Terminó el primer juicio en Olavarría con condenas a cuatro represores

Luego de 37 años de lucha por justicia de los sobrevivientes y familiares, terminó el primer juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) de Monte Peloni y en otros de las ciudades de Olavarría, Las Flores y Tandil. Ayer los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, condenaron, por crímenes de lesa humanidad, a prisión perpetua a los represores Aníbal Ignacio Verdura, Omar Antonio "pájaro" Ferreyra y Walter Jorge “vikingo” Grosse. Por su parte el represor Horacio Rubén Leites recibió una condena de sólo ocho años por tormentos y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 21 personas. Además en este juicio se pudo empezar a ver la colaboración y la participación de civiles con la represión ilegal en la ciudad de Olavarría.

Vikingo Grosse y el pájaro Ferreyra

A los cuatro los condenaron los delitos de privación ilegítima de la libertad (sólo los secuestros perpretados entre septiembre y noviembre de 1977), tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los CCD de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, la Brigada de Investigaciones de Las Flores, el establecimiento Monte Peloni (en las sierras Bayas de Olavarría), y en la localidad de Tandil el CCD “La Huerta”, a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada. Todos estos integraban el Área Militar 124, que estaba a cargo del represor Ignacio Aníbal Verdura, quien también era el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques nº2 y del CCD en ese regimiento (Legajo de CONADEP 2556). Entre otros delitos Verdura fue condenado por los asesinatos de  de Jorge Oscar Fernández, Alfredo Maccarini y de los matrimonios de Juan Carlos Ledesma y Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, y de Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres. Hay que recordar que el 24 de mayo de 1986, cuando Verdura era general de Brigada, fue retirado obligadamente por el atentado fallido contra el presidente Raúl Alfonsín.  El tribunal también decidió revocar la prisión domiciliaria de Verdura (en  Santo Tom, Corrientes), y ordenó su “inmediato traslado” al hospital de Ezeiza, ya que "podría conspirar contra la realización" del segundo proceso. En el caso de Ferreyra fue muchos años funcionario municipal como director de Control Urbano, del intendente Helios Eseverri.

Monte Peloni. Imagen: Guadalupe Lombardo

A fines del 2015 se iniciará el juicio oral denominado Monte Peloni II, en el que hay 70 acusados, entre ex militares, ex policías y ex agentes penitenciarios. Carmelo Vinci, sobreviviente y uno de los testigos principales, dijo a Infojus Noticias al terminar la audiencia, que “Lamentablemente este juicio se tuvo que desdoblar, en la segunda parte es en la que Leites está más implicado, como tantos otros que han sido mencionados en esta primera parte". Hace unos meses Araceli Gutiérrez, una de los sobrevivientes de Monte Peloni, le dijo a Página 12 “Tengo parte de familia, compañeros, amigos desaparecidos o muertos. Mi presencia acá es una deuda con ellos... yo era la única mujer en Monte Peloni, me tenían encerrada sola, encapuchada, en uno de los cuartos del fondo, ése que tiene piso de madera”. Años después ella se mudó con su familia al lado del centro clandestino, para cuidar que no lo destruyeran.

Verdura, cuando violó la prisión domiciliaria en el 2010 y cuando torturaba.

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El Vesubio: Cuatro represores fueron condenados a prisión perpetua

La secretaria de Derechos Humanos de CTERA expresa su enorme beneplácito al conocerse la sentencia a los cuatro imputados que fueron condenados, en el día de hoy, a prisión perpetua.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, compuesto por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández, condenó hoy a prisión perpetua a los ex militares Gustavo Adolfo “el Francés” Cacivio, Jorge Crespi, Federico Antonio Minicucci (uno de los jefes del CCD) y al ex penitenciario Néstor Norberto "castro" Cendón, por los crímenes de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación y homicidio, en perjuicio de 204 víctimas; cometidos en el centro clandestino de detención (CCD), conocido como “El Vesubio”. Este es el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en ese CCD; el primer juicio terminó en septiembre de 2011 y entonces fueron condenados otros siete represores. En este juicio hubo un quinto imputado, que era Faustino Svencionis, pero falleció impune antes de ser condenado.

Se amplió la acusación por homicidios y delitos sexuales, como habían pedido las querellas y la fiscalía, y el tribunal dio a lugar.  Las detenciones  de los condenados se mantendrán en las mismas condiciones en las que llegaron al proceso. 

