Detuvieron al represor Damonte.

El pasado martes 10 a la mañana mientras estaba en un Banco, personal de la Policía Federal detuvo en la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut al ex policía cordobés Juan Carlos “Coco” Damonte, que hacía casi dos años que estaba prófugo (orden emitida por el Juzgado N°3 de Córdoba el 8 de agosto de 2012). Este represor integraba el Departamento Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y está imputado por delitos de lesa humanidad que cometió en ese Centro Clandestino de Detención (CCD) y en el conocido como "La Perla" entre otros delitos, como la privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y abuso deshonesto en perjuicio de Liliana Rosa Bruno, hechos ocurridos en 1975 y denunciados por Bruno en octubre del 2010 en uno de los juicios al genocida Jorge Rafael Videla.
Se informó en el sitio web del Ministerio Público Fiscal, que por ahora al represor le fue concedido el arresto domiciliario, debido a que requiere atención médica y que el penal de Trelew no está en condiciones de brindársela.
Damonte era parte de la “megacausa  La Perla”, denominada así por la dimensión de ese CCD en el modelo represivo implantado en Córdoba y en todo el país durante la dictadura cívico militar y por la gran cantidad de víctimas, testigos y querellantes que están en ella. En el debate oral hay en total de 21 expedientes (16 iniciales y 5 agregados esta año), que tratan los casos de 696 víctimas, entre asesinados, desaparecidos, torturados y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron por “La Perla”, pero también de los CCD “Campo de la Ribera”, del Departamento de Informaciones de la Policía (D2 en sus sucesivas sedes), la Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad cordobesa de Pilar, (ver notas anteriores en este blog).

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En Mendoza un represor sigue profugó y otro se entregó en la audiencia.

Constantino

El represor José Antonio Lorenzo Constantino, estaba prófugo pero se entregó ayer antes de que se inicie la segunda audiencia del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza (ver notas anteriores); ahora permanecerá detenido a lo largo del proceso. Este ex oficial de policía actuó durante la dictadura civico militar en la comisaría 7ª de la localidad de Godoy Cruz y estuvo al servicio de los operativos del Departamento de Informaciones de la Policía provincial (el D2), del que dependía el centro clandestino más importante que operó en Mendoza desde 1975 hasta el final de la dictadura.

Sigue prófugo y con pedido de captura, el represor Francisco López Rodríguez, que no asistió a ninguna de las audiencias y no fue hallado en su domicilio al momento del allanamiento. Rodriguez también  es ex policía y  estuvo de servicio en el D2  durante el terrorismo de Estado. 

 

Ayer  fueron desafectados por razones de salud los expolicías que también actuaban en el D2 Alfredo Milagros Castro Videla, Francisco Salvarreda, Timoteo Rosales Amaya y el ex jefe del D2 en1977, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, igualmente todos mantienen la prisión domiciliaria. Se sumaron a las bajas del genocida  Luciano Benjamín Menéndez, el ex juez Gabriel Guzzo y del ex agente de Inteligencia Enrique Gomez Saá, este represor evade la Justicia a través de certificados médicos en los que no intervienen los médicos forenses. Así quedan sólo 34 imputados, cuyas imputaciones comenzó a leer el Ministerio Público Fiscal; encabezado por el Dr. Dante Vega junto a Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante; hoy presentaron la responsabilidad penal de los ex jueces federales imputados.

Recientemente, en el portal online del diario el Sol se informó que Carlos Alberto Carreño, el defensor del ex juez Guillermo Petra, habría sido agente civil de Inteligencia, en el Destacamento de Inteligencia 144, entre 1976 y 1983

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Finalmente 41 represores serán juzgados en Mendoza

El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza (TOF1), integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade,  aceptó acumular en un solo juicio las 15 causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran en condiciones de realizar debate oral en esa provincia. Pero la fecha de inicio del debate será recién el 17 de febrero del 2014, postergando también el juicio contra el represor Enrique Blas Gómez Saa, que se iba a iniciar el pasado 11 de noviembre y se había postergado por problemas de salud del imputado. Sobre este represor el Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió que, como no hay fondos para que los médicos de la Corte Suprema viajen a Mendoza, se debía convocar a médicos de la Universidad Nacional de Cuyo para que ellos revisen el estado de salud de Enrique Blas Gómez Saá.

