Novedades en juicos por crímenes de lesa humanidad

CNU: en Mar del Plata comienzan a juzgar al exfiscal Demarchi y otros miembros de la banda.

Ex fiscal Demarchi

El lunes 1° de junio los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata llevaron adelante la audiencia preliminar para comenzar a juzgar, por crímenes de lesa humanidad, a once represores, 10 civiles y a uno que es exmilitar (Fernando Alberto Otero), quienes integraban la agrupación paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU). En esa audiencia preliminar hubo un planteo de la fiscal federal Laura Mazzaferri - quien está acompañada por el fiscal de Distrito Daniel Adler y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero- que se opuso  a que el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi (no confundirlo con el genocida Gustavo Ramón De Marchi, leer más adelante) y José Luis Granel ejerzan su propia defensa e interroguen a las víctimas de sus delitos. El tribunal  rechazó el planteo y la Fiscalía anunció que irá a la Cámara de Casación.
 

Guillermo Enrique Videla, una de las víctimas

Demarchi está imputado como jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de los cinco homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos el 21 de marzo de 1975; en la instrucción se acusó que los represores de la CNU operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal  de Demarchi y con apoyo policial (ver notas anteriores). En la auduencia del pasado lunes, la fiscal  Mazzaferri argumentó que la autodefensa del ex fiscal pondría en situación de “revictimización” a las víctimas que acudan como testigos y que Demarchi “ha realizado innumerables planteos dilatorios, lo cual se representa con la continua reedición, durante la instrucción, de los mismos planteos bajo distintos prismas”; a esto el fiscal Adler, agregó que Demarchi se había fugado a Colombia en medio del proceso, hasta que se logró la  extradición.

 

Los otros acusados son Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo,  Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel, se los juzgará por asociación ilícita para cometer secuestros y asesinatos en 1975, otras de sus víctimas fueron Daniel Gasparri,  Jorge Alberto Stoppani y María del Carmen Maggi.

Se puede recordar que la Concentración Nacional Universitaria surgió en 1967 en la ciudad de La Plata, que en 1971 ya actuaba el Mar del Plata y en diciembre de 1971 la CNU cometió su primer asesinato ahí, cuando atacaron a tiros y cadenazos a estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata que estaban realizando una asmblea y mataron a Silvia Fille e hirieron a otros. En este hecho y en todos los posteriores la policía los dejó hacer.
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Apartaron a dos jueces custionados en bahía Blanca
 

Santiago Ulpiano Martínez

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura decidió por mayoría el apartamiento de los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y se propuso designar a un juez subrogante de acuerdo con las normas vigentes, a la vez se nombró provisoriamente al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.  Esto deberá ser ratificado por el Consejo en pleno el próximo 18 de junio.
 

La comisión analizó un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca  por cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y de organismos de derechos humanos a estos dos jueces Ad hoc por demorar causas u obstaculizar investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El 5 de junio de 2012 renunció el juez relacionado con los represores Alcindo Álvarez Canale, desde entonces Ulpiano Martínez subroga el juzgado 1, y ya tiene ocho denuncias de mal desempeño en su contra desde el 2013, por ejemplo negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, posibilitar la fuga del represor excoronel Carlos Alberto Arroyo, favorecer al excapellán Aldo Omar Vara en su fuga, rechazar el pedido de extradición a Francia del genocida Alfredo Astiz y rechazar los pedidos de indagatoria al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y a Mario Gabrielli, el jefe de redacción en los '70.

En junio del 2014 Martínez pidió una licencia para no actuar en la causa del cura prófugo Aldo Vara y fue reemplazado por  Álvaro Coleffi (uno de los secretarios del juzgado). A pesar de la corporación judicial bahiense Coleffi avanzó en causas de lesa humanidad como las del cura  Vara, indagó al arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti  y también a Vicente Massot. Por todo esto la corporación judicial de  Bahía Blanca apartó a Coleffi en diciembre del 2014 de esas causas y se nombró al abogado Claudio Pontet al frente del juzgado, finalmente en mayo pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca decidió cesantear a Coleffi (ver notas anteriores). Como juez Ad hoc Claudio Pontet rápidamente dictó la falta de mérito a Vicente Massot en la causa por los asesintos de los trabajadores del diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ahora se lo va a apartar a Pontet del juzgado porque la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sostuvo que su nombramiento por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Por su parte Martínez volvería a ser secretario del juzgado 2.

