La Rioja: Presentan denuncia por la apropiación ilegítima del Diario El Independiente

El jueves 19 de septiembre, el periodista y escritor Plutarco Antonio “Chacho” Schaller presentó en la Justicia una denuncia penal en la ciudad de La Rioja por “la apropiación ilegítima de Coopegraf Ltda.", llevada a cabo el 10 de mayo de 1976 mediante los delitos de "privación ilegítima de la libertad calificada, tormentos calificados, asociación ilícita calificada, y la desaparición forzada de su persona", el mismo 24 de marzo de 1976 y durante trece meses en el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja. Schaller estuvo preso en las cárceles de Sierra Chica, Rawson y La Plata entre otros penales. El periplo también afectó a su familia: durante la dictadura cívico militar fue secuestrada y torturada su mujer y su hijo, Plutarco Antonio fue apropiado en 1977 por el ex suboficial Lucio Landro Gelsomino y su mujer, con el consentimiento del ex juez federal de la provincia Roberto Catalán. El genocida Gelsomino falleció en febrero del 2011 sin recibir condena.

Desde 1987 hasta principios de este año Schaller vivió en Cuba, donde se dedicó a elaborar un exhaustivo trabajo de investigación donde reunió información y donde nombra y describe uno a uno a 2860 represores argentinos; ese trabajo  fue presentado en noviembre del 2009 en La Rioja y en Buenos Aires, pero en formato digital. Hace unos meses en el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja los concejales declararon a Plutarco Schaller, que tiene 85 años, como Ciudadano Destacado. Hace varios años  Plutarco Schaller, declaró que  los ex militares Alfredo  Marcó y  Eliberto Miguel Goenaga le dijeron que Angelelli, junto con el psiquiatra Raúl Fuente y el periodista Alipio Paoletti “iban a ser muertos, porque eran los tres principales ideólogos de la guerrilla en La Rioja”. Marcó se suicidó en el 2009 y en abril pasado la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de Goenaga entre otros ex militares, ex gendarmes y ex agentes de inteligencia, acusados de secuestros y tormentos en el Batallón 141, en esa causa también está acusado el ex juez  Roberto Catalán.

Schaller junto a Alipio "Tito" Paoletti, Ricardo Mercado Luna y Guillermo Alfieri, entre otros fundaron en 1971 la cooperativa Coopegraf, para continuar editando el diario riojano El Independiente, pero en 1976 Schaller Mario Paoletti y Alfieri fueron secuestrados,  "Tito" Paoletti consiguió evitar el secuestro y pudo exiliarse en España con su familia. Mientras estaban secuestrados y eran torturados les hicieron firmar una renuncia a la cooperativa que quedó dirigida por otros miembros. Todo esto es lo que se denunció el pasado jueves, Schaller acusa a los beneficiados por la apropiación, Nicolás Villafañe, Américo Torralba (fueron directores interinos), Héctor Ártico, Amado Fernández, Jorge Antonio Flores, Lucio Córdoba y López Alcaraz como partícipes necesarios, y como responsables de los crímenes a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez;  Antonio Todarelli (ex jefe de la SIDE de La Rioja), Osvaldo Pérez Battaglia (ex jefe del batallón de Ingenieros 141), y al ex capitán Esteban Sanguinetti.

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Procesaron a ex directivos de Ford por la desaparición de obreros

La jueza Alicia Vencdel Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, ex directivos de la empresa Ford, por los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz, ocurridos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. Estos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos durante la última dictadura militar.

La jueza dispuso, además, trabar embargo sobre sus bienes, cada uno hasta cubrir la suma de $750.000, y se les impuso el cumplimiento de las siguientes condiciones bajo apercibimiento de revocar el beneficio de la libertad provisional: no ausentarse de su domicilio por un lapso mayor de 24 horas y comunicar cualquier cambio de residencia, comparecer mensualmente a la delegación de la Policía Federal Argentina con jurisdicción en su domicilio del 1° al 10° día de cada mes.

Según la resolución, se les imputa a Müller -en su carácter de gerente de Manufactura-, Galarraga -en su carácter de gerente de Relaciones Laborales- y Sibilla -en su carácter de jefe de Seguridad-, el haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar, al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, de la empresa Ford Motors Argentina SA, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.

Se destaca que también debió haber sido llamado a proceso Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en autos, habría fallecido en el año 1989 en la República de Chile.

En la investigación sobre la complicidad de  Ford Motors de Argentina en crimenes de lesa humanidad, la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó como partícipes necesarios del secuestro y tormentos que sufrieron 24 obreros en 1976, a tres ex directivos de la automotriz. Estos son Pedro Müller, ex gerente de manufactura, Héctor Francisco Sibilla, un militar retirado del Ejército que fue jefe de Seguridad en la Ford y el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga. Esto se logró por el impulso de la jueza Vence, luego que   el fiscal de San Martín Jorge Sica y el juez subrogante Juan Manuel Yalj no movieran la causa por varios años, en una línea de conducta cuestionada por los organismos de derechos humanos.

Se los acusa de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas", por haber señalado y dar los datos personales de cada uno de los empleados, junto a sus fotografías y domicilios particulares, para que se secuestrara a los delegados y empleados de Ford Motors Argentina S.A. de la planta de Pacheco, por militares  del Comando de Institutos Militares,a cargo del genocida Santiago Omar Riveros. Las víctimas son Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.Los secuestros fueron perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

Los sobrevivientes, que son querellantes en la causa, también habían pedido el procesamiento de Nicolás Enrique Courard (de nacionalidad chilena), quien fue  presidente de Ford Argentina entre el 29 de noviembre de 1973 y el 1º de marzo de 1985,  pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989.

En su fallo la jueza Vence señaló que "es importante no solo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados... la violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos". También recordó los casos de las causas abiertas a empresas alemanas por vender al estado nazi el pesticida que se usó en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos y otros perseguidos.

Fuente: Centro de Información Judicial

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