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martes, 2 de junio de 2015

Menéndez: el genocida es récord en condenas a perpetua

Este 1 de Junio de 2015, el juzgado Federal Nª 2 de Córdoba, integrado por Vicente Muscará, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, condenó al genocida Benjamín Menéndez a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta”, ya que consideraron que “los hechos juzgados fueron ejecutados en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables”.

La condena que recibió el represor en el día de ayer lo identifica como culpable del secuestro de tres compañeros de la Juventud Universitaria Peronista -JUP-: Ana María Villanueva, de 23 años; Carlos Delfín Oliva, de 20, y Jorge Manuel Diez, de 26. Operación que llevó adelante una patota del entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, el 2 de junio de 1976.



Los jóvenes fueron secuestrados en la ciudad de Córdoba, arrojados dentro de un auto y llevados cerca del actual estadio de fútbol del Chateau Carreras, que estaba siendo reaccionado para el mundial de 1978. Allí, sin más, los fusilaron. Durante el juicio los testigos detallaron que “entre los tres cuerpos, sumaban más de 140 proyectiles de FAL”.

Cabe recordar que en Julio de 2014 Menéndez había sido condenado a cadena perpetua, en cárcel común, por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de La Rioja, que lo declaró culpable por el asesinato de Monseñor Angelelli en 1976, ocurrido en la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja. Sumadas sus sentencias dan un total de 12 condenas para el genocida.


Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices civiles. Cárcel común a estos asesinos ¡nunca mas!  

martes, 18 de febrero de 2014

Mendoza: comenzó el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad contra civiles y militares

Parte de los 41 represores que serán juzgados.

Este lunes 17 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 - integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade- dio comienzo al  Juicio en el edificio de Tribunales Provinciales. En las audiencias  se tratarán 15 causas que involucran a 207 víctimas;  por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar están imputados ex jueces, militares, policías y agentes penitenciarios, en total son 41 los acusados, de los cuales tres fueron apartados de este proceso por diversos motivos. Entre los funcionarios del poder judicial será juzgado el ex juez Otilio Romano, quien fue extraditado de Chile recientemente.

Por primera vez, los ataques sexuales serán abordados como un delito con entidad propia en un juicio de estas características, independientemente de las torturas; así se juzgará a algunos de los miembros del centro clandestino en la D2 de la policía provincial, por “Violación agravada por el uso de la fuerza”, por los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro de las mujeres detenidas en ese CCD. Se estima que todo el proceso podría durar dos años, para que presenten su testimonio ante el tribunal unos 660 testigos.

Antes del inicio de la audiencia, se realizó un festival bajo la consigna "Democracia con Justicia Futuro con Memoria", en la explanada de los Tribunales provinciales sobre la calle Patricias Mendocinas, con cientos de concurrentes, entre ellos Susana Trimarco, Horacio Pietragalla, Jorge Auat y Pablo Parenti.


Luis Miret y Guillermo Petra
A lo largo de este juicio se irá confirmando la complicidad civil con el terrorismo de estado, especialmente la del Poder Judicial que se adecuó al “plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión “ perpretado  por la dictadura, relegando su deber de garantizar  la vida y la integridad de las personas. Los procesados civiles son cinco ex funcionarios de la Justicia Federal pero, uno de ellos, Gabriel Guzzo fue separado del juicio oral por razones de salud y no responderá por los 107 hechos por los cuales fue denunciado. Los que sí estarán en el banquillo son Luis Miret, quien fuera juez subrogante y luego juez designado en la dictadura;  el  profugado y extraditado ex juez y camarista Otilio Ireneo Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Los otros dos son el ex camarista Guillermo Max Petra Recabarren y el ex juez Rolando Evaristo Carrizo; todos ellos están acusados por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que les presentaron por centenares en sus juzgados, en forma Habeas Corpus y demás recursos legales.


El único magistrado condenado por delitos de lesa humanidad, hasta ahora, es el ex juez Víctor Hermes Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión en diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay en total 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ya fueron procesados por su actuación durante la dictadura cívico militar y recién ahora se juzgan 4 de ellos.

