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| Isabelita junto a Carlos Ruckauf |
En las ediciones del Boletín Oficial nº 32.615 al 18, de los días 10, 11, 12 y 15 de este mes se publicaron varios Decretos Secretos y Reservados relacionados, casi todos, con varios cientos de arrestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y el financiamiento del terrorismo de estado, algunos otros son sobre personas que habrían sido liberadas. Son en total ocho (8) del gobierno de María Estela Martínez (Isabel) de Perón (de 1975 y 76), y otros 67 del dictador genocida Videla, estos ultimos son entre el 29/03 y el 18/05 de 1976 .
Los Decretos de M.E. Martínez de Perón
El primero que se publica es el y el S 118/1975 del 17/01/1975, donde basándose en el artículo 23 de la Constitución, el PEN ordena trasladar detenidas a la Unidad Penitenciaria 6 (U.6) de Rawson (Chubut), a unas 80 personas incluyendo algunos cercanos o miembros de partidos de izquierda o de organizaciones armadas. Como del PRT/ERP a Alejandro Enrique Ferreyra uno de los que integraron el comando que participó en el apoyo externo a la fuga de detenidos en la U.6 en 1972 y que, luego de tomar el aeropuerto de Trelew, viajaron a Chile y a Cuba; es sugerente que, por este decreto, Ferreyra termina detenido en la U.6 de donde colaboró para que fugaran otros militantes. En este decreto figuran otros cercanos o pertenecientes al PRT/ERP como Humberto Miguel Tumini, Héctor Oscar Mathews, Eduardo Anguita o Angel S. Gertel; también está en la lista y trasladado al penal de Rawson Luis Lea Place hermano de Clarisa, fusilada en Trelew luego de estar detenida en la misma U6; el padre de ambos fue asesinado por militares luego de que el ejercito volara su casa en Tucumán, en diciembre de 1975. De otras organizaciones como las FAL están Carlos Franz Ortuño o Hugo Nicolás Santella.
A este decreto secreto siguió otro firmado por M.E. Martínez de Perón y no publicado esta vez en el Boletín Oficial, es el S261/1975 del 5 de febrero de 1975, que determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, en su artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN", fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar. Para este operativo en el Art. 7º se destinaron 40 millones de pesos ley 18188 del Presupuesto General (4 millones de dólares con el cambio aún en 9,98). Cuatro días después de la firma, las tropas del Ejército al mando del general Acdel Edgardo Vilas ocuparon militarmente la provincia con las consecuencias conocidas. Luego, el 6 de octubre de 1975, se firmaron los decretos 2770, 71 y 72/75 (no publicados ahora), de creación de un Consejo de Seguridad interna y un Consejo de Defensa para coordinar las acciones con el fin de lograr "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" ya no sólo en Tucumán como en el anterior; esta vez lo firmaron Luder, Aráuz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero y Robledo, sin Isabel de "licencia" hasta el 16 de octubre. Estos decretos recién fueron publicados el 04 de noviembre de 1975.
En relación con estos últimos decretos, M. E. Martínez firmó unos decretos secretos, sí, publicados en el Boletín Oficial del 10/04/2013, como el Decreto S 3625/1975 con cuatro anexos, por los cuales se modificó la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Defensa, especialmente en la subsecretaría de Planeamiento a la que se le aumento sustancialmente su personal y se estructuró para dirigir y organizar la represión, lo que ellos llamaban "planeamiento de la seguridad nacional" (anexo II p.1). Para completar esto y preparar y financiar el incremento de la represión en 1976, el 16 de diciembre de 1975, Martínez de Perón firma el decreto secreto S 3959/1975, por el cual se modifica el Presupuesto Nacional y se sacan $1555000000 (mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesos ley 18188), de la Administración General y se destinan a incrementar el del Ejército, esto representaba bastante dinero, entre 25 y 26 millones de dólares de la época. Dos días después, el 18 de diciembre, el Brigadier Orlando J. Cappellini inicia la rebelión contra Fautario y otros brigadieres no golpistas para lograr que se nombre a Agosti como jefe de la Fuerza Aérea. Por el decreto S4101/1975 se sacaron otros 22 millones de pesos de la Administración General y se los destinan a la Armada. Otro decreto secreto revelado el pasado 10/04, el S 3596/1975 de fines de noviembre, también apunta a reforzar a las fuerzas armadas para la represión, en él se indica que para el año 1976 se decidió incorporar 100.000 conscriptos de la clase 1955 en las tres armas, los cuales debían estar alistados a principios de febrero. Uno de los últimos decretos secretos del gobierno constitucional, el S 1030/1976 del 18/03/1976, autorizó el equipamiento de dos destructores de la Armada por unos 3 millones de dólares.
