Están finalizando dos juicios de la Megacausa Campo de mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas,  está realizando las últimas audiencias de alegatos de las partes en el juicio oral port las apropiaciones de menores ocurridas en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Se investigan los casos de apropiación de los hijos de las embarazadas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña; crímenes de lesa humanidad cometidos durante la  cívico militar. Los imputados son los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone; la obstetra Yolanda Arroche de Sala García y  los médicos militares Raúl Eugenio Martín y  Norberto Atilio Bianco (Ver nota anterior).

 En sus alegatos los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron 45 años de prisión para Riveros, 40 años de prisión para Bignone, 30 años para Bianco, 35 años de prisión para Martín y 13 años para  Arroche de Sala García.

Hospital Militar de Campo de Mayo

En tanto, los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, que actúa en el proceso como parte querellante, solicitaron penas de 40 años de prisión para Riveros y de 35 años para Bignone, 30 años de prisión para Bianco y Martín, y 12 años para Arroche de Sala García.

Se puede recordar que lo que se conoce como Campo de Mayo formó parte de la Zona 4, según la división del país realizada por la dictadura cívico militar. En esa Zona, además de la guarnición militar (regimientos, escuelas, hospital, cárcel, etc.), se incluían las localidades bonaerenses de San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro. La zona 4 estaba dividida en áreas bajo el control del Comando de Institutos Militares, bajo la jefatura del genocida Santiago Omar Riveros,

En otro juicio de la megacausa Campo de Mayo, pero por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 dictará este jueves, en la localidad de Olivos, la sentencia a dos miembros de Prefectura Naval y a un médico,de crímenes cometidos en la localidad de Campana. Los imputados son el ex jefe de Prefectura Naval de Campana, Carlos José Ramón Shaller, el ex oficial Oscar Rubén Montagano, y el médico Carlos Quetglas, acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de Marta Querejeta, secuestrada en diciembre de 1974, cuando tenía 17 años y estaba embarazada de dos meses (Ver nota anterior). En estos días  se escucharon los alegatos de la defensa y las réplicas. 

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Informaciones sobre juicios por crímenes de lesa humanidad

                               

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, comenzó la semana pasada un juicio oral por las apropiaciones de menores ocurridas en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero sólo se van a investigar los casos de apropiación de los hijos de las embarazadas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña.

Hospital de Campo de mayo

Los imputados son los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone; la obstetra Yolanda Arroche de Sala García y  los médicos militares Raúl Eugenio Martín y  Norberto Atilio Bianco, este represor ya fue condenado (junto a su esposa  Nilda Wehrli),   por la apropiación de dos menores a quienes había anotado como hijos propios. Bianco huyó en los '80 con su familia al Paraguay, donde permaneció prófugo por once años, desde el 2007 uno de esos jóvenes recuperó su identidad como Pablo Casariego Tato y aún no se pudo hacer el análisis de ADN a su hermana apropiada llamada Carolina. El médico represor Martín era el jefe del servicio de Clínica médica del hospital militar de Campo de Mayo y Bianco era traumatólogo en ese hospital y participaba activamente en los traslados de las mujeres detenidas-desaparecidas, a las que llevaba para dar a luz en el sector de Epidemiología de ese hospital y luego era el que retiraba a los bebés recién nacidos. Por su parte Yolanda Arroche de Sala García  está acusada por la alteración de la identidad del nieto Francisco Madariaga Quintela, ella atendió el parto de Silvia Quintela pero registró al bebé como hijo de Víctor Gallo y Susana Colombo, privándolo de su identidad. Los represores Jorge Haddad y Ramón Capecce, no serán juzgados ahora porque la causa contra ellos se suspendió por problemas de salud.

Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, inició en la ciudad de Olavarria el jucio oral en el que se investigarán los crímenes de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención (CCD) de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, de la Brigada de Investigaciones de la localidad de Las Flores, el CCD llamado Monte Peloni en las Sierras Bayas de Olavarría, el CCD “La Huerta” de Tandil (ubicado cerca de la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar de Tandil). Los delitos de este juicio, cometidos a  20 víctimas, comenzaron en las ciudades de Tandil y Olavarría en septiembre de 1977.

La estancia de Monte Peloni fue utilizada por los militares del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 2 "Lanceros General Paz", como lugar de detención, tortura y ejecución de decenas de víctimas.

