Mostrando entradas con la etiqueta demarchi. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta demarchi. Mostrar todas las entradas

jueves, 4 de junio de 2015

Novedades en juicos por crímenes de lesa humanidad

CNU: en Mar del Plata comienzan a juzgar al exfiscal Demarchi y otros miembros de la banda.

Ex fiscal Demarchi

El lunes 1° de junio los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata llevaron adelante la audiencia preliminar para comenzar a juzgar, por crímenes de lesa humanidad, a once represores, 10 civiles y a uno que es exmilitar (Fernando Alberto Otero), quienes integraban la agrupación paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU). En esa audiencia preliminar hubo un planteo de la fiscal federal Laura Mazzaferri - quien está acompañada por el fiscal de Distrito Daniel Adler y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero- que se opuso  a que el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi (no confundirlo con el genocida Gustavo Ramón De Marchi, leer más adelante) y José Luis Granel ejerzan su propia defensa e interroguen a las víctimas de sus delitos. El tribunal  rechazó el planteo y la Fiscalía anunció que irá a la Cámara de Casación.
 
Guillermo Enrique Videla, una de las víctimas
Demarchi está imputado como jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de los cinco homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos el 21 de marzo de 1975; en la instrucción se acusó que los represores de la CNU operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal  de Demarchi y con apoyo policial (ver notas anteriores). En la auduencia del pasado lunes, la fiscal  Mazzaferri argumentó que la autodefensa del ex fiscal pondría en situación de “revictimización” a las víctimas que acudan como testigos y que Demarchi “ha realizado innumerables planteos dilatorios, lo cual se representa con la continua reedición, durante la instrucción, de los mismos planteos bajo distintos prismas”; a esto el fiscal Adler, agregó que Demarchi se había fugado a Colombia en medio del proceso, hasta que se logró la  extradición.

 
Los otros acusados son Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo,  Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel, se los juzgará por asociación ilícita para cometer secuestros y asesinatos en 1975, otras de sus víctimas fueron Daniel Gasparri,  Jorge Alberto Stoppani y María del Carmen Maggi.
Se puede recordar que la Concentración Nacional Universitaria surgió en 1967 en la ciudad de La Plata, que en 1971 ya actuaba el Mar del Plata y en diciembre de 1971 la CNU cometió su primer asesinato ahí, cuando atacaron a tiros y cadenazos a estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata que estaban realizando una asmblea y mataron a Silvia Fille e hirieron a otros. En este hecho y en todos los posteriores la policía los dejó hacer.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Apartaron a dos jueces custionados en bahía Blanca
 

Santiago Ulpiano Martínez
La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura decidió por mayoría el apartamiento de los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y se propuso designar a un juez subrogante de acuerdo con las normas vigentes, a la vez se nombró provisoriamente al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.  Esto deberá ser ratificado por el Consejo en pleno el próximo 18 de junio.
 
La comisión analizó un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca  por cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y de organismos de derechos humanos a estos dos jueces Ad hoc por demorar causas u obstaculizar investigaciones por delitos de lesa humanidad.
El 5 de junio de 2012 renunció el juez relacionado con los represores Alcindo Álvarez Canale, desde entonces Ulpiano Martínez subroga el juzgado 1, y ya tiene ocho denuncias de mal desempeño en su contra desde el 2013, por ejemplo negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, posibilitar la fuga del represor excoronel Carlos Alberto Arroyo, favorecer al excapellán Aldo Omar Vara en su fuga, rechazar el pedido de extradición a Francia del genocida Alfredo Astiz y rechazar los pedidos de indagatoria al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y a Mario Gabrielli, el jefe de redacción en los '70.
En junio del 2014 Martínez pidió una licencia para no actuar en la causa del cura prófugo Aldo Vara y fue reemplazado por  Álvaro Coleffi (uno de los secretarios del juzgado). A pesar de la corporación judicial bahiense Coleffi avanzó en causas de lesa humanidad como las del cura  Vara, indagó al arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti  y también a Vicente Massot. Por todo esto la corporación judicial de  Bahía Blanca apartó a Coleffi en diciembre del 2014 de esas causas y se nombró al abogado Claudio Pontet al frente del juzgado, finalmente en mayo pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca decidió cesantear a Coleffi (ver notas anteriores). Como juez Ad hoc Claudio Pontet rápidamente dictó la falta de mérito a Vicente Massot en la causa por los asesintos de los trabajadores del diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ahora se lo va a apartar a Pontet del juzgado porque la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sostuvo que su nombramiento por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Por su parte Martínez volvería a ser secretario del juzgado 2.

