La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Miguel Ángel Gálvez?

En el caso del juez federal Miguel Angel Gálvez, recientemente se publicó en Página 12 una entrevista donde él mismo justificó su decisión de que los represores Olivera y De Marchi fueran llevados al Hospital Militar Central. El dijo "que no revisó el expediente, porque entendía que ya estaba en conocimiento de Rago Gallo y que se limitó a firmar el escrito" y que "no recordaba el motivo invocado por los condenados". Cabe preguntarse si no es -por lo menos- extraño que un juez federal con competencia electoral desde hace 14 años (fue nombrado en 1999), haga esta justificación, conociendo quienes eran los personajes a los que beneficiaba. Más dudas surgen al revisar el currículum del juez Gálvez. 

En 1972, y con 25 años, Gálvez era secretario privado del gobernador de Neuquén Pedro Salvatori, nombrado por el dictador Alejandro Agustín Lanusse; luego durante la dictadura cívico militar, estuvo en la Delegación Regional San Juan del Ministerio de Trabajo; en democracia fue Diputado Provincial por el menemismo desde el año 1991 a 1995. Después, del 2006 al 2010, ya como juez federal, Gálvez integró el Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de los magistrados y por la lista bordó del oficialismo (a la que pertenece el actual consejero y camarista Ricardo Recondo); desde el 2009 Gálvez votó en el Consejo en concordancia con el Diputado Nacional Oscar Aguad. Como juez federal con competencia electoral, Gálvez intervino en todas las elecciones sanjuaninas desde 1999 hasta ahora, por ejemplo ya en 1999 aceptó un amparo de la Alianza para que no asuma Dante Elizondo como senador del PJ en reemplazo de Alfredo Avelín recién elegido gobernador. Además Gálvez integró como subrogante varios Tribunales Orales Federales y Cámaras Federales. Mucha experiencia política la del juez Gálvez, tanto como funcionario, legislador, magistrado y consejero como para no leer lo que se firma sobre dos genocidas condenados 10 días antes.

En octubre de 2010, el juez Gálvez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (un mes después de dejarlo), junto al camarista Julio Demetrio Petra y el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, cuando integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que apartó al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía mendocina entre otros delitos.

Un poco después, el 2 noviembre de 2010, Gálvez, hizo lugar rápidamente a la presentación de la Cámara de Minería y la CGT local y concedió la cautelar que suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares (Ley 26.639), sancionada poco antes por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 28 de octubre, sólo cuatro días antes. La cautelar estuvo vigente hasta que, en julio del 2012, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida que impedía la vigencia plena de la Ley de Glaciares en San Juan.

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La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Rago Gallo?

Primera Parte

El Dr. Lepoldo Rago Gallo llevó la instrucción y elevó a juicio oral la causas de Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi y estos represores ya se habían fugado mientras el juez Rago Gallo hacía esa instrucción, el primero estuvo prófugo hasta que fue detenido en el 2008. Por su parte De Marchi se fugó en octubre de 2010, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió excarcelarlo junto a otros imputados, de estos algunos fueron detenidos otra vez como Jorge Horacio Paez y Juan Francisco Del Torchio, y otros como Eduardo Daniel Vic siguen prófugos. Como veremos Rago Gallo ya sabía desde el año 2000 que Olivera fraguaba evidencia y del riesgo de fuga.

Este juez ha tenido fallos controversiales, así como en el 2008 dictó la detención y el embargo al genocida Jorge Antonio Olivera y antes procesó a varios genocidas, poco después ordenó la excarcelación del represor Alejandro Víctor Manuel Lazo, a quien condenaron a 10 años de prisión en el mismo juicio que los fugados. En junio del 2009, le concedió la prisión domiciliaria al genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien había sido condenado el año anterior a perpetua, esta medida fue suspendida por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, que mandó un exhorto a la justicia cordobesa para que Menéndez sea trasladado al penal de Bower. 

El 29 de diciembre del 2009 el juez federal Rago Gallo fue uno de los cuatro primeros jueces que suspendió la ley de medios (26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), junto a los jueces Edmundo Carbone y Miguel Medina, cuando aceptó el amparo presentado por "Jorge Estornel S.A y Otros", que incluye al grupo Vila de Mendoza, dueño del Canal 8 de San Juan, Canal 7 Mendoza,  Canal 6 de San Rafael, la operadora de cable Supercanal, América TV, América 24, 14 radios AM y FM y el Diario Uno. 