El juicio se lleva a cabo en el SUM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría, donde los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, juzgan a los represores Omar Antonio "pájaro" Ferreyra, Horacio Leites, Walter josé "vikingo" Grosse y Aníbal Ignacio Verdura, este último tiene arresto domiciliario, los otros tres se encuentran detenidos en la Unidad N°34 de Campo de Mayo.

A la primera audiencia asistió la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; su nieto Ignacio Guido fue criado en la ciudad de Olavarría.

En estos días en  la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la ESMA (la "megacausa ESMA"), que se está instruyendo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Sergio Gabriel Torres, en los tribunales de Comorodo Py, se estuvo tratando el caso de  Thelma Jara de Cabezas, quien estando detenida-desaparecida en ese CCD (secuestrada en abril de 1979), fue sacada del CCD por el represor Ricardo Miguel "sérpico" Cavallo, para hacer una nota en la revista “Para Ti”, la cual fue realizada en la confitería Selquet en el barrio de Núñez y publicada el 10 de septiembre de 1979, bajo el titulo “Habla la madre de un subversivo muerto”. Ese artículo estaba firmado por Agustín Bottinelli, quien podría ser imputado por organizar la nota con los represores; pero la entrevista la hizo Eduardo Scola enviado por orden de Bottinelli y las fotos Tito La Penna, ambos ya declararon en la causa como testigos.

En la nota figuraba que Thelma decía a otras madres que “Estén alertas, vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el gran precio de la culpa, como estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe”.

El abogado de la querella, Pablo Llonto, declaró al diario Página 12 que  “El procesamiento de Botinelli significará uno de los mayores avances en la lucha contra la impunidad contra quienes tenían el poder civil en aquellos años y sirvieron de sostén al plan genocida. Bottinelli no era un periodista cualquiera; había sido responsable de Gente y de Para Ti junto con los Vigil, Gelblung, Alfredo Serra, Luján Gutiérrez, Paredes y otros. Fogonearon la persecución gremial y política y alabaron al terrorismo de Estado con profundo conocimiento de la barbarie que se estaba cometiendo.”

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74 genocidas prófugos por crímenes de lesa humanidad

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende de la Procuración General de la Nación, informó que son 74 los represores prófugos en todo el país por delitos de lesa humanidad. En el informe se establece que estos 74 delincuentes prófugos representan el 13 por ciento de los 561 condenados por crímenes de lesa humanidad, y un 6,5 por ciento de los 1135 procesados por esos delitos hasta marzo pasado; de los procesados hay 927 detenidos, más del 60% en cárceles y poco más del 30% con prisión domiciliaria. En mayo del 2013, el registro de la Procuraduría indicaba que la cantidad de prófugos en causas por crímenes de lesa humanidad ascendía a 58, por lo tanto hubo un aumento del 21 por ciento, aunque no varió mucho desde diciembre pasado, con altas y bajas.

El represor Vildoza hace varios años

Por juridicciones de los tribunales federales, se ve que los de  Mendoza (abarca Mendoza, San Luis y San Juan), son los que registran más prófugos, con un total de 21, luego los de la Capital Federal con catorce; Rosario con siete, y La Plata y Mar del Plata, con seis cada una, Bahía Blanca con cinco,  de San Martín, Córdoba y Salta (tres cada una), Tucumán y Resistencia (dos cada una) y  en Posadas, Paraná y Comodoro Rivadavia (una cada una); hay un imputado que es requerido por tribunales de las jurisdicciones federales de Salta y Tucumán por lo puede parecer que son 75 los prófugos. Los ex militares son 39 del total, 33 eran del Ejército, cinco lo hicieron de la Armada y el restante en la Fuerza Aérea; un caso es el del sacerdote Franco Revérberi Boschi, quien fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de la localidad mendocina de San Rafael. Los demás represores buscados son  ex policías federales (once), ex policías provinciales (siete), civiles (seis), Personal Civil de Inteligencia, militares uruguayos y del Servicio Penitenciario Bonaerense (ver lista). El prófugo más antiguo de la lista es el marino Jorge Raúl Vildoza, cuya captura fue ordenada el 25 de febrero de 1987 por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y luego desde mayo 2008 en el marco de la causa en la cual está detenida su esposa, Ana María Grimaldos, ambos están acusados por la sustracción, retención y ocultamiento del niño Javier Gonzalo Penino Viñas, y por la falsificación de los documentos destinados a acreditar su identidad.

