Gauto un represor que continúa impune

El represor Teodoro Aníbal Gauto fue agente de Inteligencia del Batallón 601 y actuó  en el centro calndestino de  La Cacha. Está prófugo de la justicia argentina, pero desde el año 2003 vive en  Israel y como ciudadano, gracias al origen judío de su esposa Silvia Ester Cherñak y  el beneficio de la “Ley del Retorno”.  Esto se sabía desde antes pero se hizo público  el 19 de febrero de este año por medio de  un informe difundido por el Canal 1 de la televisión israeli y realizado por el periodista argentino de nacimiento Shlomo Slutzky.
 

El represor Gauto en el 2003 se cambió la identidad por Yossef Karmel (Nº  de ident. 324634294) y vive en la ciudad de Haifa, antes estuvo en Kiriat Bialik, en el norte del país.
 

Lamentablemente a más de 7 meses de ese hecho (y varios más que se sabe su ubicación), no hay información concreta de que el  juez Laureano Alberto Durand, del Juzgado Federal de La Plata Nro. 1, hubiera reclamado la extradición ni que en el Ministerio del Interior israelí se quiera iniciar un proceso en Israel, para así extraditar al represor; se lo podría expulsar por mentir en la declaración jurada de su solicitud de ciudadanía israelí, porque dijo que no tenía antecedentes penales.
 

Gauto está imputado por los delitos de lesa humanidad de homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores, en la causa en la causa caratulada “Expediente Nº 16.419 “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio...”. En  la sentencia del juicio oral del 2014 por los crímenes en el CCD La Cacha hubo 15 genocidas condenados a perpetua, pero Gauto no estuvo y aún sigue impune.
 

Otros dos hermanos  Rubén Oscar y Néstor Raúl Gauto también eran represores del Batallón 601.

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Terminó el primer juicio en Olavarría con condenas a cuatro represores

Luego de 37 años de lucha por justicia de los sobrevivientes y familiares, terminó el primer juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) de Monte Peloni y en otros de las ciudades de Olavarría, Las Flores y Tandil. Ayer los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, condenaron, por crímenes de lesa humanidad, a prisión perpetua a los represores Aníbal Ignacio Verdura, Omar Antonio "pájaro" Ferreyra y Walter Jorge “vikingo” Grosse. Por su parte el represor Horacio Rubén Leites recibió una condena de sólo ocho años por tormentos y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 21 personas. Además en este juicio se pudo empezar a ver la colaboración y la participación de civiles con la represión ilegal en la ciudad de Olavarría.

Vikingo Grosse y el pájaro Ferreyra

A los cuatro los condenaron los delitos de privación ilegítima de la libertad (sólo los secuestros perpretados entre septiembre y noviembre de 1977), tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los CCD de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, la Brigada de Investigaciones de Las Flores, el establecimiento Monte Peloni (en las sierras Bayas de Olavarría), y en la localidad de Tandil el CCD “La Huerta”, a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada. Todos estos integraban el Área Militar 124, que estaba a cargo del represor Ignacio Aníbal Verdura, quien también era el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques nº2 y del CCD en ese regimiento (Legajo de CONADEP 2556). Entre otros delitos Verdura fue condenado por los asesinatos de  de Jorge Oscar Fernández, Alfredo Maccarini y de los matrimonios de Juan Carlos Ledesma y Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, y de Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres. Hay que recordar que el 24 de mayo de 1986, cuando Verdura era general de Brigada, fue retirado obligadamente por el atentado fallido contra el presidente Raúl Alfonsín.  El tribunal también decidió revocar la prisión domiciliaria de Verdura (en  Santo Tom, Corrientes), y ordenó su “inmediato traslado” al hospital de Ezeiza, ya que "podría conspirar contra la realización" del segundo proceso. En el caso de Ferreyra fue muchos años funcionario municipal como director de Control Urbano, del intendente Helios Eseverri.

Monte Peloni. Imagen: Guadalupe Lombardo

A fines del 2015 se iniciará el juicio oral denominado Monte Peloni II, en el que hay 70 acusados, entre ex militares, ex policías y ex agentes penitenciarios. Carmelo Vinci, sobreviviente y uno de los testigos principales, dijo a Infojus Noticias al terminar la audiencia, que “Lamentablemente este juicio se tuvo que desdoblar, en la segunda parte es en la que Leites está más implicado, como tantos otros que han sido mencionados en esta primera parte". Hace unos meses Araceli Gutiérrez, una de los sobrevivientes de Monte Peloni, le dijo a Página 12 “Tengo parte de familia, compañeros, amigos desaparecidos o muertos. Mi presencia acá es una deuda con ellos... yo era la única mujer en Monte Peloni, me tenían encerrada sola, encapuchada, en uno de los cuartos del fondo, ése que tiene piso de madera”. Años después ella se mudó con su familia al lado del centro clandestino, para cuidar que no lo destruyeran.

Verdura, cuando violó la prisión domiciliaria en el 2010 y cuando torturaba.

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Los 19 juicios de lesa humanidad que se están realizando y los condenados del 2014

La justicia argentina está realizando 17 juicios orales y dos por escrito contra cerca de 300 represores que cometieron delitos de lesa humanidad. Así se investigan más de dos mil (2.000), hechos de secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones, desapariciones o asesinatos. Hasta ahora, en este año 2014,  se condenaron a 72 represores (ver lista al final) en los 15 juicios orales que terminaron y que serán más, porque antes de fin de mes terminarían 5 de los juicios orales que se están desarrollando. Con estos condenados, desde 1983 hasta noviembre de este año, ya suman 561 condenas en 147 juicios por crímenes de lesa humanidad en el país cometidos desde 1974 y hay casi 1.100 detenidos.
Según un informe de octubre pasado, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la cantidad de prófugos asciende a 54, mientras que "se registran dos personas en proceso de extradición, tres con extradición denegada, dos localizadas que aún no han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas extradiciones se concretarán una vez que estas sean cumplidas".
A continuación se presentan las características  los 19 juicios  que se están llevando a cabo y una lista de los condenados durante este año.

