Histórico fallo: las empresas son "cómplices del delito de genocidio" durante la dictadura cívico militar

El pasado 27 de febrero del 2015, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo histórico al condenar al grupo Techint por el delito de genocidio perpetrado contra un trabajador de una de sus empresas en la localidad de Campana, que entonces se llamaba Dálmine-Siderca (hoy Tenaris-Techint). Aunque no es una condena penal sino civil, es la primera condena por un delito de lesa humanidad a una empresa, y cometido durante la dictadura cívico militar.

Planta Dalmine-Tenaris

El 5 de mayo de 1977 el dibujante técnico Enrique Roberto Ingenieros de 28 años, fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército en la Oficina de Personal, en el interior de la planta y en su horario de trabajo. Aparte de la causa penal, desde el 2008 su hija María Gimena inició una causa contra la empresa en el foro laboral basándose en el artículo 1º de la ley de accidentes del trabajo que estaba vigente en aquel entonces (Ley 9688); el mismo día secuestraron a su madre Irma Pompa, que estaba embarazada y también permanece deasaparecida. En el 2012 esta misma Sala (con otra composición) había revocado una sentencia de 1ª instancia y ya había dictaminado que el delito de genocidio que se cometió en esta causa, era imprescriptible y ordenó “revocar la sentencia de grado en cuanto declara la prescripción de la acción”. En aquel fallo (nº73797) el camarista Enrique Arias Gibert sostuvo que “La utilización del instituto de la prescripción por parte de las sociedades que resulten cómplices del delito de genocidio en acciones resarcitorias como la presente importa reconocer el provecho tenido en mira para actuar en complicidad con la dictadura genocida por parte de las organizaciones empresarias” (foja 4). Por su parte el camarista Oscar Zas dijo en el 2012 que “la violación grave de un derecho humano como consecuencia de un delito de lesa humanidad conlleva para la víctima el derecho a obtener una reparación. Si se admitiera la prescripción de la acción civil de reparación se cercenaría injustificadamente este derecho del afectado, y se consagraría la impunidad del victimario” (foja 32).
 
En el fallo de febrero de este año (nº 76898), los jueces Enrique Arias Gibert y Luís Aníbal Raffaghelli, volvieron a revocar un fallo de 1ª instancia y condenaron a la empresa Techint “a reparar el daño que sus acciones y/u omisiones causaron en la integridad de la víctima”, o sea que Techint deberá pagar una indemnización por el secuestro y la desaparición forzada dentro de su empresa de Enrique Ingenieros. Esta vez el juez Gibert agregó en su sentencia que “la mayoría absoluta de los detenidos-desaparecidos del período iniciado en 1976 fueron trabajadores, muchos de ellos con inserción sindical. En tal sentido, los beneficiarios de las políticas de genocidio, como la implementación de las políticas de concentración, trabajo esclavo o exterminio, deben responder por las consecuencias civiles de sus actos". También destaca que con la llegada de la democracia “la empresa Techint S.A mantuvo silencio respecto de los hechos ocurridos”; e incluso le mintió al Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep Legajo Nº 1733), cuando  le contestó que el señor Ingenieros "ingresó a la empresa el día 10 de marzo de 1971 y renunció el 21 de mayo de 1973". Finalmente la Cámara decidió responsabilizar a la "firma accionada" en virtud de la obligación de seguridad y en los términos de la acción especial de la Ley 9688, además de considerarla "cómplice (art.1081, Código Civil), del delito perpetrado contra su dependiente por haber tolerado la presencia de los agentes del Estado Terrorista en el ámbito de su establecimiento".

Según publicó Maximiliano Villa en el portal Infojus “nos encontramos frente a uno de los fallos más importantes y valientes habidos en el fuero desde la llegada de la democracia a la actualidad, ello en lo que a materia de derechos humanos en su estrecha relación con el derecho del trabajo se refiere”.
 

