Novedades en juicos por crímenes de lesa humanidad

CNU: en Mar del Plata comienzan a juzgar al exfiscal Demarchi y otros miembros de la banda.

Ex fiscal Demarchi

El lunes 1° de junio los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata llevaron adelante la audiencia preliminar para comenzar a juzgar, por crímenes de lesa humanidad, a once represores, 10 civiles y a uno que es exmilitar (Fernando Alberto Otero), quienes integraban la agrupación paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU). En esa audiencia preliminar hubo un planteo de la fiscal federal Laura Mazzaferri - quien está acompañada por el fiscal de Distrito Daniel Adler y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero- que se opuso  a que el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi (no confundirlo con el genocida Gustavo Ramón De Marchi, leer más adelante) y José Luis Granel ejerzan su propia defensa e interroguen a las víctimas de sus delitos. El tribunal  rechazó el planteo y la Fiscalía anunció que irá a la Cámara de Casación.
 

Guillermo Enrique Videla, una de las víctimas

Demarchi está imputado como jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de los cinco homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos el 21 de marzo de 1975; en la instrucción se acusó que los represores de la CNU operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal  de Demarchi y con apoyo policial (ver notas anteriores). En la auduencia del pasado lunes, la fiscal  Mazzaferri argumentó que la autodefensa del ex fiscal pondría en situación de “revictimización” a las víctimas que acudan como testigos y que Demarchi “ha realizado innumerables planteos dilatorios, lo cual se representa con la continua reedición, durante la instrucción, de los mismos planteos bajo distintos prismas”; a esto el fiscal Adler, agregó que Demarchi se había fugado a Colombia en medio del proceso, hasta que se logró la  extradición.

 

Los otros acusados son Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo,  Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel, se los juzgará por asociación ilícita para cometer secuestros y asesinatos en 1975, otras de sus víctimas fueron Daniel Gasparri,  Jorge Alberto Stoppani y María del Carmen Maggi.

Se puede recordar que la Concentración Nacional Universitaria surgió en 1967 en la ciudad de La Plata, que en 1971 ya actuaba el Mar del Plata y en diciembre de 1971 la CNU cometió su primer asesinato ahí, cuando atacaron a tiros y cadenazos a estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata que estaban realizando una asmblea y mataron a Silvia Fille e hirieron a otros. En este hecho y en todos los posteriores la policía los dejó hacer.
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Apartaron a dos jueces custionados en bahía Blanca
 

Santiago Ulpiano Martínez

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura decidió por mayoría el apartamiento de los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y se propuso designar a un juez subrogante de acuerdo con las normas vigentes, a la vez se nombró provisoriamente al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.  Esto deberá ser ratificado por el Consejo en pleno el próximo 18 de junio.
 

La comisión analizó un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca  por cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y de organismos de derechos humanos a estos dos jueces Ad hoc por demorar causas u obstaculizar investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El 5 de junio de 2012 renunció el juez relacionado con los represores Alcindo Álvarez Canale, desde entonces Ulpiano Martínez subroga el juzgado 1, y ya tiene ocho denuncias de mal desempeño en su contra desde el 2013, por ejemplo negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, posibilitar la fuga del represor excoronel Carlos Alberto Arroyo, favorecer al excapellán Aldo Omar Vara en su fuga, rechazar el pedido de extradición a Francia del genocida Alfredo Astiz y rechazar los pedidos de indagatoria al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y a Mario Gabrielli, el jefe de redacción en los '70.

En junio del 2014 Martínez pidió una licencia para no actuar en la causa del cura prófugo Aldo Vara y fue reemplazado por  Álvaro Coleffi (uno de los secretarios del juzgado). A pesar de la corporación judicial bahiense Coleffi avanzó en causas de lesa humanidad como las del cura  Vara, indagó al arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti  y también a Vicente Massot. Por todo esto la corporación judicial de  Bahía Blanca apartó a Coleffi en diciembre del 2014 de esas causas y se nombró al abogado Claudio Pontet al frente del juzgado, finalmente en mayo pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca decidió cesantear a Coleffi (ver notas anteriores). Como juez Ad hoc Claudio Pontet rápidamente dictó la falta de mérito a Vicente Massot en la causa por los asesintos de los trabajadores del diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ahora se lo va a apartar a Pontet del juzgado porque la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sostuvo que su nombramiento por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Por su parte Martínez volvería a ser secretario del juzgado 2.