Los juicios orales por crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando actualmente son:

En la provincia de Córdoba: MEGACAUSA “LA PERLA” desde el 4/12/12, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, compuesto por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (cuarto juez), lleva la causa Nº 136/09 “MENÉNDEZ LUCIANO BENJAMÍN Y OTROS", que son  18 causas judiciales, que incluyen casos de secuestros, tormentos, violaciones, homicidios y robos de bebes cometidos mayoritariamente en los centros clandestinos de detención conocidos como  La Perla, La Ribera y la D2, contra más de 400 víctimas. Hay 44 represores imputados, además del genocida Menéndez están , entre otros, ACOSTA, Jorge Exequiel, HERRERA, José Hugo, BARREIRO, Ernesto Guillermo, LEMOINE, Miguel Ángel y VERGEZ, Héctor Pedro.

Enla Ciudad autónoma de Buenos Aires CABA: 
1) "MEGACAUSA E.S.M.A. III" o "UNIFICADA" porque abarca las causas 1282, 1349, 1415, 1492, 1510, 1545, 1668, 1689 y 1714, en las que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en los años 1976, 1977 y 1978 y la investigación denominada “Vuelos de la muerte”. Desde el 28/11/12 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, compuesto por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia lleva adelante este juicio en el que están imputados 65 represores por delitos que cometieron a casi 800 víctimas. Algunos de los imputados son: Acosta, Jorge Eduardo, Alemann, Juan Ernesto, Astiz, Alfredo Ignacio, Cavallo, Ricardo Miguel, Donda Tigel, Adolfo Miguel, Pernías, Antonio, Poch, Julio Alberto, Suárez Mason, Carlos Guillermo y Vañek , Antonio.

2) "PLAN CÓNDOR + AUTOMOTORES ORLETTI II" son las causas 1504, 1951 y 1976. Desde el 05/03/13 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo G. Laufer y Ricardo Ángel Basílico (éste último como juez sustituto), juzga a 22 represores imputados, entre los que se encuentran Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Jorge Carlos Olivera Róvere, los delitos de lesa humanidad se cometieron contra 108 víctimas en una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para perseguir y eliminar opositores. Por distintos motivos fueron apartados los represores Diaz Bessone, Luciano Menéndez y Ernesto Alais.

3) "VESUBIO II" El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández, inició 13/02/2014 el segundo juicio por los  delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como el El Vesubio, ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, en la localidad bonaerense de La Matanza; bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason. Están imputados los represores del ejército Gustavo Adolfo Cacivio, Federico Antonio Minucucci, Faustino José Svencionis y Jorge Raúl Crespi, y el ex penitanciario  Néstor Norberto Cendón; por crímenes cometidos a 204 víctimas. está en la etapa de alegatos, se espera sentencia para el próximo 18 de diciembre.


4) "MATERNIDAD CLANDESTINA DEL HOSPITAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO" El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 formado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas juzga, desde el 17/09/2014, los crímenes cometidos contra 8 víctimas por los genocidas Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y los médicos militares  Raúl Eugenio Martín y Norberto Atilio Bianco y la obstetra  Yolanda Arroche de Sala García. Está en etapa de alegatos y se presume que la sentencia será el próximo 22 de diciembre.

En la provincia de San luis.  El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia integrado por los jueces los jueces Marcelo Alvero, José María Pérez Villalobo y Héctor Cortés, Comenzó el 05/11/2013 las audiencias en el proceso en el cual se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, hechos cometidos  en la Ciudad de San Luis y en las localidades puntanas de Villa Mercedes, Quines, Candelaria y Lujan, en perjuicio de 46 víctimas y por los que están imputados 30 represores, pero Luciano Menéndez fue apartado por tener otros dos procesos por crímenes de lesa humanidad en Córdoba y La Rioja. 

En la provincia de Mendoza: "EL JUICIO DE LOS JUECES" . El 17/02/2014, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade,  comenzó el juicio oral por 15 causas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 207 víctimas en esa provincia. Entre los 40 represores imputados figuran ex militares, penitenciarios y policías y están los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Roque Romano. Por su parte el ex juez Gabriel Guzzo fue separado del juicio oral por razones de salud; también fue apartado Luciano Menéndez. Por primera vez, los ataques sexuales serán abordados como un delito con entidad propia en un juicio de estas características e independientemente de las torturas; así se juzgará a algunos de los miembros del centro clandestino en la D2 de la policía provincial, por “Violación agravada por el uso de la fuerza”. 

En Rosario, provincia de Santa Fe. "SAINT AMANT II". El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello juzga desde el 08/04/2014 a 14 represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978, de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio. Estos hechos fueron en perjuicio de 70 víctimas, en el Área Militar 132 con asiento en San Nicolás, jurisdicción militar que comprendía también otras tres localidades bonaerenses San Pedro, Baradero y Pergamino. Algunos de los imputados son Manuel Fernando Saint Amant (a cargo del Área Militar 132 entre los años 1976 y 1977), Edgardo Antonio Mastrandrea, Juan Antonio Benvenutto y Antonio Bossie. Las audiencias se realizan en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.

En la provincia de Buenos Aires: 
1) Localidad de San Martín "MANSIÓN SERÉE II", causa nº 2829. Se lleva a cabo este juicio desde el 26/03/2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín con los jueces Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler. Los imputados son los represores de la aeronáutica y de la policía bonaerense Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Néstor Rubén Oubiña, Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés. Se investigan los delitos de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y homicidios. La mayoría cometidos en el CCD del municipio de Morón conocido como “Mansión Serée" que habría funcionado entre diciembre de 1976 y fines de marzo de 1978, en el ámbito de la Subzona 16 del Primer Cuerpo de Ejército, pero también en la Iª Brigada Aérea de El Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1ª (seccional Morón), 2ª (seccional Haedo) y 3ª de Morón (seccional Castelar).

2) Ciudad de Olavarria "MONTE PELONI". En la Facultad de Ciencias Sociales de la localidad bonaerense de Olavarría, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata comenzó el 22/09/2014 a juzgar los crímenes cometidos en cometidos en el circuito represivo del centro de la Provincia, que comprendía los Centros Clandestinos de Detención (CCD) Comisaría de Olavarría – Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría - Brigada de Investigaciones de Las Flores – Monte Peloni (Sierras Bayas de Olavarría) – CCD “La Huerta” de Tandil (intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada). Los imputados por los crímenes a 21 víctimas son los represores del ejército Ignacio Anibal Verdura, Omar Ferreyra, Walter Grosse y Horacio Rubén Leites. El tribunal está compuesto por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra y el juicio está en etapa de alegatos. Rafael Curtoni, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, denunció que fue amenazado con una carta firmada por un autodenominado Comando Argentino Olavarriense Solidario (CAOS). Para fin de este diciembre se espera que se dicte sentencia.

