Dos jueces subrogantes bahienses fueron apartados del cargo

Ayer, jueves 18, el Consejo de la Magistratura no  renovó en sus cargos como jueces subrogantes del Juzgado Federal de Bahia Blanca N° 1, al abogado Claudio Pontet y al secretario del juzgado Santiago Ulpiano Martínez.  Los fiscales bahienses Miguel Palazzani y José Nebbia, organismos de derechos humanos y querellantes  en causas por  crímenes de lesa humanidad, algunas de las cuales  implican a civiles,  los habían denunciado a ambos por obstaculizar el avance de esos procesos judiciales. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca ya había recusado la designación de Claudio Pontet, y luego que este firmó el sobreseimiento de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el fiscal  Palazzani dijo que "en su resolución el juez Pontet hace lo que se tenía que hacer y para lo que fue designado, defender a Massot".

Claudio Pontet

Ulpiano Martínez

 

Las causas que obstaculizaban Martínez y Pontet implicaban además de Vicente Massot y el diario, al ex secretario judicial Hugo Sierra y al ex capellan Aldo Vara y varias causas  por crímenes de lesa humanidad que implicaban a represores de la Armada y el Ejército.
 

En el Consejo de la Magistratura se votó por no ratificar esas designaciones de la Cámara Federal de Bahía Blanca y por aprobar la designación como subrogante del Juzgado N° 1 de Bahia Blanca, a Alejo Ramos Padilla, actual juez Federal de Dolores. El voto fue dividido (6 a 6), por lo que debió definir la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez.
 

Entre el público estaban, Estela de Carlotto, y Rosa Roisinblit; el diputado Horacio Pietragalla, miembros de organizaciones de derechos humanos como HIJOS, de la APDH seccional Bahía Blanca y Capital; Hugo Cañón, de la Comisión Provincial por la Memoria, distintos fiscales que actúan en causas o procuradurías especializadas como Pablo Parenti y Jorge Auat, y la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rebori.

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Avanza la defensa corporativa de la justicia de Bahía Blanca

La Corporación judicial bahiense actúa para evitar que se investigue a los civiles que actuaron junto a los represores militares.

Primeron lo echaron al juez que se metió con La Nueva Provincia y con la Iglesia

Hace 10 días Alvaro Coleffi, el juez que investigó a Vicente Gonzálo Massot, fue cesanteado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. En el tiempo que fue juez federal subrogante de Bahía Blanca, Coleffi también pidió la extradición al Paraguay del capellán prófugo Aldo Vara y procesó al arzobispo Guillermo Garlatti por encubrirlo y procesó a Hugo Sierra l ex secretario del Juzgado Federal nº 1en la dictadura civico militar. Pero todo esto fue demasiado para los miembros de la corporación judicial bahiensel, entonces año pasado el otro juez federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez  y  el secretario de derechos humanos del Juzgado Federal 1, Mario Fernández Moreno, armaron una causa al denunciarlo por filtrar a la prensa local las escuchas telefónicas de la causa contra Juan Suris, un supuesto narco. Ahora la Cámara Federal tomó esta denuncia no probada y decidió cesantear al juez Álvaro Coleffi en el expediente que investiga a ese presunto narcotraficante. A la vez, en la causa en la que se está investigando a  Vicente Massot como "coautor" de los asesinatos de  Enrique Heinrich y Miguel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, la familia judicial bahiense actuó rápido y a esa acusación muy difícil  de comprobar de la filtración de información, le agregaron otra imputación que parece bastánte tosca y grotesca, ya que acusaron al juez Coleffi de ser parcial porque se reunía con los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia (?), como si un juez no puede relacionarse con los fiscales. Este argumento  de supuesta “violencia moral”, fue tomado de inmediato por la defensa de Massot y Colefffi dio un paso al costado para que no se terminara cuestionando al expediente. Pero esto no impidió que el abogado Claudio Pontet al ser nombrado juez subrogante en remplazo de Coleffi, rápidamente declarara la falta de mérito "por ausencia de elementos de cargo suficientes" del empresario periodístico Massot, logrando su impunidad. Esto lo hizo a pesar que Pontet  estaba cuestionado y había sido recusado por haber tenido estrechos vínculos con represores imputados por delitos de lesa humanidad; por ejemplo, entre otros casos defendió a su tío ginecólogo, Jorge Rubén Pontet, que estaba acusado de vender un bebé nacido en 1976,.

