Dos jueces subrogantes bahienses fueron apartados del cargo

Ayer, jueves 18, el Consejo de la Magistratura no  renovó en sus cargos como jueces subrogantes del Juzgado Federal de Bahia Blanca N° 1, al abogado Claudio Pontet y al secretario del juzgado Santiago Ulpiano Martínez.  Los fiscales bahienses Miguel Palazzani y José Nebbia, organismos de derechos humanos y querellantes  en causas por  crímenes de lesa humanidad, algunas de las cuales  implican a civiles,  los habían denunciado a ambos por obstaculizar el avance de esos procesos judiciales. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca ya había recusado la designación de Claudio Pontet, y luego que este firmó el sobreseimiento de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el fiscal  Palazzani dijo que "en su resolución el juez Pontet hace lo que se tenía que hacer y para lo que fue designado, defender a Massot".

Claudio Pontet

Ulpiano Martínez

 

Las causas que obstaculizaban Martínez y Pontet implicaban además de Vicente Massot y el diario, al ex secretario judicial Hugo Sierra y al ex capellan Aldo Vara y varias causas  por crímenes de lesa humanidad que implicaban a represores de la Armada y el Ejército.
 

En el Consejo de la Magistratura se votó por no ratificar esas designaciones de la Cámara Federal de Bahía Blanca y por aprobar la designación como subrogante del Juzgado N° 1 de Bahia Blanca, a Alejo Ramos Padilla, actual juez Federal de Dolores. El voto fue dividido (6 a 6), por lo que debió definir la presidenta del organismo, Gabriela Vázquez.
 

Entre el público estaban, Estela de Carlotto, y Rosa Roisinblit; el diputado Horacio Pietragalla, miembros de organizaciones de derechos humanos como HIJOS, de la APDH seccional Bahía Blanca y Capital; Hugo Cañón, de la Comisión Provincial por la Memoria, distintos fiscales que actúan en causas o procuradurías especializadas como Pablo Parenti y Jorge Auat, y la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rebori.

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Quince genocidas condenados a perpetua por los crímenes que cometieron en "la Cacha"

Ayer les dictaron la sentencia a Prisión Perpetua por genocidio a Miguel Osvaldo Etchecolatz (ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense), Jaime Lamont Smart (ex juez del “Camarón”, la Cámara Federal porteña  y ex ministro de facto de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Adolfo Cacivio, Héctor Raúl "El Oso" Acuña, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Horacio Elizardo Luján, Miguel Ángel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale y Julio César "El Gordo" Garachico; además, condenaron a 12 años de prisión a Juan Carlos Herzberg y a 13 años a Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande. A todos se los encontró culpables de los crímenes de lesa humanidad de homicidio, tormentos, privación ilegítima de la libertad a unas 128 víctimas y retención y ocultamiento de menores de 10 años. En un juicio oral que comenzó el miércoles 18 de diciembre del año pasado, los 19 fueron condenados por unanimidad por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, quienes absolvieron a Luis Orlando Perea, como también había pedido la fiscalía. En tanto las querellas solicitaron perpetua para casi todos incluido Perea.

El centro clandestino de detención (CCD) "la Cacha", fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército, estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata,  en terrenos de la Unidad Carcelaria Número 1, conocido como penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. Estuvo operativo desde fines de 1976 a 1978 y además se lo utilizó como una maternidad clandestina para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas; "la Cacha" tuvo la particularidad que allí se combinaron distintas fuerzas represivas, por eso entre los condenados hay ex militares, ex policías, ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, ex marinos y ex PCI. En este CCD fueron retenidas y torturadas al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 sobrevivieron y de otras 15 se desconoce el destino que sufrieron; también se estima que ahí nacieron al menos 9 niños mientras sus madres estaban cautivas, a los que luego les robaron la identidad, como a Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y a Natalia Suárez. El edificio fue destruido completamente en la dictadura, para que no queden evidencias de los crímenes que se cometieron.

Un caso tratado en este juicio oral y muy difundido recientemente es el de  Laura Carlotto, la hija Estela, ella estuvo detenida- desaparecida embarazada en "La Cacha", y es la madre de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto recuperado 114, quien habría nacido en junio de 1978. 

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