Se puede recordar un poco la historia del grupo Techint y de la familia Rocca. El fundador de la empresa, Agostino Rocca, fue un Ingeniero Industrial Electrotécnico italiano, a quien a mediados de la década de 1930, Benito Mussolini lo designa como director del consorcio metalúrgico estatal Cornigliano, que durante la guerra interimperialista se dedicó a la producción de armamentos para el nazifascismo. Cuando terminó la guerra Rocca estuvo arrestado y cuando lo absolvieron vino a la Argentina en 1946, donde fundó la Compañía Técnica Internacional (Techint), luego siguieron las siderúrgicas Dalmine Safta o Siderca, Cometarsa y Propulsora Siderúrgica, petroleras como Tecpetrol o mineras como Tecminera, entre otras empresas. Agostino falleció en 1978, luego del secuestro de Ingenieros, y otros trabajadores de Siderca que aún permanecen desaparecidos, como Alberto Luis Bedia, Armando Culzoni, Manuel Ignacio Martínez y Raúl Aroldo Moreno, todos secuestrados en septiembre de 1976 y también otros 40 obreros más.

Su hijo Roberto siguió controlando al grupo hasta el 2003, y actualmente Techint es liderado por Paolo Rocca. El grupo está comprometido en uno de los mayores y recientes escándalos de corrupción de Brasil, y en la Argentina lidera la Asociación Empresaria Argentina (AEA), siguiendo la tradición de Agostino que en su momento integró la Confindustria, la Cámara de Corporaciones Fascistas.

También es bueno recordar que el juez Enrique Arias Gibert fue el que se pronunció en el 2001 en contra del recorte del 13% a los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados, que decretaron la Ministra de trabajo Patricia Bullrich y el gobierno de la Alianza. En declaraciones recientes a Radio Nacional el camarista Arias Gibert, dijo que la dictadura cívico militar implementó un "plan sistemático de redistribución de la riqueza a favor de los más poderosos...los genocidas fueron un instrumento de un plan económico"...la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 fue el instrumento para que se instaure ese proceso de reapropiación y de destrucción del movimiento obrero, y lo que le pasó a Ingenieros sucedió en otras empresas..."el terror fue funcional a la decisión de cambiar la matriz de distribución en el pueblo argentino...Techint nunca alegó que el gobierno militar los hubiera obligado... y niega el hecho".

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Solidaridad con el pueblo mexicano por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa

La CTERA manifiesta su enérgica condena por los asesinatos de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de  Ayotzinapa, ocurridos en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero y por el secuestro y la desaparición forzada de otros 43 normalistas por parte de la policía local vinculada al narcotráfico. El ataque a los estudiantes y los secuestros se produjeron el 26 de septiembre pasado, cuando estaban en las cercanías de Iguala para recaudar fondos y luego ir a la capital mexicana para sumarse a la marcha conmemorativa del 46º aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Esa masacre marcó la lucha los sectores estudiantiles de ese país; y el principal responsable fue el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños

Las desapariciones se realizaron durante esa noche en la que las fuerzas de la policía municipal de Iguala y de la vecina localidad de Cocula, produjeron distintos hechos represivos en una ruta del estado de Guerrero. En los días previos al ataque policial los estudiantes organizados habían protagonizado hechos de confrontación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. 

Los prófugos Abarca y Pineda

Ese 26 de septiembre unos 80 normalistas, luego la toma de tres autobuses, viajaron 100 km hasta el pueblo de Iguala, para recolectar fondos, protestar contra las reformas que busca implementar el gobierno estatal y exigir becas. Por la noche al dirigirse de vuelta hacia la escuela fueron interceptados en el camino por la policía municipal que respondía a Abarca, ahí murieron 6 personas y otras 25 resultaron heridas por los policías, quienes también atacaron a un autobús de un equipo de fútbol profesional de tercera división y mataron al chofer y a un jugador menor de edad.  Pero unos 43 estudiantes que fueron detenidos por la policía municipal permanecen desaparecidos luego de ser entregados por los policías al grupo narcotraficante Guerreros Unidos, cercanos al cártel de los Beltrán Leyva, e integrado por parientes de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. El procurador general de la República de México, Jesús Murillo Karam, acusó a los prófugos Abarca Velázquez, el alcalde de Iguala, y a Pineda Villa, su esposa, como los responsables del ataque contra a los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, Pineda Villa es hermana de Salomón “El Molón” Pineda Villa, quien fue detenido en Cuernavaca, e integraba el grupo criminal Guerreros Unidos que participaron de la desaparición de los estudiantes. Otros dos hermanos de María fueron Mario. El MP, y Alberto, El Borrado, ambos fueron narcotraficantes y asesinados por órdenes del capo Arturo Beltrán Leyva. Varios policías y narcotraficantes detenidos señalaron fosas con decenas de cuerpos, la mayoría de esos cuerpos encontrados están calcinados y son sometidos a exámenes de ADN; hasta ahora la información oficial es que no se encontraron cuerpos de los 43 desaparecidos. En los trabajos de reconocimiento participan peritos de los Equipos de Antropología Forense de Argentina.