El abogado Pontet y Vicente Massot

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Denuncian nuevamente a Milani en La Rioja

Oscar Schaller, presentó en la Fiscalía federal de La Rioja  una querella penal contra el jefe del Ejército, teniente general César Milani, por el supuesto delito de genocidio.
El  ex prisionero político Oscar Schaller estuvo detenido un mes en el centro clandestino de detención (CCC) que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, y sostuvo, en declaraciones  en la radio La Red, que  “A mí me secuestran de mi casa uniformados entre 10 y 15 personas y recién después de 30 días, y cuando me estaban por liberar se me acerca una persona como intimando conmigo y me dice, como estás, te hicieron algo?, ahora te vas. Y yo lo identifico como Cesar Milani” y agregó  “Él tenía 21 años, yo tenía 19. No ignoro las demás denuncias que hay, obviamente incluida la de mi padre, la de Olivera, la de la familia Ledo y uno toma en cuenta todo eso. Pero yo no puedo hacer una evaluación objetiva.” y sobre la participación de Milani en los secuestros y torturas, Schaller explicó: “Yo no estoy en condiciones de hablar"


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Loma Negra: continúa la investigación de la reponsabilidad de sus directivos y cómplices en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.

El fiscal federal Walter Ernesto Romero, solicitó al juez federal de Azul Martín Bava las indagatorias de 18 personas por el secuestro de seis trabajadores de la cementera Loma Negra el 20 de julio de 1976, en la ciudad de Olavarría.  

En marzo de 2012 el Tribunal Oral Federal De Mar del Plata, condenó a los responsables materiales del asesinato del  abogado laboralista Carlos Moreno, hecho ocurrido en mayo de 1977, y entonces se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por su participación de la misma en el secuestro y el asesinato,  luego, en la instrucción, se sumó el secuestro de esos seis trabajadores en julio de 1976.   

Carlos Moreno

Entre las indagatorias que el fiscal Romero pidió, están los entonces jefes militares de la zona, como  Ignacio Aníbal Verdura y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Entre los directivos de Loma Negra que fueron responsables pero que fallecieron estaban Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky.
Además de diversos testimonios entre las evidencias presentadas esta la documentación de la empresa Loma Negra analizada por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), de la Procuración General de la Nación. la OFINEC determinó que la empresa logró grandes beneficios con el golpe cívico-militar y  redujo significativamente sus costos en materia de indemnizaciones.
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Continuará en la justicia federal de  Capital Federal la investigación por la fuga de los genocidas Olivera y De Marchi.

El 19 de mayo la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó la resolución del del juez Claudio Bonadio (Juzgado Federal N°11) y ordenó que la investigación de la fuga de los ex militares genocidas condenados Gustavo Ramón De Marchi (no confundir con el exfiscal Demarchi) y Jorge Antonio Olivera no pase a la justicia federal de San Juan y continúe en el ámbito del fuero federal de Capital Federal; como lo había solicitado oportunamente el fiscal federal Leonel Gómez Barbella. 

