Día de la Violencia Institucional: 4000 gritos contra el Gatillo Fácil

27 años han pasado de los hechos de la Masacre de Budge, un episodio triste para la Democracia argentina que reveló la crueldad y la impunidad de las fuerzas de seguridad. Después, vinieron los casos de Agustín Ramírez, en San Francisco Solano, y en 1991 el caso de Walter Bulacio, en Capital Federal en 1991. 

Los hechos sobresalieron entre el silencio mediático, pues, se trató también de las primeras movilización de familiares, amigos y vecinos que se realizaron exigiendo cárcel a los asesinos, que lograron una gran visibilización del accionar de las policías.

Desde diciembre de 1983 entonces más de 4000 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad en casos de Gatillo Fácil, cuestión que resuena en lo más hondo de las instituciones y de la que suele decirse por ahí que es una de las "deudas pendientes de la Democracia" o parafraseando a León Rozitchner ¿qué es sino esa estela del terror sobre el cual navega la democracia argentina? Estos números constituyen, ni más ni menos, el saldo estructural de las prácticas y la cultura represiva de las fuerzas de seguridad y las instituciones de encierro.

Estas tres décadas de construcción democrática coinciden también con la consolidación del discurso de la seguridad basado en la mano dura. Este discurso que repiten algunos medios, algunos políticos y los "expertos en seguridad pública", se parapeta en el argumento de que cada vez hay más delitos asociados a la violencia, para aplicar una misma fórmula: más violencia. Estos argumentos no dicen nada sobre la los orígenes ni de las posibles soluciones para la pobreza estructural en nuestro país; nada dicen de la corrupción de la institución policial, de su independencia de las decisiones políticas y su capacidad para regular el delito; tampoco hablan sobre el rol de la corporación judicial y sus intereses; mucho menos hablan de la vulneración de los derechos de las personas que se operan bajo ese manto oscuro de la mano dura.

Por esto, siempre que buscamos dar este debate decimos que hay que desterrar la supuesta contradicción que acusan estos sectores políticos y mediáticos entre seguridad y derechos humanos. En el marco de otro diálogo es necesario hablar de la reformulación del rol de las instituciones administrativas, policiales y judiciales que operan en este ámbito. Este es el valor de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, una iniciativa en la que convergen una rica pluralidad de colectivos y referentes. 

En estos 27 años seguimos apostando a la organización popular, la articulación entre las organizaciones del campo popular para visibilizar, denunciar y exigir ¡Ni un pibe menos, basta de Gatillo Fácil!

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA

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Las prácticas sociales y los modos de hacer justicia

por Adriana S. Taboada*

Veo la realidad en fotos

El Estado argentino llevando adelante juicios  históricos contra los genocidas  Vs.  la justicia por  mano propia  bajo la forma de linchamiento a jóvenes que comenten  hurtos.

Ataque colectivo (seguido de  muerte) a jóvenes  por delitos comunes  como robar una mochila o una cartera Vs. el silencio frente al  procesamiento de Menem y Cavallo por “sustracción de caudales”  en la venta del predio de la  Sociedad  Rural (patrimonio del Estado), que incluye montos de dinero muy superiores al valor de una mochila o cartera,  sin olvidar que se trataba además del Presidente de la República y su ministro de Economía y entonces el delito tiene otra envergadura.

Pienso

El cuestionamiento  que comenzó  hace menos de un mes al proyecto de reforma del código penal (con argumentos falaces)  haciendo eje, entre otros temas, en la baja de las penas,   coadyuvando  a profundizar la  sensación de inseguridad y la necesidad  de aplicación de “mano dura”  como  única alternativa frente a un “Estado Ausente” ¿podemos desvincularlo de los hechos de justicia por mano propia de los últimos días? 

Hoy  el peligro encarna en el  “peruca”, el  “bolita”, el pobre, el  joven. 

El tema es  complejo y en los próximos tiempos el debate  abierto seguirá buscando razones y respuestas. Desde ya esas   respuestas deben  habilitar la posibilidad de sostener  con  fuerza el sistema democrático, la legalidad y la construcción de alternativas más humanas, inclusivas, sensibles a los problemas individuales y colectivos. 