Miguel Palazzani y José Nebbia

Ahora quieren desplazar a los fiscales que avanzaron en la investigación de la complicidad civil.

Vicente Massot

En el momento de la cesantía de Coleffi, el fiscal José Nebbia le dijo a Infojus Noticias que eso era “un claro mensaje de disciplinamiento brutal de la Justicia bahiense”. Pero ahora lo atacan y quieren echar de Bahía Blanca a él y a Miguel Ángel Palazzani, el otro fiscal federal ad hoc en las causas de delitos de lesa humanidad de Bahía Blanca. Así ayer, 18 de mayo, el juez federal subrogante (desde el 2009), Santiago Ulpiano Martínez, arremetió contra los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani al decidir anular la resolución de la Procuración General de la Nación del 2013, por la cual se designó como fiscales federales ad hoc en las causas de delitos de lesa humanidad a Palazzani y a Nebbia. Este último declaró ayer en la Radio Nacional bahiense que lo de Martínez contra ellos no es nuevo, dijo que “Iniciamos nuestra labor en 2013 en relación a la actuación del padre Vara en uno de los centros clandestinos de detención con chicos del secundario torturados y entonces Martínez nos dijo que no. Luego para que se investigue a La Nueva Provincia y sus dueños sobre su papel en la dictadura y nos volvió a decir que no. Y en tercer lugar, que se investiguen y se juzguen los delitos sexuales y Martínez otra vez se negó incluso afirmando que no eran parte del plan crimina...nosotros vamos a apelar esta resolución y la comunicamos al Consejo de la Magistratura. Entendemos que no es ni más ni menos la continuación de una conducta que venimos denunciando desde el año pasado”. HIJOS Bahía Blanca repudió la decisión del juez Martínez, de anular la resolución de la Procuración  del 2013. Es muy improbable que esta anulación prospere, porque la Procuración siempre nombró fiscales ad hoc y además Palazzani fue nonbrado fiscal general por unanimidad del Senado.

Pero esas que nombró Nebbia no son las únicas causas de su persecución, en abril pasado pidieron la detención e indagatoria del ex juez de Bahía Blanca Francisco Bentivegna, quien fue titular del Juzgado en lo Penal N°2; a Bentivegna se le imputa ser coautor de crímenes de lesa humanidad contra al menos 22 víctimas. También el mes pasado pidieron la detención del ex juez Laurentino Pedro Duartey del ex fiscal Víctor Marcelo Ortiz por dar cobertura a los represores en Neuquén y Río Negro, y se ordenaron allanamientos para buscarlos y, hace unos días, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que está juzgando a represores de la Armada, hizo lugar en forma parcial al pedido de los fiscales Nebbia y  Palazzani para que 19 de los 25 marinos y prefectos imputados, sean indagados por delitos sexuales. En marzo los fiscales apelaron el sobreseimiento por parte del juez Claudio Pontet a Hugo Sierra, ex secretario del juez de la dictadura civico militar Guillermo Madueño, que estaba acusado de acusado de falsear ideológicamente el acta de la declaración indagatoria a un preso político labrada en abril de 1978 en la cárcel de Rawson en Chubut.

Además hoy comienza el juicio por la apropiación de Florencia Laura Reinhold Siver, ante el Tribunal Oral Federal N°5  de Capital Federal en el que están imputados los apropiadores Juan Carlos Lavia y Serafina Susana Marchese y el médico que firmó la partida de nacimiento falsa, Francisco Vicente De Luca, en este juicio Palazzani es el fiscal general.

 

Estas son algunas de las razones por las cuales los miembros de la corporación judicial quieren expulsar de bahía Blanca a estos fiscales, para portegerse ellos y a sus cómplices civiles.

Ulpiano Martínez

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El juez que dejó en libertad a Massot permitió la salida del país a una acusada de crímenes de Lesa Humanidad

Juez subrogante Santiago Martínez

El juez subrogante Santiago Martínez, quien había resuelto no hacer lugar al pedido de detención de Aldo Vara y Vicente Massot, permitió viajar a París a Gloria Girotti, civil investigada por crímenes de Lesa Humanidad. Girotti, durante la dictadura, era secretaria del juzgado federal número 1 durante la dictadura, a cargo del fallecido y procesado Guillermo Madueño. Girotti está señalada por su participación en interrogatorios bajo tortura y tiene prohibida la salida del país desde 2012 y a comienzos de este año le fue diagnosticado un cáncer de mama. El viaje fue recomendado por el ex marino y psiquiatra Eduardo Mata para reducir los "niveles de incertidumbre" de la paciente.