En octubre del 2010 Rago Gallo integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, junto al camarista Julio Demetrio Petra y el otro juez federal sanjuanino Miguel Ángel Gálvez, esta cámara resolvió apartar al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber sido presuntamente cómplices durante la dictadura cívico miltar, por esto los tres fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un mes después la constitución de la Cámara Federal fue cambiada por una orden dada por la Cámara Nacional de Casación Penal, así integrada por Roberto Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Pedro Humberto González, repusieron al juez Walter Bento al frente de la investigación.

Pero, como se dijo, hay un caso anterior que relaciona a Rago Gallo con Jorge Antonio Olivera. Este represor fue detenido el 6 de agosto del 2000 en el aeropuerto de Fiumicino en Roma por pedido de la justicia francesa, y estuvo 42 días detenido en la cárcel italiana de Regina Coeli, hasta que fue liberado por la acción de sus abogados en Italia. Esos eran Augusto Sinagra, también abogado del gran maestre de la logia P2 Licio Gelli (ver detalles más adelante en otra nota), y el letrado de extrema derecha Marcantonio Bezicherique, quienes lograron que los jueces italianos de Corte de Apelaciones liberaran a Olivera sobre la base de un documento falso. La estrategia que diseñaron sus defensores para liberarlo se inició en San Juan, el 6 de septiembre del 2000, cuando el Juez Leopoldo Rago Gallo, permitió que dos de los abogados argentinos de Olivera, Jorge Appiani y Jorge González Pagnanelli, fotocopiaran el expediente sobre Marie Anne Erize Tisseau (secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 y aún desaparecida), en el que estaba imputado Olivera como miembro del grupo de tareas. El 14 de septiembre llegaron por fax a la Cámara de Apelaciones de Roma esas fotocopias del expediente y le agregaron un certificado de defunción falso, en el que figuraba como fecha de fallecimiento de Marie Anne Erize el 11 de noviembre de 1976, así los jueces italianos liberaron al represor la semana siguiente. Al estar libre Olivera volvió inmediatamente a la Argentina, donde por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final estaba a salvo de cualquier proceso y podía continuar, como abogado, en la defensa del genocida y miembro nº 609 de la logia P2, Carlos Guillermo "pajarito" Suárez Mason. Aunque no pudo hacerlo con su propio padre, el genocida Jorge Olivera Rovere, ex subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército y condenado a perpetua en el 2009. Rago Gallo se despegó del incidente diciendo que en el expediente “no figura ninguna partida de nacimiento ni certificado de defunción” de Marie Anne Erize (La Nación 21 de septiembre de 2000). 

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Prisión perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad

Olivera,  Martel, Gómez, Nieto y Lazo, en el juicio

Luego de 20 meses de juicio oral, el pasado jueves 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, dio a conocer la sentencia en "fallo definitivo y unánime", por crímenes de lesa humanidad. En general el fallo concidó con lo pedido en mayo pasado por el fiscal Mateo Bermejo, quien tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega.

A los genocidas Horacio Julio Nieto (el único expolicía), Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera se los condenó a la pena de prisión perpetua;  a Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, a la pena de 25 años de prisión. mientras que el represor Alejandro Manuel Lazo, recibió una pena de 10 años de de prisión, cinco años menos que lo que pidieron los fiscales. Salvo Nieto y Lazo que mantendrán la prisión domiciliaria, los otros genocidas irán donde lo decida el Servicio Penitenciario Federal.

A todos se los condenó por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de 60 víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otros. Todos secuestrados y torturados en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan.

El TOF  ordenó al  juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, que investigue a 12 represores del ejército y de la gendarmería, quienes actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22.

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La justicia federal de Corrientes beneficia al genocida Juan Carlos De Marchi condenado por delitos de lesa humanidad

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA repudia la medida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que beneficia con salidas transitorias de la unidad penal N°34 de Campo de Mayo, al ex militar y represor Juan Carlos  "el electricista" De Marchi. El genocida, condenado a 25 años, viajó el 14 de junio pasado a su domicilio del centro de la capital correntina para visitar a su familia, sin haber cumplido aún la mitad de la condena. Según el informe judicial, debe volver a la cárcel recién el próximo lunes 24. 