El juicio "VESUBIO II" inició 13/02/2014, el CCD estaba ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, en la localidad bonaerense de La Matanza; bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason. Integraba  la subzona represiva  11, la cual  se dividía en seis áreas (de la 111 a la 116), el Vesubio funcionaba en el área 114, junto a los CCD el “Protobanco o Puente 12”, el “Banco, Sheraton y Omega”.

Se pudo comprobar que entre las víctimas que pasaron por este CCD, estaban Raymundo Gleyser, Haroldo Conti y  Héctor Germán Oesterheld, además de Marta Goldberg y Laura Katz; por la violación en dos oportunidades contra estas dos secuestradas fueron condenados Cendón y Crespi. El represor Cendón había declarado como testigo ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (legajo CONADEP 7170); en su testimonio describió con detalles lo que sucedió en el Vesubio, los represores que actuaban y la estructura edilicia de las tres casas que abarcaba, las cuales fueron demolidas en 1980. Tiempo después Cendón negó esas declaraciones diciendo que fue obligado a firmarlas y que  la Conadep lo había extorsionado “a fin de enlodar al personal militar”, pero en 1987 los miembros de la Conadep fueron sobreseídos de esa acusación. Por su parte, Cacivio fue condenado hace poco por su actuar como agente de inteligencia en el CCD de La Cacha, cercano a la ciudad de La Plata.

Esta sentencia es resultado de una inclaudicable bandera que busca la memoria, verdad y justicia, impulsada por los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sindicales en todo el país. Es necesario que los responsables sean juzgados y condenados para construir una sociedad más justa e igualitaria, con el acompañamiento de políticas de reparación y memoria, como las implementadas en esta última década. Este es el 16º juicio oral que finaliza este año, con 75 represores condenados.

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La masacre del pabellón 7 de la Cárcel de Villa Devoto se juzgará como crimen de lesa humanidad

El 14 de marzo de 1978, 64 presos fueron asesinados en un incendio durante una represión de miembros del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal de la Capital Federal, con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, resolvió “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”, ya que consideraron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tenía "subordinación directa" al Ejército y que tenía las mismas prácticas represivas que utilizaban las distintas Fuerzas Armadas en la dictadura cívico militar, cuando en la cárcel de Villa Devoto había decenas de presos políticos y estaba bajo el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el genocida Guillermo Suárez Mason.

Ahora la causa por la masacre quedó para ser investigada en la justicia federal y a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien en marzo pasado ya había rechazado considerar los hechos como un delito de lesa humanidad y pretendió archivar la causa sin justicia para las víctimas. La Cámara sí escuchó los testimonios de los sobrevivientes, de detenidas políticas que estaban en otro pabellón de Devoto y de otros testigos y consideró los delitos como imprescriptibles.

En la mañana de ese 14 de marzo comenzó una protesta carcelaria con quema de los colchones colocados por los presos o por efectivos del SPF (según la versión), contra la puerta y, mientras el fuego y el humo hacían imposible respirar adentro, los presos que intentaban asomarse a las ventanas enrejadas eran baleados desde el exterior por los agentes del servicio penitenciario que se negaban a abrirles las puertas y que cuando entraron más tarde golpearon a los reclusos. Si bien algunos murieron quemados y asfixiados, la mayoría murió por los balazos. Después de la represión el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez , que era un preso político en Devoto, desapareció y nunca fue encontrado,  su legajo figura en las listas de la Conadep con el número 1230. En la imagen del diario Crónica se ve a Hernández Rodríguez luego de la represión y antes de su desaparición. El 30 de julio de 1979, el juez de instrucción Jorge Valerga Aráoz resolvió el sobreseimiento provisorio de todos los penitenciarios imputados, la causa quedó archivada.

La dictadura y el SPF siempre disfrazaron la masacre como un motin y por culpa de los presos, pero incluso en el 2005 el diario La Nación sostenía esa versión ya que ahí se escribía "La peor tragedia, en la cárcel de Villa Devoto...el fuego y el humo se habían apoderado del pabellón N° 7, en el penal de Villa Devoto. Pero nadie pudo salir de allí...las puertas y ventanas estaban trabadas: las habían cerrado los propios reclusos haciendo una barricada con sábanas, colchones y almohadas como señal de apoyo a un preso que había cometido una acción de indisciplina... los reclusos tomaron la trágica decisión que marcaría sus destinos...Jorge Antonio Dotti, entonces director nacional del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que en las autopsias realizadas no se evidenció que hubiera heridos de bala...". Gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y de la abogada e investigadora Claudia Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, entre otros, se pudo reabrir la causa y esperar justicia.

