Cuatro condenas por la apropiación de ocho bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo

En otra sentencia en busca de memoria, verdad y justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital (TOF), integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, finalizó hoy el 17º juicio oral del 2014. Fue por la apropiación de ocho bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Eran los hijos de las detenidas-desaparecidas Marta Graciela Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De los ocho, sólo tres pudieron recuperar su identidad hasta ahora, son Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando. Asimismo se condenó a los represores por la privación ilegal de la libertad en perjuicio de cuatro víctimas de la dictadura cívico militar.

Imagen de Infojus Noticias

En su resolución el TOF condenó al genocida Santiago Omar Riveros, el responsable de la zona militar IV, a 30 años de prisión, unificando la pena con una anterior condena en la pena de prisión perpetua. Además, sentenció al dictador Reynaldo Bignone a 16 años de prisión, unificando la pena con una anterior condena, en la pena de 25 años de prisión, esta es la quinta condena a este genocida por crímenes de lesa humanidad. Al ex médico militar Norberto Atilio Bianco se le impuso 13 años de prisión por la apropiación de dos menores a quienes anotó como propios y 7 años para la obstetra Yolanda Arroche de Sala García, como partícipe necesaria del delito de falsificación de documento público, en el caso del certificado de nacimiento de Francisco Madariaga Quintela, Pero, es lamentable que fuera absuelto Raúl Eugenio Martín ex  jefe del servicio de clínica del Hospital Militar de Campo de Mayo; sobre esto el fiscal Martín Niklison aseguró a Infojus Noticias que la decisión del Tribunal “es por duda, con disidencia de la jueza María del Carmen Roqueta. Nosotros entendemos que no hay duda, por eso vamos a recurrir a Casación”. Miembros de la agrupación H.I.J.O.S. Capital le dijeron a Telam que  “ninguno de los genocidas de Campo de Mayo dijo dónde están nuestros hermanos apropiados...seguimos exigiendo la verdad” .

En el 2012, este Tribunal Oral en lo Criminal N° 6, con casi la misma conformación determinó que durante la última dictadura cívico-militar existió un plan sistemático de apropiación de bebés y condenó, entre otros, al genocida Videla a 50 años de prisión.

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Están finalizando dos juicios de la Megacausa Campo de mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas,  está realizando las últimas audiencias de alegatos de las partes en el juicio oral port las apropiaciones de menores ocurridas en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Se investigan los casos de apropiación de los hijos de las embarazadas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña; crímenes de lesa humanidad cometidos durante la  cívico militar. Los imputados son los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone; la obstetra Yolanda Arroche de Sala García y  los médicos militares Raúl Eugenio Martín y  Norberto Atilio Bianco (Ver nota anterior).

 En sus alegatos los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron 45 años de prisión para Riveros, 40 años de prisión para Bignone, 30 años para Bianco, 35 años de prisión para Martín y 13 años para  Arroche de Sala García.

Hospital Militar de Campo de Mayo

En tanto, los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, que actúa en el proceso como parte querellante, solicitaron penas de 40 años de prisión para Riveros y de 35 años para Bignone, 30 años de prisión para Bianco y Martín, y 12 años para Arroche de Sala García.

Se puede recordar que lo que se conoce como Campo de Mayo formó parte de la Zona 4, según la división del país realizada por la dictadura cívico militar. En esa Zona, además de la guarnición militar (regimientos, escuelas, hospital, cárcel, etc.), se incluían las localidades bonaerenses de San Miguel, Vicente López, Tres de Febrero, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana y San Isidro. La zona 4 estaba dividida en áreas bajo el control del Comando de Institutos Militares, bajo la jefatura del genocida Santiago Omar Riveros,

En otro juicio de la megacausa Campo de Mayo, pero por crímenes de lesa humanidad cometidos antes de la dictadura, el Tribunal Oral Federal 1 dictará este jueves, en la localidad de Olivos, la sentencia a dos miembros de Prefectura Naval y a un médico,de crímenes cometidos en la localidad de Campana. Los imputados son el ex jefe de Prefectura Naval de Campana, Carlos José Ramón Shaller, el ex oficial Oscar Rubén Montagano, y el médico Carlos Quetglas, acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos en perjuicio de Marta Querejeta, secuestrada en diciembre de 1974, cuando tenía 17 años y estaba embarazada de dos meses (Ver nota anterior). En estos días  se escucharon los alegatos de la defensa y las réplicas. 

