Cárcel Común al Juez de la Dictadura Roberto Catalán

La Secretaria de Derechos Humanos de CTERA celebra la decisión de La Cámara Federal de Casación Penal que ratificó que el ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán, beneficiado hasta este momento con arresto domiciliario por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, deberá cumplir su arresto en una cárcel común.

Los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos adujeron “falta de control permanente en el ámbito de la prisión domiciliaria por parte de los organismos de seguridad competentes”, y que podría haber un “entorpecimiento del proceso” bajo “la forma de presión directa o indirecta hacia testigos o víctimas de la causa”.

Roberto Catalán actuó como Juez en la provincia de La Rioja durante toda la dictadura cívico-militar y esta acusado de “imposición de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica” luego de haber sido denunciado por el ex preso de la dictadura Leopoldo Juan González, quien estuvo detenido en abril de 1976 en el Batallón de Ingenieros en Construcciones 151 de La Rioja y allí fue indagado por el ex juez.

Seguimos exigiendo juicio y castigo para los civiles que fueron parte del genocidio y exhortamos al poder judicial a que aplique el criterio de cárcel común a los genocidas.

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

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Por el esclarecimiento del caso de Luciano Arruga

Ante la noticia de la aparición del cuerpo sin vida de Luciano Arruga, el joven desaparecido en 2009, luego de ser detenido y torturado por efectivos de la policía bonaerense exigimos el esclarecimiento de su muerte.

La aparición del cuerpo enterrado como NN en el Cementerio de Chacarita no es la mejor noticia para una familia que exige Justicia y Verdad hace más de 5 años, así como tampoco es un hecho positivo para la construcción de la democracia. Como venimos señalando, este hecho es producto de la capacidad de autogobierno de las fuerzas de seguridad y sus prácticas represivas. En el mismo sentido, en un contexto de estigmatización y criminalización de los jóvenes de las clases populares, el caso reveló una de las modalidades de regulación del delito por parte de estas fuerzas.

Luego de 5 años y 9 meses de la desaparición de Luciano, el supuesto de un accidente que acabó la vida de Luciano y el entierro de su cuerpo como NN no resulta una respuesta satisfactoria en sí misma. No resulta tampoco satisfactorio que, entendiendo que sencillamente fue atropellado en el medio de un cruce peligroso, cuestión que resulta extraña, estando a metros de un destacamento de la bonaerense, no se haya investigado tras el interrogante sobre qué hace un joven a las tres y media de la mañana caminando por allí y en qué condiciones lo hacía.

Desde CTERA expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia de Luciano en estos momentos de dolor, y acompañamos más que nunca su pedido de Justicia y Verdad. En estos momentos de congoja y preocupación abogamos por una justicia que de respuestas a las demandas populares de justicia.

Secretaría de Derechos Humanos
CTERA

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Repudiamos el fallo judicial que absolvió al policía acusado de ejecutar a Alan Tapia

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA repudia el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 11 que absolvió al efectivo del GEOF Rodrigo Valente, acusado de ejecutar a Alan Stefano Tapia de 19 años. El hecho de Gatillo Fácil, ocurrido en febrero de 2012, fue calificado de Homicidio por distintos jueces en la etapa de instrucción.

Este mismo repudio merece el ahora ex fiscal Eduardo Marazzi, quien pidió y defendió la absolución del acusado. En plena consonancia con los defensores del Valente, el fiscal justificó el accionar del policía por “el contexto de peligrosidad” que representa Villa Mitre. El fiscal fue apartado por la Procuradora de la Nación, la Dra. Alejandra Gils Carbó.

En su carrera como fiscal, se conocen otros alegatos polémicos de Eduardo Marazzi a favor de acusados de homicidio. Es conocido su rol en el otorgamiento de sólo 8 años de prisión que beneficio a un cabo de la Gendarmería responsable de un caso de gatillo fácil. En 2007 realizó un comprometido alegato en defensa del ex gendarme Federico Sandoval quien había disparado por la espalda contra Judith Jiménez de 15 años, luego escapando. Marazzi argumentó entonces que no era agravante la pertenencia de Sandoval a la gendarmería. El caso también se había tramitado ante el Tribunal N°11 que absolvió al ejecutor de Alan. 

Valente era parte del cuerpo de la Policía que llevaba a cabo un operativo en Villa Mitre -Barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires- en el que fue ejecutado mientras dormía el joven militante y profesor tango en el programa de vacaciones en la UBA. Contrariamente a la normativa, el brutal operativo montado por la Policía Federal se ejecutó en horario nocturno con ayuda de ese grupo de elite en tres casas, arrasándose con todo lo que había en ellas.

Desde esta Secretaría acompañamos a la familia y amigos de Alan en el pedido de justicia efectiva y cárcel a los culpables de su asesinato. Asimismo señalamos la responsabilidad de la "familia judicial" en la 

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Pidieron perpetua para 4 imputados por la Masacre de Trelew

Luis Emilo Sosa, el genocida imputado en el juicio por la
Masacre de Trelew

En sus alegatos la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales, solicitaron prisión perpetua para cuatro de los imputados por los crímenes cometidos en la Masacre de Trelew en 1972. Los imputados con pedido de perpetua son los ex marinos Rubén Norberto Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia a cargo de los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella tiene previsto dar inicio hoy a la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal. 

Los abogados del CELS - en representación de los familiares de Pedro Bonet, Alberto Camps, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti y Mario Delfino – solicitaron además que “se investigue la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, ya que podría ser autor del delito de encubrimiento y la deportación de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y pesa sobre él la acusación de haber sido uno de los autores de la masacre” 

La Secretaría de Derechos Humanos incluyó otros pedidos al juzgado federal de Rawson a cargo de Hugo Sastre: que se insista en reclamar a Estados Unidos la extradición del represor Roberto Bravo - que fuera negada en el pasado -, que investigue la responsabilidad del ex oficial naval Jorge Barreto y que se examine periódicamente al ex almirante Horacio Mayorga, procesado y ausente en este juicio por razones de salud.

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