La masacre del pabellón 7 de la Cárcel de Villa Devoto se juzgará como crimen de lesa humanidad

El 14 de marzo de 1978, 64 presos fueron asesinados en un incendio durante una represión de miembros del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal de la Capital Federal, con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, resolvió “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”, ya que consideraron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tenía "subordinación directa" al Ejército y que tenía las mismas prácticas represivas que utilizaban las distintas Fuerzas Armadas en la dictadura cívico militar, cuando en la cárcel de Villa Devoto había decenas de presos políticos y estaba bajo el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el genocida Guillermo Suárez Mason.

Ahora la causa por la masacre quedó para ser investigada en la justicia federal y a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien en marzo pasado ya había rechazado considerar los hechos como un delito de lesa humanidad y pretendió archivar la causa sin justicia para las víctimas. La Cámara sí escuchó los testimonios de los sobrevivientes, de detenidas políticas que estaban en otro pabellón de Devoto y de otros testigos y consideró los delitos como imprescriptibles.

En la mañana de ese 14 de marzo comenzó una protesta carcelaria con quema de los colchones colocados por los presos o por efectivos del SPF (según la versión), contra la puerta y, mientras el fuego y el humo hacían imposible respirar adentro, los presos que intentaban asomarse a las ventanas enrejadas eran baleados desde el exterior por los agentes del servicio penitenciario que se negaban a abrirles las puertas y que cuando entraron más tarde golpearon a los reclusos. Si bien algunos murieron quemados y asfixiados, la mayoría murió por los balazos. Después de la represión el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez , que era un preso político en Devoto, desapareció y nunca fue encontrado,  su legajo figura en las listas de la Conadep con el número 1230. En la imagen del diario Crónica se ve a Hernández Rodríguez luego de la represión y antes de su desaparición. El 30 de julio de 1979, el juez de instrucción Jorge Valerga Aráoz resolvió el sobreseimiento provisorio de todos los penitenciarios imputados, la causa quedó archivada.

La dictadura y el SPF siempre disfrazaron la masacre como un motin y por culpa de los presos, pero incluso en el 2005 el diario La Nación sostenía esa versión ya que ahí se escribía "La peor tragedia, en la cárcel de Villa Devoto...el fuego y el humo se habían apoderado del pabellón N° 7, en el penal de Villa Devoto. Pero nadie pudo salir de allí...las puertas y ventanas estaban trabadas: las habían cerrado los propios reclusos haciendo una barricada con sábanas, colchones y almohadas como señal de apoyo a un preso que había cometido una acción de indisciplina... los reclusos tomaron la trágica decisión que marcaría sus destinos...Jorge Antonio Dotti, entonces director nacional del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que en las autopsias realizadas no se evidenció que hubiera heridos de bala...". Gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y de la abogada e investigadora Claudia Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, entre otros, se pudo reabrir la causa y esperar justicia.

En marzo del año pasado se colocó una placa recordando la matanza en la entrada del pabellón 7º en la que se decía “Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”. En esa ocasión el sobreviviente Hugo Cardozo dijo ""Muchos compañeros me están rodeando en este momento, los que pudieron zafar de la muerte por un ratito, y los que quedaron tirados en el suelo agujereados por los disparos, quemados o retorcidos entre los camastros que agarrábamos para defendernos".

Me asfixio! ¡Dios!
Pienso en mi cara… se esta quemando, ahora, mi cara…
¡Dios!
Una explosión y los colchones se prenden fuego y
Nos quemamos vivos…
Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas.
El pabellon… en un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más…
Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me balean fiero
Viejita, amor, hijas y amigas, buscan noticias en la
Puerta, ahi­ fuera…
'PABELLON SÉPTIMO' Indio Solari

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Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla

Isabelita junto a Carlos Ruckauf

En las ediciones del Boletín Oficial nº 32.615 al 18, de los días 10, 11, 12 y 15 de este mes se publicaron varios Decretos Secretos y Reservados relacionados, casi todos, con varios cientos de arrestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y el financiamiento del terrorismo de estado, algunos otros son sobre personas que habrían sido liberadas. Son en total ocho (8) del gobierno de María Estela Martínez (Isabel) de Perón (de 1975 y 76), y otros 67 del dictador genocida Videla, estos ultimos son entre el 29/03 y el 18/05 de 1976 .

Los Decretos de  M.E. Martínez de Perón

El primero que se publica es el y el S 118/1975 del 17/01/1975, donde basándose en el artículo 23 de la Constitución, el PEN ordena trasladar detenidas a la Unidad Penitenciaria 6 (U.6) de Rawson (Chubut), a unas 80 personas incluyendo algunos cercanos o miembros  de partidos de izquierda o de organizaciones armadas. Como del PRT/ERP a Alejandro Enrique Ferreyra uno de los que integraron el comando que participó en el apoyo externo a la fuga de detenidos en la U.6 en 1972 y que, luego de tomar el aeropuerto de Trelew, viajaron a Chile y a Cuba; es sugerente que, por este decreto, Ferreyra termina detenido en la U.6 de donde colaboró para que fugaran otros militantes. En este decreto figuran otros cercanos o pertenecientes al PRT/ERP como Humberto Miguel Tumini, Héctor Oscar Mathews, Eduardo Anguita o Angel S. Gertel; también está en la lista y trasladado al penal de Rawson Luis Lea Place hermano de Clarisa, fusilada en Trelew luego de estar detenida en la misma U6; el padre  de ambos fue asesinado por militares luego de que el ejercito volara su casa en Tucumán, en diciembre de 1975. De otras organizaciones como  las FAL están  Carlos Franz Ortuño o  Hugo Nicolás Santella. 