El abogado Pontet y Vicente Massot

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denuncian nuevamente a Milani en La Rioja


Oscar Schaller, presentó en la Fiscalía federal de La Rioja  una querella penal contra el jefe del Ejército, teniente general César Milani, por el supuesto delito de genocidio.
El  ex prisionero político Oscar Schaller estuvo detenido un mes en el centro clandestino de detención (CCC) que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, y sostuvo, en declaraciones  en la radio La Red, que  “A mí me secuestran de mi casa uniformados entre 10 y 15 personas y recién después de 30 días, y cuando me estaban por liberar se me acerca una persona como intimando conmigo y me dice, como estás, te hicieron algo?, ahora te vas. Y yo lo identifico como Cesar Milani” y agregó  “Él tenía 21 años, yo tenía 19. No ignoro las demás denuncias que hay, obviamente incluida la de mi padre, la de Olivera, la de la familia Ledo y uno toma en cuenta todo eso. Pero yo no puedo hacer una evaluación objetiva.” y sobre la participación de Milani en los secuestros y torturas, Schaller explicó: “Yo no estoy en condiciones de hablar"


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Loma Negra: continúa la investigación de la reponsabilidad de sus directivos y cómplices en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.


El fiscal federal Walter Ernesto Romero, solicitó al juez federal de Azul Martín Bava las indagatorias de 18 personas por el secuestro de seis trabajadores de la cementera Loma Negra el 20 de julio de 1976, en la ciudad de Olavarría.  
En marzo de 2012 el Tribunal Oral Federal De Mar del Plata, condenó a los responsables materiales del asesinato del  abogado laboralista Carlos Moreno, hecho ocurrido en mayo de 1977, y entonces se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por su participación de la misma en el secuestro y el asesinato,  luego, en la instrucción, se sumó el secuestro de esos seis trabajadores en julio de 1976.   
Carlos Moreno
Entre las indagatorias que el fiscal Romero pidió, están los entonces jefes militares de la zona, como  Ignacio Aníbal Verdura y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Entre los directivos de Loma Negra que fueron responsables pero que fallecieron estaban Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky.
Además de diversos testimonios entre las evidencias presentadas esta la documentación de la empresa Loma Negra analizada por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), de la Procuración General de la Nación. la OFINEC determinó que la empresa logró grandes beneficios con el golpe cívico-militar y  redujo significativamente sus costos en materia de indemnizaciones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuará en la justicia federal de  Capital Federal la investigación por la fuga de los genocidas Olivera y De Marchi.


El 19 de mayo la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó la resolución del del juez Claudio Bonadio (Juzgado Federal N°11) y ordenó que la investigación de la fuga de los ex militares genocidas condenados Gustavo Ramón De Marchi (no confundir con el exfiscal Demarchi) y Jorge Antonio Olivera no pase a la justicia federal de San Juan y continúe en el ámbito del fuero federal de Capital Federal; como lo había solicitado oportunamente el fiscal federal Leonel Gómez Barbella. 
La fuga ocurrió en el Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013, y la resolución lleva las firmas de los camarístas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes dijeron que  “Resulta indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar, esto es en el radio de esta ciudad, puesto que amén de una cuestión territorial deben considerarse razones de conexidad con la causa n° 9744/14 en la que se investiga a los responsables del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la fuga se produjo precisamente en el contexto de una omisión de la diligencia debida de esos funcionarios”. Olivera y De Marchi fueron condenados en San Juan en julio del 2013 por delitos de lesa humanidad y se fugaron pocos días después en la Capital Federal (ver notas anteriores y la actuación del  juez Rago Gallo). Como se dice en el fallo, en otras causas están investigados penitenciarios y personal del hospital que habrían favorecido la fuga

.
 


domingo, 4 de mayo de 2014

74 genocidas prófugos por crímenes de lesa humanidad

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende de la Procuración General de la Nación, informó que son 74 los represores prófugos en todo el país por delitos de lesa humanidad. En el informe se establece que estos 74 delincuentes prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por esos delitos hasta marzo pasado; de los procesados hay 927 detenidos, más del 60% en cárceles y poco más del 30% con prisión domiciliaria. En mayo del 2013, el registro de la Procuraduría indicaba que la cantidad de prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad ascendía a 58, por lo tanto hubo un aumento del 21 por ciento, aunque no varió mucho desde diciembre pasado, con altas y bajas.