En este juicio oral, si no lo vuelven a postergar, estarán imputados 41 represores (fuente CIJ), entre ellos los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Roque Romano, acusados en decenas de causas. La iniciativa de acumular las 15 causas fue propuesta hace tiempo, tanto por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza como por el fiscal federal Dante Vega. 

 

Otilio Irineo Roque Romano
 

En una nota anterior se había publicado que Cecilia Pando, la activista de ultraderecha y defensora de genocidas y apropiadores, había sido invitada a Mendoza por el ex senador del partido demócrata Sergio Miranda y para dar una "charla" en el auditorio del diario Los Andes. Pero el diario El Sol informó que el repudio social que generó la figura de Pando, determinó que las autoridades del diario Los Andes desactivaran el evento. Pando y sus cómplices tampoco pudieron realizar un acto en las escalinatas de Tribunales Federales mendocinos, donde querían protestar contra los juicios a los genocidas de la dictadura cívico militar. Hay que recordar que Sergio Miranda es hijo del represor y ex policía Ricardo Miranda Genaro, quien en 1977 dirigía el Departamento Dos de Inteligencia de la Polícía de Mendoza (D2)  y en marzo pasado fue condenado a prisión perpetua junto a otros 6 genocidas,  pero Miranda está con prisión domiciliaria.

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Por la muerte del genocida Romero en la causa Angelelli quedan sólo con dos imputados: Menéndez y Estrella

El viernes pasado murió impune en su casa el represor Juan Carlos "La Bruja" Romero, estaba detenido desde abril del 2010 por disposición del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Como jefe del Departamento de Inteligencia (D2) de la policía riojana, Romero fue uno de los principales torturadores de presos políticos y secuestrados que pasaron por el ex Instituto de Rehabilitación Social (hoy Servicio Penitenciario Provincial), ahí era el que comandaba las sesiones de tortura, pero también actuaba en otros centros clandestinos de detención.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por Juan Carlos Reynaga, José Quiroga Uriburu y Carlos Lascano, viene demorando dos años el juicio oral por el asesinato de monseñor  Angelelli (cometido el 4 de agosto de 1976), que recién comenzaría el próximo 4 de noviembre. Así de los cinco represores procesados en noviembre del 2011 en la instrucción de Herrera Piedrabuena, tres ya murieron (los genocidas Videla, Harguindeguy y Romero), por eso  sólo estarán sentados en el banquillo Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando  Estrella. Otros represores riojanos como  Lázaro Aguirre y Alfredo E. Marcó murieron sin ser enjuiciados.

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El represor Juan Domingo Ayala fue condenado en Córdoba a sólo 12 años de prisión por crímenes de lesa humanidad

Como parte de la causa conocida "Comando Radioeléctrico Córdoba", el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, integrado por los jueces Eduardo Belforte, Mario Garzón y Roque Ramón Rebak, condenó hoy a 12 años al ex policía Juan Domingo Ayala debido a que se lo consideró sólo como partícipe secundario por los homicidios de Diana Fidelman, Miguel Moze, Luis Ricardo Verón, José Alberto Svaguza, Ricardo Alberto Yung y Eduardo Alberto Hernández que estaban detenidos como presos políticos en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), de la ciudad de Córdoba; cuando un fusilamiento se simuló como un enfrentamiento el 17 de mayo de 1976, durante un traslado desde la UP1 al Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la ciudad de Córdoba y uno de los vehículos era conducido por el represor Ayala.

En su alegato la fiscal federal Graciela López de Filoñuk había solicitado  la pena de prisión perpetua porque lo consideró "coautor responsable de seis hechos de Homicidio Agravado, doblemente calificado por alevosía". En declaraciones a Radio Universidad de Córdoba la fiscal dijo que presenterá un recurso de casación luego de ver los fundamentos del fallo.