Dos casos significativos son los del represor Alejandro Lawless, capturado en 2009 y nuevamente prófugo desde el año pasado, cuando escapó de dos custodios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras era trasladado a la Alcaidía de los Tribunales porteños y el genocida Jorge Antonio Olivera, detenido el 3 de noviembre de 2008 tras una larga búsqueda, condenado en San Juan el 4 de julio pasado y profugado junto al genocida Gustavo Ramón Demarchi desde el Hospital Militar Central, también en Buenos Aires.


Hay que informar que recientemente hubo dos detenciones; el ex agente de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero Roberto Díaz Cura, fue detenido en Tucumán por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fines de abril, este represor se había fugado en el 2011, antes de que comenzara el juicio por la causa “Aliendro”, en la que está imputado por los delitos de lesa humanidad de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita. También se capturó al el ex capellán militar de Bahía Blanca Aldo Omar Vara, quien fue encontrado por Interpol en Ciudad del Este (Paraguay). Entre 1971 y 1979, Vara fue Capellán del  Comando del V Cuerpo de Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 y se encontraba prófugo desde el 7 de agosto del año pasado, cuando ordenaron su detención los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. A Vara le imputaron el 15 de marzo del año pasado los hechos por los que resultaron víctimas un centenar de personas en los centros clandestinos de detención y tortura (CCDyT), que funcionaron en el Área Militar 511, todos "ocurridos durante el período 1976/1979", mientras "Vara desempeñara sus funciones como capellán con el grado de capitán".

Buscado en cuatro causas

Los represores prófugos son:

Ex miltares del Ejército: Aldo Mario Álvarez, Alberto Daniel Sotomayor, Eduardo Alfonso, Antonio Arrechea Andrade, Carlos Alberto Arroyo, Raúl Ángel Córdoba, Gustavo Ramón Demarchi, Walter Tomás Eichhorn, Miguel Angel García Moreno, Héctor Adán Giménez, Juan Carlos Jones Tamayo, Alejandro Lawless, Juan Bautista Lucero, Ernesto Guillermo Luchini, Carlos Luis Malatto, Marcelo Cinto Courtaux, Omar vicente Navarro Moyano, Mario Guillermo Ocampo, Jorge Antonio Olivera, Jorge Horacio Páez, José Luis Piedra, José Osvaldo Riveiro, Héctor Mario Schwab, Horacio Alberto Silva, Ángel Ervino Spada, Eduardo Daniel Vic, Oscar Chapur, Franco Reververi Boschi, Ricardo Luis Von Kyaw, Enrique Francisco Welsh, Oscar Nicanor Aguirre, Efrén Darío Ferreyra y Jorge Linares.

De la Armada: Roberto Guillermo Bravo, Horacio González Llanos, Luis Esteban Kyburg, Ricardo Joaquín Molina y Jorge Raúl Vildoza.

De la Fuerza Aérea: Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

Ex Policías Federales: Mario Alfredo Sandoval, Juan Carlos Linares, Ricardo Aleks Bilancia, Miguel Ángel Britos, Roberto Oscar González, Marcelo León, José Darío Mazaferri, Pedro Osvaldo Salvia, Gonzalo Sánchez, Manuel Alfredo Montenegro y Emilio Alberto Rimoldi Fraga.

Militares uruguayos: José Ricardo Arab Fernández, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Rama Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto Valentín Vázquez  Bisio.

Civiles: Carlos Alberto Brunatto, Fernando Federico Delgado, Eduardo Rebechi, Eduardo Salvador Ullua, Eduardo Bonifacio Ríos y Raúl Arturo Viglizzo.

Personal Civil de Inteligencia: Juan Carlos Francisco Bossi, Teodoro Aníbal Gauto, Carlos Gabriel Isach y Rubén Eduardo Alcuri.

Ex Policías provinciales: Alberto José Esteban Pulvermacher, César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomondo, Hugo Armando Barboza, Juan Carlos Damonte, Carlos Domingo Mora y Humberto Romero Tello.

Del Servicio Penitenciario Bonaerense: Jorge Luis García.

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Se reiniciaron seis juicios por delitos de lesa humanidad

 

Terminada la feria judicial, la semana pasada se reanundaron, en varias provincias, las audiencias en seis  juicios orales por crímenes de lesa humanidad.

El pasado miércoles 5 de febrero, en la ciudad de La Plata comenzó la indagatoria de los represores imputados en el juicio por los crímenes en el en el centro clandestino de detención (CCD) “La Cacha”, cercano a la cárcel platense de Olmos (ver nota anterior en este blog).

El tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF1 ) de La Plata había iniciado el juicio el 18 de diciembre pasado, cuando se leyó la  acusación fiscal, ese día el tribunal dispuso ingresar en un receso hasta ahora. Se juzgan a 21 represores por las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos en ese CCD por 127 víctimas, sólo en 1977; y la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson. En esa primera audiencia el genocida Etchecolatz tuvo el descaro de declarar que  "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé  cuánta gente", y la  desvergüenza de decir que Jorge Julio López  mintió en el juicio en el que se condenó al represor. También declaró el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires  durante la dictadura, Jaime Lamont Smart, quien negó la acusación.

 

Por otra parte el jueves 6 se reanudaron las audiencias en otros cuatro juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 y la dictadura cívico militar iniciada en año siguiente.

Así en Córdoba el TOF1, con la declaración de dos testigos,  retomó las audiencias en el quinto juicio  por delitos de lesa humanidad en Córdoba, conocido como La megacausa La Perla o Menéndez III. Desde el 4 de diciembre de 2012, el TOF1 juzga  los crímenes cometidos, entre 1975 y 1978, por 41 represores a 416 víctimas en los CCD de “La Perla” y “La Ribera”, entre los años 1975 y 1977 (ver notas anteriores), algunos de los imputados son el genocida Luciano Benjamín Menéndez,  los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrichs.

El jueves pasado delararon María Beatriz Gavalda y su hermano Pablo José, por secuestro y desaparición de su hermana María Irene Gavalda y de su pareja, Juan José Jacobo Mogilner en diciembre de 1977.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital, reanudó el tercer tramo del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Este juicio se inició el 28 de noviembre de 2012 y se está juzgando a 67 represores por los crímenes cometidos contra 789 víctimas (ver notas anteriores). En esta audiencia declararon testigos por los secuestros, torturas y desaparición de Irene Orlando, Juan Carlos Ramos, Rolando Jekel y Guillermo Díaz Lestrem, entre otros. Lamentablemente otro represor más muere impune,  ya que el genocida Carlos "Fragote"Generoso falleció sin condena recientemente.

En la provincia de Jujuy, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal,  reinició las audiencias del segundo juicio que investiga los delitos de lesa humanidad, como violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en perjuicio de siete víctimas que estaban alojadas en el CCD del Servicio Penitenciario de Gorriti de la capital jujeña. Las víctimas son Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur, todos fueron sacados del CCD el 10 de junio de 1976. Los imputados en este juicio  son el ex interventor de la cárcel de Gorriti, Antonio Orlando Vargas (ya condenado a 25 años en el primer juicio provincial), el ex militar César Darío Díaz y los ex penitenciarios Herminio Zarate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.

Hay que informar que el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy denominado “Marengo, Horacio Domingo y otros por privación ilegítima de la libertad y torturas”, comenzará el próximo 3 de abril. Son delitos en un traslado de presos políticos desde Jujuy hasta cárceles en la CABA y La Plata (ver nota anterior).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Neuquén, también reanudó el jueves 6 las audiencias en el juicio oral por delitos cometidos en esa provincia y en la de Río Negro, conocido como la Escuelita III. El tribunal está integrado por los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal). En tanto que como magistrado sustituto fue designado Luis Gustavo Losada (Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires).

Por los delitos cometidos a 55 víctimas, están imputados los represores  Jorge Héctor Di Pasquale, Mario Alberto Gómez Arenas, Luis Alberto Farías Barrera, Hilarión de la Pas Sosa y  Jorge Alberto Soza. Tanto Barrera como Pas Sosa  y Soza venían esquivando los juicios aludiendo problemas de salud. En la audiencia declararon David Lugones, sobreviviente de los genocidas, y también Inés y Oscar Ragni por el secuestro y la desaparición de su hijo, Oscar Alfredo, ocurrido el 23 de diciembre de 1976 en el barrio Progreso de la capital neuquina.

Finalmente el viernes 7 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, que  realiza  el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia,  escuchó la declaración de cinco testigos por hechos en la Ciudad de San Luis y en las localidades puntanas de Quines, Candelaria y Lujano. En este proceso se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, en perjuicio de 46 víctimas y están imputados los represores Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Miguel Ángel Fernández Gez,  Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro,  Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofre, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez,  Jorge Alberto Moreira,  Vicente Ernesto Moreno Recalde,  Jorge Félix Natel,  Luis Alberto Orozco,  Andrés Enrique Manuel Ortuvia Salinas,  Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma, Juan Carlos Pérez,  Carlos Esteban Plá, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez,  Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi. También estaba imputado el genocida Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado  por tener otros dos procesos por crímenes de lesa humanidad en Córdoba y La Rioja. 

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