Martínez también otorgó una medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que favoreció al Grupo Clarín. Además emitió una resolución mediante que fragmentó en tres causas distintas las investigaciones acerca de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por militares y civiles en Bahía Blanca y la región. De esta manera, contrariando la tendencia a la acumulación de causas para agilizar el proceso judicial, ralentizó la marcha de la justicia en relación a los crímenes del Terrorismo de Estado cometidos en la zona.

Fuente: Agencia Paco Urondo 

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El juez Santiago Ulpiano Martínez rechazó el pedido de detención de Massot

La semana pasada el juez federal subrogante de Bahía Blanca, Santiago  Ulpiano Martínez rechazó el pedido de los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, Miguel Palazzani y José Nebbia para indagar y detener a Vicente Massot, director del matutino la Nueva Provincia, y del ex jefe de redacción, Mario Gabrielli, por su vinculacion a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico militar. Entre las pruebas reunidas por los fiscales están las que vinculan a los directivos con los secuestros y homicidios de los operarios gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, y, entre notas y editoriales, se publicaron fotos de detenidos que estuvieron por el centro clandestino de detención  La Escuelita", que estaba dentro del V Cuerpo del Ejército.

Santiago Ulpiano Martínez es un secretario nombrado por sorteo en el 2009 como subrogante del juzgado federal nº2 de Bahía Blanca y luego, en junio del 2012, designado ad-hoc por la Cámara Federal en el juzgado nº1 por la renuncia del juez Alvarez Canale. Recientemente Martinez también rechazó detener  a Aldo Vara, el ex capellán del V Cuerpo del Ejército, acusado de complicidad con los miltares genocidas.

En conferencia de prensa Palazzani declaró que "esta resolución va en línea con la consagración de una impunidad y una manera de no abordar justamente el fenómeno criminal que hace a la pata civil de la dictadura acá en Bahía Blanca", y que el juez "no tiene fundamentos, y no aborda ni se hace cargo del cúmulo de pruebas que lo hemos puesto de manifiesto en la requisitoria".

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Adherimos al pronunciamiento de HIJOS y organismos de DDHH ante el pedido de detención de Massot, cómplice civil de la dictadura

La lucha del pueblo y la decisión política del Estado hicieron posible que Bahía Blanca viva una realidad nueva: se terminó la impunidad y los partícipes de los delitos de lesa humanidad empiezan a tener Juicio y Castigo. La Nueva Provincia fue parte del aparato civil de la última dictadura cívico-militar. El pedido de la Unidad Fiscal para que el Poder Judicial avance sobre los responsables de ese órgano de propaganda del terrorismo de Estado que todavía sigue haciendo apología de esos delitos de lesa humanidad, es un paso histórico.

Dos obreros gráficos del Sindicato de Artes Gráficos que trabajaban en el diario La Nueva Provincia fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Se trata de Enrique Heinrich, quien era maquinista en la rotativa y secretario del Sindicato, y Miguel Ángel Loyola, estereotipista y tesorero. Ambos fueron secuestrados, torturados y fusilados. Tres meses antes de ser asesinados, sus nombres encabezaron una lista de Prefectura sobre “personal a ser RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (La Nueva Provincia). El año pasado terminó el primer juicio a genocidas en Bahía Blanca con un fallo ejemplar en el que, entre otras cosas, se ordenó la investigación del Directorio de ese medio de prensa por su participación en delitos de lesa humanidad. A partir de esto, los fiscales Nebbia y Palazzani pidieron la detención e indagatoria de Vicente Massot, propietario y director, y de Mario Gabrielli, ex secretario de redacción.

“No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, sostuvieron los fiscales en el pedido de detención. Asimismo, sostuvieron que Massot tuvo “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. 

Este paso histórico para terminar con la impunidad de los Massot merece todo nuestro apoyo y nos convoca a seguir militando por el Juicio y Castigo para todos los genocidas. Esperamos que el juez federal Sergio Martínez procesada de inmediata sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal para seguir fortaleciendo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. 

H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Comunicado de prensa - 11/5/2013

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