Chile: cuarenta años de impunidad
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Hace cuarenta años las corporaciones económica, judicial y militar en alianza con partidos políticos de derecha y el imperialismo, derrocaron a Salvador Allende, asesinando a miles de chilenos. Mediante el terrorismo de estado, este conglomerado de fuerzas restauradoras logró terminar con el poder popular para implantar un nuevo modelo económico neoliberal. Dirigiendo el teatro de operaciones se encontraba la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, la tristemente célebre C.I.A. El 11 de septiembre de 1973 detrás de la acción militar, política y mediática que derrocó a Allende, se transparentaba el plan conjunto del gobierno de los Estados Unidos y el conglomerado militar-político-empresarial de toda la región conocido como Operación Cóndor.
Si bien reclamo de justicia no cesó, sólo se investigaron algunos casos aislados desde 1990, año en que terminó la dictadura. Esto se debe a que las mismas fuerzas restauradoras que instauraron el terror operaron silenciando la verdad y perpetuando la impunidad.
En los últimos años se avizoró un cambio en la sociedad chilena, que encuentra sus causas, en parte, en el impulso de los jóvenes que comenzaron a participar en política revirtiendo el virtual congelamiento de la participación política que se marcó a fuego en septiembre del 73. El proceso de movilización actual, inédito desde 1990, comenzó con las primeras marchas estudiantiles de 2006 y la más masivas de 2011, con decenas de miles de estudiantes en las calles y en las tomas. Estas movilizaciones que pugnaban por la Educación Pública y Gratuita contribuyeron a derribar la fachada de "consenso" que había regido en la vida política chilena.
Junto a ello, el pedido de investigar los crímenes de lesa humanidad que era impulsado por los sectores políticos de izquierda comenzó a adquirir un consenso más amplio. En ese proceso se vieron interpelados las corporaciones y los sectores de la derecha política se vieron obligados a intervenir públicamente. Desde estos sectores, otrora cómplices se reviven los vetustos y absurdos argumentos de la Teoría de los Dos Demonios, esta vez aplicados al caso chileno. El propio presidente Sebastián Piñera cargó la responsabilidad sobre el gobierno de Allende. Sin tapujos, afirmó que fue el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende quienes quebrantaron reiteradamente "la legalidad y el Estado de derecho" en Chile y que el golpe y la dictadura fueron "el desenlace previsible de una larga y penosa agonía de los valores republicanos"; luego, en una copia devaluada de la teoría de los dos demonios, agregó que eso no justifica los "inaceptables atropellos a la vida, la integridad y la dignidad de las personas que ocurrieron con posterioridad, pero también tienen responsabilidad aquellos que "no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia". Por su parte la candidata de la coalición de derecha en las elecciones presidenciales de noviembre, Evelyn Matthei, dijo que en septiembre de 1973 "la inmensa mayoría de los chilenos quería el fin del gobierno de Allende".
Después de años de ocultamiento, la televisión chilena está mostrando imágenes del golpe y del terrorismo de estado y, recientemente, el presidente de la Corte Suprema chilena, Rubén Ballesteros reconoció que los jueces no hicieron lo suficiente en dictadura. La Asociación de Magistrados de Chile fue un poco más allá y pidió perdón por sus "acciones y omisiones" durante el régimen militar; algo que también pidió el senador Hernán Larraín, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), el mismo presidente Sebastián Piñera dijo la semana pasada que todavía falta mucho por subsanar con respecto a los derechos humanos y la justicia, pero culpó de eso al sistema judicial y a los medios de comunicación chilenos, también reclamó por la paz y la reconciliación en Chile.
Con respecto a la Corte Suprema chilena habría que recordar que, en democracia, tampoco permitió investigar, porque en enero de 2005 rechazó una demanda para revocar la inmunidad judicial del genocida Augusto Pinochet en la investigación de los crímenes cometidos en marco del Plan Cóndor, Pinochet murió impune al año siguiente.
Después de años de ocultamiento, la televisión chilena está mostrando imágenes del golpe y del terrorismo de estado y, recientemente, el presidente de la Corte Suprema chilena, Rubén Ballesteros reconoció que los jueces no hicieron lo suficiente en dictadura. La Asociación de Magistrados de Chile fue un poco más allá y pidió perdón por sus "acciones y omisiones" durante el régimen militar; algo que también pidió el senador Hernán Larraín, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), el mismo presidente Sebastián Piñera dijo la semana pasada que todavía falta mucho por subsanar con respecto a los derechos humanos y la justicia, pero culpó de eso al sistema judicial y a los medios de comunicación chilenos, también reclamó por la paz y la reconciliación en Chile.
Con respecto a la Corte Suprema chilena habría que recordar que, en democracia, tampoco permitió investigar, porque en enero de 2005 rechazó una demanda para revocar la inmunidad judicial del genocida Augusto Pinochet en la investigación de los crímenes cometidos en marco del Plan Cóndor, Pinochet murió impune al año siguiente.