3) Ciudad de Bahía Blanca "FRACASSI", Causa 1.103 (ex causa 04/07). Desde el 08/07/2014, 25 represores son juzgados por diversos crímenes de lesa humanidad, como privaciones ilegítimas de la libertad, asesinatos y tormentos a 66 víctimas. El juicio oral lo lleva a cabo  el Tribunal Oral  subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca,  integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava. Los que están siendo juzgados son ex militares de la armada y el ejército, ex prefectos y ex policías de la bonaerense, ellos son Alejandro Lawless, Felipe Ayala, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Enrique De León, Victor oscar Fogelman, Eduardo René Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Manuel Martínez Loydi, Domingo Ramón Negrete, Edmundo Oscar Nuñez, Alberto Gerardo Pazos, Víctor Raúl Aguirre, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, y Carlos André Stricker; la mayoría goza de la detención domiciliaria.  En esta causa estuvo prófugo 8 meses el represor Lawless; por su parte Eduardo Morris Girling fue apartado y otros cinco imputados, como el genocida Videla o recientemente Guillermo Félix Botto, murieron sin ser condenados. 
Entre las víctimas de los militares figuran  trabajadores de la Central Termoeléctrica DEBA, de la Junta Nacional de Granos, portuarios y los gráficos del diario bahiense"La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados por los militares el 30 de junio de 1976 y asesinados poco después. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato de Artes Gráficas, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y  era el tesorero de esa organización gremial.

4) Ciudad de Junín. El pasado 26/11/2014 los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, comenzaron el juicio contra siete represores, por los crímenes de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas, cometidos en la localidad de Junín. Los imputados son los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. En este circuito represivo del centro de la Provincia, denominado Subzona 13,  funcionaron tres centros clandestinos de detención (CCD), que fueron la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 (UP13) y el destacamento rural de Morse.

5) Localidad de San Martín. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín  juzga al ex policía federal Adolfo Osvaldo Porcel, acusado de encubrimiento por fraguar un allanamiento para encubrir al represor Víctor Rei, cuando se intentaba determinar la identidad del nieto restituido Pedro Sandoval Fontana; por su apropiación fue condenado Rei en el 2009. Pedro es hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y de Pedro Fabián Sandoval; ambos fueron secuestrados el 1° de julio de 1977. La sentencia será este martes 9 de diciembre, luego de los últimos alegatos.

Provincia de Tucumán, "PENAL DE VILLA URQUIZA", causa 400133/05. Este juicio oral comenzó el 23/09/2014 donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Tucumán juzga los delitos de lesa humanidad a 45 víctimas, de violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, abusos sexuales y homicidios agravados con ensañamiento, cometidos por personal de ese penal de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El tribunal está integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y Hugo Norberto Cataldi (juez sustituto) y los imputados son los ex guardiacárceles Daniel Arturo Alvarez, Ángel Armando Audes, Augusto Wertel Montenegro, Santo González, José Víctor Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela; el ex militar Jorge Omar Lazarte, y el ex policía Roberto Heriberto Albornoz. El genocida Luciano Benjamín Menéndez fue apartado por tener otros juicios en curso. Se espera sentencia para fines de este mes.

Provincia de Jujuy. "PENAL DE VILLA GORRITI". El 6 de noviembre pasado comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que son juzgados 13 represores  por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 88 víctimas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, integrado por los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaráz y Federico Santiago Díaz, investiga los crímenes contra víctimas que  se encontraban privadas ilegítimamente de su libertad en el Centro Clandestino de Detención (CCD)  de la cárcel jujeña de Villa Gorriti. Las víctimas eran trabajadores del Ingenio Ledesma, de la Mina El Aguilar, docentes y comerciantes y los imputados son el ex militar Domingo Horacio Marengo, y los 12 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo Cesar Juárez,  Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc.

Provincia de la Rioja. "DE DIOS MURIS Y LONGUEVILLE II". Desde el 20/11/2014,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Fabián Asís, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, comenzo a juzgar al represor ex militar Ángel Ricardo Pezzetta (ex jefe de Inteligencia de Aeronáutica en Chamical), en el segundo juicio oral por los delitos de  secuestro, tortura y homicidio cometidos a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. También estaba imputado el ex policía de La Rioja Juan Carlos “Bruja” Romero (ex jefe del Departamento de Inteligencia D-2 de la policía provincial), pero falleció en septiembre del 2013.  Ambos religiosos fueron secuestrados en la noche del 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador de la localidad riojana de Chamical, torturados en la Base Aérea y asesinados a unos siete kilómetros en dirección sur desde la ciudad de Chamical por la ruta 38, Como en otros juicios en la Rioja el fiscal es Dario Illanes y son querellantes las abogadas Viviana y Maria Elisa Reinoso, en este caso en representación de María Cristina Murias, la hermana del sacerdote. 

Provincia de Salta. "RAGONE II" El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta comenzó el 02/12/2014, por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la provincia, conformado por los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi. Los imputados son los ex militares Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz (ex  jefes de la Policía de Salta),  los ex policías provinciales Joaquín Guil (ex jefe de Seguridad ), Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, acusados por tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios agravados por alevosía entre otros crímenes de lesa humanidad. Además de la segunda parte de la investigación por el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone,  se investigan los secuestros, tormentos y asesinatos de Lucrecia Eugenia Barquet, César Carlos Martínez Luis Obrero Destello Iñiguez Vásquez, Hugo Maza, Rubén Yáñez Velarde, Mario Amelunge Vargas y Ricardo Munir Falú, entre otros; también el secuestro y posterior asesinato policía retirado Carlos César Martínez.
En este juicio también se iba a juzgar al ex militar Carlos Alberto Mulhall, pero falleció el 24 de noviembre pasado. 

Juicios escritos por crímenes de lesa humanidad, en base al viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, (Ley 2372) de 1888.