El represor Vildoza hace varios años
Por juridicciones de los tribunales federales, se ve que los de  Mendoza (abarca Mendoza, San Luis y San Juan), son los que registran más prófugos, con un total de 21, luego los de la Capital Federal con catorce; Rosario con siete, y La Plata y Mar del Plata, con seis cada una, Bahía Blanca con cinco,  de San Martín, Córdoba y Salta (tres cada una), Tucumán y Resistencia (dos cada una) y  en Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia (una cada una); hay un imputado que es requerido por tribunales de las jurisdicciones federales de Salta y Tucumán por lo puede parecer que son 75 los prófugos. Los ex militares son 39 del total, 33 eran del Ejército, cinco lo hicieron de la Armada y el restante en la Fuerza Aérea; un caso es el del sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de la localidad mendocina de San Rafael. Los demás represores buscados son  ex policías federales (once), ex policías provinciales (siete), civiles (seis), Personal Civil de Inteligencia, militares uruguayos y del Servicio Penitenciario Bonaerense (ver lista). El prófugo más antiguo de la lista es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada el 25 de febrero de 1987 por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y luego desde mayo 2008 en el marco de la causa en la cual está detenida su esposa, Ana María Grimaldos, ambos están acusados por la sustracción, retención y ocultamiento del niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la falsificación de los documentos destinados a acreditar su identidad.















Dos casos significativos son los del represor Alejandro Lawless, capturado en 2009 y nuevamente prófugo desde el año pasado, cuando escapó de dos custodios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras era trasladado a la Alcaidía de los Tribunales porteños y el genocida Jorge Antonio Olivera, detenido el 3 de noviembre de 2008 tras una larga búsqueda, condenado en San Juan el 4 de julio pasado y profugado junto al genocida Gustavo Ramón Demarchi desde el Hospital Militar Central, también en Buenos Aires.


Hay que informar que recientemente hubo dos detenciones; el ex agente de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero Roberto Díaz Cura, fue detenido en Tucumán por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fines de abril, este represor se había fugado en el 2011, antes de que comenzara el juicio por la causa “Aliendro”, en la que está imputado por los delitos de lesa humanidad de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita. También se capturó al el ex capellán militar de Bahía Blanca Aldo Omar Vara, quien fue encontrado por Interpol en Ciudad del Este (Paraguay). Entre 1971 y 1979, Vara fue Capellán del  Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 y se encontraba prófugo desde el 7 de agosto del año pasado, cuando ordenaron su detención los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. A Vara le imputaron el 15 de marzo del año pasado los hechos por los que resultaron víctimas un centenar de personas en los centros clandestinos de detención y tortura (CCDyT), que funcionaron en el Área Militar 511, todos "ocurridos durante el período 1976/1979", mientras "Vara desempeñara sus funciones como capellán con el grado de capitán".

http://www.jus.gob.ar/media/861443/buscado_lu_vic.jpg
Buscado en cuatro causas

Los represores prófugos son:

Ex miltares del Ejército: Aldo Mario Álvarez, Alberto Daniel Sotomayor, Eduardo Alfonso, Antonio Arrechea Andrade, Carlos Alberto Arroyo, Raúl Ángel Córdoba, Gustavo Ramón Demarchi, Walter Tomás Eichhorn, Miguel Angel García Moreno, Héctor Adán Giménez, Juan Carlos Jones Tamayo, Alejandro Lawless, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Carlos Luis Malatto, Marcelo Cinto Courtaux, Omar vicente Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, Jorge Antonio Olivera, Jorge Horacio Páez, José Luis Piedra, José Osvaldo Riveiro, Héctor Mario Schwab, Horacio Alberto Silva, Ángel Ervino Spada, Eduardo Daniel Vic, Oscar Chapur, Franco Reververi Boschi, Ricardo Luis Von Kyaw, Enrique Francisco Welsh, Oscar Nicanor Aguirre, Efrén Darío Ferreyra y Jorge Linares.

De la Armada: Roberto Guillermo Bravo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Ricardo Joaquín Molina y Jorge Raúl Vildoza.

De la Fuerza Aérea: Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

Ex Policías Federales: Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Ricardo Aleks Bilancia, Miguel Ángel Britos, Roberto Oscar González, Marcelo León, José Darío Mazaferri, Pedro Osvaldo Salvia, Gonzalo Sánchez, Manuel Alfredo Montenegro y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.

Militares uruguayos: José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez  Bisio.

Civiles: Carlos Alberto Brunatto, Fernando Federico Delgado, Eduardo Rebechi, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Bonifacio Ríos y Raúl Arturo Viglizzo.

Personal Civil de Inteligencia: Juan Carlos Francisco Bossi, Teodoro Aníbal Gauto, Carlos Gabriel Isach y Rubén Eduardo Alcuri.

Ex Policías provinciales: Alberto José Esteban Pulvermacher, César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomondo, Hugo Armando Barboza, Juan Carlos Damonte, Carlos Domingo Mora y Humberto Romero Tello.

