Día de la Violencia Institucional: 4000 gritos contra el Gatillo Fácil
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27 años han pasado de los hechos de la Masacre de
Budge, un episodio triste para la Democracia argentina que
reveló la crueldad y la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Después, vinieron los casos de Agustín Ramírez, en San Francisco
Solano, y en 1991 el caso de Walter Bulacio, en Capital Federal
en 1991.
Los hechos sobresalieron entre el silencio mediático, pues, se
trató también de las primeras movilización de familiares, amigos
y vecinos que se realizaron exigiendo cárcel a los asesinos, que
lograron una gran visibilización del accionar de las policías.
Desde diciembre de 1983 entonces más de 4000 personas fueron
asesinadas por fuerzas de seguridad en casos de Gatillo Fácil,
cuestión que resuena en lo más hondo de las instituciones y de
la que suele decirse por ahí que es una de las "deudas
pendientes de la Democracia" o parafraseando a León Rozitchner
¿qué es sino esa estela del terror sobre el cual navega la
democracia argentina? Estos números constituyen, ni más ni
menos, el saldo estructural de las prácticas y la cultura
represiva de las fuerzas de seguridad y las instituciones de
encierro.
Estas tres décadas de construcción democrática coinciden también
con la consolidación del discurso de la seguridad basado en la
mano dura. Este discurso que repiten algunos medios, algunos
políticos y los "expertos en seguridad pública", se parapeta en
el argumento de que cada vez hay más delitos asociados a la
violencia, para aplicar una misma fórmula: más violencia. Estos
argumentos no dicen nada sobre la los orígenes ni de las
posibles soluciones para la pobreza estructural en nuestro país;
nada dicen de la corrupción de la institución policial, de su
independencia de las decisiones políticas y su capacidad para
regular el delito; tampoco hablan sobre el rol de la corporación
judicial y sus intereses; mucho menos hablan de la vulneración
de los derechos de las personas que se operan bajo ese manto
oscuro de la mano dura.
Por esto, siempre que buscamos dar este debate decimos que hay
que desterrar la supuesta contradicción que acusan estos
sectores políticos y mediáticos entre seguridad y derechos
humanos. En el marco de otro diálogo es necesario hablar de la
reformulación del rol de las instituciones administrativas,
policiales y judiciales que operan en este ámbito. Este es el valor de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional,
una iniciativa en la que convergen una rica pluralidad de
colectivos y referentes.
En estos 27 años seguimos apostando a la organización popular,
la articulación entre las organizaciones del campo popular para
visibilizar, denunciar y exigir ¡Ni un pibe menos, basta de
Gatillo Fácil!
Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA