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Condenas a seis represores en otro juicio por los crímenes en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer hoy su veredicto en  el undécimo Juicio oral por delitos de lesa humanidad de la megacausa Campo de Mayo. En este juicio se investigaron los allanamientos ilegales, los casos de robo agravado y los secuestros, tormentos  y desapariciones,  en perjuicio de 60 víctimas, la mayoría obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre y de las empresas ceramistas Porcelanas Lozadur y Cattáneo, también de la zona norte del Gran Buenos Aires.
 

 

El tribunal condenó por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al genocida Santiago Omar Riveros; a  23 años de prisión al genocida Reynaldo Benito Bignone; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a  Eugenio Guañabens Perelló y nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. Fueron absueltos los ex prefectos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado, estas absoluciones despertaron la indignación de los familiares y sobrevivientes presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.

Graciela Villalba una de las hijas de Mauricio Villalba obrero de ASTARSA desaparecido, dijo en su testimonio que: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 pidiendo justicia", a su padre lo secuestraron el 25 de mayo de 1976, a las 2.30 de la madrugada, cuando los represores entraron a su casa pateando la puerta, lo golpearon frente a sus cinco chicos menores y se lo llevaron. Esa misma noche fueron secestrados otros siete obreros navales. 

El Tribunal integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, resolvió también girar copia de las actuaciones en este juicio oral al juzgado de primera instancia, para que, como pidieron  los querellantes y los fiscales, se investiguen las responsabilidades de las autoridades empresariales de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos investigados. Así se comenzaría a investigar a los civiles que  fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico, como sostuvieron los querellantes.
 

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Informaciones sobre juicios por crímenes de lesa humanidad

                               

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, comenzó la semana pasada un juicio oral por las apropiaciones de menores ocurridas en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero sólo se van a investigar los casos de apropiación de los hijos de las embarazadas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña.

Hospital de Campo de mayo

Los imputados son los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone; la obstetra Yolanda Arroche de Sala García y  los médicos militares Raúl Eugenio Martín y  Norberto Atilio Bianco, este represor ya fue condenado (junto a su esposa  Nilda Wehrli),   por la apropiación de dos menores a quienes había anotado como hijos propios. Bianco huyó en los '80 con su familia al Paraguay, donde permaneció prófugo por once años, desde el 2007 uno de esos jóvenes recuperó su identidad como Pablo Casariego Tato y aún no se pudo hacer el análisis de ADN a su hermana apropiada llamada Carolina. El médico represor Martín era el jefe del servicio de Clínica médica del hospital militar de Campo de Mayo y Bianco era traumatólogo en ese hospital y participaba activamente en los traslados de las mujeres detenidas-desaparecidas, a las que llevaba para dar a luz en el sector de Epidemiología de ese hospital y luego era el que retiraba a los bebés recién nacidos. Por su parte Yolanda Arroche de Sala García  está acusada por la alteración de la identidad del nieto Francisco Madariaga Quintela, ella atendió el parto de Silvia Quintela pero registró al bebé como hijo de Víctor Gallo y Susana Colombo, privándolo de su identidad. Los represores Jorge Haddad y Ramón Capecce, no serán juzgados ahora porque la causa contra ellos se suspendió por problemas de salud.

Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, inició en la ciudad de Olavarria el jucio oral en el que se investigarán los crímenes de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención (CCD) de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, de la Brigada de Investigaciones de la localidad de Las Flores, el CCD llamado Monte Peloni en las Sierras Bayas de Olavarría, el CCD “La Huerta” de Tandil (ubicado cerca de la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar de Tandil). Los delitos de este juicio, cometidos a  20 víctimas, comenzaron en las ciudades de Tandil y Olavarría en septiembre de 1977.

La estancia de Monte Peloni fue utilizada por los militares del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 2 "Lanceros General Paz", como lugar de detención, tortura y ejecución de decenas de víctimas.

El juicio se lleva a cabo en el SUM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría, donde los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, juzgan a los represores Omar Antonio "pájaro" Ferreyra, Horacio Leites, Walter josé "vikingo" Grosse y Aníbal Ignacio Verdura, este último tiene arresto domiciliario, los otros tres se encuentran detenidos en la Unidad N°34 de Campo de Mayo.

A la primera audiencia asistió la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; su nieto Ignacio Guido fue criado en la ciudad de Olavarría.