La fuga ocurrió en el Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013, y la resolución lleva las firmas de los camarístas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes dijeron que  “Resulta indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar, esto es en el radio de esta ciudad, puesto que amén de una cuestión territorial deben considerarse razones de conexidad con la causa n° 9744/14 en la que se investiga a los responsables del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la fuga se produjo precisamente en el contexto de una omisión de la diligencia debida de esos funcionarios”. Olivera y De Marchi fueron condenados en San Juan en julio del 2013 por delitos de lesa humanidad y se fugaron pocos días después en la Capital Federal (ver notas anteriores y la actuación del  juez Rago Gallo). Como se dice en el fallo, en otras causas están investigados penitenciarios y personal del hospital que habrían favorecido la fuga

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Terminó el primer juicio en Olavarría con condenas a cuatro represores

Luego de 37 años de lucha por justicia de los sobrevivientes y familiares, terminó el primer juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) de Monte Peloni y en otros de las ciudades de Olavarría, Las Flores y Tandil. Ayer los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, condenaron, por crímenes de lesa humanidad, a prisión perpetua a los represores Aníbal Ignacio Verdura, Omar Antonio "pájaro" Ferreyra y Walter Jorge “vikingo” Grosse. Por su parte el represor Horacio Rubén Leites recibió una condena de sólo ocho años por tormentos y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 21 personas. Además en este juicio se pudo empezar a ver la colaboración y la participación de civiles con la represión ilegal en la ciudad de Olavarría.

Vikingo Grosse y el pájaro Ferreyra

A los cuatro los condenaron los delitos de privación ilegítima de la libertad (sólo los secuestros perpretados entre septiembre y noviembre de 1977), tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los CCD de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, la Brigada de Investigaciones de Las Flores, el establecimiento Monte Peloni (en las sierras Bayas de Olavarría), y en la localidad de Tandil el CCD “La Huerta”, a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada. Todos estos integraban el Área Militar 124, que estaba a cargo del represor Ignacio Aníbal Verdura, quien también era el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques nº2 y del CCD en ese regimiento (Legajo de CONADEP 2556). Entre otros delitos Verdura fue condenado por los asesinatos de  de Jorge Oscar Fernández, Alfredo Maccarini y de los matrimonios de Juan Carlos Ledesma y Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, y de Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres. Hay que recordar que el 24 de mayo de 1986, cuando Verdura era general de Brigada, fue retirado obligadamente por el atentado fallido contra el presidente Raúl Alfonsín.  El tribunal también decidió revocar la prisión domiciliaria de Verdura (en  Santo Tom, Corrientes), y ordenó su “inmediato traslado” al hospital de Ezeiza, ya que "podría conspirar contra la realización" del segundo proceso. En el caso de Ferreyra fue muchos años funcionario municipal como director de Control Urbano, del intendente Helios Eseverri.

Monte Peloni. Imagen: Guadalupe Lombardo

A fines del 2015 se iniciará el juicio oral denominado Monte Peloni II, en el que hay 70 acusados, entre ex militares, ex policías y ex agentes penitenciarios. Carmelo Vinci, sobreviviente y uno de los testigos principales, dijo a Infojus Noticias al terminar la audiencia, que “Lamentablemente este juicio se tuvo que desdoblar, en la segunda parte es en la que Leites está más implicado, como tantos otros que han sido mencionados en esta primera parte". Hace unos meses Araceli Gutiérrez, una de los sobrevivientes de Monte Peloni, le dijo a Página 12 “Tengo parte de familia, compañeros, amigos desaparecidos o muertos. Mi presencia acá es una deuda con ellos... yo era la única mujer en Monte Peloni, me tenían encerrada sola, encapuchada, en uno de los cuartos del fondo, ése que tiene piso de madera”. Años después ella se mudó con su familia al lado del centro clandestino, para cuidar que no lo destruyeran.

Verdura, cuando violó la prisión domiciliaria en el 2010 y cuando torturaba.

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Informaciones sobre juicios por crímenes de lesa humanidad

                               

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, comenzó la semana pasada un juicio oral por las apropiaciones de menores ocurridas en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero sólo se van a investigar los casos de apropiación de los hijos de las embarazadas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña.