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Córdoba: amenazan con posponer el inicio de Juicio de Lesa Humanidad

En el sexto juicio por delitos de Lesa Humanidad que se desarrolla en Córdoba podría suspenderse la etapa oral. Se trata de la que iniciará este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Provincia de Córdoba, integrado,  por subrogancia legal,  por los jueces Mario Eugenio Garzón, Roque Ramón Rebak y Eduardo Ariel Belforte. La instrucción se realizó por el  Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

Los imputados por el asesinato de seis presos políticos  son el ex cabo del Comando Radioeléctrico de la Policía cordobesa, Juan Domingo Ayala, bajo los cargos de presunto coautor responsable de seis hechos de Homicidio Agravado, doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes, en concurso real.

El otro imputado es Jorge Alberto Zalazar, entonces comisario y luego ascendido a comisario mayor, pero, para él, se ha suspendido la tramitación de la causa por el resultado de  informes médicos que indican una incapacidad mental sobreviniente, lo que le impediría ser sometido al proceso. Esto hizo que la única querella y la fiscalía solicitaran que se postergara el proceso oral. El abogado Claudio Orosz de la querella objeta el informe médico que había sido ordenado por el Tribunal, ya que no pudieron controlar los exámenes con peritos propios. Claudio Orosz declaró a Página/12 que “Estamos pidiendo la suspensión de la audiencia porque somos querellantes de dos de las víctimas y no fuimos notificados de los trámites del juicio”. La fiscal Graciela López de Filoñuk, en acuerdo con la querella, va a presentar un escrito para adherir a la nulidad.

Los seis presos políticos  fueron fusilados el 17 de mayo de 1976, con el falso argumento de intento de fuga. Ese día  efectivos del Comando Radioeléctrico y del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Córdoba, se trasladó hasta la cárcel cordobesa San Martín (la UP 1), para retirar a los seis detenidos y llevarlos a dependencias del D2 ; Ayala y Zalazar eran los que conducía los vehículos. Inicialmente hubo seis imputados pero tres murieron, el último fue Hector Rivera, que había sido detenido en el 2011 junto con Zalazar y Ayala y otro llamado Hugo Armando Barboza permanece prófugo.

Las víctimas son Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Moze, Luis Ricardo Verón, Ricardo Alberto Young, Eduardo Alberto Hernández y José Alberto Svagusa, quienes estaban detenidos como presos políticos en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1), de la ciudad de Córdoba.

Actualmente se está desarrollando  en Córdoba el juicio de la megacausa La Perla que tiene un total de 42 imputados, incluido el genocida Luciano Benjamín Menéndez, por delitos de lesa humanidad contra 412 víctimas. Los otros cuatro juicios que se desarrollaron en la provincia, son los de la causa ‘Brandalisis’ con sentencia en julio de 2008 y significó la primera perpetua para Menéndez; la causa ‘Albareda’ con la segunda perpetua para Menéndez en diciembre de 2009; en la causa ‘UP1’ se condenó, en diciembre del 2010, a perpetua al genocida Jorge Rafael Videla y fue la tercera para Menéndez, por el fusilamiento de 31 presos políticos. En el cuarto juicio se dictó sentencia,  en marzo del 2012, contra tres ex policias del Comando Radioeléctrico, por el asesinato de tres militantes.

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Córdoba: comienza juicio por crímenes de lesa humanidad en los ex-Centros Clandestinos de detención “La Perla”, "La Ribera" y "D-2"

A partir de las 10 de la mañana del martes hoy comienza el quinto juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Es la megacausa denominada "La Perla" o "Menéndez III", en el que están imputados 46 genocidas por delitos contra 416 víctimas. Los crímenes fueron cometidos durante los años 1976 y 1978 en La Perla ubicado en la RN20 entre Carlos Paz y Córdoba, el Departamento de Informaciones de la policía de la provincia de Córdoba (la D-2) y en el ex centro clandestino de detención La Ribera ubicado al noreste de la ciudad de Córdoba donde hasta 1975 había una Prisión Militar. En el juicio está la causa por la desaparición de Eduardo Requena,  destacado miembro fundador de la CTERA.

También hay unos 70 delitos cometidos desde fines de 1975, por un grupo parapolicial similar a la Triple A llamado Comandos Libertadores de América (CLA). 

Este juicio oral es el resultado de la acumulación de 16 causas que se tramitaron por separado durante la instrucción. Se espera que declaren unos 700 el 2013.Entre los delitos que se van a juzgar están la sustracción de menores, y los de privación ilegítima de la libertad, tormentos, torturas, lesiones graves y homicidio. Este es uno de los juicios más grandes de los que se llevan a cabo en el país.