El abogado Pontet y Vicente Massot

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Denuncian nuevamente a Milani en La Rioja

Oscar Schaller, presentó en la Fiscalía federal de La Rioja  una querella penal contra el jefe del Ejército, teniente general César Milani, por el supuesto delito de genocidio.
El  ex prisionero político Oscar Schaller estuvo detenido un mes en el centro clandestino de detención (CCC) que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, y sostuvo, en declaraciones  en la radio La Red, que  “A mí me secuestran de mi casa uniformados entre 10 y 15 personas y recién después de 30 días, y cuando me estaban por liberar se me acerca una persona como intimando conmigo y me dice, como estás, te hicieron algo?, ahora te vas. Y yo lo identifico como Cesar Milani” y agregó  “Él tenía 21 años, yo tenía 19. No ignoro las demás denuncias que hay, obviamente incluida la de mi padre, la de Olivera, la de la familia Ledo y uno toma en cuenta todo eso. Pero yo no puedo hacer una evaluación objetiva.” y sobre la participación de Milani en los secuestros y torturas, Schaller explicó: “Yo no estoy en condiciones de hablar"


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Loma Negra: continúa la investigación de la reponsabilidad de sus directivos y cómplices en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.

El fiscal federal Walter Ernesto Romero, solicitó al juez federal de Azul Martín Bava las indagatorias de 18 personas por el secuestro de seis trabajadores de la cementera Loma Negra el 20 de julio de 1976, en la ciudad de Olavarría.  

En marzo de 2012 el Tribunal Oral Federal De Mar del Plata, condenó a los responsables materiales del asesinato del  abogado laboralista Carlos Moreno, hecho ocurrido en mayo de 1977, y entonces se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por su participación de la misma en el secuestro y el asesinato,  luego, en la instrucción, se sumó el secuestro de esos seis trabajadores en julio de 1976.   

Carlos Moreno

Entre las indagatorias que el fiscal Romero pidió, están los entonces jefes militares de la zona, como  Ignacio Aníbal Verdura y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Entre los directivos de Loma Negra que fueron responsables pero que fallecieron estaban Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky.
Además de diversos testimonios entre las evidencias presentadas esta la documentación de la empresa Loma Negra analizada por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), de la Procuración General de la Nación. la OFINEC determinó que la empresa logró grandes beneficios con el golpe cívico-militar y  redujo significativamente sus costos en materia de indemnizaciones.
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Continuará en la justicia federal de  Capital Federal la investigación por la fuga de los genocidas Olivera y De Marchi.

El 19 de mayo la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó la resolución del del juez Claudio Bonadio (Juzgado Federal N°11) y ordenó que la investigación de la fuga de los ex militares genocidas condenados Gustavo Ramón De Marchi (no confundir con el exfiscal Demarchi) y Jorge Antonio Olivera no pase a la justicia federal de San Juan y continúe en el ámbito del fuero federal de Capital Federal; como lo había solicitado oportunamente el fiscal federal Leonel Gómez Barbella. 

La fuga ocurrió en el Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013, y la resolución lleva las firmas de los camarístas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes dijeron que  “Resulta indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar, esto es en el radio de esta ciudad, puesto que amén de una cuestión territorial deben considerarse razones de conexidad con la causa n° 9744/14 en la que se investiga a los responsables del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la fuga se produjo precisamente en el contexto de una omisión de la diligencia debida de esos funcionarios”. Olivera y De Marchi fueron condenados en San Juan en julio del 2013 por delitos de lesa humanidad y se fugaron pocos días después en la Capital Federal (ver notas anteriores y la actuación del  juez Rago Gallo). Como se dice en el fallo, en otras causas están investigados penitenciarios y personal del hospital que habrían favorecido la fuga

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Avanza la defensa corporativa de la justicia de Bahía Blanca

La Corporación judicial bahiense actúa para evitar que se investigue a los civiles que actuaron junto a los represores militares.