A este decreto secreto siguió otro firmado por M.E. Martínez de Perón y no publicado esta vez en el Boletín Oficial, es el S261/1975 del 5 de febrero de 1975, que determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, en su artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN", fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar. Para este operativo en el Art. 7º se destinaron 40 millones de pesos ley 18188 del Presupuesto General (4 millones de dólares con el cambio aún en 9,98). Cuatro días después de la firma, las tropas del Ejército al mando del general Acdel Edgardo Vilas ocuparon militarmente la provincia con las consecuencias conocidas. Luego, el 6 de octubre de 1975, se firmaron los decretos 2770, 71 y 72/75 (no publicados ahora), de creación de un Consejo de Seguridad interna y un Consejo de Defensa para coordinar las acciones con el fin de lograr "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" ya no sólo en Tucumán como en el anterior; esta vez lo firmaron Luder, Aráuz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero y Robledo, sin Isabel de "licencia" hasta el 16 de octubre. Estos decretos recién fueron publicados el 04 de noviembre de 1975.

En relación con estos últimos decretos, M. E. Martínez  firmó unos decretos secretos, sí, publicados en el Boletín Oficial del 10/04/2013, como el Decreto S 3625/1975 con cuatro anexos, por los cuales se modificó la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Defensa, especialmente en la subsecretaría de Planeamiento a la que se le aumento sustancialmente su personal y se estructuró para dirigir y organizar la represión, lo que ellos llamaban "planeamiento de la seguridad nacional" (anexo II p.1). Para completar esto y preparar y financiar el incremento de la represión en 1976, el 16 de diciembre de 1975, Martínez de Perón firma el decreto secreto S 3959/1975, por el cual se modifica el Presupuesto Nacional y se sacan $1555000000 (mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesos ley 18188), de la Administración General y se destinan a incrementar el del Ejército, esto representaba bastante dinero, entre 25 y 26 millones de dólares de la época. Dos días después, el 18 de diciembre, el Brigadier Orlando J. Cappellini inicia la rebelión contra Fautario y otros brigadieres no golpistas para lograr que se nombre a Agosti como jefe de la Fuerza Aérea. Por el decreto S4101/1975 se sacaron otros 22 millones de pesos de la Administración General y se los destinan a la Armada. Otro decreto secreto revelado el pasado 10/04, el S 3596/1975 de fines de noviembre, también apunta a reforzar a las fuerzas armadas para la represión, en él se indica que para el año 1976 se decidió incorporar 100.000 conscriptos de la clase 1955 en las tres armas, los cuales debían estar alistados a principios de febrero. Uno de los últimos decretos secretos del gobierno constitucional, el S 1030/1976 del 18/03/1976, autorizó el equipamiento de dos destructores de la Armada por unos 3 millones de dólares.

La dictadura cívico militar

Los decretos secretos de la dictadura cívico militar publicados hasta ahora son, en general, de ordenes de detención que incluyen en total a cientos de víctimas de la dictadura (como el S10/76, S59/76, S161/76 y muchos otros), algunos son de liberación (o supuesta liberación) de detenidos (como el S170/76), y uno (S442/76), que se hizo para alterar otra vez el presupuesto General e incrementando el del ejercito en otros mil seiscientos millones de pesos, que en dólares eran en ese momento unos 9 millones, bastante menos que el gobierno de M.E. Martínez de Perón, También se icrementaba el presupuesto a la Armada  (en 600000000) y a la Fuerza Aérea. Es significativo que el dictador Videla justifique en los decretos las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y los traslados, basándose en el artículo 23 de la Constitución Nacional y que muchos, la mayoría, fueran a centros clandestinos de detención.

Haciendo una rápida búsqueda entre los decretos publicados se ve que algunos de los supuestamente liberados como Santiago José Illia Nicoletti (Decreto S 362/1976 del 6 de mayo),  en realidad, nunca se supo nada de él y continúa desaparecido; este es uno de los casos por los cuales fue destituido el ex camarista Otilio Ireneo Roque Romano, en diciembre del 2011. Reconstituyendo un poco el caso de Illia Nicoletti, ante varias presentaciones ante el Poder Judicial de la madre y la esposa, hubo un requerimiento del Juez Federal Guzzo, en julio de 1976, que el Coronel Tamer Yapur, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, contestó el 31/7/76 diciendo "que Santiago José Illa había sido puesto en libertad el día 12 de mayo de 1976 en virtud de haberse dejado sin efecto su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nro. 362/76 de fecha 6 de mayo de 1976", sin embargo, como se dijo, continúa sin aparecer, aunque sus familiares le siguieron reclamando a la justicia.

Otros casos son como el de Liliana Olga Forchetti (decreto S388/76), que figura como detenida a disposición del P.E.N. por la jefatura de la policía tucumana comandada por el genocida Bussi, según documentación presentada en el juicio oral del 2010 contra Bussi, Luciano B. Menéndez y otros seis genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

En otros decretos figuran ordenes de detención de varios de los que sobrevivieron y luego pudieron declarar en juicios por delitos de lesa humanidad como Lucía Jara de Cantero (Decreto S 326/1976), quien ya anciana declaró en el juicio llevado a cabo por el TOF 1 de Neuquén conocido como Escuelita II. Otros detenidos o secuestrados como Pedro Norberto Troiani, Juan Carlos Amoroso y Adolfo Omar Sánchez (decreto S389/76), que eran empleados de la Ford, y luego declararon ante la CONADEP; Troiani fue uno de los que el año pasado denunció a la empresa Ford y a sus directivos ante la justicia.También hay casos de personas que son blanqueados sus secuestros o  detenciones meses después de ser secuestrados, como el caso de Pablo Rodolfo Schulman, que figura en eldecreto 463/76 del 17 de mayo, pero que fue secuestrado de su casa en la ciudad de Santa Fe el 24 de marzo, cuando buscaban a su hermano José Ernesto Schulman, quien en 1999 brindó tetimonio ante el Juez Garzón.

Asimismo hay casos de extranjeros, como la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken de López, de quien figura como ordenado su arresto en el decreto 370/76 del 7 de mayo y, según documentos desclasificados del Departamento de Estado de USA, fue secuestrada en abril (doc. 1976STATE 233155) y luego fue torturada en la cárcel (doc. 1976STATE313291).

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Vuelve la represión a la Sala Alberdi

La Secretaria de Derechos Humanos expresa, una vez mas, su más contundente repudio al accionar represivo de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi del Complejo Cultural San Martín. Ayer 24 de marzo, la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Guillermo Montenegro, volvió a reprimir a quienes manifestaban exigiendo la libertad de los 4 "presos culturales", que hasta esta madrugada permanecían dentro de la Sala Alberdi, provocando al menos 16 heridos de bala de goma y 1 detenido.

Como en la jornada del 12 de Marzo pasado se volvió a utilizar la represión para amedrentar  a los ex ocupantes de la Sala Alberdi. Entraron en escena las balas de goma, luego de que se concentraran frente al complejo a la espera de la salida de los cuatro compañeros que permanecían en el lugar. Los manifestantes piden que no se levanten cargos contra ellos, pero el Gobierno de la Ciudad dice tener una orden judicial de una fiscal para que no abandonen las instalaciones sin antes ser identificados.

La violencia comenzó alrededor de las 19 horas, cuando dentro de la plaza seca una representante de la Asamblea de Autogestión Sala Alberdi, el ex diputado nacional de izquierda Luis Zamora y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño mantenían negociaciones en torno a una relativa inmunidad para los cuatro ocupantes de la sala, que pretenden dejar vacío el lugar.

“Estaban en reunión y de repente empezó a haber unos movimientos extraños y la manifestación se agitó. Hubo incidentes. La Policía Metropolitana reprimió con balas de goma y el carro hidrante y detuvieron a un compañero. Ahí nos movimos y pasamos a cortar la calle Paraná”, declaro un manifestante a los medios de comunicación en medio de la calma después de un intento de resolver el conflicto por medio del uso de la fuerza. 

El viernes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Falta de la justicia porteña ordenó el allanamiento y la desocupación del lugar. Pero se anunció que la medida será apelada por la Defensoría Oficial ante el Superior Tribunal de Justicia porteño, y que, en caso de quedar firme, recién podría cumplirse después del 5 de abril, pasadas las Pascuas.

Fin de la Toma 

Durante la madrugada, los cuatro artistas que mantenían la protesta en el sexto piso del edificio del Centro Cultural San Martín abandonaron el espacio de acuerdo con la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires

Los ocupantes, fueron identificados y se realizaron las pericias por parte del médico legista, conforme a lo exigido por el fallo del viernes, de la Sala I de la Cámara Contravencional porteña. Estos procedimientos fueron realizados en el tercer piso del edificio. Las actuaciones se hicieron en presencia de los abogados de las partes, lo que evitó hasta el momento el traslado a una repartición policial

"La salida de la Sala Alberdi fue una decisión de los chicos. Si bien la Cámara falló el viernes para que la desalojaran y los identificaran legalmente, había posibilidades de extender el plazo, pero decidieron dejar la sala porque llevaban más de tres meses viviendo en condiciones infrahumanas", apuntó Zamora.

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