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sábado, 13 de junio de 2015

El ex juez Manlio Torcuato Martínez fue condenado en Tucumán

Martínez es el primer ex juez condenado por delitos de lesa humanidad en el país

En el onceavo juicio oral por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán desde el 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, integrado por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón, condenó ayer al ex juez Manlio Torcuato Martínez a la pena de 16 años de prisión, el fiscal general Diego Velasco y el fiscal federal N°2 y titular de la oficina de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Pablo Camuña, habían pedido 25 años de prisión. Este ex juez fue condenado por  los delitos de lesa humanidad de encubrimiento, prevaricato, denegación y retardo de justicia, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita en cinco homicidios calificados, los de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. 

En el 2011 otro Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz por esos mismos 5 asesinatos, ocurridos en mayo de 1976 en una casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y que no ordenó ninguna  investigación, dando por cierta la versión de los represores de que hubo un enfrentamiento, pese a las evidencias en contrario.
El Tribunal aclaró que el cumplimiento de la pena sería de carácter domiciliario debido a su estado de salud.

A Miguel Romano, que era el dueño de la casa donde mataron a los militantes, Manlio Martinez lo indagó sin abogado defensor, luego lo mandó a encerrar  en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de la capital de Tucumán y lo entregó a Roberto  Albornoz (ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial). Martínez  mantuvo la privación ilegítima de la libertad de Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Como no tuvo los medicamentos para su problema de salud mental, Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. Una de sus hijas dijo ayer que "Era un momento muy esperado, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez... mi padre sobrevivió, pero muchos compañeros fueron condenados a muerte por esta organización macabra que estaba integrada por militares y por funcionarios civiles”.

La designación de Martínez como juez fue en 1975 y había sido propuesta por el genocida Acdel Edgardo Vilas, quien era el jefe del Operativo Independencia en Tucumán y, en apenas un año, Martínez rechazó 325 hábeas corpus que presentaban los familiares de los secuestrados por parte  las fuerzas represivas, tanto antes como después del comienzo de la dictadura cívico militar, además aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura y no investigaba denuncias de asesinatos. Incluso en el 2002 Manlio Martínez, ya jubilado, fue convocado a desempeñarse como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca, aunque no llegó a asumir.

En el 2009 se condenó en Santa Fe al ex juez federal Víctor Hermes Brusa a 21 años de prisión y el año pasado se lo condenó a 7 años por otros delitos de lesa humanidad, pero esos delitos fueron cometidos cuando él era secretario de juez Federal Fernando Mántaras. Por su parte Martínez es el primero que se condena por su actuación como juez

martes, 2 de julio de 2013

El ex juez Ricardo Lona podrá ser procesado por la masacre de las Palomitas en Salta

El pasado 27 de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró la nulidad parcial de la resolución de la fallecida jueza jujeña Gladys Graciela Comas, quien  el 20 de noviembre de 2007 dispuso el sobreseimiento definitivo del ex juez federal salteño Ricardo Lona, por la imputación de encubrimiento de la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976 cuando un grupo de presas y presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron asesinados en el paraje de ese nombre. Lona deberá responder ahora no solamente por la omisión de su deber de investigar y por el eventual encubrimiento de los hechos, sino también por su participación directa en el hecho, como autor de la orden de traslado de los detenidos para su posterior fusilamiento o como facilitador del delito. La declaración indagatoria debe ser realizada por el Juzgado Federal Nº 2 de Salta.

Ricardo Lona fue juez federal durante muchos e integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta hasta el 2004, cuando renunció antes del jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura; ese jurado finalmente decidió no hacer lugar a la remoción de Lona por no haber logrado los dos tercios de los votos necesarios para la destitución..

Lona, también debe ser investigado por su responsabilidad con el secuestro y desaparición del gobernador constitucional salteño Miguel Ragone, y por no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento en la condición de único juez federal de Salta sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura cívico militar.

En la masacre de Palomitas las víctimas fueron María del Carmen Alonso, Benjamín Ávila, Celia Leonard de Ávila, Evangelina Botta, Georgina Droz, Rodolfo Usinger, María Amaru Luque de Usinger, José Póvolo, Roberto Oglietti, Pablo Eliseo Outes, Alberto Sabransky y Jorge Turk Yapur. 

Ya hubo dos juicios por la "Causa Palomitas", en diciembre de 2010, el juez federal de Salta Carlos Olivera Pastor  condenó a reclusión perpetua a tres represores, el ex jefe del Ejército en esa provincia, el ex coronel Carlos Alberto Mulhall, al ex Jefe de la Policía salteña, el ex coronel Miguel Raúl Gentil, y al ex capitán Hugo César Espeche.  En diciembre del 2011 el juez federal de Salta, Julio Bavio condenó a reclusión perpetua, y en una cárcel pertenenciente al Servicio Penitenciario Federal, al genocida Luciano Benjamín Menéndez y al ex comisario Joaquín Guil, y 20 años de reclusión para el ex agente del Servicio Penitenciario salteño  Juan Carlos Alzugaray.

martes, 18 de junio de 2013

Primer fallo para extraditar a Otilio Romano desde Chile


El juez de la Corte Suprema de Chile Sergio Muñoz, decidió la extradición del ex camarista federal Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz para que este pueda ser juzgado en la Argentina. Romano fue destituido por el Consejo de la Magistratura y está acusado por no investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. Por eso huyó a Chile el 24 de agosto de 2011, un día antes de ser destituido y el gobierno chileno rechazó otorgarle refugio político, permaneciendo en ese país bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna.

La extradición había sido peticionada el 6 de enero del 2012, cuando la Justicia argentina presentó las pruebas de las imputaciones por la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 26 personas, la torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos; delitos imprescriptibles por los cuales Romano está acusado de ampararlos.

El mes pasado Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema de Chile, le entregó un informe al ministro Muñoz, en el cual señaló que sobre Romano "hay presunciones fundadas de la participación en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".

Pablo Salinas, abogado defensor de derechos humanos y apoderado legal del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza (MEDH), indicó al diario Los Andes que a Romano le resta una instancia de apelación ante la sala penal de la Corte Suprema chilena. Según Salinas, esta situación podría tardar pocos meses hasta ser resuelta. Recién cuando la determinación del juez Muñoz sea confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema, Otilio Romano deberá enfrentar a la justicia argentina.





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