"No se tapa la crueldad" Asesinaron a Roberto Claudio Autero

El 7 de febrero Roberto fue asesinado por la espalda por el agente de la Policía Metropolitana, Sebastián Ezequiel Torres, fue cerca del  Parque Rivadavia en el barrio porteño de Caballito.

Roberto Autero tenía 16 años y estudiaba en el Centro Educativo Isauro Arancibia  de la CABA, como este año no se presentó a cursar, los compañeros, directivos y docentes de la escuela lo buscaron, hasta que se enteraron que lo habían matado. Luego, con la ayuda de la PROCUVIN, el legislador Pablo Ferreyra y otros organismos del Estado nacional, se pudo tener acceso al expediente (nº CC7348) y comprobar que a Roberto lo mató Torres con un tiro en la nuca y no de frente y en un enfrentamiento como decía su asesino. La causa está en el Juzgado de Menores Nº 7 a cargo del juez Enrique Velázquez, que nunca citó a declarar al asesino, quien sigue como funcionario de la Metropolitana. Hay que tener presente que Velázquez aprobaba los allanamientos del fiscal José María Campagnoli en el barrio Mitre (recordar a Alan Tapia).

Cuando comenzó en el Arancibia, Roberto tenía 10 años y aún no sabía escribir pero, apesar de vivir en situación de calle y de la muerte de su madre, siguió en la escuela todos estos años esforzándose por aprender. 

Después que en octubre del 2013 militantes del PRO pintaran sobre un mural que los estudiantes del Isauro Arancibia habían realizado poco antes en la esquina de Paseo Colón y Cochabamba, por el vecino centro clandestino de detención Atlético, Roberto escribió en su cuaderno:

 "No se tapa la felicidad ni el dolor, no se tapa la tristeza, la amargura, no se tapa el amor, ni la voluntad de hacer cosas, no se tapa la traición, no se tapa la crueldad”.

Salvo por los reclamos de la comunidad educativa del Arancibia, este asesinato estaba invisibilizado hasta que el pasado 12 de mayo realizaron una conferencia de prensa en la Legislatura porteña los diputados Pablo Ferreyra, Gabriela Alegre, Claudia Neira, Paula Penacca, Jorge “Quito” Aragón, Lorena Pokoik, María Rachid, José María Campagnoli, Fernando Muñoz, Pablo Bergel y Virginia González Gass; junto con Eduardo López, secretario general de UTE, la directora de la escuela Susana Reyes y docentes quienes pudieron denunciar el asesinato y exigir justicia.

¡¡JUSTICIA PARA ROBERTO!!

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Operativo Independencia: confirman el procesamiento de 16 represores y todavía no extraditan a Martínez de Perón

 

Luego de casi un año de tener la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con la firma de tres de sus cinco integrantes -los jueces Marina Josefa Cossio (Presidente), Graciela Nair Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar-, confirmó el procesamiento de 16 ex militares y ex policías que había sido dictado en 2012 por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas. Los represores son imputados en esta causa por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán. Estas operaciones militares tuvieron inicio en febrero de 1975 durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez y continuaron durante la dictadura cívico militar, hasta septiembre de 1983.

Los imputados en esta causa son los represores Carlos César Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chavéz, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sanchez, Luis Armando De Cándido, Ramón Cesar Jodar, Miguel Angel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Nestor Rubén Castelli. Quedó impune el fallecido genocida Jorge Rafael Videla, también procesado a fines del 2012 en la instrucción por el juez  Bejas. Antes habían fallecido los genocidas Antonio Domingo Bussi y Acdel Edgardo Vilas, quienes dirigieron el "Operativo".

En su fallo, la Cámara aseguró que "quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos...el Operativo Independencia se inició en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976... y culminaría en el mes de setiembre de 1983...la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos...Estas conductas delictivas, configurarían conforme el contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”.

Los fiscales federales Pablo Camuña y Patricio Rovira, habían solicitado en su apelación la extradición desde España e indagatoria de María Estela Martínez de Perón, pero el tribunal  no dio lugar al pedido porque para los miembros de la Cámara “por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces presidente de la Argentina" (ver la nota del 14/06/2013), algo similar había opinado el juez Daniel Bejas en el 2012. Es necesario recordar que fue un decreto firmado por la ex presidente María Estela  Martínez el que determinó el inicio del Operativo Independencia. Es el decreto secreto S261/1975 del 5 de febrero de 1975; no publicado en el Boletín Oficial; este decreto de Isabel no sólo determinó el inicio del operativo represivo sino también el financiamiento del mismo; en el artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN". Así fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar (ver detalles en la nota del 16/04/2013), y aniquilar es lo que la misma Cámara sostiene que es lo que hicieron los represores imputados. 

A los pocos días de la firma del decreto las fuerzas armadas y de seguridad, a las órdenes del genocida Acdel Edgardo Vilas, iniciaron la represión indiscriminada en la provincia de Tucumán, secuestrando, torturando, robando y asesinando a cientos de militantes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos tucumanos. Desde febrero de 1975, las víctimas del terrorismo de estado eran asesinadas en sus casas, en sus lugares de trabajo o donde estuvieran, como el maestro Isauro Arancibia asesinado en el local de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP). Otras víctimas eran llevadas a centros cladestinos de detención y tortura como "la escuelita" de Famaillá o la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, un pabellón de las Cárcel de Villa Urquiza y la Escuela de Educación Física, entre muchos otros. Luego tiraban los cadáveres en fosas comunes, como la que se llama "Pozo de Vargas", ubicada en una finca de la localidad de Tafí Viejo; donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya identificó a varias víctimas como, por ejemplo, el estudiante Roberto Raymundo Vega o el trabajador ferroviario Segundo Bonifacio Arias, ambos desaparecidos en enero y febrero de 1976.

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