Doce represores condenados en Jujuy por crímenes de lesa humanidad

Culminó ayer el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy. Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia  -integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Mario Marcelo Juárez Almaráz y Federico Santiago Díaz- condenó a 12 represores (un ex militar y 11 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal), por privación ilegítima de la libertad, tortura y tormentos contra 90 víctimas durante el "Operativo Aire 718" en octubre de 1976.

 
Al finalizar el proceso judicial, que comenzó el 6 de noviembre del 2014, el tribunal condenó a 14 años de prisión a los represores Rogelio Mason Iglesias, Osvaldo Chiaparo, Jorge Néstor Ibáñez, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso y Andrés Aldo Savorani. Por su parte condenó a 12 años de prisión a Horacio Domingo Marengo y dispuso la absolución de Juan Héctor Guenchal y de Rubén Eduardo Zinc.

En las audiencias se investigaron los hechos ocurridos el 7 de octubre de 1976, cuando fueron embarcados en Jujuy con destino a Buenos Aires y en distintos aviones, 90 detenidos de la unidad penal de barrio Gorriti, los 78 hombres en un avión Hércules y las 12 mujeres en un avión más pequeño, y custodiados por efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

Penal Gorriti

Esos 90 presos políticos fueron sacados de sus celdas de esa unidad penal  y los trasladaron al aeropuerto jujeño El Cadillal, a 35 kilómetros de la capital, en un operativo que según libros del penal estuvo a cargo del entonces Tte. 1° Horacio Marengo.

En el viaje en los aviones, los detenidos permanecieron con los ojos vendados, atados por parejas a una barra de hierro en el medio del avión y mientras los golpeaban con bastones de goma, entre otros maltratos como amenazas de arrojarlos del avión.

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Violencia Institucional: cuatro penintenciarios condenados por torturas

 Penitenciarios a la Cárcel por torturadores

Este martes 16 de junio el Tribunal Oral federal Nº 2 de San Martín, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña, condenó a cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Federal por las torturas físicas y psíquicas contra  Brian Oscar Núñez, quien estaba preso desde el 2009 por robo en la cárcel de Marcos Paz. Los agentes penitenciarios Juan Pablo Martínez (jefe de turno de la unidad,), Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza (agentes a cargo de la requisa), quienes  le pegaron bastonazos, lo quemaron y golpearon con el puño, puntapiés y lo pisaron en el rostro, pies, piernas y tobillos a Brian hasta fracturarlo, fueron condenados a  nueve años y medio de cárcel el primero y a  a ocho años y medio a Cóceres y Meza. Por su parte al penitenciario Juan José Mancel ( jefe de día), lo condenaron a dos años y medio “en suspenso...por omisión de denuncia”, sabiendo que Brian había sido torturado. Además fueron absueltos otros tres agentes penitenciarios, Juan Fernando Morinigo, Javier Enrique Andrada y Ede Martín Vallejos.
La fiscalía había pedido 18 años para Juan Pablo Martínez; 15 para Roberto Fernando Cóceres, Víctor Guillermo Meza y Javier Enrique Andrada; cinco para Juan José Mancel; cuatro para Juan Fernando Moriñigo y tres para Ede Martín Vallejos.

La sala de auduiencias estaba colmada con familiares y amigos de Brian, familiares de víctimas de violencia institucional, integrantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el diputado Leonardo Grosso y miembros de  Asociación Seré. Aunque son las primeras condenas a penitenciarios federales por torturas a presos, queda un resquemor por las absoluciones, que se podrán apelar.

El 16 de julio de 2011, Brian Nuñez, que tenía veinte años, mientras se hallaba esposado fue golpeado, vejado, torturado y pateado hasta el borde de la muerte  por varios integrantes del Servicio Penitenciario Federal, Brian quedó sordo de un oído y fracturado. El ataque de los penitenciarios toruradores fue en la sala de audiencias del anexo 5 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. En el 2011 esas torturas fueron denunciadas ante la justicia federal por la Procuración Penitenciaria y por  Víctor Hortel, el entonces director del Servicio Penitenciario Federal. Los siete penitenciarios denunciados que llegaron a juicio, fueron pasados a disponibilidad, pero igual se siguió  torturando a Brian, incluso, para que no declare, fue medicado e internado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza donde sigue a dispocición de los penitenciarios. Su madre, Liliana Valenzuela (foto), fue su apoyo y la que  denunció la continuidad de los vejámenes a los que sometían a Brian.