Zeid Ra'ad Al Hussein, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha considerado este caso como una desaparición forzada, “con todas las implicaciones internacionales que esto conlleva”. Este hecho y la lucha de los familiares y otros estudiantes, visibilizó otra vez una de las caras oscuras de una sociedad asediada por el narcotráfico y la militarización, la corrupción y el abandono del Estado, que son las miles de muertes impunes, que representan las fosas comunes que se descubrieron en estos días y que dan cuenta de algunos de los crímenes cometidos en democracia contra el pueblo mexicano. Pero sin olvidar que solamente durante el mandato del presidente anterior, Felipe Calderón Hinojosa, se denunciaron 20 mil desaparecidos, 70 mil muertos y 250 mil desplazados y que en los últimos ocho años se han encontrado más de 400 fosas clandestinas por todo México

Hace poco tiempo, en diciembre del 2011, dos estudiantes de esta Escuela Normal de Ayotzinapa, fueron asesinados por policías durante una protesta, en la cual un grupo de alumnos fue reprimido en el mismo municipio de Ayotzinapa cuando cortaban la autopista México-Acapulco, en reclamo del reinicio de las clases, suspendidas un mes y medio antes por las autoridades de la escuela:

A un mes de estos crímenes de Estado, es esencial la solidaridad y expresión de condena por parte de las organizaciones de los trabajadores y del pueblo de toda América Latina y el mundo. Levantamos, junto a los familiares, los estudiantes y el pueblo mexicano, la consigna unitaria de aparición con vida de los 43:

                 “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”

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El EAAF identificó el cuerpo de tres detenidas-desaparecidas que fueron asesinadas embarazadas

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), logró identificar a Mónica Edith De Olaso, Alicia Beatriz Tierra y Laura Gladys Romero, asesinadas entre 1976 y 1977. En un comunicado de las Abuelas del pasado 30 de abril, se señala que se "...confirma, una vez más, la virulencia con que los represores se ensañaron con nuestros hijos. Los secuestraron, torturaron, a algunas mujeres las dejaron con vida hasta el momento de dar a luz, para luego robarles sus bebés; a otras las acribillaron aún con su hijo en el vientre... Hoy sabemos cuál fue el destino final de Mónica, Alicia y Laura, y con dolor cerramos la búsqueda de tres nietos, no porque hayamos restituido su identidad, sino porque sus madres fueron asesinadas embarazadas. Con esta información el número de casos resueltos por la institución asciende a 113".

Mónica Edith De Olaso nació el 12 de agosto de 1958 en la localidad de Tolosa, provincia de Buenos Aires,sus restos encontrados  en el cementerio de Ezpeleta  en Quilmes, junto a los de su pareja, Alejandro Ford, al que sus amigos lo llamaban "El Negro". El EAAF pudo confirmar que Mónica fue asesinada el 24 de junio de 1977, a poco de cumplir 19 años y con su embarazo en el tercer mes. El 11 de mayo de 1977 ambos habían sido secuestrados en la casa de unos amigos en Tolosa y llevados a al centro clandestino de detenció( CCD ) La Cacha. Mónica fue también vista en la Comisaría 5° de La Plata y por última vez en el Penal de Olmos.

Alicia Tierra nació el 16 de junio de 1953 en Pérez, provincia de Santa Fe y su familia la llamaba “Lali”. Fue secuestrada el 31 de diciembre de 1976 en la ciudad de Rosario, estaba embarazada de seis meses y, por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que permaneció detenida en el CCD del Servicio de Información (D2) de la Jefatura de Policía de Rosario, junto a su pareja. El EAAF logró identificarla en el Cementerio de la Piedad de esa ciudad y determinó que fue asesinada el 28 de enero de 1977.