La dictadura cívico militar
Los decretos secretos de la dictadura cívico militar publicados hasta ahora son, en general, de ordenes de detención que incluyen en total a cientos de víctimas de la dictadura (como el S10/76, S59/76, S161/76 y muchos otros), algunos son de liberación (o supuesta liberación) de detenidos (como el S170/76), y uno (S442/76), que se hizo para alterar otra vez el presupuesto General e incrementando el del ejercito en otros mil seiscientos millones de pesos, que en dólares eran en ese momento unos 9 millones, bastante menos que el gobierno de M.E. Martínez de Perón, También se icrementaba el presupuesto a la Armada (en 600000000) y a la Fuerza Aérea. Es significativo que el dictador Videla justifique en los decretos las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y los traslados, basándose en el artículo 23 de la Constitución Nacional y que muchos, la mayoría, fueran a centros clandestinos de detención.
Haciendo una rápida búsqueda entre los decretos publicados se ve que algunos de los supuestamente liberados como Santiago José Illia Nicoletti (Decreto S 362/1976 del 6 de mayo), en realidad, nunca se supo nada de él y continúa desaparecido; este es uno de los casos por los cuales fue destituido el ex camarista Otilio Ireneo Roque Romano, en diciembre del 2011. Reconstituyendo un poco el caso de Illia Nicoletti, ante varias presentaciones ante el Poder Judicial de la madre y la esposa, hubo un requerimiento del Juez Federal Guzzo, en julio de 1976, que el Coronel Tamer Yapur, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, contestó el 31/7/76 diciendo "que Santiago José Illa había sido puesto en libertad el día 12 de mayo de 1976 en virtud de haberse dejado sin efecto su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nro. 362/76 de fecha 6 de mayo de 1976", sin embargo, como se dijo, continúa sin aparecer, aunque sus familiares le siguieron reclamando a la justicia.
Otros casos son como el de Liliana Olga Forchetti (decreto S388/76), que figura como detenida a disposición del P.E.N. por la jefatura de la policía tucumana comandada por el genocida Bussi, según documentación presentada en el juicio oral del 2010 contra Bussi, Luciano B. Menéndez y otros seis genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.
En otros decretos figuran ordenes de detención de varios de los que sobrevivieron y luego pudieron declarar en juicios por delitos de lesa humanidad como Lucía Jara de Cantero (Decreto S 326/1976), quien ya anciana declaró en el juicio llevado a cabo por el TOF 1 de Neuquén conocido como Escuelita II. Otros detenidos o secuestrados como Pedro Norberto Troiani, Juan Carlos Amoroso y Adolfo Omar Sánchez (decreto S389/76), que eran empleados de la Ford, y luego declararon ante la CONADEP; Troiani fue uno de los que el año pasado denunció a la empresa Ford y a sus directivos ante la justicia.También hay casos de personas que son blanqueados sus secuestros o detenciones meses después de ser secuestrados, como el caso de Pablo Rodolfo Schulman, que figura en eldecreto 463/76 del 17 de mayo, pero que fue secuestrado de su casa en la ciudad de Santa Fe el 24 de marzo, cuando buscaban a su hermano José Ernesto Schulman, quien en 1999 brindó tetimonio ante el Juez Garzón.
Asimismo hay casos de extranjeros, como la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken de López, de quien figura como ordenado su arresto en el decreto 370/76 del 7 de mayo y, según documentos desclasificados del Departamento de Estado de USA, fue secuestrada en abril (doc. 1976STATE 233155) y luego fue torturada en la cárcel (doc. 1976STATE313291).
Luego de casi un año de tener la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con la firma de tres de sus cinco integrantes -los jueces Marina Josefa Cossio (Presidente), Graciela Nair Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar-, confirmó el procesamiento de 16 ex militares y ex policías que había sido dictado en 2012 por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas. Los represores son imputados en esta causa por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán. Estas operaciones militares tuvieron inicio en febrero de 1975 durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez y continuaron durante la dictadura cívico militar, hasta septiembre de 1983.