En la CABA, causas 15750/08 (EX 14.171/2003 A -7050) iniciada el 05/11/2008 y la causa 4389/10, agregada en 06/2010,  "autores de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años". Es por la apropiación de Laura Ruiz Dameri, la nieta recuperada nº90 en el 2008. Laura era hija de Silvia Beatriz María Dameri y de Orlando Antonio Ruiz, ambos secuestrados junto sus hijos Marcelo y María de las Victorias en mayo de 1980. Los niños recuperaron su identidad en 1990 y en el 2000 respectivamente pero los padres permanecen desaparecidos. Laura nació en agosto de 1980 en "La Huevera" del CCD de la ESMA y fue apropiada por el represor ex prefecto Juan Antonio "Piraña" Azic, quien también se había apropiado de Victoria Donda Perez (nieta recuperada nº79). Están procesados  además de Azic, Oscar Rubén Lanzón (jefe el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la ESMA), el ex médico de la armada Carlos Octavio “Tomy" Capdevila que hizo el certificado de nacimiento de la niña como hija biológica de Azic, el ex director de la ESMA en 1980 Edgardo Aroldo Otero y el ex prefecto Jorge Manuel Díaz Smith quien estuvo prófugo hasta fines del 2009 y fue agregado en el 2010. También estuvo imputado el represor Luis Jorge "ratón" Arias Duval, condenado a prisión perpetua en el 2007 en la causa a los oficiales del Batallón 601 por la denominada "contraofensiva", y que falleció en el 2012 cuando estaba siendo juzgado por 100 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y apropiación de niños, en el juicio al "Circuito Camps" en La Plata.

Provincia de Entre Ríos, "AREA PARANA", Causa Nº7824
Se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la costa oeste entrerriana durante la dictadura cívico-militar. Entre esos delitos se encuentran las desapariciones de Pedro Miguel Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink y Carlos José María Fernández y el asesinato de Juan Alberto Osuna.  Se encuentran procesados los represores Cosme Ignacio Mario Demonte, Jorge Humberto Appiani, Alberto Rivas, Carlos Horacio Zapata, José Anselmo Appelhans (ex director de la cárcel de Paraná),  Rosa Susana Bidinost (ex directora de la cárcel de mujeres de Paraná), Oscar Ramón Obaid y Hugo Mario Moyano (ex médico penitenciario), por delitos de lesa humanidad a 56 víctimas. El genocida Ramón Genaro Díaz Bessone y Luis Francisco Armocida, fueron separados del juicio por razones de salud. 
A fines de noviembre pasado terminaron las declaraciones testimoniales ante el juez Federal Leandro Ríos, quien prorrogó por un año las prisiones preventivas de los imputados, salvo  a Obaid que está excarcelado.
Esta causa se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el proceso ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró poco después por la sanción de las leyes de impunidad. El proceso se reinició en el 2004 y se elevó a juicio por escrito en abril del 2011, pero se dilata por el procedimiento y por los recursos presentados por los abogados defensores y también porque tuvo varios jueces federales a cargo como Myriam Galizzi, Gustavo Zonis, Fermín Ceroleni y Jorge Luis Delorenzi; en estos 10 años 11 represores imputados ya murieron. El periodista misionero Carlos Luis Carvallo, se encuentra prófugo desde hace unos días luego de que el juez Ríos ordenara su detención. Carvallo trabajó en el área de inteligencia de la  Policía de Entre Ríos desde antes de 1976 y está acusado de delitos de lesa humanidad por varios testigos y víctimas como Manuel Ramat. Carvallo también aparece en el listado del Batallón 601 como "Agente de Reunión" y "personal de civil de Inteligencia que prestó servicios entre 1976 y 1983".

Represores condenados durante el 2014

PCI: Personal Civil de inteligencia.
PFA: Policía Federal.
PNA: Prefectura Naval Argentina.
PPBA: Policía de la Provincia de Buenos Aires.
PPSa: Policía de la Provincia de Salta.
PPSF: Policía de la Provincia de Santa Fe.
SPPBA: Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
SPPSa: Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

1-ALI AHMED, Haydee Raquel (civil)
GIRBONE, Salvador Norberto (civil)
GIRBONE, Hector Salvador (militar ejército)
2-ESPAÑADERO, Carlos Antonio (PCI)
SAA, Teofilo (militar ejército)
3-ESTRELLA, Luis Fernando (militar Fuerza Aérea)
MENENDEZ, Luciano Benjamin (militar ejército)
4-DE LA PAS SOSA, Hilarion (militar ejército)
DI PASQUALE, Jorge Hector (militar ejército)
FARIAS BARRERA, Luis Alberto (militar ejército)
GOMEZ ARENAS, Mario Alberto (militar ejército)
SOZA, Jorge Alberto (PFA) 
5-AMIGO, Miguel Angel (militar ejército)
BALMACEDA, Roberto Armando (militar ejército)
CACIVIO, Gustavo Adolfo (militar ejército)
DI PASQUALE, Jorge Hector (militar ejército)
ESPINOZA, Raul Ricardo (militar ejército)
FERNANDEZ, Ricardo Armando (militar ejército)
GRANDE, Claudio Raul (militar ejército)
HERRERO ANZORENA, Emilio Alberto (militar ejército)
HIDALGO GARZON, Carlos del Señor (militar ejército)
PALAVEZZATI, Pedro Anselmo (militar ejército)
ROMERO PAVON, Carlos Maria (militar ejército)
SMART, Jaime Lamont (civil)
LUJAN, Horacio Elizardo (PPBA)
MIRANDA, Isaac Crespin (SPPBA)
HERZBERG, Juan Carlos (militar armada)
GARACHICO, Julio Cesar (PPBA)
BATALLA, Rufino (PCI)
ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (PPBA)
6-RIVEROS, Santiago Omar (militar ejército)
SADI PEPA, Luis (militar ejército)
GUAÑABENS PERELLO, Eugenio (militar ejército)
BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio (militar ejército)
GERARDI, Juan Carlos (PNA)
LUNA, Juan Demetrio (PPBA)
7- DOGOUR, Eduardo (PPSF)
FERMOSELLE, Hector Julio (PPSF)
IBARRA, Telmo Alcides (PPSF)
OLAZAGIOITIA, Ovidio Marcelo (PPSF)
VALLEJO, Ernesto (PPSF) 
LOFIEGO, Jose Ruben (PPSF)
ALTAMIRANO, Carlos Ulpiano (PPSF)
NAST, Lucio Cesar (PPSF)
TORRES, Ricardo Jose (PPSF)
8-SALOMON, Ricardo Jose (PPSF)
DIAB, Jorge Roberto (militar ejército)
9-AEBI, Maria Eva (PPSF)
BRUSA, Victor Hermes (civil)
PERIZZOTTI, Juan Calixto (PPSF)
RAMOS CAMPAGNUOLO, Eduardo  Alberto (PPSF)
10- DEL VALLE, Eduardo del Carmen (PPSa)
MEDINA, Marcos Honorio (PPSa)
MULHALL, Carlos Alberto (militar ejército)
SORAIRE, Andres del Valle (PPSa)
PERELLO, Rafael Rolando (PPSa)
GENTIL, Miguel Raul (militar ejército)
VARGAS, Antonio Orlando (militar ejército)
DIAZ, Cesar Dario (militar ejército)
ZARATE, Herminio (SPPSa)
ORTIZ, Orlando Ricardo (SPPSa)
ORTIZ, Carlos Alberto (SPPSa)
11- VILLAVICENCIO, Lidia Fanni (civil)
12- D'AMICO, Jorge Alberto (militar ejército)
13- CHILO, Hector Hugo Lorenzo (militar ejército)
GONZALEZ NAVARRO, Jorge (militar ejército)
COLOTTI, Camilo Angel (militar ejército)
GORLERI, Jorge Eduardo (militar ejército)
LUCENA, Alberto Carlos (militar ejército)
VALDIVIEZO, Ariel Rolando (militar ejército)
14- MASPERO, Carlos Aldo (militar ejército)
15- SCHALLER, Carlos Ramón (PNA)

