Se fugaron los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi Condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad.

Jorge Antonio Olivera

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA expresa su preocupación por la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Los represores se evadieron ayer del Hospital Militar Central, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se les había permitido ir a tratarse durante la feria judicial por orden del  subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan,  a cargo de Leopoldo Rago Gallo, quien habría avanzado en el expediente de aprobación de la solicitud de traslado para que los dos represores vayan a Marcos Paz, pero con el inicio de la feria judicial se fue de vacaciones y el expediente para que fueran al hospital fue firmado por Miguel Gálvez, el titular del Juzgado Federal Nº 1 y subrogante del Nº2 de la provincia.

El pasado 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, había condenado a prisión perpetua a Jorge Antonio Olivera y a Gustavo Ramón De Marchi a 25 años de prisión, por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita, en perjuicio de 60 víctimas,  en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan, del cual Olivera era el jefe de Inteligencia y De Marchi era jefe de la compañía comando. 

Gustavo De Marchi

El ministro Julio Alak declaró que "por la gravedad del hecho, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel ya ordenó el pase a disponibilidad de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la división traslados y seguridad". Tanto Olivera como De Marchi ya habían estado prófugos antes de ser juzgados. Por su parte Fernando Castro, uno de los abogados querellantes, declaró a Diario de Cuyo "No me sorprende que se hayan escapado, para mí estos dos tipos lo tenían preparado desde antes". Olivera fue defendido en Italia por Augusto Sinagra, que antes defendió a Licio Gelli, el ex jefe de la logia masónica P2,  y logró la liberación de Olivera; además, y como abogado, Olivera defendió al genocida Suarez Mason, ligado a la P2.

Hay que recordar que el juez Leopoldo Rago Gallo, recién en mayo pasado  ordenó la detención del represor Rubén Osvaldo “Mariano” Bufano, que vivía y trabajaba tranquilamente en San Juan, porque se lo solicitó el juez federal Sebastián Norberto Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Nro 7 de Capital Federal. Además Rago Gallo es el juez que, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal,  tendría que hacer la instrucción para juzgar a  12 represores del ejército y gendarmería, que actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas la mayoría de las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22; entre otros represores están Juan Carlos Méndez Casariego, Oscar Regino Oviedo,  Miguel Angel Megías, Carlos Angel Castro o Claudio Bernardo Kalicinski .

Del juez Miguel Gálvez hay que recordar que, en el 2011, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza y familiares de víctimas de la represión durante la dictadura cívico militar denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, a Gálvez junto a los jueces Leopoldo Rago Gallo y Julio Petra Fernández, por apartar al juez Walter Bento de la investigación de delitos de lesa humanidad que se seguía contra los ex camaristas  Luis Francisco Miret y el aún prófugo Otilio Roque Romano.
Este De Marchi es hermano del genocida Juan Carlos  "el electricista" De Marchi; también condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad y que, casualmente, también consiguió recientemente un permiso para viajar cuando no le correspondía (ver nota del 20 de junio). Por otra parte, no hay que confundir  a Gustavo Ramón De Marchi con el cuadro de la CNU y ex fiscal marplatense Gustavo Modesto Demarchi, detenido en Marcos Paz por delitos de lesa humanidad.

l ex fiscal marplatense Gustavo Demarchi

l ex fiscal marplatense Gustavo Demarchi

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Prisión perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad

Olivera,  Martel, Gómez, Nieto y Lazo, en el juicio

Luego de 20 meses de juicio oral, el pasado jueves 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, dio a conocer la sentencia en "fallo definitivo y unánime", por crímenes de lesa humanidad. En general el fallo concidó con lo pedido en mayo pasado por el fiscal Mateo Bermejo, quien tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega.

A los genocidas Horacio Julio Nieto (el único expolicía), Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera se los condenó a la pena de prisión perpetua;  a Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, a la pena de 25 años de prisión. mientras que el represor Alejandro Manuel Lazo, recibió una pena de 10 años de de prisión, cinco años menos que lo que pidieron los fiscales. Salvo Nieto y Lazo que mantendrán la prisión domiciliaria, los otros genocidas irán donde lo decida el Servicio Penitenciario Federal.

A todos se los condenó por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de 60 víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otros. Todos secuestrados y torturados en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan.

El TOF  ordenó al  juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, que investigue a 12 represores del ejército y de la gendarmería, quienes actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22.

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Piden perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad

En el juicio oral que se realiza en San Juan por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 60 víctimas, este martes 28, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña,  terminó de escuchar el alegato del Ministerio Público Fiscal iniciado el pasado 15 de mayo. En la última jornada del alegato del fiscal Mateo Bermejo, quien ayer tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega,  pidió que los genocidas Horacio Julio Nieto, Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera sean condenados a prisión perpetua. En tanto que solicitó 25 años de prisión para Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez; mientras que para Alejandro Manuel Lazo, requirió la pena de 15 años de prisión. También requirió la inhabilitación absoluta y perpetua para todos los acusados, todos son ex militares  a excepción de Nieto, que es retirado de la Policía Federal y la mayoría actuó en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan, donde Olivera era el jefe de Inteligencia.

Se los imputó de los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de diferentes víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otras muchas víctimas.

El juicio se inició el año pasado y los alegatos comenzaron en abril último, las querellas, a cargo de Fernando Castro y Roberto Scherbosky pidieron penas similares. El debate continuará el próximo 11 de junio, a partir de las 9.30, con el inicio de los alegatos de las defensas.

El fiscal Bermejo dijo que los acusaba  por haber participado “en un plan sistemático de exterminio contra la sociedad”, pero también habló de los “cómplices” de la dictadura entre los que  mencionó a la Justicia porque “acompañó el período más bajo de la historia argentina”.

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