El juicio será realizado por el Tribunal Oral Federal nº 1 de Córdoba, integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, el fiscal es Carlos Gonella. En las primeras audiencias se van a leer los autos de elevación a juicio de cada uno de los 16 expedientes acumulados para este proceso. 

Entre los imputados está el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín  Menéndez, quien seguirá las audiencias por videoconferencia, y quienes dirigieron el ex Centro Clandestino de Detención La Perla y el Destacamento de Inteligencia 141 como Ernesto Guillermo Barreiro, Héctor Pedro Vergez (también estuvo en el ex-CCD la Ribera), Jorge Exequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrichs, otros imputados son Luís Alberto Manzanelli, Arnoldo José López, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour otros 16 policías provinciales y personal civil de inteligencia y ex-gendarmes.

Este va a ser el primer juicio en el que va a juzgar el robo de bebés durante la dictadura cívico militar en Córdoba. Entre los casos juzgados está también el de el secuestro del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba, la primera causa de apropiación de niños en la provincia. 

"El lunes 03/12 se suicidó uno de los imputados, el ex-militar Aldo Carlos Cecchi, de 67 años, quien se disparó un balazo mientras estaba detenido e internado en un hospital de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires."

Se investigará también el secuestro, las torturas y el asesinato de Tomás Di Toffino, el dirigente gremial de Luz y Fuerza compañero del Gringo Tosco. También otros dirigentes gremiales como los hermanos Ortega de Sitrac-Sitram y el secuestro y asesinato de los dirigentes montoneros Marcos Osatinsky y Horacio “Chacho” Pietragalla padre de Horacio Pietragalla, el nieto recuperado por las Abuelas número 75.

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Córdoba: Tiene fecha el cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad

Eduardo Requena con su sobrina

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba fijó fecha de inicio del cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura cívico militar. Las audiencias orales de debate comenzarán el próximo 27 de noviembre. El juicio, también llamado Menéndez III acumula 16 causas por delitos de lesa humanidad por delitos de lesa humanidad contra 450 víctimas y 43 imputados, entre ellos se encuentra el represor Luciano Benjamín Menéndez. En las audiencias comparecerán aproximadamente 675 testigos.

En la causa se investigan además los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla", ubicado en las afueras de la Ciudad de Córdoba. La Perla comenzó a funcionar en 1975 y por allí pasaron renombrados dirigentes sindicales y militantes populares de Córdoba. Allí fue visto nuestro queridísimo compañero Eduardo Requena, docente y referente cordobés que fuera uno de los fundadores de la CTERA. Eduardo fue secuestrado el 26 de julio de 1976 por un grupo de civiles.

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Córdoba: Ratifican condena a perpetua contra Menéndez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación presentados por las defensas de los genocidas sentenciados a perpetua Luciano Benjamín Menéndez (ex Jefe del 3er Cuerpo del Ejército), Rodolfo Aníbal Campos (ex Jefe de la Policía de Córdoba), César Armando Cejas (ex Subdirector de Inteligencia de la Policía), Hugo Cayetano Britos (Jefe de Brigada Antisubversiva del D2). También se ratificó la pena de 16 años de prisión para  Miguel Ángel Gómez,  ex Suboficial de la Policía de Córdoba. Además, Casación revocó la absolución a Calixto Luis Flores dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 1 y le impuso la pena de seis años de prisión. Este Tribunal estaba integrado por Jaime Díaz Gavier y los jueces riojanos José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux (los dos primeros son jueces en el TOF de La Rioja que lleva adelante los juicios por los Mártires de Chamical).

Ricardo Fermín Albareda

Éste último, Calixto Luis Flores, fue encontrado coautor del delito de privación ilegal de la libertad y uso de violencia por el crimen de Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba y cuadro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

Con esta, en lo que va del año, son nueve las causas con sentencia definitiva de Casación Penal. Ésta había resuelto además sobre la causa denominada Molina (162/12), en la que se consideró por primera vez en la historia jurídica argentina que delitos contra la integridad sexual constituyen delitos de lesa humanidad. 

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