Hospital de Campo de mayo

Los imputados son los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone; la obstetra Yolanda Arroche de Sala García y  los médicos militares Raúl Eugenio Martín y  Norberto Atilio Bianco, este represor ya fue condenado (junto a su esposa  Nilda Wehrli),   por la apropiación de dos menores a quienes había anotado como hijos propios. Bianco huyó en los '80 con su familia al Paraguay, donde permaneció prófugo por once años, desde el 2007 uno de esos jóvenes recuperó su identidad como Pablo Casariego Tato y aún no se pudo hacer el análisis de ADN a su hermana apropiada llamada Carolina. El médico represor Martín era el jefe del servicio de Clínica médica del hospital militar de Campo de Mayo y Bianco era traumatólogo en ese hospital y participaba activamente en los traslados de las mujeres detenidas-desaparecidas, a las que llevaba para dar a luz en el sector de Epidemiología de ese hospital y luego era el que retiraba a los bebés recién nacidos. Por su parte Yolanda Arroche de Sala García  está acusada por la alteración de la identidad del nieto Francisco Madariaga Quintela, ella atendió el parto de Silvia Quintela pero registró al bebé como hijo de Víctor Gallo y Susana Colombo, privándolo de su identidad. Los represores Jorge Haddad y Ramón Capecce, no serán juzgados ahora porque la causa contra ellos se suspendió por problemas de salud.

Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, inició en la ciudad de Olavarria el jucio oral en el que se investigarán los crímenes de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención (CCD) de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, de la Brigada de Investigaciones de la localidad de Las Flores, el CCD llamado Monte Peloni en las Sierras Bayas de Olavarría, el CCD “La Huerta” de Tandil (ubicado cerca de la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar de Tandil). Los delitos de este juicio, cometidos a  20 víctimas, comenzaron en las ciudades de Tandil y Olavarría en septiembre de 1977.

La estancia de Monte Peloni fue utilizada por los militares del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 2 "Lanceros General Paz", como lugar de detención, tortura y ejecución de decenas de víctimas.

El juicio se lleva a cabo en el SUM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría, donde los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, juzgan a los represores Omar Antonio "pájaro" Ferreyra, Horacio Leites, Walter josé "vikingo" Grosse y Aníbal Ignacio Verdura, este último tiene arresto domiciliario, los otros tres se encuentran detenidos en la Unidad N°34 de Campo de Mayo.

A la primera audiencia asistió la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; su nieto Ignacio Guido fue criado en la ciudad de Olavarría.

En estos días en  la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la ESMA (la "megacausa ESMA"), que se está instruyendo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Sergio Gabriel Torres, en los tribunales de Comorodo Py, se estuvo tratando el caso de  Thelma Jara de Cabezas, quien estando detenida-desaparecida en ese CCD (secuestrada en abril de 1979), fue sacada del CCD por el represor Ricardo Miguel "sérpico" Cavallo, para hacer una nota en la revista “Para Ti”, la cual fue realizada en la confitería Selquet en el barrio de Núñez y publicada el 10 de septiembre de 1979, bajo el titulo “Habla la madre de un subversivo muerto”. Ese artículo estaba firmado por Agustín Bottinelli, quien podría ser imputado por organizar la nota con los represores; pero la entrevista la hizo Eduardo Scola enviado por orden de Bottinelli y las fotos Tito La Penna, ambos ya declararon en la causa como testigos.

En la nota figuraba que Thelma decía a otras madres que “Estén alertas, vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el gran precio de la culpa, como estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe”.

El abogado de la querella, Pablo Llonto, declaró al diario Página 12 que  “El procesamiento de Botinelli significará uno de los mayores avances en la lucha contra la impunidad contra quienes tenían el poder civil en aquellos años y sirvieron de sostén al plan genocida. Bottinelli no era un periodista cualquiera; había sido responsable de Gente y de Para Ti junto con los Vigil, Gelblung, Alfredo Serra, Luján Gutiérrez, Paredes y otros. Fogonearon la persecución gremial y política y alabaron al terrorismo de Estado con profundo conocimiento de la barbarie que se estaba cometiendo.”