En marzo del año pasado se colocó una placa recordando la matanza en la entrada del pabellón 7º en la que se decía “Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”. En esa ocasión el sobreviviente Hugo Cardozo dijo ""Muchos compañeros me están rodeando en este momento, los que pudieron zafar de la muerte por un ratito, y los que quedaron tirados en el suelo agujereados por los disparos, quemados o retorcidos entre los camastros que agarrábamos para defendernos".

Me asfixio! ¡Dios!
Pienso en mi cara… se esta quemando, ahora, mi cara…
¡Dios!
Una explosión y los colchones se prenden fuego y
Nos quemamos vivos…
Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas.
El pabellon… en un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más…
Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me balean fiero
Viejita, amor, hijas y amigas, buscan noticias en la
Puerta, ahi­ fuera…
'PABELLON SÉPTIMO' Indio Solari

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Comenzó el jury de enjuiciamiento del suspendido Juez Hooft

Después de siete años, y con la declaracion de varios testigos, comenzó ayer el jury de enjuiciamiento al suspendido juez marplatense Pedro Federico Hooft. Si se comprueba que incumplió sus tareas como juez podría ser destituido del cargo; el juicio durará unos dos meses en los que se presentará la documentación y darán testimonio unos 100 testigos. A Hooft se lo acusa de archivar hábeas corpus, cerrar causas penales por secuestros y desapariciones sin siquiera citar a los testigos y por no informar sobre la muerte de los secuestrados por los represores, como sucedió con el abogado Jorge Candeloro (asesinado en junio de 1977), entre otros. 

Hooft fue nombrado juez en 1976 por decreto del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint-Jean; por los presuntos delitos ya figura en el informe de la Conadep desde 1984 y también fue denunciado en junio de 1985 en el Juicio a las Juntas y en el 2001-02 en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.  Si Hooft pierde sus fueros, entonces en la Justicia Federal se podría avanzar en la causa penal donde se lo investiga por los posibles delitos de archivar las denuncias penales y los hábeas corpus  presentados por familiares de apresados ilegalmente por la dictadura cívico militar y entre otros presuntos delitos en varios casos con víctimas del terrorismo de estado, como el secuestro de varios abogados laboralistas (Centeno y Candeloro entre ellos), conocido como "La Noche de las Corbatas" (ocurridos entre el 6 y el 13 de julio de 1977).  La querella fue iniciada en el 2006 por el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, pero el ahora juzgado y suspendido juez, amparándose en sus fueros, se negó sistemáticamente a declarar ante diversos jueces, las últimas veces ante el juez federal de Mar del Plata Martín Bava.

El jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, es presidido por el ministro de la Corte Suprema bonaerense, Juan Carlos Hitters, y está integrado por los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina, los diputados provinciales Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores provinciales Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.

Entre otros testigos, ayer prestó declaración Carlos Bozzi, secuestrado el 8 de julio de 1977 junto a los aún desaparecidos Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz; también declaró el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Mario Alberto Portela, quien aseguró hoy que Hooft “reaccionó muy fuerte... contra el Juicio por la Verdad en Mar del Plata” y  contra los que llevaban adelante causas de derechos humanos.

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Alejandro Enciso, un represor de la banda de Anibal Gordon fue extraditado de Brasil

Recientemente el Supremo Tribunal Federal Brasil concedió la extradición de César Alejandro "Pino" Enciso, miembro de la banda de Anibal Gordon y ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La extradición fue concedida por algunos de los delitos de lesa humanidad cometidos por Enciso en la dictadura cívico militar, los cuales el juez federal Daniel Eduardo Rafecas investiga en la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. "Pino" Enciso vivía desde fines de los ‘80 en Brasil bajo la identidad falsa de Héctor Domingo Echebaster, según Interpol también se hacía pasar por Horacio Andrés Ríos Pino, unos años después de llegar adoptó a una niña brasilera.  