Laura Romero nació el 29 de diciembre de 1956 en La Quiaca, provincia de Jujuy, y su compañero era Luis Guillermo Vega Ceballos, nacido en Santiago de Chile. La pareja fue secuestrada el 9 de abril de 1976 en el barrio de La Boca, Capital Federal, cuando Laura cursaba su cuarto mes de embarazo. Ambos fueron víctimas de los vuelos de la muerte, el 22 de abril de 1976 sus cuerpos aparecieron en la costa uruguaya, en la Barra de la Laguna de Rocha, a 14 kilómetros de La Paloma, ambos fueron enterrados como NN y recién lograron ser identificados 36 años después, a fines de 2012. 

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Mendoza: Condenan a 10 genocidas, 7 Perpetuas

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA saluda la condena a 10 represores por crímenes de Lesa Humanidad en los juicios llevados a cabo en la provincia de Mendoza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza -integrado por los jueces Juan Antonio González Macías, Jorge Burad y Alejandro Nocetti Achával- condenó este viernes 22 de Marzo, a los diez acusados en un juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante la última dictadura.

Siete de los imputados fueron sentenciados a prisión perpetua. Alcanza a Alcides París Francisca (ex Comodoro), Paulino Enrique Furió (ex Teniente Coronel), Juan Agustín Oyarzabal Navarro (ex Comisario), Armando Fernández(ex Policia), Juan Antonio Garibote (ex Coronel), Aldo Patrocinio Bruno Pérez (Jefe D2, ex Comisario) y Ricardo Benjamín Miranda Genaro (ex Policia).

En tanto que Ramón Angel Puebla (ex Coronel) fue condenado a 18 años de prisión, Dardo Migno Pipaon (ex Coronel) a 14 años de prisión y Fernando Morellato (ex Oficial Principal) a 5 años de prisión.

A Furió, Puebla, Oyarzábal, Migno y Francisca se les respeta la detención domiciliaria, condición que será reevaluada tras una nueva pericia médica que responda si están en condiciones de cumplir sus condenas en cárcel común.

Desde el 2 de agosto pasado, cuando se inició el debate, la tarea de los magistrados fue comprobar las denuncias de secuestros y desapariciones forzadas a 32 víctimas, de las cuales 29 fueron desaparecidas, uno falleció por muerte natural, y sólo dos (Oscar Martín Guidone y Roberto Vélez) permanecen aún con vida.

En este proceso, el tercero en llegar a instancia de juicio oral en Mendoza, se investigaron hechos cuyas víctimas fueron: Juan José Galamba, Ramón Alberto Sosa, Gustavo Neloy Camín, Mario Guillermo Camín, Raúl Oscar Gómez, Víctor Hugo Herrera, Juan Carlos Romero, Daniel Romero, Margarita Sosa, Oscar Guidone, Martín Lecea, Roberto Vélez, Blanca Santamaría, Ángeles Gutiérrez, Roberto Blanco, Miguel Ponsteau, Oscar Ramos y Oscar Iturgay.

Con el mayor de los beneplácitos la Secretaria de Derechos Humanos de CTERA celebra la condena, y el compromiso de los organismos defensores de los derechos humanos en todo el país por su lucha incansable a favor del juicio y castigo a los represores y sus socios civiles, que fueron parte de la dictadura mas cruenta de la historia Argentina.

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Identificaron los restos de Adriana Cecilia Mitrovich y Horacio Ramón Atilio Ferreyra en Tucumán

El 19 de noviembre de 2012 la justicia federal de Tucumán notificó la identificación de los restos que habían sido inhumados como N.N. en el Cementerio Tacanas. Se trata de Adriana Cecilia Mitrovich y Horacio Ramón Atilio Ferreyra ambos desaparecidos el 28 de abril de 1977, durante la dictadura civico militar impuesta en 1976. 