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Tienen fecha de inicio varios juicios por delitos de lesa humanidad

El Ministerio Público Fiscal a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un informe sobre los Juicios orales por crímenes de lesa humanidad que ya tienen fecha de inicio fijada para el resto del 2014. Así, hasta ahora,  son nueve los juicios orales para lo que resta del año, en cuatro provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El 8 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, comienza el décimo juicio por los crímenes de Campo de Mayo. En este caso la mayoría de las 61 víctimas eran operarios en fábricas o empresas de la zona norte del gran Buenos Aires, por ejemplo de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre, hay treinta obreros navieros y mecánicos desaparecidos (ver nota anterior en este blog), también obreros y empleados de la Ford y de las fábricas cerámicas de la localidad de Villa Adelina, como Cattaneo (La Fama), Porcelanas Lozadur y la Federación Obrera Ceramista Filial 2ª. Entre los 10 imputados están los genocidas ya condenados por otros delitos de lesa humanidad Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Luis Sadí Pepa y Eugenio Guallabens Perelló, entre otros como Carlos Daniel Caimi, Rodolfo Emilio Feroglio.

El primero de esto juicios lo iniciará el Tribunal Oral Federal 6 el próximo 2 de julio en la CABA, y es el 2º juicio oral que investiga el Plan sistemático de apropiación de bebés, en este caso por 16 víctimas.  Acá también está imputados los genocidas  Reynaldo Bignone, y Santiago Omar Riveros, junto a  Ramón Oscar Capecce, Jorge Habid Haddad, Raúl Eugenio Martín, Yolanda Arroche de Sala García y Norberto Atilio Bianco. 

Otro juicio oral en la CABA es para el 15 de agosto, cuando comenzaría el juicio por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto recuperado número 106.  Gaona Miranda fue secuestrado en mayo de 1978, cuando tenía sólo un mes de vida, por miembros del Ejército y junto a sus padres Ricardo Gaona y María Rosa Miranda. Sus apropiadores son Salvador Norberto Girbone y Haydeé Raquel Ahmed, quienes lo inscribieron como si fuera su propio hijo. El que entregó al niño fue el represor Héctor Salvador Girbone, ex militar y primo de Salvador Girbone; los tres están imputados en este juicio. Hace un poco más de un mes  fue apartado del Tribunal el juez  Daniel Obligado, quien había sido denunciado y recusado por las Abuelas de Plaza de Mayo porque dudaban de su imparcialidad para juzgar el caso (había beneficiado al apropiador ya condenado Juan Antonio Azic).

En Santa Fe, el 11 de agosto, esta previsto el inicio de un juicio en el que están imputados los ex militares Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122), José María González (el primer interventor militar de la dictadura en la provincia de Santa Fe), Carlos Enrique Pavón  que fue director del polvorín de Villa María hasta 1997, (cuando fue procesado por un acta falsa de incineración de pólvora), el ex policía Juan Calixto Perizzotti y el ex juez de menores Luis María Vera Candioti. Están imputados  por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 45 víctimas.

González ya fue  condenado en diciembre del 2011 a prisión perpetua, acusado por la desaparición de Mario Marini y la detención ilegal de su esposa, Ana María Cavadini, y de su hijo de pocos días de vida. Perizzotti ya tiene dos condenas por delitos de lesa humanidad en 2009 y 2014, junto al ex juez Brusa.

Para el El 17 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy dará comienzo al juicio oral en el marco de la causa 89/11, , cuyo imputado es  el ex militar Domingo Horacio Marengo por los delitos de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio de 30 víctimas detenidas en el Servicio Penitenciario de Jujuy. El día 7 de octubre de 1976, las víctimas fueron trasladadas en un operativo conjunto del Ejercito, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario Provincial y el Servicio Penitenciario Federal, que habría estado a cargo del imputado, fueron trasladados en camiones o furgones del Ejército y del Penitenciario hacia el Aeropuerto “El Cadillal” y de allí en avión, los hombres en un Hércules a la Unidad Penal N° 9 de La Plata -Provincia de Buenos Aires- y la mujeres en uno de menor porte a la Unidad Penal de Villa Devoto  de la CABA, en el traslado fueron torturados (ver nota anterior). Este jucio tenía fecha de inicio para el pasado 3 de abril pero fue postergado.Organismos de derechos humanos de Jujuy expresaron su repudio porque en el diario El Tribuno de Jujuy  el represor Marengo, publicó un artículo en el que expresa que se están violando sus derechos humanos, ya que dice que cumplió el plazo de prisión preventiva y aún no es juzgado.