En estos días en  la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la ESMA (la "megacausa ESMA"), que se está instruyendo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Sergio Gabriel Torres, en los tribunales de Comorodo Py, se estuvo tratando el caso de  Thelma Jara de Cabezas, quien estando detenida-desaparecida en ese CCD (secuestrada en abril de 1979), fue sacada del CCD por el represor Ricardo Miguel "sérpico" Cavallo, para hacer una nota en la revista “Para Ti”, la cual fue realizada en la confitería Selquet en el barrio de Núñez y publicada el 10 de septiembre de 1979, bajo el titulo “Habla la madre de un subversivo muerto”. Ese artículo estaba firmado por Agustín Bottinelli, quien podría ser imputado por organizar la nota con los represores; pero la entrevista la hizo Eduardo Scola enviado por orden de Bottinelli y las fotos Tito La Penna, ambos ya declararon en la causa como testigos.

En la nota figuraba que Thelma decía a otras madres que “Estén alertas, vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el gran precio de la culpa, como estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe”.

El abogado de la querella, Pablo Llonto, declaró al diario Página 12 que  “El procesamiento de Botinelli significará uno de los mayores avances en la lucha contra la impunidad contra quienes tenían el poder civil en aquellos años y sirvieron de sostén al plan genocida. Bottinelli no era un periodista cualquiera; había sido responsable de Gente y de Para Ti junto con los Vigil, Gelblung, Alfredo Serra, Luján Gutiérrez, Paredes y otros. Fogonearon la persecución gremial y política y alabaron al terrorismo de Estado con profundo conocimiento de la barbarie que se estaba cometiendo.”

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Tienen fecha de inicio varios juicios por delitos de lesa humanidad

El Ministerio Público Fiscal a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó un informe sobre los Juicios orales por crímenes de lesa humanidad que ya tienen fecha de inicio fijada para el resto del 2014. Así, hasta ahora,  son nueve los juicios orales para lo que resta del año, en cuatro provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El 8 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, comienza el décimo juicio por los crímenes de Campo de Mayo. En este caso la mayoría de las 61 víctimas eran operarios en fábricas o empresas de la zona norte del gran Buenos Aires, por ejemplo de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre, hay treinta obreros navieros y mecánicos desaparecidos (ver nota anterior en este blog), también obreros y empleados de la Ford y de las fábricas cerámicas de la localidad de Villa Adelina, como Cattaneo (La Fama), Porcelanas Lozadur y la Federación Obrera Ceramista Filial 2ª. Entre los 10 imputados están los genocidas ya condenados por otros delitos de lesa humanidad Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Luis Sadí Pepa y Eugenio Guallabens Perelló, entre otros como Carlos Daniel Caimi, Rodolfo Emilio Feroglio.

El primero de esto juicios lo iniciará el Tribunal Oral Federal 6 el próximo 2 de julio en la CABA, y es el 2º juicio oral que investiga el Plan sistemático de apropiación de bebés, en este caso por 16 víctimas.  Acá también está imputados los genocidas  Reynaldo Bignone, y Santiago Omar Riveros, junto a  Ramón Oscar Capecce, Jorge Habid Haddad, Raúl Eugenio Martín, Yolanda Arroche de Sala García y Norberto Atilio Bianco. 

Otro juicio oral en la CABA es para el 15 de agosto, cuando comenzaría el juicio por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto recuperado número 106.  Gaona Miranda fue secuestrado en mayo de 1978, cuando tenía sólo un mes de vida, por miembros del Ejército y junto a sus padres Ricardo Gaona y María Rosa Miranda. Sus apropiadores son Salvador Norberto Girbone y Haydeé Raquel Ahmed, quienes lo inscribieron como si fuera su propio hijo. El que entregó al niño fue el represor Héctor Salvador Girbone, ex militar y primo de Salvador Girbone; los tres están imputados en este juicio. Hace un poco más de un mes  fue apartado del Tribunal el juez  Daniel Obligado, quien había sido denunciado y recusado por las Abuelas de Plaza de Mayo porque dudaban de su imparcialidad para juzgar el caso (había beneficiado al apropiador ya condenado Juan Antonio Azic).

En Santa Fe, el 11 de agosto, esta previsto el inicio de un juicio en el que están imputados los ex militares Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122), José María González (el primer interventor militar de la dictadura en la provincia de Santa Fe), Carlos Enrique Pavón  que fue director del polvorín de Villa María hasta 1997, (cuando fue procesado por un acta falsa de incineración de pólvora), el ex policía Juan Calixto Perizzotti y el ex juez de menores Luis María Vera Candioti. Están imputados  por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 45 víctimas.