Enciso, estaba preso en Río de Janeiro desde el 30 noviembre de 2010, por una requisitoria internacional solicitada por el fiscal italiano Gianncarlo Capaldo, quien en los últimos 15 años investigó los delitos cometidos contra ciudadanos italianos por torturadores y asesinos que participaron en el plan Cóndor (ver notas anteriores). Capaldo había solicitado la extradición a la justicia brasileña pero esta sólo aceptó el requerimiento de Rafecas. El represor había intentado, en el 2012, evitar la extradición solicitando la condición de refugiado ante el Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, pero lo rechazaron. Luego que la Ministra Cármen Lúcia, ordenara, en enero de 2013, su prisión preventiva antes de la extradición (por el exp. 1299), quiso evitarla aduciendo enfermedades como hipertensión, cáncer de piel, VIH, y problemas respiratorios, pero tampoco fue tenido en cuenta, en junio del 2013, por la ministra Lucia.
De todas formas el Supremo Tribunal Federal Brasil solamente permite el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro víctimas, Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas; todos desaparecidos en el centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti, entre mayo y octubre de 1976. Así no se lo puede juzgar por los delitos cometidos contra otras 35 víctimas que no están desaparecidas y que estaban en el requerimiento de Rafecas; esto pasa porque el tribunal brasilero desconoce el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en esos casos. De cualquier manera por Orletti pasaron cientos de víctimas y "pino" Enciso debe de haber cometido delitos contra muchos de ellos, sin tomar en cuenta su historia delictiva anterior.
La historia de los delitos del genocida Alejandro "pino" Enciso es la historia de las organizaciones paramilitares, de las patotas de derecha y del terrorismo de estado desde fines de los 60’. Así muy joven (nació en 1950), estuvo en la Concentración Nacional Universitaria (CNU), junto a Carlos Ernesto “El Indio” Castillo entre muchos otros (cómo ya fue denunciado en el Juicio por la Verdad marplatense en abril del 2007). Luego desde 1973, ya bajo las ordenes de Aníbal “El Viejo” Gordon fue, con otros CNU, parte de la patota de la UOM junto a Eduardo Alfredo “Zapato” Ruffo, Jorge Hugo “El Polaco” Dubchak y Osvaldo “Paqui” Forese, pero sin dejar de actuar como CNU o AAA (por ejemplo en agosto de 1974 asesinaron al dirigente sindical Carlos Ennio Pierini). Esta patota se enfrentó a otro grupo de la UOM comandado por Juan Carlos “Gallego” Rodríguez (compañero de Dardo Cabo y Giovenco en el operativo Condor de 1966) y Eduardo “Oso” Fromigué, estos últimos habían matado a Dubchak y baleado a Enciso en la puerta de su casa en julio de 1975, pero "pino" se vengó junto con Castillo y Gordon asesinando a los dos y a otros de esa patota unos meses después, cuando su futuro suegro René Otto Paladino (uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina o AAA), ya era el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), nombrado por María Estela Martinez y por indicación del genocida Videla quien ya era jefe del ejército.


En 1976 "pino" Enciso se casó con Magdalena la hija de Paladino y integró con otros represores como Eduardo Ruffo, Honorio Carlos “Pájaro” Martínez Ruiz y “Paqui” Forese, la banda de los civiles en el CCD Automotores Orletti, que comandaba Anibal Gordon, donde otros civiles como Raúl Guglielminetti y ex militares argentinos como Rubén Víctor Visuara y Eduardo Cabanillas coordinaban la represión, principalmente con el Ejército Uruguayo, en el marco del plan Cóndor. Este CCD sólo funcionó entre el 1º de junio y noviembre de 1976, en un taller mecánico alquilado en Venancio Flores y Emilio Lamarca de la ciudad de Buenos Aires (CABA), pero pasaron  más de 200 víctimas de diversos países. Allí la banda de Gordon  junto a militares uruguayos José Niño Gavazzo Pereira, Pedro Mato y Manuel Juan Cordero, entre varios otros, habrían participado del secuestro, los tormentos y los asesinatos de los muchos uruguayos como Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Enrique Rodríguez Larreta, Barredo y Whitelaw, según el testimonio del represor Orestes Estanislao Vaello, cuando declaró ante la comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), además "pino" Enciso fue mencionado y reconocido en fotografías por varias víctimas uruguayas que estuvieron en cautiverio en ese CCD. También, entre muchos otros delitos; se lo vincula con los tormentos y la entrega de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman para que la trasladaran al Uruguay, cuando aún estaba embarazada. Lamentablemente Enciso no podrá ser juzgado por estos y otros delitos, ya que el Supremo Tribunal Federal Brasil considera que prescribieron o no fueron incluidos en la requisitoria de Rafecas. En la banda de civiles torturadores y asesinos de Gordon y la SIDE de Orletti, junto a Enciso estaban por ejemplo  Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz y  “Zapato” Ruffo el apropiador de Carla Rutilo Artés en agosto de 1976, cuya madre Graciela Rutilo Artes desapareció en Orletti. Carla, que recuperó su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, recuerda que “pino” Enciso visitaba muy seguido su casa con el apropiador. Ruffo fue el que alquiló el local para la Secretaría de Inteligencia del Estado, Orletti en el organigrama de la SIDE era identificado como BASE 0T18 y los represores lo denominaban "El Jardín". Los represores de Orletti eligieron un método particular para desaparecer a varias de sus víctimas, luego de asesinarlos colocaba sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, que arrojaron en distintos sitios. Así en descampados cercanos al canal San Fernando fueron encontrados Ana María del Carmen Pérez (con un embarazo a término), los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá, Marcelo Gelman y los jóvenes diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Hernández, quienes habrían sido torturados en Orletti por los agentes de la CIA Michael Townley, y Guillermo Novo Sampol.
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Zapato Ruffo y Anibal Gordon.