Los restos habían sido encontrados el 9 de mayo pasado tras el aporte de un testigo que había visto un procedimiento militar en el Departamento Leales durante la última dictadura cívico militar. El testigo aseveró haber presenciado el traslado de los cuerpos carbonizados a ese cementerio. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la fosa común, en las que se encontraron entre 4 a 5 cuerpos, comenzaron a principios del mes de julio de 2012.

Adriana Cecilia Mitrovich de Torres Correa estudiaba con Horacio Ramón Atilio Ferreyra Córdoba, en la casa de éste. Al salir de allí fueron detenidos en la vía pública, y llevados al Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde fueron vistos por varios testigos.  Las desapariciones de Adriana y Horacio fueron juzgadas por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en  la causa “Jefatura de Policía" con sentencia de 2010.

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A 36 años, los lápices siguen escribiendo

Durante septiembre de 1976 el Batallón 601 del servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la provincia comandada por el represor Ramón Camps aterrorizaron a la ciudad de La Plata, en particular a los estudiantes secundarios y universitarios. Durante la noche del 16 de septiembre, la policía y el ejército secuestraron 10 pibes y pibas, en su mayoría menores de edad y los trasladaron a los distintos Centros Clandestinos de Detención: “Arana” y “Pozo de Banfield” fueron algunos de los centros del horror en los que fueron vistos.  Los adolescentes 16 y 18 años eran estudiantes - la mayoría de ellos - del Normal 3 de La Plata y militaban en la UES. Todos habían sido militantes por el boleto estudiantil.

La noche de los lápices: los pibes y las pibas

La comunidad educativa estuvo en el ojo de la tormenta desde el comienzo. No casualmente, en el inicio de la dictadura, esa misma madrugada del 24 de marzo fue acribillado Isauro Arancibia - el maestro tucumano fundador de la CTERA-, junto a su hermano Arturo, también docente. Así fueron uno tras uno, llevándose a Eduardo Requena en Córdoba, a Marina Vilte en Jujuy, arrancando 600 guardapolvos de las aulas.

Primero, pusieron en marcha la persecución y el aniquilamiento físico, con él vino el oscurantismo, que plagó los contenidos educativos y finalmente, así, se conjugó el método del terror. La estrategia de la dictadura cívico militar consistió en destruir el proyecto político que buscaba la liberación nacional y social, antagónico a los planes que pretendían ejecutar. La resistencia al plan estaba en las escuelas, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las fábricas, en las parroquias y comunidades de base de la iglesia de los pobres. Allí fueron, con el método dispuesto a destrabar el plan.

Desde 2003 la condena social y la decisión política confluyeron acabando con el ciclo de la impunidad. El Estado tomó como política pública la histórica lucha de Memoria, Verdad y Justicia, que construyeron las Madres, los HIJOS, las Abuelas, los ex-Presos, los Familiares y las organizaciones sociales, políticas y sindicales.

A 36 años, el objetivo sigue vigente: la construcción de una educación pública que se transforme y lleve el pulso de las transformaciones sociales. A 36 años, seguimos diciendo: la Escuela Pública enseña, resiste y sueña.

DANIEL ALBERTO RACERO, MARIA CLAUDIA FALCONE, MARIA CLARA CIOCCHINI, FRANCISO LOPEZ MUNTANER, CLAUDIO DE ACHA y HORACIO UNGARO ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!

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Tucumán: identificaron restos de tres compañeros desaparecidos

Se identificaron en Tucumán los restos de tres personas que habían sido encontrados en una fosa común en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, que funcionara como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico militar. Los restos identificados son de Ricardo Luis Salinas, José Luis Maldonado y Felipe Arturo Urueña. Con estas suman 38 las identificaciones en lo que va del año.

Ricardo Luis Salinas

En el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, una unidad dependiente del ejército en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, fueron vistas cerca de 40 personas que aún permanecen desaparecidas. Allí tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense se descubrió una fosa común con restos óseos de al menos 17 personas, entre los que ya se había identificado al ex senador tucumano peronista Damián Márquez en marzo pasado.

José Luis Maldonado había nacido en Tucumán en 1948 y era obrero gráfico, trabajaba  en la imprenta El Gráfico Internacional. José Luis fue secuestrado en Buenos Aires en Febrero de 1977.