Después del fallo Brian dijo que “Estoy contento de que se haya podido hacer justicia. Esto recién comienza y va a ser para mejor. Lo importante es que de algo malo surgió algo bueno. Al final, después de la lluvia siempre termina saliendo el sol. Espero que esto sirva para que nadie baje los brazos y no tengan temor de denunciar”.

Hay que recordar que Abel Córdoba, el tirular de la PROCUVIN, informó recientemente que hay 749 agentes de fuerzas de seguridad (policías, penitenciarios, etc.), que están imputados en causas por violencia institucional (delitos de homicidio, tortura, violaciones y muchos otros).

 

JUSTICIA PARA BRIAN

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La masacre del pabellón 7 de la Cárcel de Villa Devoto se juzgará como crimen de lesa humanidad

El 14 de marzo de 1978, 64 presos fueron asesinados en un incendio durante una represión de miembros del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal de la Capital Federal, con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, resolvió “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”, ya que consideraron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tenía "subordinación directa" al Ejército y que tenía las mismas prácticas represivas que utilizaban las distintas Fuerzas Armadas en la dictadura cívico militar, cuando en la cárcel de Villa Devoto había decenas de presos políticos y estaba bajo el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el genocida Guillermo Suárez Mason.

Ahora la causa por la masacre quedó para ser investigada en la justicia federal y a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien en marzo pasado ya había rechazado considerar los hechos como un delito de lesa humanidad y pretendió archivar la causa sin justicia para las víctimas. La Cámara sí escuchó los testimonios de los sobrevivientes, de detenidas políticas que estaban en otro pabellón de Devoto y de otros testigos y consideró los delitos como imprescriptibles.

En la mañana de ese 14 de marzo comenzó una protesta carcelaria con quema de los colchones colocados por los presos o por efectivos del SPF (según la versión), contra la puerta y, mientras el fuego y el humo hacían imposible respirar adentro, los presos que intentaban asomarse a las ventanas enrejadas eran baleados desde el exterior por los agentes del servicio penitenciario que se negaban a abrirles las puertas y que cuando entraron más tarde golpearon a los reclusos. Si bien algunos murieron quemados y asfixiados, la mayoría murió por los balazos. Después de la represión el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez , que era un preso político en Devoto, desapareció y nunca fue encontrado,  su legajo figura en las listas de la Conadep con el número 1230. En la imagen del diario Crónica se ve a Hernández Rodríguez luego de la represión y antes de su desaparición. El 30 de julio de 1979, el juez de instrucción Jorge Valerga Aráoz resolvió el sobreseimiento provisorio de todos los penitenciarios imputados, la causa quedó archivada.

La dictadura y el SPF siempre disfrazaron la masacre como un motin y por culpa de los presos, pero incluso en el 2005 el diario La Nación sostenía esa versión ya que ahí se escribía "La peor tragedia, en la cárcel de Villa Devoto...el fuego y el humo se habían apoderado del pabellón N° 7, en el penal de Villa Devoto. Pero nadie pudo salir de allí...las puertas y ventanas estaban trabadas: las habían cerrado los propios reclusos haciendo una barricada con sábanas, colchones y almohadas como señal de apoyo a un preso que había cometido una acción de indisciplina... los reclusos tomaron la trágica decisión que marcaría sus destinos...Jorge Antonio Dotti, entonces director nacional del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que en las autopsias realizadas no se evidenció que hubiera heridos de bala...". Gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y de la abogada e investigadora Claudia Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, entre otros, se pudo reabrir la causa y esperar justicia.

En marzo del año pasado se colocó una placa recordando la matanza en la entrada del pabellón 7º en la que se decía “Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”. En esa ocasión el sobreviviente Hugo Cardozo dijo ""Muchos compañeros me están rodeando en este momento, los que pudieron zafar de la muerte por un ratito, y los que quedaron tirados en el suelo agujereados por los disparos, quemados o retorcidos entre los camastros que agarrábamos para defendernos".

