La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Miguel Ángel Gálvez?

En el caso del juez federal Miguel Angel Gálvez, recientemente se publicó en Página 12 una entrevista donde él mismo justificó su decisión de que los represores Olivera y De Marchi fueran llevados al Hospital Militar Central. El dijo "que no revisó el expediente, porque entendía que ya estaba en conocimiento de Rago Gallo y que se limitó a firmar el escrito" y que "no recordaba el motivo invocado por los condenados". Cabe preguntarse si no es -por lo menos- extraño que un juez federal con competencia electoral desde hace 14 años (fue nombrado en 1999), haga esta justificación, conociendo quienes eran los personajes a los que beneficiaba. Más dudas surgen al revisar el currículum del juez Gálvez. 

En 1972, y con 25 años, Gálvez era secretario privado del gobernador de Neuquén Pedro Salvatori, nombrado por el dictador Alejandro Agustín Lanusse; luego durante la dictadura cívico militar, estuvo en la Delegación Regional San Juan del Ministerio de Trabajo; en democracia fue Diputado Provincial por el menemismo desde el año 1991 a 1995. Después, del 2006 al 2010, ya como juez federal, Gálvez integró el Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de los magistrados y por la lista bordó del oficialismo (a la que pertenece el actual consejero y camarista Ricardo Recondo); desde el 2009 Gálvez votó en el Consejo en concordancia con el Diputado Nacional Oscar Aguad. Como juez federal con competencia electoral, Gálvez intervino en todas las elecciones sanjuaninas desde 1999 hasta ahora, por ejemplo ya en 1999 aceptó un amparo de la Alianza para que no asuma Dante Elizondo como senador del PJ en reemplazo de Alfredo Avelín recién elegido gobernador. Además Gálvez integró como subrogante varios Tribunales Orales Federales y Cámaras Federales. Mucha experiencia política la del juez Gálvez, tanto como funcionario, legislador, magistrado y consejero como para no leer lo que se firma sobre dos genocidas condenados 10 días antes.

En octubre de 2010, el juez Gálvez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (un mes después de dejarlo), junto al camarista Julio Demetrio Petra y el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, cuando integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que apartó al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía mendocina entre otros delitos.

Un poco después, el 2 noviembre de 2010, Gálvez, hizo lugar rápidamente a la presentación de la Cámara de Minería y la CGT local y concedió la cautelar que suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares (Ley 26.639), sancionada poco antes por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 28 de octubre, sólo cuatro días antes. La cautelar estuvo vigente hasta que, en julio del 2012, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida que impedía la vigencia plena de la Ley de Glaciares en San Juan.