Comienza otro juicio oral por crímenes de lesa humanidad

En la localidad bonaerense de Olivos comienza hoy un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez. Los jueces Marta I. Milloc, Diego G. Barroetaveña y Héctor O. Sagretti del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, van a juzgar a los represores ex prefectos Carlos José Ramón Schaller y Oscar Rubén Montagano y al ex médico policial Carlos Antonio Quetglas, por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional e imposición de tormentos agravados cometidos a Marta Querejeta, quien va a declarar en el juicio.

En 1974 Carlos Ramón José Schaller era jefe de Prefectura Naval de Campana, Oscar Rubén Montagano tenía el cargo de oficial auxiliar de la Prefectura Naval de Campana y Carlos Antonio Quetglas era médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; cuando secuestraron a Querejeta el 5 de diciembre de 1974 en la casa de su abuela en Campana. Ella sólo tenía 16 años, militaba en el PRT y estaba embarazada. Cuando la liberaron Querejeta fue con su padre a ver a Quetglas para que deje constancia de las marcas de tortura que aún tiene en su cuerpo después de 40 años, pero el médico  dijo que ella no presentaba evidencias de tortura. Quetglas declaró como testigo en la causa por el asesinato de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, porque él fue quien  firmó la partida de defunción de Gonçalves.

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Condenas a seis represores en otro juicio por los crímenes en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer hoy su veredicto en  el undécimo Juicio oral por delitos de lesa humanidad de la megacausa Campo de Mayo. En este juicio se investigaron los allanamientos ilegales, los casos de robo agravado y los secuestros, tormentos  y desapariciones,  en perjuicio de 60 víctimas, la mayoría obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre y de las empresas ceramistas Porcelanas Lozadur y Cattáneo, también de la zona norte del Gran Buenos Aires.
 

 

El tribunal condenó por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al genocida Santiago Omar Riveros; a  23 años de prisión al genocida Reynaldo Benito Bignone; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a  Eugenio Guañabens Perelló y nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. Fueron absueltos los ex prefectos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado, estas absoluciones despertaron la indignación de los familiares y sobrevivientes presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.

Graciela Villalba una de las hijas de Mauricio Villalba obrero de ASTARSA desaparecido, dijo en su testimonio que: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 pidiendo justicia", a su padre lo secuestraron el 25 de mayo de 1976, a las 2.30 de la madrugada, cuando los represores entraron a su casa pateando la puerta, lo golpearon frente a sus cinco chicos menores y se lo llevaron. Esa misma noche fueron secestrados otros siete obreros navales. 

El Tribunal integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, resolvió también girar copia de las actuaciones en este juicio oral al juzgado de primera instancia, para que, como pidieron  los querellantes y los fiscales, se investiguen las responsabilidades de las autoridades empresariales de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos investigados. Así se comenzaría a investigar a los civiles que  fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico, como sostuvieron los querellantes.
 

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Ofrecen recompensa para detener al represor Marcelo Courtaux

El pasado 25 de abril el represor Marcelo Cinto Courtaux fue declarado en estado de rebeldía por la jueza Federal de San Martín Alicia Vence, junto al represor Alberto Daniel Sotomayor porque el 22 de abril se allanaron sus domicilios sin resultados positivos. La jueza lo hizo a pedido del fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordás, en el marco de la causa Nº 4012 caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.”, más conocida como "la causa Contraofensiva Montonera" 

Ahora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrece una recompensa de $500.000 al que brinde información útil para detener a Marcelo Cinto Courtaux de 66 años, quien fue jefe de la Primera Sección de Ejecución perteneciente al Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y es el único de los militares imputados en eta causa por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer que está en actividad.

En esta causa hay 13 represores imputados de delitos de lesa humanidad entre 1979 y 1981, como 85 desapariciones y 20 secuestros. Por ahora algunos están detenidos con arresto domiciliario; son Roberto Dambrosi, el ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601; Eduardo Eleuterio Ascheri, ex jefe de la división Planes del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares; Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín y ex jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; Carlos Alfredo Carpani Costa ex  jefe del departamento de Inteligencia  del Comando de Instituto Militares Raúl Muñoz, ex intendente interventor de  la localidad de Florencio Varela y ex jefe del Departamento Personal del Estado Mayor; Jorge Eligio Bano, ex jefe de la división Operaciones del Departamento de Inteligencia del Comando Instituto Militares y Carlos Blas Casuccio ex Segundo Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. También está detenido y procesado Jorge Norberto Apa, ex jefe de la división Inteligencia Subversiva Terrorista del departamento de Interior de la Jefatura II de Inteligencia; es importante tener en cuenta que este represor siguió actuando hasta hace poco como si siguiera en la "división Inteligencia Subversiva Terrorista", ya que es uno de los que colaboró con el coronel Eduardo De Casas en la defensa del genocida Videla en la causa por el asesinato de monseñor Angelelli, en la provincia de La Rioja; Apa estuvo participando en preparar un expediente paralelo, con papeles y fotos de Angelelli, para sostener la versión del “accidente fatal”.

Cuatro están prófugos y son Courtaux, Sotomayor, Mario Guillermo Ocampo y Luis Ángel Firpo, este último nunca fue localizado y en febrero pasado se lo citó en una dirección errónea. Por su parte Alfredo Sotera (ex Jefe del Destacamento de Inteligencia 121) está libre por problemas de salud. 

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Comienza juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

Este jueves 23 de agosto comienza en San Martín el juicio oral por los crímenes cometidos en el Ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín integrado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone tiene como acusados a los genocidas Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guarañabens Perelló, entre otros. El juicio acumula tres causas en las que se investigan violaciones de los derechos humanos de 20 víctimas. Los genocidas son investigados por los delitos de privación Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y apropiación de menores de edad, entre otros. 

En la amplia extensión de Campo de Mayo funcionaron cuatro Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: El Campito, La casita, Encausados y el hospital militar donde funcionaba una maternidad clandestina. Este complejo del terror fue uno de los más grandes CCDTyE que puso en marcha el terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar. 

Además de Riveros y Bignone, jefes de Campo de Mayo, estará por primera vez en el banquillo Carlos Tomás Macedra, torturador que fuera reconocido por un conscripto como jefe de operativo. 

Además se encuentran imputados Luis Sadí Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares; Carlos Eduardo José Somoza, oficial de inteligencia y torturador de “El Campito”; Eduardo Oscar Corrado, del comando de Institutos Militares; los gendarmes Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, ambos jefes de la custodia del “Campito”. Por la apropiación de Laura Catalina de Santis serán juzgados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, oficial de inteligencia del Batallón 601 y su mujer María Francisca Morillo. 

El debate, que contará con el acompañamiento de las organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sindicales y sociales, se llevará a cabo en la sala de audiencias ubicada en Pueyrredon 3728, localidad de San Martín. Desde la Secretaría de Derechos Humanos exigimos cárcel para los asesinos que están en el banquillo.

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