El represor Enciso también era socio de su suegros en la empresa “Magister Seguridad Integral”, donde blanqueaban parte de los bienes robados a sus víctimas. Luego que se cerró el CCD la banda de Gordon siguió con secuestros extorsivos y robos hasta que el genocida Carlos “pajarito” Suárez Mason (entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército), los desarticuló. Algunos como Forese se reciclaron administrando sanatorios y trabajando con Diego Ibañez (del mismo gremio que Pierini), en el Conreso y en varios sindicatos. Por su parte “pino”Enciso siguió con los secuestros, como el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, en agosto de 1983 en la esquina de Cabildo y Republiquetas de la CABA realizado junto con Gordon y Eduardo Ruffo. Casualmente se lo secuestró poco después que Kelly escribió varias notas denunciando los negocios turbios de la logia Propaganda Due (P2) a la que pertenecían Suárez Mason y López Rega. Gordon murió en 1987 en la cárcel y Enciso se fue a Brasil con identidad falsa.

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Avanza el procesamiento del juez suspendido Pedro Hooft por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad

El pasado 30 de septiembre de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -integrada por los jueces Jorge Ferro y Alejandro Tazza- rechazó las recusaciones efectuadas por la defensa del juez marplatense Pedro Cornelio Federico "el Holandés" Hooft, contra los fiscales Horacio Azzolin y Jorge Auat  y confirmó al juez Martín Bava al frente de la causa, considerando que el llamado a indagatoria al juez Hooft cumple "con los estándares adjetivos previstos por la normativa", y no vieron "vicios que provoquen la nulidad pretendida". Tampoco se consideró en el fallo que las manifestaciones del Fiscal Azzolin, efectuadas en redes sociales son expresiones extrajudiciales y que "están excluidas para el supuesto de recusación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal".

Esta fue una de las tantas dilaciones y maniobras de la defensa y del mismo Hooft, porque la historia empezó hace varios años, así Hooft fue nombrado juez en 1976 por decreto del genocida Ibérico Manuel Saint-Jean; figura desde 1984 en el informe de la Conadep (como Hoff o Hof, legajos N°7290 y 7305, y p.189), fue denunciado en junio de 1985 en el Juicio a La Juntas por la sobreviviente de "La Noche de las Corbatas", Marta Haydée García de Candeloro (ver más adelante), quien también lo denunció en el 2001 en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata. En el 2006 el juez Pedro Hooft era presidente de la Asociación Argentina de Bioética y titular del Juzgado Correccional N° 4 de Mar del Plata, en marzo de ese año el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde con el patrocinio de Luis Hipólito Alen, jefe de gabinete de la secretaría, presentó contra Hooft una querella criminal por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el juez durante la última dictadura cívico-militar. La causa lleva el Nº17521 y se tramitó ante el Juzgado Federal nº 1  de Mar del Plata, cuyo titular era Alejandro Castellanos. En julio del 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también presentó el pedido de juicio político para Hooft, recién el pasado 05 de marzo un Jury de enjuiciamiento decidió apartar de su cargo y suspenderlo como juez a Pedro Hooft.
Pero la causa 17521 no avanzó, el juez Castellanos se tardó 17 meses en leer la causa y excusarse recién el 19/09/2007. La Cámara acepta la excusa del juez Castellanos y, previa excusación del juez Eduardo Pablo Jiménez titular del Juzgado Federal nº 2, se le pasa la causa al juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que también trató de sacarse la causa, pero entonces no pudo; desde el 2007 López no avanzó en la instrucción por cuatro años, ni realizó las indagatorias pedidas por la fiscalía, la última en noviembre del 2011. Luego sigue la ronda de excusaciones, con el  titular del Juzgado Federal N° 3 Santiago Inchausti, quien se excusó el 29/12/2011, luego que López lograra mandarle la causa. El 26/03/2012 fue el titular del Juzgado Federal Necochea, Bernardo Daniel Bibel y el 14/06/2012 lo hizo Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal Dolores. Finalmente, en agosto de 2012, la toma Martín Bava Juez Federal de Azul y subrogante del Juzgado Federal nº 3 de Mar del Plata.