Las respuestas incluirán análisis políticos, psicológicos, sociológicos, legales y del rol de los medios de comunicación  pero  hoy, con el eco aún audible de tantas voces  ante un nuevo aniversario del Golpe Cívico-militar de 1976,  con los juicios  y condenas que avanzan  no sólo   sobre las acciones de los militares y miembros de las  fuerzas de seguridad, sino sobre el   poder económico,  eclesiástico, judicial  y civil, hechos  de violencia (sorpresivos) como los que se están sucediendo, resultan más disruptivos.

Traer el tema del Golpe  Genocida y el  juicio a sus ejecutores no es antojadizo ni arbitrario. No estamos en  una sociedad ideal ni mucho menos,  pero el proceso judicial en nuestro país por delitos de lesa  humanidad  está  mostrando  lo  opuesto a la ausencia de Estado, y las  condenas lo  opuesto a la impunidad. La lucha de casi 40 años buscando  justicia lo  opuesto al linchamiento. Estamos  hablando de  “maneras de hacer”, de prácticas sociales que  tienen consecuencias materiales  pero también simbólicas. Cuando Zaffaroni califica la muerte por el linchamiento  como homicidio, pone las acciones  en su lugar: esa  muerte se llama  homicidio y constituye un delito. Nominar el acto restaura la Ley. No todo da igual.

Los genocidios son un “proceso” que lleva  tiempo y  planificación para su concreción. El principio de ese proceso  requiere ir  “construyendo” al enemigo que se busca destruir, pues no viene dado. Para ello, un  grupo  nacional comienza a ser “recortado” como tal y  connotado negativamente: el “otro” ya no es mi  igual, sino que pasa a  representar lo diferente en tanto  malo y peligroso. Esto  va condicionando la manera de vinculación con ese  “otro” (a partir de ese momento  negativizado) y que en tanto tal  habilita formas de  relación social prejuiciosas, discriminatorias  y violentas que terminan en la eliminación del grupo, eliminación además  sostenida con consenso  social.

"Cuando  el  peligro pasa  a estar representado por  ese “otro” y  no  por  quien lo mata, el proceso genocida va mostrando sus éxitos."

Bajo el  nazismo, entre otros,  fue el judío y el gitano. Ayer y aquí en Argentina,  el disidente y militante político convertido en delincuente terrorista. Hoy  el peligro encarna en el  “peruca”, el  “bolita”, el pobre, el  joven.  El otro negativizado  ya está en la mira,  con  su  contenido de  clase presente. La justificación para la eliminación de Otro  se está construyendo. ¡Qué por  favor suenen  las señales de alarma!

¿Los linchamientos son un  genocidio? De ninguna manera  decimos esto,  ni  se debe  asimilar un delito  que comete el Estado y que conlleva la destrucción (asesinato) de una parte de su población a una práctica que  muestra una  forma (reprobable) de hacer justicia por fuera de los  canales legitimados por  nuestra  sociedad.  Pero  ambos requieren como requisito para  poder producirse que el  prójimo  deje de ser sentido como tal, justificando  cualquier acto,   por   inhumano que sea,  que se cometa sobre él.

Si algo  deberíamos  haber aprendido en estos casi 40 años es la importancia de respetar la vida como  bien supremo, y  que el difícil  camino por  búsqueda de Justicia  no debe divorciarse del de la Etica. 

 *Lic en Psicología. Investigadora del Centro de Estudios sobre Genocidio. UNTREF

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Fallo de Casación: declaran la inconstitucionalidad de la perpetuas a menores de edad

Inst. Luis Agote

Desde la CTERA recibimos con satisfacción el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que declara inconstitucionales las sentencias a prisión perpetua dictadas contra Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez y César Alberto Mendoza, cuando éstos tenían entre 16 y 17 años. Consideramos, no obstante, que este fallo llegó con una década de retraso.