González ya fue  condenado en diciembre del 2011 a prisión perpetua, acusado por la desaparición de Mario Marini y la detención ilegal de su esposa, Ana María Cavadini, y de su hijo de pocos días de vida. Perizzotti ya tiene dos condenas por delitos de lesa humanidad en 2009 y 2014, junto al ex juez Brusa.

Para el El 17 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy dará comienzo al juicio oral en el marco de la causa 89/11, , cuyo imputado es  el ex militar Domingo Horacio Marengo por los delitos de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio de 30 víctimas detenidas en el Servicio Penitenciario de Jujuy. El día 7 de octubre de 1976, las víctimas fueron trasladadas en un operativo conjunto del Ejercito, la Policía de la Provincia, el Servicio Penitenciario Provincial y el Servicio Penitenciario Federal, que habría estado a cargo del imputado, fueron trasladados en camiones o furgones del Ejército y del Penitenciario hacia el Aeropuerto “El Cadillal” y de allí en avión, los hombres en un Hércules a la Unidad Penal N° 9 de La Plata -Provincia de Buenos Aires- y la mujeres en uno de menor porte a la Unidad Penal de Villa Devoto  de la CABA, en el traslado fueron torturados (ver nota anterior). Este jucio tenía fecha de inicio para el pasado 3 de abril pero fue postergado.Organismos de derechos humanos de Jujuy expresaron su repudio porque en el diario El Tribuno de Jujuy  el represor Marengo, publicó un artículo en el que expresa que se están violando sus derechos humanos, ya que dice que cumplió el plazo de prisión preventiva y aún no es juzgado.

CCD Monte Peloni, Olavarría

El 22 de septiembre  en la Facultad de Ciencias Sociales de la localidad bonaerense de Olavarría, se iniciará el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Monte Peloni; el tribunal federal estará integrado por los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela. Los imputados, acusados de delitos en perjuicio de 20 personas, son Omar Antonio Ferreyra, Walter José "El Vikingo" Grosse, Horacio Rubén Leites (ex jefe de Escuadrón de Tiradores Blindado del Regimiento de Caballería de Tanques 2), estos tres están detenidos en la cárcel de Marcos Paz, por su parte Ignacio Aníbal Verdura (ex  jefe del Area 124 y  del Regimiento de Caballería de Tanques 2 de Olavarría) permanece con arresto domiciliario en su casa, en Santo Tomé, Corrientes El represor Juan Carlos Castignani estaba imputado pero falleció en el 2012. 

En La Rioja, a partir del 29 de septiembre, comenzará el proceso por apremios ilegales en perjuicio de Graciela Bofelli de Perchetta y otro,. Los imputados son el genocida Luciano Benjamín Menéndez, los ex policías federales Edmundo Nicolás Luna y Roberto Reinaldo Ganem, los ex militares Eliberto Miguel Goenaga, , Domingo Claro Paéz y Federico Tejerina. Hace unos años Plutarco Schaller declaró que el represor Goenega sabía que lo iban a matar a monseñor Angelelli. En esta causa el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena demoró más de dos años en elevar a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba los recursos de apelación concedidos a dos de los procesados y recién lo hizo en febrero de 2012.

Miguel Lyola y Enrique Heinrich, obreros asesinados

Alejandro Lawless, represor prófugo

La Procaduría informa que en la CABA se iniciará el 8 de julio otro juicio con 18 imputados que  pertenecían a la Armada, y fuerzas de seguridad, por crímenes a 37 víctimas. Pero en el sitio Centro de Información Judicial  (CIJ), de la Agencia de noticias del Poder Judicial se informa que ese mismo día, los mismos imputados junto a otros 7 militares (25 en total) serán juzgados por diversos crímenes como privaciones ilegítimas de la libertad, asesinatos y tormentos a 66 víctimas, por el Tribunal Oral  subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca,  integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava. Entre las víctimas de los militares figuran los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados por los militares el 30 de junio de 1976 y asesinados poco después. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato de Artes Gráficas, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y  era el tesorero de esa organización gremial. En esta causa permanece prófugo el represor Alejandro Lawless (ver nota anterior sobre este prófugo) y otros tres, como el genocida Videla, murieron sin ser condenados. Los que van a juicio son Felipe Ayala, Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Enrique De León, Victor oscar Fogelman, Eduardo René Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada, Eduardo Morris Girling, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Manuel Martínez Loydi, Domingo Ramón Negrete, Edmundo Oscar Nuñez, Alberto Gerardo Pazos, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, y Carlos André Stricker; la mayoría goza de la detención domiciliaria. 