CCD Monte Peloni, Olavarría

El 22 de septiembre  en la Facultad de Ciencias Sociales de la localidad bonaerense de Olavarría, se iniciará el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Monte Peloni; el tribunal federal estará integrado por los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela. Los imputados, acusados de delitos en perjuicio de 20 personas, son Omar Antonio Ferreyra, Walter José "El Vikingo" Grosse, Horacio Rubén Leites (ex jefe de Escuadrón de Tiradores Blindado del Regimiento de Caballería de Tanques 2), estos tres están detenidos en la cárcel de Marcos Paz, por su parte Ignacio Aníbal Verdura (ex  jefe del Area 124 y  del Regimiento de Caballería de Tanques 2 de Olavarría) permanece con arresto domiciliario en su casa, en Santo Tomé, Corrientes El represor Juan Carlos Castignani estaba imputado pero falleció en el 2012. 

En La Rioja, a partir del 29 de septiembre, comenzará el proceso por apremios ilegales en perjuicio de Graciela Bofelli de Perchetta y otro,. Los imputados son el genocida Luciano Benjamín Menéndez, los ex policías federales Edmundo Nicolás Luna y Roberto Reinaldo Ganem, los ex militares Eliberto Miguel Goenaga, , Domingo Claro Paéz y Federico Tejerina. Hace unos años Plutarco Schaller declaró que el represor Goenega sabía que lo iban a matar a monseñor Angelelli. En esta causa el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena demoró más de dos años en elevar a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba los recursos de apelación concedidos a dos de los procesados y recién lo hizo en febrero de 2012.

Miguel Lyola y Enrique Heinrich, obreros asesinados

Alejandro Lawless, represor prófugo

La Procaduría informa que en la CABA se iniciará el 8 de julio otro juicio con 18 imputados que  pertenecían a la Armada, y fuerzas de seguridad, por crímenes a 37 víctimas. Pero en el sitio Centro de Información Judicial  (CIJ), de la Agencia de noticias del Poder Judicial se informa que ese mismo día, los mismos imputados junto a otros 7 militares (25 en total) serán juzgados por diversos crímenes como privaciones ilegítimas de la libertad, asesinatos y tormentos a 66 víctimas, por el Tribunal Oral  subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca,  integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava. Entre las víctimas de los militares figuran los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados por los militares el 30 de junio de 1976 y asesinados poco después. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato de Artes Gráficas, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y  era el tesorero de esa organización gremial. En esta causa permanece prófugo el represor Alejandro Lawless (ver nota anterior sobre este prófugo) y otros tres, como el genocida Videla, murieron sin ser condenados. Los que van a juicio son Felipe Ayala, Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Enrique De León, Victor oscar Fogelman, Eduardo René Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada, Eduardo Morris Girling, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Manuel Martínez Loydi, Domingo Ramón Negrete, Edmundo Oscar Nuñez, Alberto Gerardo Pazos, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, y Carlos André Stricker; la mayoría goza de la detención domiciliaria. 

Hay otro juicio que debía empezar en marzo pasado en la provincia de Santa Fe, pero que está suspendido porque aún no está constituido el tribunal por las recusaciones de la querella y seguramente se iniciará en poco tiempo. Esta es la causa por la apropiación ilegal de  José Luis Segretin quien recuperó su identidad en 2009. Los acusados por los delitos de sustracción y ocultamiento de menores, supresión del estado civil, y falsedad ideológica de documento público; son la apropiadora Cecilia Ramona Góngora, la médica obstetra que asistió el parto Elsa Gladis Nasatsky y el ex militar Danilo Sambuelli (ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista); a Segretin lo habían inscrito en el Registro Civil de Reconquista el 6 de abril de 1977.

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