"La fiscalía presupone la responsabilidad de Hooft en otros siete casos de violaciones a los derechos humanos  por supuestos 'cajoneos' de los hábeas corpus presentadas por las familias de las víctimas en su juzgado"

Desde el 23/08/2012 Bava citó 4 veces a Hooft sin que este concurriera, la fiscalía imputó a Hooft por los presuntos delitos en varios casos con víctimas de  privaciones ilegítimas de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos, homicidios calificados y, desapariciones. Varios de ellos perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en "La Noche de las Corbatas", cuando 11 personas entre  abogados laboralistas y sus familiares fueron secuestrados,entre ellos el profesor de Derecho Norberto Centeno, militante de la resistencia y uno de lo que impulsaron de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, también Jorge Roberto Candeloro y su esposa Marta García,  Camilo Ricci, Carlos Bozzi, María Esther Vázquez de García y a su esposo Néstor Enrique García Mantica,  José Verde y su esposa, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Aláiz, y Tomás J.Fresneda y su esposa  Mercedes Argañaraz que estaba embarazada. Se supone que todos pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría cuarta y en el viejo radar de la Base Aérea marplatense de Camet, conocido como "La Cueva"; sólo cinco sobrevivieron. Asimismo la fiscalía presupone la responsabilidad de Hooft en otros siete casos de violaciones a los derechos humanos  por supuestos 'cajoneos' de los hábeas corpus presentadas por las familias de las víctimas en su juzgado.

Este caso tiene gran importancia en la justicia marplatense, y a trascendido a otros ámbitos judiciales y políticos. Así no sólo la corporación judical marplatense salió en defensa y protección de uno de los suyos sino también de otros como el ex fiscal federal Julio César Strassera y, según denunció la abogada querellante Natalia Messineo, la procuradora general de la Provincia, María del Carmen Falbo;   Messineo dijo a Télam que  Hooft siempre tuvo la protección política de la corporación judicial y que “Cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó un informe sobre nuevos delitos en los que podría haber participado Hooft, le pidió a [la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen] Falbo que por favor se expidiera en 15 días, pero ella tardó 4 meses en pedir una prórroga para contestar el informe".