Felipe Urueña

Felipe Urueña era ferroviario (trabajaba en el Ferrocarril General Belgrano) y era un conocido dirigente gremial. Fue detenido en pleno centro de San Miguel por un grupo armado que lo llevó hacia un carro de Asalto de la Policía. 

Ricardo era ebanista y poeta (podes leer uno de sus poemas acá) tenía 24 años cuando desapareció junto a su mujer, Silvana Parrille de 23. Ella era porteña, él tucumano y ambos militaban en el PRT-ERP. Desaparecieron en San Salvador de Jujuy el 7 de enero de 1977, primero los alojaron en la cárcel de Villa Gorriti y luego fueron llevados al CCDTyE "La Jefatura", en la Provincia de Tucumán. Allí fueron vistos por última vez.

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Poema Sin Título

por Ricardo Luis Salinas*

De pronto,
mirando descuidadamente a Ricardo
lo encuentro con los brazos azules,
como quien hubiese abrazado el cielo.

Le observo las manos,
y me cosquillea un poco el canto
que brota por los cinco costados.
Escucho su risa,
y encuentro en sus ojos
algo asi
como otros ojos
que lo acarician de adentro.

No sé bien que palabras
estará inventando,
(ayer descubrio que estrañarte
quiere decir te amo)
No se bien que ilusiones
estará explorando
(hoy dijo que los sueños
no ocupan lugar)

Y ya no tiene
la voz cansada
de haber caminado leguas
de subidas y dolores,
de vados, cerros y ausencias,
de senderos, aldeas y soledad.

Desde aquí puedo sentir su risa,
puedo tocas los bordes de su dicha.
Desde aquí abarco (no del todo)
el valle interminable
de su alegría.
Con los sauces que ya no lloran,
y con el rio que solo canta
un nombre.

Y me digo que ya no es lo mismo,
con algo llenó su caminar vacio,
con alguna cosa alegró
la calle de siempre,
que ya no es tan triste.
Alguna música lo enamoró tanto
que del silencio sólo quedan
dos o tres
gotas locas.

De pronto,
como sin apuro, lo miro,
y me pregunto si sabra que
su sonrisa
parece dos brazos abiertos.

Lo miro,
lo encuentro íntegro en su sol,
y mientras camino calle abajo
me digo: ¡que suerte,
que suerte saber que ése,
justamente ése, soy yo!


*Ricardo Luis Salinas era ebanista. Nació el 3 de enero de 1954. Fue secuestrado el 7 de enero 1977 en Tucumán, durante la última dictadura cívico militar. Sus restos fueron identificados en agosto de 2012.

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Repudio a Concejales de la UCR, del PRO y del GEN que se oponen a colocar placa recordatoria de desaparecidos en Chascomús

La Secretaría de Derechos Humanos de la CTERA expresa su repudio a la negativa de concejales del partido bonaerense de Chascomús a colocar una placa recordatoria de las víctimas del terrorismo de estado en ese partido. La placa que iba a instalarse en el Concejo Deliberante de esa ciudad, buscaba recordar a tres víctimas del terrorismo de Estado: Eduardo Hernández, Raúl Ameri y Miguel Angel Villa.

Sede del Concejo Deliberante de Chascomús

Los concejales que se opusieron fueron Adolfo Aldabe, Claudia Pérez Cazal, Nélida Alvarez y Elías Gárriz (de la UCR); Miguel Alfonsín (del GEN); Laura Moujan y César Echavarría (de Unión Pro). Los votos afirmativos fueron de Oscar Ruiz (Frente para la Victoria); Pablo Francese, Javier Gastón, Leandro Bordalecou, Elisa Castro y Gabriela Arreche (UxCh). Estuvo ausente la concejal del FpV Mariela Moscarella.

Nos solidarizamos con los/las familiares y compañeros/as que impulsan la colocación de esta placa en el Concejo Deliberante. La negativa de los mencionados concejales obstruye un proceso social de condena al terrorismo de estado y de construcción colectiva de memoria. Estos procesos son pilares ciudadanos fundamentales para la construcción de políticas en materia derechos humanos que deben ser acompañados e impulsados por el Estado, tal como viene sucediendo a nivel nacional desde 2003.

Ciudad de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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