Hay otro juicio que debía empezar en marzo pasado en la provincia de Santa Fe, pero que está suspendido porque aún no está constituido el tribunal por las recusaciones de la querella y seguramente se iniciará en poco tiempo. Esta es la causa por la apropiación ilegal de  José Luis Segretin quien recuperó su identidad en 2009. Los acusados por los delitos de sustracción y ocultamiento de menores, supresión del estado civil, y falsedad ideológica de documento público; son la apropiadora Cecilia Ramona Góngora, la médica obstetra que asistió el parto Elsa Gladis Nasatsky y el ex militar Danilo Sambuelli (ex jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista); a Segretin lo habían inscrito en el Registro Civil de Reconquista el 6 de abril de 1977.

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Cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

En el noveno juicio oral por los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Daniel Antonio Petrone, condenó al represor Santiago Omar Riveros a la pena de 25 años de prisión, por privación ilegítima de la libertad de Gabriel Matías Cevasco y por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en perjuicio de Roberto Quieto (secuestrado en diciembre de 1975), y María Delia Leiva (secuestrada en enero de 1977); al genocida Reynaldo Antonio Benito Bignone lo condenaron a 23 años por los mismos delitos pero contra María Delia Leiva y Gabriel Matías Cevasco. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 17 de diciembre próximo.

Por su parte a Aída Blandida Dusolina Pizzoni la condenaron a 5 años y 6 meses por la apropiación de Martín Guillermo Amarilla Molfino, hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, secuestrados y desaparecidos en 1979; Martín recuperó su identidad en el 2009. A Roberto Cándido Duarte y Margarita Fernández los condenaron a cinco años de prisión por la apropiación de Gabriel Matías Cevasco, hijo de Enrique Horacio Cevasco y María Delia Leiva y que tenía 3 meses cuando lo secuestraron con su madre que permanece desaparecida; recién en octubre del 2000 Gabriel pudo conocer a su padre cuando recuperó su identidad. Fueron absueltos Jorge J. Buffe, Alicia I. Rodríguez y Mabel Álvarez.

En esta causa también estaba imputado por el secuestro de Roberto Quieto el genocida Albano Eduardo Harguindeguy, él era el jefe de la Federal en el gobierno de Isabel, pero murió impune en octubre del 2012 y luego de ser indultado en 1989.

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Sentenciaron a tres genocidas por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, María  Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral, sentenció a 25 años de cárcel al genocida Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares del Ejército revocándole la prisión domiciliaria, por lo que será traladado a la cárcel de Ezeiza. Al ex prefecto Servando Ortega lo condenó a 9 años de prisión y le impuso una pena de 6 años de cárcel al expolicía Juan Fernando Meneghini (superior del genocida Luis Patti en la comisaria 1ª de Escobar). Al represor Ortega se le revocó la excarcelación pero se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Por otra parte, respecto Meneghini los 6 años de prisión serán computados por el tiempo que está detenido, por lo cual el tribunal dispuso su libertad.

Las penas son por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado, cometidos en perjuicio de 31 personas, cometidos en las localidades bonaerenses de Zárate y Campana, distritos que, como Zona IV, dependían de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la dictadura cívico militar.

Uno de los imputados en esta causa era el represor Sergio Buitrago,  ex jefe de la Base Arsenales de Zárate, que falleció el pasado 30 de julio pasado sin ser condenado. 

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Ingresan en su fase final cinco juicios de lesa humanidad

Están llegando a su fase resolutoria cuatro juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Son las causas por crímenes en el llamado Circuito Camps, Campo de Mayo, Mar del Plata, San Nicolás y Santiago del Estero.

El represor Antonio Musa Azar

Esta semana comenzó en Tucumán el juicio que reúne las causas "Arsenal" y "Jefatura". Mientras que comenzarán: en Santa Fe (19 de noviembre) el juicio por violaciones contra los derechos humanos de 35 personas; en Córdoba (27 de noviembre) el juicio por la megacausa de "La Perla"; en Ciudad de Buenos Aires (28 de noviembre) el segundo juicio en la megacausa ESMA.