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Quince genocidas condenados a perpetua por los crímenes que cometieron en "la Cacha"

Ayer les dictaron la sentencia a Prisión Perpetua por genocidio a Miguel Osvaldo Etchecolatz (ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense), Jaime Lamont Smart (ex juez del “Camarón”, la Cámara Federal porteña  y ex ministro de facto de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), Gustavo Adolfo Cacivio, Héctor Raúl "El Oso" Acuña, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Horacio Elizardo Luján, Miguel Ángel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale y Julio César "El Gordo" Garachico; además, condenaron a 12 años de prisión a Juan Carlos Herzberg y a 13 años a Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande. A todos se los encontró culpables de los crímenes de lesa humanidad de homicidio, tormentos, privación ilegítima de la libertad a unas 128 víctimas y retención y ocultamiento de menores de 10 años. En un juicio oral que comenzó el miércoles 18 de diciembre del año pasado, los 19 fueron condenados por unanimidad por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, quienes absolvieron a Luis Orlando Perea, como también había pedido la fiscalía. En tanto las querellas solicitaron perpetua para casi todos incluido Perea.

El centro clandestino de detención (CCD) "la Cacha", fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército, estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata,  en terrenos de la Unidad Carcelaria Número 1, conocido como penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia. Estuvo operativo desde fines de 1976 a 1978 y además se lo utilizó como una maternidad clandestina para las detenidas-desaparecidas que se encontraban embarazadas; "la Cacha" tuvo la particularidad que allí se combinaron distintas fuerzas represivas, por eso entre los condenados hay ex militares, ex policías, ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, ex marinos y ex PCI. En este CCD fueron retenidas y torturadas al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 sobrevivieron y de otras 15 se desconoce el destino que sufrieron; también se estima que ahí nacieron al menos 9 niños mientras sus madres estaban cautivas, a los que luego les robaron la identidad, como a Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y a Natalia Suárez. El edificio fue destruido completamente en la dictadura, para que no queden evidencias de los crímenes que se cometieron.

Un caso tratado en este juicio oral y muy difundido recientemente es el de  Laura Carlotto, la hija Estela, ella estuvo detenida- desaparecida embarazada en "La Cacha", y es la madre de Ignacio Guido Montoya Carlotto, el nieto recuperado 114, quien habría nacido en junio de 1978. 

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Fue detenido el represor Pulvermacher

El represor prófugo Alberto José Esteban Pulvermacher fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la localidad de Gonnet cercana a la ciudad de La Plata. Pulvermacher está imputado por 200 secuestros y torturas, principalmente en la causa Nº 16.416 caratulada “(Dependencia Policial 1 y 60 de La Plata) en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención (CCD) platense conocido como “1 y 60″. En esa causa también está prófugo el represor Enrique Francisco Welsh.

En la dictadura cívico militar Pulvermacher estaba en el Cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense, ubicado en 60 y 115 de La Plata y fue uno  uno de los líderes del grupo de tareas denominado Puma. Después de su retiro integró varias agencias de seguridad como Alpul y Alpulver. Su captura nacional e internacional la ordenó, el 4 de diciembre de 2013, el juez federal Humberto Manuel Blanco y , desde mayo pasado, se lo buscaba por las localidades de Gonnet y City Bell.

Dos de los hijos de este represor trabajan actualmente en la Policía Bonaerense, uno de ellos, que participó del alzamiento policial de diciembre de 2013, trabaja en 1 y 60, el mismo lugar donde torturaba su padre.

 

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Se inicia otro juicio oral por delitos de lesa humanidad

El próximo 25 de julio comienza un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santiago del Estero. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por Juan Carlos Reynaga, Hugo Norberto Cataldi y Marcelo Juárez Almaraz, comenzará a juzgar al represor Jorge Alberto D’Amico (ex jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero), por los delitos cometidos en 1976 de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro), tormentos agravados, asociación ilícita y homicidio calificado triplemente agravado, en perjuicio del entonces soldado conscripto  Germán Cantos López.

Jorge Alberto D´Amico

En la instrucción del juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, Cantos López, se determinó que  Cantos López, fue secuestrado en el ex Batallón 141 de Santiago del Estero, el viernes 3 de septiembre de 1976 cuando realizaba el servicio militar obligatorio. Antes de salir de franco por el fin de semana, fue retenido por orden de sus superiores y desde entonces se encuentra desaparecido. 

Por declaraciones de sobrevivientes del Centro Clandestino de Detención (CCD), en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de la provincia de Tucumán, se supo que Cantos López estuvo (al menos en 1977), en ese CCD con sus  primos  también desaparecidos, Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa.

Se puede recordar que el genocida Musa Azar declaró cuando se lo juzgó, que D´Amico estaba a cargo de los operativos que se hacían en Santiago del Estero.

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Otras seis condenas a represores por crímenes de lesa humanidad contra docentes y otros trabajadores en Jujuy

Abogados defensores y algunos condenados

El 29/05/2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, que integran Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz,  dictó la sentencia del 2º Juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy; en ella se  fijó las penas para  ex militares y guardiacárceles. A prisión perpetua se condenó a los represores Antonio Orlando "tono" Vargas, César  Darío Díaz  y Orlando Ricardo Ortiz; por su parte el tribunal impuso 9 años de prisión para Herminio Zárate, 12 años de prisión para Carlos Alberto Ortiz y 15 años de prisión para Mario Marcelo Gutiérrez. Antonio Vargas, ex interventor en el Penal jujeño de Villa Gorriti,  ya fue condenado a 25 años por otros crímenes de lesa humanidad. El juicio comenzó el 4 de septiembre del año pasado y, durante 39 audiencias, declararon más de cincuenta testigos; los fiscales fueron Francisco Santiago Snopek y Pablo Miguel Pelazzo.