Me asfixio! ¡Dios!
Pienso en mi cara… se esta quemando, ahora, mi cara…
¡Dios!
Una explosión y los colchones se prenden fuego y
Nos quemamos vivos…
Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas.
El pabellon… en un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más…
Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me balean fiero
Viejita, amor, hijas y amigas, buscan noticias en la
Puerta, ahi­ fuera…
'PABELLON SÉPTIMO' Indio Solari

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Vera cada vez más comprometido y señalado como autor material en el juicio de Murias y Longueville

por Javier Puigdomenech, desde La Rioja

El pasado jueves 18 de octubre, el Tribunal Oral Federal de La Rioja, reanudó el juicio por los secuestros y asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, prolongándose hasta el sábado 20. Declararon los testigos: Aurelio Ortíz, Roberto Queirolo, Sebastián Glassman, Edgardo Rivero, Juan Carlos Britos, Nicolás Luna, José Valencio y Arturo Pinto. La querella de Murias, a cargo de la abogada María Elisa Reinoso, expresó que las jornadas fueron positivas, ya que se identificaron algunas personas que estarían involucradas y que están imputadas. “Se trata, precisamente, del ex Comisario de Chamical, Domingo Benito Vera, el que ha sido –en forma reiterada- mencionado como autor”, dijo la letrada. Organismos de Derechos Humanos, la AMP y la CTA de La Rioja volvieron acompañaron nuevamente en la calle.

A la derecha, el genocida Domingo Benito Vera

Asimismo, la doctora María Elisa Reinoso afirmó que la declaración de Carlos Britos fue muy importante para la causa, debido a que señaló al actual director del Servicio Penitenciario Provincial, José Carrizo, como instructor en un curso en una escuela de la localidad de El Cebollar, en la cual se formaba a la policía en la "lucha contra la subversión”. Esto "es relevante en dos sentidos", explicó la abogada “por un lado, precisa de que en la provincia estas instrucciones existían y por el otro, la vigencia de un personaje de ese momento en un puesto tan importante en la actualidad” y agregó que, para designar a ese tipo de personas en lugares tan sensibles, el gobierno provincial no ha tenido en cuenta el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que está encaminando desde el año 2003, el gobierno nacional.

Por otra parte, el ex sacerdote Aurelio Ortíz, quien retomó su declaración, manifestó que en Chamical era de conocimiento de todo el pueblo la implicancia de Domingo Vera en el asesinato de los curas, ya que ostentaba un gran poder dentro de la fuerza policial. Además, aportó un informe confeccionado en el mes de agosto de 1976, en base a la investigación del Obispo Angelelli, la cual fue dada en prueba al Tribunal.

José Carrizo

Del mismo modo, otro de los testimonios de valor, fue el otro ex sacerdote, Arturo Pinto, quien está sindicado como victima en el juicio por la muerte de Enrique Angelelli. Pinto, desmitificó anteriores versiones y expresó que Angelelli estaba por radicarse en Chamical para investigar el asesinato de Carlos y Gabriel. E indicó que Angelelli llevaba una carpeta donde contenía datos acerca de los asesinatos y la estaba por enviar al Nuncio Apostólico y al Vaticano. La declaración de Pinto fue de gran importancia en cuanto a la contextualización de los hechos en la ciudad de Chamical.

Finalmente, el doctor Bernardo Lobos Bugeau, de la Secretaría de DD.HH. de la nación, calificó las tres jornadas del juicio como contundentes y destacó la declaración del testigo Carlos Luna, quien “claramente desenmascara a Vera y lo pone en la escena de los hechos cuando dice que él, por orden de Vera fue a mentir y que iba a averiguar en nombre de la Policía Federal, en la casa de las monjas”. Para Lobos, se ha demostrado que Vera conocía cabalmente toda esta situación y por ende, es clara su responsabilidad.

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El sistema de la crueldad

El martes 14 de agosto se presentó el informe anual elaborado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires donde se denuncian las graves condiciones de la población en situación de encierro.  El informe había sido entregado por miembros de la CMP – entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón (presidentes) y Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) – al gobernador Daniel Scioli, en una reunión que tuvo lugar en el Senado provincial la semana pasada.

El documento fue realizado a partir del trabajo del Comité de la Tortura integrante de la CPM, sobre políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en la provincia. Alejandro Mosquera de la Comisión Por la Memoria destaca los avances en esta materia producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, entre ellos la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales: “Se desalojaron detenidos de Comisarías, quedando aún cerca de mil presos”. No obstante la situación carcelaria en la provincia es aberrante, por eso es que desde la CPM llamaron al Servicio Penintenciario Bonaerense (SPB) “el Sistema de la Crueldad”.

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