La Cámara de Casación hizo lugar a los planteos de inconstitucionalidad 16 años después, en un extenso fallo de 107 folios, firmado por las juezas Ester Ledesma y Ana María Figueroa y el juez Alejandro Slokar. Los magistrados consideraron que las sentencias dictadas estos jóvenes incurrían en el incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra legislación. Precisamente, el fallo declaró inconstitucional el artículo 80 inciso 7° del Código Penal - en relación a la prisión perpetua prevista para niños, niñas y adolescentes-, al que consideró violatorio de la Convención de los Derechos del Niño y del principio de culpabilidad. 

Durante más de una década, mientras estos tres jóvenes cumplían una condena inconstitucional, se vulneraron sus derechos de manera sistemática, exponiéndoselos a tratos crueles y torturas. Las sentencias a prisión perpetua, dictadas a finales de los años noventa y principios del nuevo milenio, recayeron sobre estos jóvenes en medio de un clima social, político y mediático favorable a la implementación de políticas de seguridad antidemocráticas.

Torturas en la cárcel de San Felipe, Mendoza, año 2011

Los casos estuvieron en el eje del informe del año 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 172/10). Allí además quedaron expuestas las riesgosas condiciones en las cárceles del país y la violación sistemática de derechos humanos en ellas.

En estas mismas cárceles falleció Ricardo David Videla Fernández, para quien nunca llegó el fallo. Videla, también condenado a prisión perpetua por la Cámara Penal de Menores de Mendoza de cumplimiento, apareció muerto en 2005, a los 20 años. En un pedido de hábeas corpus firmado por el propio Videla decía “el personal penitenciario me amenaza constantemente y existe una persecución psicológica por parte de ellos y aclaro que las amenazas que recibo son ‘graves’ y que las daré a conocer en su presencia”. A pesar que la investigación no lo convalidó, la versión de los guardiacárceles que afirma que fue un suicidio fue la que tuvo difusión mediática.

El de Lucas Mendoza es un caso que también merece mencionarse quizá porque desde que salió del Instituto Agote lo “pasearon” por varios penales: Caseros, Marcos Paz, Devoto, Ezeiza, Neuquén y Ezeiza de nuevo. Junto a Claudio Núñez, fue uno de las primeros menores en recibir prisión perpetua en incumplimiento con los citados tratados internacionales.

Cuando se conocieron aquellas sentencias, distintos organismos de derechos humanos entre ellos la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, reclamábamos que los dictámenes de primera instancia no cumplían con la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de culpabilidad. En aquel momento, a partir de la destacada labor de abogados vinculados a centros de estudio y organismos de derechos humanos – en particular el de Claudia Cesaroni – exigimos la conmutación de las penas de los menores imputados. 

Desde la CTERA seguimos exigiendo que la justicia se expida sobre los casos de: Cristián Saúl Roldán Cajal (27 años, ocho de prisión) condenado por la Cámara Penal de Menores de Mendoza quien se encuentra cumpliendo prisión perpetua en la Penitenciaría de Mendoza, que tiene denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de DD.HH. por las pésimas condiciones de detención; y de Diego Arce (24 años, siete de prisión) condenado por la Cámara Penal de Menores de Mendoza a Prisión Perpetua, alojado en la misma penitenciaría que Roldán. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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El sistema de la crueldad

El martes 14 de agosto se presentó el informe anual elaborado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires donde se denuncian las graves condiciones de la población en situación de encierro.  El informe había sido entregado por miembros de la CMP – entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón (presidentes) y Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) – al gobernador Daniel Scioli, en una reunión que tuvo lugar en el Senado provincial la semana pasada.

El documento fue realizado a partir del trabajo del Comité de la Tortura integrante de la CPM, sobre políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en la provincia. Alejandro Mosquera de la Comisión Por la Memoria destaca los avances en esta materia producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, entre ellos la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales: “Se desalojaron detenidos de Comisarías, quedando aún cerca de mil presos”. No obstante la situación carcelaria en la provincia es aberrante, por eso es que desde la CPM llamaron al Servicio Penintenciario Bonaerense (SPB) “el Sistema de la Crueldad”.

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