A los represores se los condenó  "en el marco de prácticas sociales genocidas",  por las detenciones ilegales, torturas y homicidios contra siete víctimas que fueron Dominga Álvarez De Scurta (docente),  María Alicia del Valle Ranzoni (docente), Juana Francisca Torres Cabrera y  y su hermano de sólo 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, (jornalero), Jaime Rafael Lara Torres (docente de artes plásticas), Osvaldo José Giribaldi (obrero del ingenio Ledesma) y el abogado Jorge Ernesto Turk Llapur. Las siete víctimas  fueron detenidas ilegalmente los primeros días del mes de mayo de 1976 y llevadas al centro clandestino de detención (CCD) de  la Jefatura de la Policía jujeña, al CCD de la localidad de Guerrero y luego al penal de Gorriti, en todos fueron torturadas, y posteriormente "trasladadas" el día 10 de junio, luego no se supo mas de estas víctimas,  salvo Alvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el cementerio de Yala como NN. 

La sala de audiencias estuvo ayer colmada por los familiares de las víctimas, referentes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales de la provincia, que no estuvieron conformes del todo con la sentencia del tribunal, y además proponen enjuiciar a los responsables civiles en la provincia.

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Identifican los restos de Jesus Cejas Arias, diplomático cubano desaparecido

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de agregado de la embajada cubana Jesús Cejas Arias, desaparecido durante la última dictadura cívico militar. El descubrimiento fue informado por el juez federal Daniel Rafecas quien tiene a cargo la causa en la que se investigan los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército. 

El cadáver fue hallado hace, aproximadamente, un mes en un tambor metálico de 200 litros de capacidad rellenado con cemento, en un predio de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. Por orden de Rafecas, en este terreno se vienen realizando excavaciones en búsqueda de nuevas víctimas de la última dictadura militar.


En el marco del siniestro Plan Cóndor, Jesús Cejas Arias fue secuestrado el 9 de agosto de 1976 en el barrio porteño de Belgrano junto con su compatriota Crescencio Galañena Hernández y fueron llevados al Centro Clandestino de Detención, Tortorua y Exterminio "Automotores Orletti". Los restos de Galañena Hernández habían sido encontrados en junio del año pasado en el mismo predio junto con los cadáveres de los argentinos María Rosa Clementi de Cancere -empleada de la Embajada de Cuba en Argentina- y Ricardo Manuel González. En todos los casos los restos se hallaron en tambores de doscientos litros de capacidad rellenados con cemento, la que constituyó una práctica sistemática y exclusiva de los represores que actuaron en “Orletti” para el ocultamiento de las víctimas asesinadas. 

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Procesaron a ex directivos de Ford por la desaparición de obreros

La jueza Alicia Vencdel Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, ex directivos de la empresa Ford, por los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. Estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos durante la última dictadura militar.

La jueza dispuso, además, trabar embargo sobre sus bienes, cada uno hasta cubrir la suma de $750.000, y se les impuso el cumplimiento de las siguientes condiciones bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la libertad provisional: no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas y comunicar cualquier cambio de residencia, comparecer mensualmente a la delegación de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en su domicilio del 1° al 10° día de cada mes.

Según la resolución, se les imputa a Müller -en su carácter de gerente de Manufactura-, Galarraga -en su carácter de gerente de Relaciones Laborales- y Sibilla -en su carácter de jefe de Seguridad-, el haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar, al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, de la empresa Ford Motors Argentina SA, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.

Se destaca que también debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en autos, habría fallecido en el año 1989 en la República de Chile.

En la investigación sobre la complicidad de  Ford Motors de Argentina en crimenes de lesa humanidad, la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó como partícipes necesarios del secuestro y tormentos que sufrieron 24 obreros en 1976, a tres ex directivos de la automotriz. Estos son Pedro Müller, ex gerente de manufactura, Héctor Francisco Sibilla, un militar retirado del Ejército que fue jefe de Seguridad en la Ford y el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga. Esto se logró por el impulso de la jueza Vence, luego que   el fiscal de San Martín Jorge Sica y el juez subrogante Juan Manuel Yalj no movieran la causa por varios años, en una línea de conducta cuestionada por los organismos de derechos humanos.

Se los acusa de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas", por haber señalado y dar los datos personales de cada uno de los empleados, junto a sus fotografías y domicilios particulares, para que se secuestrara a los delegados y empleados de Ford Motors Argentina S.A. de la planta de Pacheco, por militares  del Comando de Institutos Militares,a cargo del genocida Santiago Omar Riveros. Las víctimas son Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.Los secuestros fueron perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

Los sobrevivientes, que son querellantes en la causa, también habían pedido el procesamiento de Nicolás Enrique Courard (de nacionalidad chilena), quien fue  presidente de Ford Argentina entre el 29 de noviembre de 1973 y el 1º de marzo de 1985,  pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989.

En su fallo la jueza Vence señaló que "es importante no solo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados... la violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos". También recordó los casos de las causas abiertas a empresas alemanas por vender al estado nazi el pesticida que se usó en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos y otros perseguidos.

Fuente: Centro de Información Judicial

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Segunda parte sobre los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla

En el Boletín Oficial se siguieron publicando  decretos Secretos y Reservados de 1976 en la edición 32619 del pasado 16/4, desde entonces no se difundieron más con cotinuidad de fechas. Esos son en total 20 decretos más firmados por el dictador genocida Videla, los cuales eran de entre el 19 y el 31 de mayo de 1976, salvo uno del 04/4/76; de estos decretos 15 son de "arrestos" de decenas de personas en todo el país, cuatro de liberación de unos pocos y uno (S632/76), por el cual se vuelve a reformar al Ministerio de Defensa para reforzar el terrorismo de estado en la dictadura cívico militar. En esta y otras ediciones del Boletín Oficial, se publicaron decretos secretos de fechas de 1977 que se analizarán aparte.