Los demás imputados son represores  militares, penitenciarios y policías; diez de ellos ya fueron condenados en juicios anteriores. El ex jefe del G2 de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Furió ya tiene dos condenas a perpetua, otros condenados son Aldo Patrocinio Bruno, Armando Osvaldo Ferández, Dardo Migno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal, Alsides París Francisca, Ramón Ángel Puebla,  Luis Rodríguez y Eduardo Smaha. Por su parte serán juzgados por primera vez Andrada, Félix Humberto; Bianchi, Oscar Alberto;  Camargo, Héctor Rubén; Castro Videla, Alfredo Milagro; Fuertes, José Antonio; Garro Rodríguez, Antonio; González, Rubén Darío; Guevara, Armando Hipólito; Gutiérrez, Pablo; Lapaz, Julio Héctor; Laporta, Mario Alfredo; Linares, Pedro Modesto; López, Francisco; Lorenzo Constantino, José Antonio; Marchelli, Jorge Antonio;  Montes, Roberto; Morales, Diego Fernando; Moroy Suárez, Marcelo Rolando; Ponce, Miguel Ángel; Ponce, Juan Carlos; Rosales Amaya, Timoteo; Tello Amaya, Miguel Ángel; Tradi Martínez, Pablo Antonio; Tragant, Carlos Horacio. Doce de los imputados que estaban en libertad fueron arrestados el pasado jueves 13 y durante el debate permanecerán en las celdas de los Tribunales Federales (Miret permanece en libertad). No estará en el juicio oral el represor Enrique Blas Gómez Saá -ex agente de Inteligencia del Ejército- quien ya había logrado eludir el juicio contra él el 11 de noviembre pasado (ver nota en este blog),  y ahora logra eludir la justicia nuevamente a pesar de las sospechas en torno a su verdadero estado de salud. También fue apartado en esta nómina el máximo responsable de la represión en  la región,  el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quién ya fue apartado en otros juicios por estar siendo juzgado en las provincias de Córdoba y La Rioja.

Aún está pendiente un pedido de agregar la causa "Las Lajas", para juzgar la intervención de la Fuerza Aérea en las las desapariciones  de Mauricio López, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Héctor Osvaldo Zuin y Juan Ramón Fernández.

domingo, 12 de mayo de 2013

Adherimos al pronunciamiento de HIJOS y organismos de DDHH ante el pedido de detención de Massot, cómplice civil de la dictadura


La lucha del pueblo y la decisión política del Estado hicieron posible que Bahía Blanca viva una realidad nueva: se terminó la impunidad y los partícipes de los delitos de lesa humanidad empiezan a tener Juicio y Castigo. La Nueva Provincia fue parte del aparato civil de la última dictadura cívico-militar. El pedido de la Unidad Fiscal para que el Poder Judicial avance sobre los responsables de ese órgano de propaganda del terrorismo de Estado que todavía sigue haciendo apología de esos delitos de lesa humanidad, es un paso histórico.


Dos obreros gráficos del Sindicato de Artes Gráficos que trabajaban en el diario La Nueva Provincia fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Se trata de Enrique Heinrich, quien era maquinista en la rotativa y secretario del Sindicato, y Miguel Ángel Loyola, estereotipista y tesorero. Ambos fueron secuestrados, torturados y fusilados. Tres meses antes de ser asesinados, sus nombres encabezaron una lista de Prefectura sobre “personal a ser RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (La Nueva Provincia). El año pasado terminó el primer juicio a genocidas en Bahía Blanca con un fallo ejemplar en el que, entre otras cosas, se ordenó la investigación del Directorio de ese medio de prensa por su participación en delitos de lesa humanidad. A partir de esto, los fiscales Nebbia y Palazzani pidieron la detención e indagatoria de Vicente Massot, propietario y director, y de Mario Gabrielli, ex secretario de redacción.

“No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, sostuvieron los fiscales en el pedido de detención. Asimismo, sostuvieron que Massot tuvo “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. 

Este paso histórico para terminar con la impunidad de los Massot merece todo nuestro apoyo y nos convoca a seguir militando por el Juicio y Castigo para todos los genocidas. Esperamos que el juez federal Sergio Martínez procesada de inmediata sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal para seguir fortaleciendo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. 


H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Comunicado de prensa - 11/5/2013

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