Campo de Mayo

Mañana se inician en el Tribunal Oral Federal de San Martín, las audiencias donde expondrán las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Este es el sexto juicio por Campo de Mayo, que comenzó el 23 de agosto que tiene como imputados además de Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares, el ex presidente de facto Reynaldo Bignone y Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate. También están en el banquillo los coroneles Luis Sadí Pepa y Carlos Tomás Macedra, Julio San Román y Hugo Castagno Monge, ambos miembros de la gendarmería nacional, y Carlos Eduardo Somoza y Carlos del Señor Garzón, junto con su esposa María Francisca Morillo, estos últimos por haberse apropiado de Laura Catalina de Sanctis Ovando, hija de una detenida-desaparecida en el hospital militar de la guarnición. Estos tres últimos eran parte del Personal Civil de Inteligencia del Ejército.

Frente al TOF Nº 2 de Rosario

San Nicolás

El 27 de noviembre próximo comenzarán los alegatos, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario. Es juzgado el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant y dos ex policías: el ex oficial Antonio Federico Bossie y el ex comisario general Jorge Muñoz. 

Mar del Plata

Este miércoles comenzarán ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad los alegatos por hechos ocurridos en tres centros clandestinos de detención: Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad. El fiscal, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) coincidieron en solicitar la pena de prisión perpetua para Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Mario José Osvaldo Forbice. Requirieron la pena de 25 años de prisión a Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar Falcke y Ángel Narciso Racedo. En tanto las querellas difirieron en la pena solicitada para Juan Carlos Guyot. La fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron que se le aplique la pena de 4 años de prisión, mientras que la dependencia nacional requirió que le apliquen 15 años y la APDH pidió 6 años para este acusado.

Santiago del Estero

Comenzarán el lunes próximo los alegatos en el juicio que tiene como acusados a Musa Azar, Eduardo Bautista Baudano, José Gregorio Brao, Juan Felipe Bustamante, Carlos Héctor Capella, Jorge Alberto D’Amico, Roberto Díaz, Miguel Tomás Garbi, Francisco Antonio Laitán, Ramiro del Valle López Veloso y Rolando Doroteo Salvatierra. En el juicio se investugaban violaciones a los derechos humanos contra 44 víctimas y declararon cerca de 300 testigos.

“Circuito Camps” 

Se reanudarán los alegatos con la continuación del alegato del representante de la Fiscalía. El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata continuará escuchando las exposiciones de las querellas y finalmente el de las defensas. El juicio investiga delitos de lesa humanidad contra 280 víctimas en los Centros Clandestinos de Detención: la Comisaría V de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada "Puesto Vasco", COT I Martínez y la Brigada de San Justo. También se juzgan a los imputados por los hechos sucedidos en la casa de "Teruggi-Mariani" de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí. 

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Comienza juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

Este jueves 23 de agosto comienza en San Martín el juicio oral por los crímenes cometidos en el Ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín integrado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone tiene como acusados a los genocidas Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guarañabens Perelló, entre otros. El juicio acumula tres causas en las que se investigan violaciones de los derechos humanos de 20 víctimas. Los genocidas son investigados por los delitos de privación Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y apropiación de menores de edad, entre otros. 

En la amplia extensión de Campo de Mayo funcionaron cuatro Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: El Campito, La casita, Encausados y el hospital militar donde funcionaba una maternidad clandestina. Este complejo del terror fue uno de los más grandes CCDTyE que puso en marcha el terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar. 

Además de Riveros y Bignone, jefes de Campo de Mayo, estará por primera vez en el banquillo Carlos Tomás Macedra, torturador que fuera reconocido por un conscripto como jefe de operativo. 

Además se encuentran imputados Luis Sadí Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares; Carlos Eduardo José Somoza, oficial de inteligencia y torturador de “El Campito”; Eduardo Oscar Corrado, del comando de Institutos Militares; los gendarmes Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, ambos jefes de la custodia del “Campito”. Por la apropiación de Laura Catalina de Santis serán juzgados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, oficial de inteligencia del Batallón 601 y su mujer María Francisca Morillo. 

El debate, que contará con el acompañamiento de las organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sindicales y sociales, se llevará a cabo en la sala de audiencias ubicada en Pueyrredon 3728, localidad de San Martín. Desde la Secretaría de Derechos Humanos exigimos cárcel para los asesinos que están en el banquillo.

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