El 6 de agosto del 2008 el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también presidido por el juez Víctor Alonso,  dictó la sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, conocida  como “Causa RI9” por el centro clandestino de detención  que funcionó en  el ex Regimiento de Infantería 9. Entonces se condenó a cuatro represores, el ex coronel  Julio Rafael Barreiro con prisión perpetua , con 25 años a Juan Carlos De Marchi y  al ex coronel Horacio Losito, y con 18 años al ex Gendarme Raúl Alfredo Reynoso. El genocida Cristino Nicolaides no fue juzgado por razones de salud. Estos represores fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Cuando se dictó la sentencia, la militante a favor de los genocidas Cecilia Pando, realizó un triste espectáculo amenazando a Eduardo Luis Duhalde, entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, diciéndole que  “¡Te voy a matar con mis propias manos!”.

Ramón Leguizamón, abogado de la querella en la causa RI9 afirmó a Télam que no se está cumpliendo uno de los recaudos de la ley, que establece el 50 por ciento de la condena cumplida para poder tener salidas transitorias. Por eso  Flavio Ferrini, Fiscal Federal de Corrientes y la Comisión Provincial de Derechos Humanos apelarán la decisión del Tribunal Oral.

Hoy familiares y ex detenidos junto a organizaciones como Barrios Unidos- La Colectiva- , La Campora , JP Descamisados y la Federación Juvenil Comunista realizaron, a pesar del mal tiempo,  un escrache en la la casa del represor De Marchi, en la esquina céntrica de Santa Fe 403 y Quintana de la Capital de Corrientes, contra la decisión judicial que otorgó el beneficio de una salida transitoria de la cárcel de Campo de Mayo por diez días. Todo se desarrolló en forma pacífica, con cánticos, afiches y pintadas, sin embargo, y sorprendentemente,  se enteraron que el Tribunal Oral Federal de Corrientes había suspendido la salida transitoria del genocida, y que esta  mañana a las 7 horas ya se había producido su regreso a la Unidad 34 de Campo de Mayo, con la custodia de efectivos de Gendarmería. De todas formas el represor estuvo casi una semana fuera de la cárcel, cuando no correspondía.

Hay que recordar que De Marchi era empresario ganadero y presidió la Sociedad Rural de Corrientes hasta que fue detenido en el 2004 y desde 1989, además de ser  vocal suplente de la Sociedad Rural Argentina nacional, cuyo presidente, Luciano Miguens, dijo en el 2005 “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi, una persona honorable que también integra nuestra casa”.

Según denunció oportunamente  H.I.J.O.S. Capital, De Marchi viajó cinco veces, durante cinco años, a la Escuela de las Américas en Panamá, la academia de torturadores.

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Piden perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad

En el juicio oral que se realiza en San Juan por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 60 víctimas, este martes 28, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña,  terminó de escuchar el alegato del Ministerio Público Fiscal iniciado el pasado 15 de mayo. En la última jornada del alegato del fiscal Mateo Bermejo, quien ayer tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega,  pidió que los genocidas Horacio Julio Nieto, Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera sean condenados a prisión perpetua. En tanto que solicitó 25 años de prisión para Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez; mientras que para Alejandro Manuel Lazo, requirió la pena de 15 años de prisión. También requirió la inhabilitación absoluta y perpetua para todos los acusados, todos son ex militares  a excepción de Nieto, que es retirado de la Policía Federal y la mayoría actuó en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan, donde Olivera era el jefe de Inteligencia.

Se los imputó de los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de diferentes víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otras muchas víctimas.

El juicio se inició el año pasado y los alegatos comenzaron en abril último, las querellas, a cargo de Fernando Castro y Roberto Scherbosky pidieron penas similares. El debate continuará el próximo 11 de junio, a partir de las 9.30, con el inicio de los alegatos de las defensas.

El fiscal Bermejo dijo que los acusaba  por haber participado “en un plan sistemático de exterminio contra la sociedad”, pero también habló de los “cómplices” de la dictadura entre los que  mencionó a la Justicia porque “acompañó el período más bajo de la historia argentina”.

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