Siempre basándose en los decretos 1368/74 y 2717/75 de un gobierno constitucional como el de Isabel, en los que se declaraba y prolongaba el estado de sitio y en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, el dictador Videla ordenaba el  "arresto" a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Como antes la mayoría de estos "arrestados" fueron trasladados y torturados en comisarías, regimientos o centros clandestinos de detención hasta ser blanqueados, algunos por poco  tiempo como  el ex juez federal pampeano Juan de Dios Uncal (Decreto S 54/1976), y varios otros estuvieron más tiempo como Néstor Augusto Brutti (decreto S531/76) o el miltante del FIP Denis Conles Tizado secuestrado en marzo del '76 y que figura en el decreto S519/76 del 21 de mayo luego de estar en la D2 de Córdoba. También hay personas liberadas que luego son secuestradas otra vez, como Carlos Alberto (chancho) Caprioli (dec.S588/1976), que vuelven a detener en octubre del '76 y es llevado a la ESMA.

Figuran varios otros que continúan desaparecidos como Carlos Marcelo Grimberg  (leg. CONADEP 02365), quien figura arrestado en el decreto S482/76. Otro caso es el de Carlos Orlando Labolita (decreto S637/1976), padre de Carlos Alberto, al estar él detenido en Azul su hijo fue secuestrado cuando lo fue a visitar y continúa desaparecido.

Por el secreto secreto S632/76 y sus anexos, se reformó el Ministerio de Defensa, reforzando el Servicio de Inteligencia de Defensa especialmente el departamento de Contrainteligencia que trabajaría en relación con la SIDE que manejaba Otto Paladino.

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Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla

Isabelita junto a Carlos Ruckauf

En las ediciones del Boletín Oficial nº 32.615 al 18, de los días 10, 11, 12 y 15 de este mes se publicaron varios Decretos Secretos y Reservados relacionados, casi todos, con varios cientos de arrestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y el financiamiento del terrorismo de estado, algunos otros son sobre personas que habrían sido liberadas. Son en total ocho (8) del gobierno de María Estela Martínez (Isabel) de Perón (de 1975 y 76), y otros 67 del dictador genocida Videla, estos ultimos son entre el 29/03 y el 18/05 de 1976 .

Los Decretos de  M.E. Martínez de Perón

El primero que se publica es el y el S 118/1975 del 17/01/1975, donde basándose en el artículo 23 de la Constitución, el PEN ordena trasladar detenidas a la Unidad Penitenciaria 6 (U.6) de Rawson (Chubut), a unas 80 personas incluyendo algunos cercanos o miembros  de partidos de izquierda o de organizaciones armadas. Como del PRT/ERP a Alejandro Enrique Ferreyra uno de los que integraron el comando que participó en el apoyo externo a la fuga de detenidos en la U.6 en 1972 y que, luego de tomar el aeropuerto de Trelew, viajaron a Chile y a Cuba; es sugerente que, por este decreto, Ferreyra termina detenido en la U.6 de donde colaboró para que fugaran otros militantes. En este decreto figuran otros cercanos o pertenecientes al PRT/ERP como Humberto Miguel Tumini, Héctor Oscar Mathews, Eduardo Anguita o Angel S. Gertel; también está en la lista y trasladado al penal de Rawson Luis Lea Place hermano de Clarisa, fusilada en Trelew luego de estar detenida en la misma U6; el padre  de ambos fue asesinado por militares luego de que el ejercito volara su casa en Tucumán, en diciembre de 1975. De otras organizaciones como  las FAL están  Carlos Franz Ortuño o  Hugo Nicolás Santella. 

A este decreto secreto siguió otro firmado por M.E. Martínez de Perón y no publicado esta vez en el Boletín Oficial, es el S261/1975 del 5 de febrero de 1975, que determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, en su artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN", fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar. Para este operativo en el Art. 7º se destinaron 40 millones de pesos ley 18188 del Presupuesto General (4 millones de dólares con el cambio aún en 9,98). Cuatro días después de la firma, las tropas del Ejército al mando del general Acdel Edgardo Vilas ocuparon militarmente la provincia con las consecuencias conocidas. Luego, el 6 de octubre de 1975, se firmaron los decretos 2770, 71 y 72/75 (no publicados ahora), de creación de un Consejo de Seguridad interna y un Consejo de Defensa para coordinar las acciones con el fin de lograr "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" ya no sólo en Tucumán como en el anterior; esta vez lo firmaron Luder, Aráuz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero y Robledo, sin Isabel de "licencia" hasta el 16 de octubre. Estos decretos recién fueron publicados el 04 de noviembre de 1975.

En relación con estos últimos decretos, M. E. Martínez  firmó unos decretos secretos, sí, publicados en el Boletín Oficial del 10/04/2013, como el Decreto S 3625/1975 con cuatro anexos, por los cuales se modificó la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Defensa, especialmente en la subsecretaría de Planeamiento a la que se le aumento sustancialmente su personal y se estructuró para dirigir y organizar la represión, lo que ellos llamaban "planeamiento de la seguridad nacional" (anexo II p.1). Para completar esto y preparar y financiar el incremento de la represión en 1976, el 16 de diciembre de 1975, Martínez de Perón firma el decreto secreto S 3959/1975, por el cual se modifica el Presupuesto Nacional y se sacan $1555000000 (mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesos ley 18188), de la Administración General y se destinan a incrementar el del Ejército, esto representaba bastante dinero, entre 25 y 26 millones de dólares de la época. Dos días después, el 18 de diciembre, el Brigadier Orlando J. Cappellini inicia la rebelión contra Fautario y otros brigadieres no golpistas para lograr que se nombre a Agosti como jefe de la Fuerza Aérea. Por el decreto S4101/1975 se sacaron otros 22 millones de pesos de la Administración General y se los destinan a la Armada. Otro decreto secreto revelado el pasado 10/04, el S 3596/1975 de fines de noviembre, también apunta a reforzar a las fuerzas armadas para la represión, en él se indica que para el año 1976 se decidió incorporar 100.000 conscriptos de la clase 1955 en las tres armas, los cuales debían estar alistados a principios de febrero. Uno de los últimos decretos secretos del gobierno constitucional, el S 1030/1976 del 18/03/1976, autorizó el equipamiento de dos destructores de la Armada por unos 3 millones de dólares.

La dictadura cívico militar

Los decretos secretos de la dictadura cívico militar publicados hasta ahora son, en general, de ordenes de detención que incluyen en total a cientos de víctimas de la dictadura (como el S10/76, S59/76, S161/76 y muchos otros), algunos son de liberación (o supuesta liberación) de detenidos (como el S170/76), y uno (S442/76), que se hizo para alterar otra vez el presupuesto General e incrementando el del ejercito en otros mil seiscientos millones de pesos, que en dólares eran en ese momento unos 9 millones, bastante menos que el gobierno de M.E. Martínez de Perón, También se icrementaba el presupuesto a la Armada  (en 600000000) y a la Fuerza Aérea. Es significativo que el dictador Videla justifique en los decretos las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y los traslados, basándose en el artículo 23 de la Constitución Nacional y que muchos, la mayoría, fueran a centros clandestinos de detención.