Por su parte el doctor Strassera defendió públicamente al juez marplatense diciendo que la causa contra Hooft  era "un invento" que responde a una "venganza personal", y con otros argumentos poco jurídicos como que  "es una vergüenza que se le haya hecho un juicio político a un hombre comprometido con la defensa de los Derechos Humanos y que se hartó de procesar policías por privación ilegítima de la libertad",  a una persona no se la juzga por todo lo bueno que pudo haber hecho, sino por los pocos o muchos delitos que cometió. El caso de Strassera es extraño no sólo por estos dichos sino por su falta de memoria con respecto a su actuación como fiscal del juicio a los genocidas que llevó a cabo en 1985 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento debería conocer los legajos de la CONADEP y el informe conocido como Nunca Más, en la página 189 de la edición de 1984 sobre el juez Hooft (figura Hoff) está lo que denunció la sobreviviente de "La Noche de las Corbatas", Marta García de Candeloro (legajo 7305), ahí figura "A fines de 1979 su esposa tomó conocimiento de una comunicación cursada por el Ejército en respuesta a un hábeas corpus interpuesto en 1977, en la que se informaba que el Dr.Candeloro habla sido abatido en un traslado, al intentar escapar, precisamente ese 28 de junio de 1977. La comunicación había quedado retenida en el despacho del juez Hoff" (SIC). Pero esta testigo también declaró en el juicio y delante del fiscal  Strassera, fue el 11/06/1985 cuando García dio una larga y detallada declaración, en un momento el juez Guillermo Ledesma le preguntó  "Ud., hablando de la muerte de su marido, dijo que después lo pudo corroborar. ¿con qué hechos posteriores?" y García le respondió "La pude corroborar porque se habían presentado varios hábeas corpus por ambos, sin respuesta. ... tres años después de haber sido yo liberada, estoy haciendo un trámite y necesito saber qué era que se había presentado para constatar que mi esposo no estaba .... Mando a un letrado a pedir una copia del hábeas corpus al abogado. que lo había elaborado en ese momento, no patrocinado sino elaborado, y dijo que no tenía ninguna copia. que había que ir al juzgado Penal, va esta letrada. Dra. Marta Escali, y encuentra en el despacho del juez Hof (SIC) la contestación que en ese momento se había dado del Ejército por la muerte de mi marido, que había muerto en un enfrentamiento, y esa contestación tenía como fecha de muerte el día 28 de junio, o sea el día en que murió; sobre ésa Hof(SIC) no había hecho inscripción de la defunción, la pedí. Yo no tenía certificación de un médico;  ni el coronel Barda ni el juez habían hecho los trámites correspondientes para inscribir esa certificación de defunción. Si el Sr. presidente lo considera oportuno. tengo acá esa documentación". ¿Porqué cuando escuchó esto en 1985, Strassera no dijo en la audiencia que esa declaración era "un invento" que responde a una "venganza personal" y lo dice ahora?

En uno de los lugares donde el ex fiscal  Strassera defendió a Hooft y donde también dijo lo de la causa armada y la venganza fue  ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación; ahí concurrió el pasado 3 de septiembre  a una audiencia especial junto a los abogados defensores de Pedro Federico Hooft (Héctor Granillo Fernández y Federico Hooft ), y el ex ministro de la Corte  Suprema de Justicia de la Nación (1994-2002)  Gustavo Alberto Bossert. Todos fueron eschuchados durante casi una hora y media, por Jorge Yoma, el presidente de la comisión, y por diputados como Pablo Tonelli (Pro), Manuel Garrido (UCR), Juan Pedro Tunessi (UCR), y Patricia Bullrich Luro Pueyrredón (UPT-Pro) y algunos invitados "especiales" como la doctora Ana María Di Lonardo, fundadora del Banco Nacional de Datos Genéticos y la escribana Nelly Taiana de Brandi.En su testimonio ante la comisión Strassera trató de desvirtuar el testimonio de  Marta García de Candeloro, ocultando u olvidando la verdad, porque él se preguntó: ¿Por qué no lo dijo en el juicio a las Juntas Militares, donde habló durante tres horas y contó detalles muy precisos? Sin embargo el  doctor Strassera debería saber que García sí lo dijo el 11 de junio de 1985 y delante de él; además como abogado, debería saber que para una víctima es muy difícil expresar los hechos de su cautiverio.
Significativamente la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación no recibió después a los abogados querellantes ni a víctimas y familiares a pesar de que les fue solicitada una audiencia; así escuchando sólo a una de las partes y poniéndose de su lado, la diputada Patricia Bullrich Luro Pueyrredón  junto a los diputados Brown, Pinedo y Thomas presentaron rápidamente un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, además, el diputado Jorge Yoma  presentó una denuncia en el juzgado federal de Norberto Oyarbide para que se investiguen "eventuales delitos de acción pública" cometidos por los funcionarios de la Procuración General de la Nación y  los fiscales de la causa por el supuesto armado de la causa para perjudicar a Pedro Hooft, en su presentación Yoma  se basó solamente en lo que le dijeron en la reunión del 03 de septiembre  los que defienden al juez suspendido.
Afortunadamente existen jueces que analizan toda la prueba y escuchan a las dos partes, así la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pasado 30/09 los planteos de los defensores de Hooft y no hizo lugar a los pedidos de recusación contra el juez Bava y los fiscales; con lo cual se cae la denuncia de Yoma contra los fiscales y la procuración nacional y la causa puede seguir.

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