Del Servicio Penitenciario Bonaerense: Jorge Luis García.

lunes, 12 de agosto de 2013

La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Rago Gallo?


Primera Parte



El Dr. Lepoldo Rago Gallo llevó la instrucción y elevó a juicio oral la causas de Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi y estos represores ya se habían fugado mientras el juez Rago Gallo hacía esa instrucción, el primero estuvo prófugo hasta que fue detenido en el 2008. Por su parte De Marchi se fugó en octubre de 2010, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió excarcelarlo junto a otros imputados, de estos algunos fueron detenidos otra vez como Jorge Horacio Paez y Juan Francisco Del Torchio, y otros como Eduardo Daniel Vic siguen prófugos. Como veremos Rago Gallo ya sabía desde el año 2000 que Olivera fraguaba evidencia y del riesgo de fuga.

Este juez ha tenido fallos controversiales, así como en el 2008 dictó la detención y el embargo al genocida Jorge Antonio Olivera y antes procesó a varios genocidas, poco después ordenó la excarcelación del represor Alejandro Víctor Manuel Lazo, a quien condenaron a 10 años de prisión en el mismo juicio que los fugados. En junio del 2009, le concedió la prisión domiciliaria al genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien había sido condenado el año anterior a perpetua, esta medida fue suspendida por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, que mandó un exhorto a la justicia cordobesa para que Menéndez sea trasladado al penal de Bower. 

El 29 de diciembre del 2009 el juez federal Rago Gallo fue uno de los cuatro primeros jueces que suspendió la ley de medios (26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), junto a los jueces Edmundo Carbone y Miguel Medina, cuando aceptó el amparo presentado por "Jorge Estornel S.A y Otros", que incluye al grupo Vila de Mendoza, dueño del Canal 8 de San Juan, Canal 7 Mendoza,  Canal 6 de San Rafael, la operadora de cable Supercanal, América TV, América 24, 14 radios AM y FM y el Diario Uno. 

En octubre del 2010 Rago Gallo integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, junto al camarista Julio Demetrio Petra y el otro juez federal sanjuanino Miguel Ángel Gálvez, esta cámara resolvió apartar al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber sido presuntamente cómplices durante la dictadura cívico miltar, por esto los tres fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un mes después la constitución de la Cámara Federal fue cambiada por una orden dada por la Cámara Nacional de Casación Penal, así integrada por Roberto Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Pedro Humberto González, repusieron al juez Walter Bento al frente de la investigación.

Pero, como se dijo, hay un caso anterior que relaciona a Rago Gallo con Jorge Antonio Olivera. Este represor fue detenido el 6 de agosto del 2000 en el aeropuerto de Fiumicino en Roma por pedido de la justicia francesa, y estuvo 42 días detenido en la cárcel italiana de Regina Coeli, hasta que fue liberado por la acción de sus abogados en Italia. Esos eran Augusto Sinagra, también abogado del gran maestre de la logia P2 Licio Gelli (ver detalles más adelante en otra nota), y el letrado de extrema derecha Marcantonio Bezicherique, quienes lograron que los jueces italianos de Corte de Apelaciones liberaran a Olivera sobre la base de un documento falso. La estrategia que diseñaron sus defensores para liberarlo se inició en San Juan, el 6 de septiembre del 2000, cuando el Juez Leopoldo Rago Gallo, permitió que dos de los abogados argentinos de Olivera, Jorge Appiani y Jorge González Pagnanelli, fotocopiaran el expediente sobre Marie Anne Erize Tisseau (secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 y aún desaparecida), en el que estaba imputado Olivera como miembro del grupo de tareas. El 14 de septiembre llegaron por fax a la Cámara de Apelaciones de Roma esas fotocopias del expediente y le agregaron un certificado de defunción falso, en el que figuraba como fecha de fallecimiento de Marie Anne Erize el 11 de noviembre de 1976, así los jueces italianos liberaron al represor la semana siguiente. Al estar libre Olivera volvió inmediatamente a la Argentina, donde por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final estaba a salvo de cualquier proceso y podía continuar, como abogado, en la defensa del genocida y miembro nº 609 de la logia P2, Carlos Guillermo "pajarito" Suárez Mason. Aunque no pudo hacerlo con su propio padre, el genocida Jorge Olivera Rovere, ex subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército y condenado a perpetua en el 2009. Rago Gallo se despegó del incidente diciendo que en el expediente “no figura ninguna partida de nacimiento ni certificado de defunción” de Marie Anne Erize (La Nación 21 de septiembre de 2000). 

Más vistos

@ddhhctera

Archivo