y controlar los lugares de detención, brindando una herramienta garantizar la integridad psíquica y física de las personas privadas de la libertad. La norma prevé también, la creación Comité Nacional contra la Tortura, con miembros electivos y un fuerte acoplamiento con el Congreso de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además se estableció el 8 de mayo, fecha de la Masacre de Budge, como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. 

"El mecanismo es indispensable para prevenir la violencia institucional y avanzar hacia su erradicación" 

Con la aprobación de esta Ley nuestro país incorpora uno de los puntos que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual ratificó en 2004. Además se establece el fomento a la creación de mecanismos similares en otras jurisdicciones, permitiendo un control de los sistemas penitenciarios provinciales. 

Este año hemos conocido y denunciado distintos casos que dan cuenta de un preocupante fenómeno institucional. Son los casos de las Comisarías de Salta, de los destacamentos de Florencio Varela, de las penitenciarías de Mendoza, Neuquén y la Provincia de Buenos Aires, por mencionar algunos. Allí se entrevé, por una parte, las condiciones degradantes de detención y, por otra, la utilización de la tortura y los tratos inhumanos en los sistemas ilegales de castigo que las fuerzas de seguridad ponen en acto en cada penal, comisaría y destacamento.

Desde 1900, los casos de violencia institucional suman más de 1900 denuncias, cifra que evidencia la magnitud de esta problemática. Consideramos, que este es un importante paso para terminar con la violencia y los tratos degradantes en los lugares de encierro. 

La Rioja, 29 de Noviembre de 2012

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos 

CTERA

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La justicia procesó a ex jueces por delitos de lesa humanidad

La justicia federal dictó el procesamiento contra el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Cornejo y el ex secretario Carlos Otero Álvarez. Los funcionarios del poder judicial son investigados por su actuación "omisiva" en causas donde fueron víctimas detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal en Córdoba durante la última dictadura cívico militar.

El ex juez Miguel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo son investigados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios del poder judicial en por lo menos ocho casos de tortura y homicidios. Otero Álvarez es investigado por encubrimiento y participación secundaria de ochenta y seis hechos, en los delitos de "homicidio calificado, imposición de tormentos, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, concursados idealmente entre si."

El Secretario de Derechos Humanos de la CTERA, Rogelio De Leonardi, afirmó que "la medida es oportuna, estos últimos años hemos insistido en la pata civil de la dictadura y la participación de miembros poder judicial". De esta misma manera señaló que "la omisión, encubrimiento y complicidad de los jueces era necesaria para llevar el plan de exterminio que se propusieron militares y civiles para imponer el modelo neoliberal en nuestro país. Hoy, el avance de la lucha por justicia se enfrenta a una rígida corporación judicial, no olvidamos que los jueces actuales son los discípulos de Zamboni, Otero Álvarez, Puga y Cornejo."

No hace mucho, tras la detención de Otero Álvarez, el juez Jaime Díaz Gavier - que integra el Tribunal que juzga a Luciano B. Menéndez por los mártires de Chamical - defendió al ex magistrado. "Es un hombre de bien" dijo Díaz Gavier, quien en una entrevista de Página 12, ante la pregunta de sí era factible que él juzgara a Otero Álvarez respondió "en ese caso tendría que apartarme porque estoy vinculado por lazos de afecto, compartimos quince años en la magistratura." Díaz Gavier, junto a Carlos Lascano y el riojano José Quiroga Uriburu, se habían negado a llamar a declarar a la jueza Cristina Garzón de Lascano en el juicio por los crímenes en la Unidad Penitenciaria 1. La ex magistrada había actuado como secretaria civil del ex juez cordobés de la dictadura Adolfo Zamboni Ledesma. Para De Leonardi "es más que sólo una generación de funcionarios, no hay que perderle el rastro a la pista de la corporación judicial."

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