Avanza en Francia la extradición a la Argentina del represor Mario Sandoval

El Tribunal de Apelación francés autorizó que el Represor Mario Alfredo "Churrasco" Sandoval, sea extraditado, pero se puede apelar al Tribunal Supremo y el procedimiento puede prolongarse durante varios meses. Durante la dictadura cívico militar Sandoval era subinspector en la Comisión de Asuntos Políticos de la Policía Federal y está procesado en Argentina por crímenes de lesa humanidad perpetrados  en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuando integró el Grupo de Tareas 3.3.

Sandoval cuando daba conferencias en Colombia

Lamentablemente la extradición no es por los 601 casos que le imputó el juez federal Sergio Torres, sino solamente por la tortura, privación de libertad y desaparición, el 30 de octubre de 1976, del estudiante de arquitectura Hernán Abriata. Además el presidente de la Sala de Acusación, Jean Bartholin, consideró que si Sandoval fuera condenado en la Argentina, la pena máxima que se le podría imponer es de 15 años, que es la que estaba prevista en 1976 en el Código Penal para los delitos por los cuales se lo extradita. 

El represor Sandoval fue miembro del Consejo de Defensa del ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy y profesor de ciencias políticas de la Universidad París III; tiene nacionalidad francesa, pero el Código Procesal Penal francés permite la extradición cuando la persona reclamada no tenía la nacionalidad francesa en el momento de cometer los delitos. 

Como estaba impune, en el 2001 viajó a Colombia, durante la presidencia de Andrés Pastrana,  para ir a  una reunión convocada por los jefes de los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, también Sandoval fue docente de generales y altos funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, cuando estuvo en la Escuela Superior de Guerra de Colombia en el 2006 y 2007 y llegó a ser parte de la comitiva francesa  en las negociaciones para liberar a Ingrid Betancour. Además el represor ha sido profesor de militares en Chile, cuando fue en el 2006 para hablar de geopolítica.

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Otilio Romano será extraditado desde Chile en 30 días

 La Sala Segunda  de la Corte Suprema de Chile, integrada por Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, ratificó por unanimidad la determinación de junio pasado del juez Sergio Muñoz, en la cual había dispuesto la extradición del excamarista federal Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz, quien había huído a Chile el 24 de agosto de 2011.

Como se dijo en otra nota la extradición fue presentada por la justicia argentina el 6 de enero del 2012, inculpando a Romano del  delito de denegación de justicia y de amparar la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamientos ilegales en cuatro casos. En febrero del 2012 la Corte Suprema de Chile ordenó su detención bajo arresto domiciliario nocturno hasta que se resuelva su extradición.

En su fallo, los jueces chilenos dijeron que Romano esta acusado por "hechos que pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad  y existe un compromiso a nivel internacional de los Estados involucrados" para investigar y sancionar esos delitos. La causa vuelve al juez de instrucción  que debe ordenar a las autoridades chilenas entregar a Otilio Romano a sus pares argentinas.

El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza solicitó al  Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Mendoza (TOF), que la causa de Romano sea sumada a otras causas y que se traten todas juntas en el debate que ya estaba pactado para el 11 de noviembre, aparentemente  los fiscales Daniel Rodríguez y Dante Vega también pedirían en las próximas horas la acumulación de causas. En el marco de la fragmentación de causas, el 11 de noviembre el TOF mendocino, integrado por los jueces Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, juzgará al represor Enrique Blas Gómez Saa, ex agente de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Montaña, quien está acusado por privación ilegítima de la libertad y torturas contra Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Ignacio Lecea. 

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Primer fallo para extraditar a Otilio Romano desde Chile

El juez de la Corte Suprema de Chile Sergio Muñoz, decidió la extradición del ex camarista federal Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz para que este pueda ser juzgado en la Argentina. Romano fue destituido por el Consejo de la Magistratura y está acusado por no investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. Por eso huyó a Chile el 24 de agosto de 2011, un día antes de ser destituido y el gobierno chileno rechazó otorgarle refugio político, permaneciendo en ese país bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna.

La extradición había sido peticionada el 6 de enero del 2012, cuando la Justicia argentina presentó las pruebas de las imputaciones por la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 26 personas, la torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos; delitos imprescriptibles por los cuales Romano está acusado de ampararlos.

El mes pasado Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema de Chile, le entregó un informe al ministro Muñoz, en el cual señaló que sobre Romano "hay presunciones fundadas de la participación en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".

Pablo Salinas, abogado defensor de derechos humanos y apoderado legal del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza (MEDH), indicó al diario Los Andes que a Romano le resta una instancia de apelación ante la sala penal de la Corte Suprema chilena. Según Salinas, esta situación podría tardar pocos meses hasta ser resuelta. Recién cuando la determinación del juez Muñoz sea confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema, Otilio Romano deberá enfrentar a la justicia argentina.

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Pidieron perpetua para 4 imputados por la Masacre de Trelew

Luis Emilo Sosa, el genocida imputado en el juicio por la
Masacre de Trelew

En sus alegatos la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales, solicitaron prisión perpetua para cuatro de los imputados por los crímenes cometidos en la Masacre de Trelew en 1972. Los imputados con pedido de perpetua son los ex marinos Rubén Norberto Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia a cargo de los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella tiene previsto dar inicio hoy a la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal. 

Los abogados del CELS - en representación de los familiares de Pedro Bonet, Alberto Camps, Carlos Astudillo, Adrián Toschi, Eduardo Capello, Susana Lesgart, Carlos Del Rey, Miguel Polti y Mario Delfino – solicitaron además que “se investigue la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, ya que podría ser autor del delito de encubrimiento y la deportación de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y pesa sobre él la acusación de haber sido uno de los autores de la masacre” 

La Secretaría de Derechos Humanos incluyó otros pedidos al juzgado federal de Rawson a cargo de Hugo Sastre: que se insista en reclamar a Estados Unidos la extradición del represor Roberto Bravo - que fuera negada en el pasado -, que investigue la responsabilidad del ex oficial naval Jorge Barreto y que se examine periódicamente al ex almirante Horacio Mayorga, procesado y ausente en este juicio por razones de salud.

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