Los pañuelos no se manchan: Pando sentenciada a 5 meses de prisión

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA saluda la condena impuesta sobre Cecilia Pando por el  agravio cometido contra a las Madres de Plaza de Mayo y a lxs 30.000 compañeros y compañeras desaparecidxs. Pando, es conocida por su defensa de los genocidas y de los crímenes cometidos en durante la dictadura cívico-militar. 

El juez Morrosi, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la CABA condenó a Cecilia Pando por el delito de “daño agravado” por haber cubierto con crespones negros los pañuelos blancos que rodean la Pirámide de Mayo en homenaje a las Madres, un Sitio Histórico por Ley de la CABA. Cecilia Pando tuvo una pena de 5 meses de prisión en suspenso y también deberá cumplir 30 horas mensuales de trabajo comunitario, para lo cual deberá presentarse por dos años ante el Patronato de Liberados. 

Equipo de la Secretaría de Derechos Humanos

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16 condenas a perpetua en el juicio por crímenes en el llamado “Circuito Camps”

La alegría de víctimas y familiares tras la sentencia

Este miércoles se dio a conocer la sentencia en el juicio por los crímenes en el circuito clandestino de centros de tortura, detención y exterminio montado durante la última dictadura cívico militar en la Provincia de Buenos Aires. Entre los condenados se encuentra Jaime Lamont Smart, civil, ex ministro de gobierno de esa provincia entre 1976 y 1979, y el ex Jefe de Inteligencia Miguel Osvaldo Etchecolatz. Además fueron condenados otros 7 genocidas represores fueron condenados a penas de 25 a 2 años de prisión efectiva.

Además de Smart, fueron condenados a perpetua Rodolfo Aníbal Campos,, Horacio Elizardo Luján, Norberto Cozzani, Carlos García, Luis Vicente Patrault, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Kearney, Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello, Víctor Sita, Domingo Almeida y Roberto Omar Grillo. Al resto de los imputados le correspondieron las siguientes penas: 25 años de prisión para Eros Amílcar Tarela y Jorge Antonio Bergés, 18 años para Roberto Antonio Cabrera, 15 años para Sergio Arturo Verduri, 14 años para Daniel Jorge Lencinas, 11 años para Pedro Antonio Ferriole y 2 años de cumplimiento efectivo para Santiago Antonini.

La CTERA expresa su satisfacción por el fallo del Tribunal presidido por el Doctor Carlos Rozansky, en el que se considera a los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de un “genocidio”. El Tribunal Oral Federal de la Plata sienta un importante precedente al condenar a prisión perpetua a un alto funcionario civil, poniéndose al descubierto una vez más la complicidad cívico-militar del terrorismo de Estado. 

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Histórica sentencia: Expresamos nuestra satisfacción por las condenas a perpetua a 14 genocidas en Bahía Blanca

Este miércoles fueron condenados a prisión perpetua en cárcel comun a catorce militares represores pertenecientes al V Cuerpo del Ejército, juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, dispuso que los condenados cumplan prisión en cárcel común bajo jursidicción del Sistema Penitenciario Federal. Novedosamente el tribunal resolvió que los delitos contra 90 víctimas por los que fueron condenados los militares “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar”.

Los condenados son los represores Juan Manuel Bayón, Hugo Jorge Delmé, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, Mario Carlos Antonio Méndez, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Osvaldo Bernardino Páez, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Jorge Abelleira y Héctor Arturo Gonçalves. Además fueron condenados Carlos Alberto Contreras a 18 años de prisión y a Andrés Reynaldo Miraglia y a Héctor Luis Selaya a 17 años y 6 meses de prisión.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos expresamos nuestra satisfacción por las condenas dictadas contra estos 14 militares genocidas por su participación en el genocidio. Sostenemos que procesos como este, en los que fue indispensable el acompañamiento popular y la militancia inclaudicable de los organismos de derechos humanos, son un insumo esencial para reconstruir nuestra identidad colectiva. Seguiremos luchando por condenas como esta, por Memoria, Verdad y Justicia, por los 30.000 compañeros desaparecidos por el terrorismo de estado, y por los desaparecidos y asesinados en democracia.

Bahía Blanca, 12 de septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos
CTERA

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Bahía Blanca: El veredicto por los crímenes de lesa humanidad en “La Escuelita” ya tiene fecha

El próximo 12 de septiembre en horas de la tarde el Tribunal Oral Federal leerá la sentencia a los 17 imputados en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, en Bahía Blanca, durante la última dictadura cívico militar. El fiscal Abel Córdoba solicitó perpetua para 14 de los imputados, en el juicio oral en el que se investigan violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 90 víctimas en el área de operaciones del V Cuerpo del Ejército. 

Señalización de "La Escuelita"

El juicio oral, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, se lleva adelante en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas 

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en su alegato, la pena de prisión perpetua para Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira. Por otra parte pidió 25 años de prisión para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, y 21 años para Carlos Alberto Contreras.

Buenos Aires 6 de septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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