Primeron lo echaron al juez que se metió con La Nueva Provincia y con la Iglesia

Hace 10 días Alvaro Coleffi, el juez que investigó a Vicente Gonzálo Massot, fue cesanteado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. En el tiempo que fue juez federal subrogante de Bahía Blanca, Coleffi también pidió la extradición al Paraguay del capellán prófugo Aldo Vara y procesó al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrirlo y procesó a Hugo Sierra l ex secretario del Juzgado Federal nº 1en la dictadura civico militar. Pero todo esto fue demasiado para los miembros de la corporación judicial bahiensel, entonces año pasado el otro juez federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez  y  el secretario de derechos humanos del Juzgado Federal 1, Mario Fernández Moreno, armaron una causa al denunciarlo por filtrar a la prensa local las escuchas telefónicas de la causa contra Juan Suris, un supuesto narco. Ahora la Cámara Federal tomó esta denuncia no probada y decidió cesantear al juez Álvaro Coleffi en el expediente que investiga a ese presunto narcotraficante. A la vez, en la causa en la que se está investigando a  Vicente Massot como "coautor" de los asesinatos de  Enrique Heinrich y Miguel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, la familia judicial bahiense actuó rápido y a esa acusación muy difícil  de comprobar de la filtración de información, le agregaron otra imputación que parece bastánte tosca y grotesca, ya que acusaron al juez Coleffi de ser parcial porque se reunía con los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia (?), como si un juez no puede relacionarse con los fiscales. Este argumento  de supuesta “violencia moral”, fue tomado de inmediato por la defensa de Massot y Colefffi dio un paso al costado para que no se terminara cuestionando al expediente. Pero esto no impidió que el abogado Claudio Pontet al ser nombrado juez subrogante en remplazo de Coleffi, rápidamente declarara la falta de mérito "por ausencia de elementos de cargo suficientes" del empresario periodístico Massot, logrando su impunidad. Esto lo hizo a pesar que Pontet  estaba cuestionado y había sido recusado por haber tenido estrechos vínculos con represores imputados por delitos de lesa humanidad; por ejemplo, entre otros casos defendió a su tío ginecólogo, Jorge Rubén Pontet, que estaba acusado de vender un bebé nacido en 1976,.

Miguel Palazzani y José Nebbia

Ahora quieren desplazar a los fiscales que avanzaron en la investigación de la complicidad civil.

Vicente Massot

En el momento de la cesantía de Coleffi, el fiscal José Nebbia le dijo a Infojus Noticias que eso era “un claro mensaje de disciplinamiento brutal de la Justicia bahiense”. Pero ahora lo atacan y quieren echar de Bahía Blanca a él y a Miguel Ángel Palazzani, el otro fiscal federal ad hoc en las causas de delitos de lesa humanidad de Bahía Blanca. Así ayer, 18 de mayo, el juez federal subrogante (desde el 2009), Santiago Ulpiano Martínez, arremetió contra los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani al decidir anular la resolución de la Procuración General de la Nación del 2013, por la cual se designó como fiscales federales ad hoc en las causas de delitos de lesa humanidad a Palazzani y a Nebbia. Este último declaró ayer en la Radio Nacional bahiense que lo de Martínez contra ellos no es nuevo, dijo que “Iniciamos nuestra labor en 2013 en relación a la actuación del padre Vara en uno de los centros clandestinos de detención con chicos del secundario torturados y entonces Martínez nos dijo que no. Luego para que se investigue a La Nueva Provincia y sus dueños sobre su papel en la dictadura y nos volvió a decir que no. Y en tercer lugar, que se investiguen y se juzguen los delitos sexuales y Martínez otra vez se negó incluso afirmando que no eran parte del plan crimina...nosotros vamos a apelar esta resolución y la comunicamos al Consejo de la Magistratura. Entendemos que no es ni más ni menos la continuación de una conducta que venimos denunciando desde el año pasado”. HIJOS Bahía Blanca repudió la decisión del juez Martínez, de anular la resolución de la Procuración  del 2013. Es muy improbable que esta anulación prospere, porque la Procuración siempre nombró fiscales ad hoc y además Palazzani fue nonbrado fiscal general por unanimidad del Senado.

Pero esas que nombró Nebbia no son las únicas causas de su persecución, en abril pasado pidieron la detención e indagatoria del ex juez de Bahía Blanca Francisco Bentivegna, quien fue titular del Juzgado en lo Penal N°2; a Bentivegna se le imputa ser coautor de crímenes de lesa humanidad contra al menos 22 víctimas. También el mes pasado pidieron la detención del ex juez Laurentino Pedro Duartey del ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz por dar cobertura a los represores en Neuquén y Río Negro, y se ordenaron allanamientos para buscarlos y, hace unos días, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que está juzgando a represores de la Armada, hizo lugar en forma parcial al pedido de los fiscales Nebbia y  Palazzani para que 19 de los 25 marinos y prefectos imputados, sean indagados por delitos sexuales. En marzo los fiscales apelaron el sobreseimiento por parte del juez Claudio Pontet a Hugo Sierra, ex secretario del juez de la dictadura civico militar Guillermo Madueño, que estaba acusado de acusado de falsear ideológicamente el acta de la declaración indagatoria a un preso político labrada en abril de 1978 en la cárcel de Rawson en Chubut.

Además hoy comienza el juicio por la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver, ante el Tribunal Oral Federal N°5  de Capital Federal en el que están imputados los apropiadores Juan Carlos Lavia y Serafina Susana Marchese y el médico que firmó la partida de nacimiento falsa, Francisco Vicente De Luca, en este juicio Palazzani es el fiscal general.

 

Estas son algunas de las razones por las cuales los miembros de la corporación judicial quieren expulsar de bahía Blanca a estos fiscales, para portegerse ellos y a sus cómplices civiles.

Ulpiano Martínez

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