Haciendo una rápida búsqueda entre los decretos publicados se ve que algunos de los supuestamente liberados como Santiago José Illia Nicoletti (Decreto S 362/1976 del 6 de mayo),  en realidad, nunca se supo nada de él y continúa desaparecido; este es uno de los casos por los cuales fue destituido el ex camarista Otilio Ireneo Roque Romano, en diciembre del 2011. Reconstituyendo un poco el caso de Illia Nicoletti, ante varias presentaciones ante el Poder Judicial de la madre y la esposa, hubo un requerimiento del Juez Federal Guzzo, en julio de 1976, que el Coronel Tamer Yapur, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, contestó el 31/7/76 diciendo "que Santiago José Illa había sido puesto en libertad el día 12 de mayo de 1976 en virtud de haberse dejado sin efecto su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nro. 362/76 de fecha 6 de mayo de 1976", sin embargo, como se dijo, continúa sin aparecer, aunque sus familiares le siguieron reclamando a la justicia.

Otros casos son como el de Liliana Olga Forchetti (decreto S388/76), que figura como detenida a disposición del P.E.N. por la jefatura de la policía tucumana comandada por el genocida Bussi, según documentación presentada en el juicio oral del 2010 contra Bussi, Luciano B. Menéndez y otros seis genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

En otros decretos figuran ordenes de detención de varios de los que sobrevivieron y luego pudieron declarar en juicios por delitos de lesa humanidad como Lucía Jara de Cantero (Decreto S 326/1976), quien ya anciana declaró en el juicio llevado a cabo por el TOF 1 de Neuquén conocido como Escuelita II. Otros detenidos o secuestrados como Pedro Norberto Troiani, Juan Carlos Amoroso y Adolfo Omar Sánchez (decreto S389/76), que eran empleados de la Ford, y luego declararon ante la CONADEP; Troiani fue uno de los que el año pasado denunció a la empresa Ford y a sus directivos ante la justicia.También hay casos de personas que son blanqueados sus secuestros o  detenciones meses después de ser secuestrados, como el caso de Pablo Rodolfo Schulman, que figura en eldecreto 463/76 del 17 de mayo, pero que fue secuestrado de su casa en la ciudad de Santa Fe el 24 de marzo, cuando buscaban a su hermano José Ernesto Schulman, quien en 1999 brindó tetimonio ante el Juez Garzón.

Asimismo hay casos de extranjeros, como la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken de López, de quien figura como ordenado su arresto en el decreto 370/76 del 7 de mayo y, según documentos desclasificados del Departamento de Estado de USA, fue secuestrada en abril (doc. 1976STATE 233155) y luego fue torturada en la cárcel (doc. 1976STATE313291).

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El tercer juicio por crímenes en la Ex ESMA sigue el lunes

La audiencia de este jueves fue suspendida tras la evacuación de los Tribunales de Comodoro Py y se reanudará el lunes próximo. En la cuarta jornada del 5 de diciembre del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex-CCD de la ESMA, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia) autorizó a tarea de los reporteros gráficos para obtener nuevas imágenes de las audiencias

Los secretarios del Tribunal concluyeron ayer con la lectura descriptiva de los crímenes contra las casi 800 víctimas de los genocidas. Para la quinta jornada de 06/12 queda completar la lectura de las imputaciones a los acusados, para luego pasar a las declaraciones indagatorias de los 30 imputados (de 68), que pidieron hacer uso de la palabra.

Entre los casos leídos en esta audiencia están la desaparición de Rodolfo Walsh, los secuestros y las torturas en la causa Chacras de Coria (Mendoza), y el secuestro y desaparición del estudiante de la UBA Miguel Ángel Boitano Paolín, hijo de Lita Boitano la titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Por Razones Políticas, quien estuvo presente en la sala.

En el caso del el secuestro y el asesinato de Rodolfo Walsh el imputado es Carlos Galián, alias "Pedro Bolita", el que entregó a Juan Cabandié a Luis Falco, su apropiador. Por los hechos contra Walsh ya fueron condenados el año pasado varios miembros del Grupo de Tareas 3.3.2. que operaba desde la ESMA, como Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea.

El caso de Chacras de Coria, es uno de los delitos económicos cometidos por los genocidas de la Armada. En este juicio no se incluye el robo de los bienes y la apropiación de las tierras de empresarios mendocinos sino los secuestros, tormentos y desapariciones de Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini y Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez.

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Córdoba: Tiene fecha el cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad

Eduardo Requena con su sobrina

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba fijó fecha de inicio del cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura cívico militar. Las audiencias orales de debate comenzarán el próximo 27 de noviembre. El juicio, también llamado Menéndez III acumula 16 causas por delitos de lesa humanidad por delitos de lesa humanidad contra 450 víctimas y 43 imputados, entre ellos se encuentra el represor Luciano Benjamín Menéndez. En las audiencias comparecerán aproximadamente 675 testigos.

En la causa se investigan además los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla", ubicado en las afueras de la Ciudad de Córdoba. La Perla comenzó a funcionar en 1975 y por allí pasaron renombrados dirigentes sindicales y militantes populares de Córdoba. Allí fue visto nuestro queridísimo compañero Eduardo Requena, docente y referente cordobés que fuera uno de los fundadores de la CTERA. Eduardo fue secuestrado el 26 de julio de 1976 por un grupo de civiles.

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Bahía Blanca: El veredicto por los crímenes de lesa humanidad en “La Escuelita” ya tiene fecha

El próximo 12 de septiembre en horas de la tarde el Tribunal Oral Federal leerá la sentencia a los 17 imputados en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, en Bahía Blanca, durante la última dictadura cívico militar. El fiscal Abel Córdoba solicitó perpetua para 14 de los imputados, en el juicio oral en el que se investigan violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 90 víctimas en el área de operaciones del V Cuerpo del Ejército. 

Señalización de "La Escuelita"

El juicio oral, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, se lleva adelante en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas 

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en su alegato, la pena de prisión perpetua para Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira. Por otra parte pidió 25 años de prisión para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, y 21 años para Carlos Alberto Contreras.

Buenos Aires 6 de septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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