El sistema de la crueldad
El
martes
14
de
agosto
se
presentó
el
informe
anual
elaborado
por
la
Comisión
por
la
Memoria
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires
donde
se
denuncian
las
graves
condiciones
de
la
población
en
situación
de
encierro.
El
informe
había
sido
entregado
por
miembros
de
la
CMP
– entre
ellos
Adolfo
Pérez
Esquivel,
Hugo
Cañón
(presidentes)
y
Alejandro
Mosquera
(secretario
ejecutivo)
– al
gobernador
Daniel
Scioli,
en
una
reunión
que
tuvo
lugar
en
el
Senado
provincial
la
semana
pasada.
Para
darse
una
idea
de
la
problemática
del
SPB,
basta
con
mencionar
que
el
45%
de
la
población
carcelaria
de
todo
el
país
se
encuentra
en
las
60
unidades
penitenciarias
y
alcaidías
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires.
A
ello
debe
sumarse
la
población
en
comisarías,
cuyas
instalaciones
no
son
las
adecuadas
para
alojar
presos.
El
documento
fue
realizado
a
partir
del
trabajo
del
Comité
de
la
Tortura
integrante
de
la
CPM,
sobre
políticas
penitenciarias,
de
seguridad
y
de
niñez
en
la
provincia.
Alejandro
Mosquera
de
la
Comisión
Por
la
Memoria
destaca
los
avances
en
esta
materia
producto
de
la
lucha
de
los
organismos
de
derechos
humanos,
entre
ellos
la
CPM
y
el
Centro
de
Estudios
Legales
y
Sociales:
“Se
desalojaron
detenidos
de
Comisarías,
quedando
aún
cerca
de
mil
presos”.
No
obstante
la
situación
carcelaria
en
la
provincia
es
aberrante,
por eso es que
desde la CPM llamaron al
Servicio
Penintenciario
Bonaerense (SPB)
“el
Sistema
de
la
Crueldad”.
![]() |
Penal de Olmos |
En
el
año
2011
se
produjeron
126
muertes
en
39
de
las
54
unidades
del
servicio
penitenciario
bonaerense,
47
de
ellas
fueron
“muertes
traumáticas”
y
75
como
no
traumáticas.
De
estas
últimas,
4
no
especifican
causal
y
en
25
casos
sólo
aparecen
como
paro
no
traumático
sin
especificar
causales
de
base.
Este
mismo
año
la
CPM
hizo
2.371
presentaciones
judiciales
en
las
que
se
denuncia
un
total
de
7.089
hechos.
Entre
las
violaciones
a
los
derechos
humanos
se enumeran golpes,
falta
de
atención
médica,
afectación
del
vínculo
familiar,
aislamiento,
condiciones
de
infraestructura
y
deficiencias en la alimentación.
El
Comité
Contra
la
Tortura
de
la
Comisión
por
la
Memoria
destaca
cuatro
núcleos
respecto
de
la
política
penitenciaria:
“la
tortura
como
práctica
sistemática;
la
sobrepoblación
en
la
totalidad
del
sistema
con
nichos
de
hacinamiento
crítico;
condiciones
inhumanas
de
detención
violatorias
de
toda
la
normativa
vigente;
la
corrupción
estructural
en
la
administración
penitenciaria”.
El
panorama
revelado
en
el
informe
da
cuenta
una
vez
más
de
los
resultados
de
las
políticas
de
seguridad
públicas
en
territorio
bonaerense
y
su
contradicción
con
la
vigencia
de
los
derechos
humanos
de
las
personas
en
situación
de
encierro.
Desde la dictadura cívico militar y pasando por los noventa, la
bonaerense
y
el
SPB
se
han
caracterizado
por
una
fuerte
impronta
corporativa
y
la
apelación
a
mecanismos
de
regulación
del
delito
como
forma
de
financiación.
Cabe preguntarse si las
atribuciones
otorgadas
a
esta
fuerza
en
el
marco
de
las
políticas
de
seguridad
de
“mano
dura”,
han
contribuido
sin
duda
alguna
a
la constitución de una bonaerense autónoma y por veces
independiente del poder político.
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