Condenas a seis represores en otro juicio por los crímenes en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer hoy su veredicto en  el undécimo Juicio oral por delitos de lesa humanidad de la megacausa Campo de Mayo. En este juicio se investigaron los allanamientos ilegales, los casos de robo agravado y los secuestros, tormentos  y desapariciones,  en perjuicio de 60 víctimas, la mayoría obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre y de las empresas ceramistas Porcelanas Lozadur y Cattáneo, también de la zona norte del Gran Buenos Aires.
 

 

El tribunal condenó por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al genocida Santiago Omar Riveros; a  23 años de prisión al genocida Reynaldo Benito Bignone; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a  Eugenio Guañabens Perelló y nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. Fueron absueltos los ex prefectos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado, estas absoluciones despertaron la indignación de los familiares y sobrevivientes presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.

Graciela Villalba una de las hijas de Mauricio Villalba obrero de ASTARSA desaparecido, dijo en su testimonio que: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 pidiendo justicia", a su padre lo secuestraron el 25 de mayo de 1976, a las 2.30 de la madrugada, cuando los represores entraron a su casa pateando la puerta, lo golpearon frente a sus cinco chicos menores y se lo llevaron. Esa misma noche fueron secestrados otros siete obreros navales. 

El Tribunal integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, resolvió también girar copia de las actuaciones en este juicio oral al juzgado de primera instancia, para que, como pidieron  los querellantes y los fiscales, se investiguen las responsabilidades de las autoridades empresariales de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos investigados. Así se comenzaría a investigar a los civiles que  fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico, como sostuvieron los querellantes.