Sentenciaron a tres genocidas por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, María  Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral, sentenció a 25 años de cárcel al genocida Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares del Ejército revocándole la prisión domiciliaria, por lo que será traladado a la cárcel de Ezeiza. Al ex prefecto Servando Ortega lo condenó a 9 años de prisión y le impuso una pena de 6 años de cárcel al expolicía Juan Fernando Meneghini (superior del genocida Luis Patti en la comisaria 1ª de Escobar). Al represor Ortega se le revocó la excarcelación pero se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Por otra parte, respecto Meneghini los 6 años de prisión serán computados por el tiempo que está detenido, por lo cual el tribunal dispuso su libertad.

Las penas son por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado, cometidos en perjuicio de 31 personas, cometidos en las localidades bonaerenses de Zárate y Campana, distritos que, como Zona IV, dependían de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la dictadura cívico militar.

Uno de los imputados en esta causa era el represor Sergio Buitrago,  ex jefe de la Base Arsenales de Zárate, que falleció el pasado 30 de julio pasado sin ser condenado. 

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La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Miguel Ángel Gálvez?

En el caso del juez federal Miguel Angel Gálvez, recientemente se publicó en Página 12 una entrevista donde él mismo justificó su decisión de que los represores Olivera y De Marchi fueran llevados al Hospital Militar Central. El dijo "que no revisó el expediente, porque entendía que ya estaba en conocimiento de Rago Gallo y que se limitó a firmar el escrito" y que "no recordaba el motivo invocado por los condenados". Cabe preguntarse si no es -por lo menos- extraño que un juez federal con competencia electoral desde hace 14 años (fue nombrado en 1999), haga esta justificación, conociendo quienes eran los personajes a los que beneficiaba. Más dudas surgen al revisar el currículum del juez Gálvez. 

En 1972, y con 25 años, Gálvez era secretario privado del gobernador de Neuquén Pedro Salvatori, nombrado por el dictador Alejandro Agustín Lanusse; luego durante la dictadura cívico militar, estuvo en la Delegación Regional San Juan del Ministerio de Trabajo; en democracia fue Diputado Provincial por el menemismo desde el año 1991 a 1995. Después, del 2006 al 2010, ya como juez federal, Gálvez integró el Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de los magistrados y por la lista bordó del oficialismo (a la que pertenece el actual consejero y camarista Ricardo Recondo); desde el 2009 Gálvez votó en el Consejo en concordancia con el Diputado Nacional Oscar Aguad. Como juez federal con competencia electoral, Gálvez intervino en todas las elecciones sanjuaninas desde 1999 hasta ahora, por ejemplo ya en 1999 aceptó un amparo de la Alianza para que no asuma Dante Elizondo como senador del PJ en reemplazo de Alfredo Avelín recién elegido gobernador. Además Gálvez integró como subrogante varios Tribunales Orales Federales y Cámaras Federales. Mucha experiencia política la del juez Gálvez, tanto como funcionario, legislador, magistrado y consejero como para no leer lo que se firma sobre dos genocidas condenados 10 días antes.

En octubre de 2010, el juez Gálvez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (un mes después de dejarlo), junto al camarista Julio Demetrio Petra y el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, cuando integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que apartó al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía mendocina entre otros delitos.

Un poco después, el 2 noviembre de 2010, Gálvez, hizo lugar rápidamente a la presentación de la Cámara de Minería y la CGT local y concedió la cautelar que suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares (Ley 26.639), sancionada poco antes por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 28 de octubre, sólo cuatro días antes. La cautelar estuvo vigente hasta que, en julio del 2012, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida que impedía la vigencia plena de la Ley de Glaciares en San Juan.

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Confirman el procesamiento de Blaquier en una de las causas en la que está acusado

En el contexto de una ofensiva mediática, este viernes 23 de agosto fue confirmado el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier en la causa 296/09 (Arédez, Luis Ramón y Otros), por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz. El dueño del ingenio Ledesma y Alberto Enrique Lemos, el gerente administrativo de esa empresa, estan acusados de haber prestado colaboración, en grado de participes necesarios, en la privación ilegítima de la libertad agravada de Luis Ramón Aredez (ex intendente de Libertador General San Martín donde está Ledesma), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 y los días posteriores, en los cuales la Empresa Ledesma prestó sus  vehículos  a los grupos de tareas. Los jueces de la Cámara sostuvieron que  eso no se pudo hacer sin la autorización de Blaquier y su administrador  "ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio [Blaquier]". En el fallo se excluyó a las víctimas Ramón Luis Bueno y Antonio Filiu, porque no habrían sido trasladados en vehículos de la Empresa Ledesma.

A Blaquier y Lemos también se los acusa en otra causa (n° 195/09, Causa Burgos), por colaborar en privaciones ilegítimas de la libertad durante la denominada "Noche del apagón" que, en realidad, fueron las noches entre el 20 y 27 de julio de 1976 cuando se cortó la luz en distintas localidades del departamento salteño de Ledesma (el ingenio Ledesma, era el que distribuía la energía electrica), para que las fuerzas represivas de la dictadura cívico militar pudieran secuestrar a más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales, más de 30 de ellos permanecen desaparecidos. En esta causa todavía debe fallar la Cámara sobre las diversas apelaciones de la fiscalía, las defensas y las querellas. Las 26 víctimas en la causa Burgos son Delicia del Valle Álvarez de Narváez, Hipólito Álvarez, Casiano Bache, Raúl Ramón Bartoletti, Norma Castillo, Alfonso Waldino Cordero, Eublogia Cordero de Garnica, Germán Tomás Córdoba, María Cortez, Salvador Cruz, Luis Víctor Escalante, Hilda del Valle Figueroa, Domingo Horacio Garnica, Miguel Ángel Garnica, Rufino Lizárraga, Eduardo César Maldonado, Héctor Narváez, Enrique Núñez, Mario Martín Núñez, Ana María Pérez, Román Patricio Rivero, Isidro Salinas, Ernesto Reynaldo Samán, Jhonny Vargas Orozco, Bernardino Oscar Alfaro Vasco y Luis Alfaro Vasco.

Adriana Arédez, la hija del aún desaparecido Luis Ramón Aredez, ratificó en entrevista a Radio Nacional que sus abogados pedirán inmediatamente la elevación a juicio oral de la causa  contra Blaquier.

Con el fallo de la Cámara se confirmó el procesamiento y los embargos de la causa 296/09 (Arédez), ordenados en noviembre del 2012 por el juez federal Fernando Poviña, por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos; también se dispuso que Blaquier y Lemos sigan en libertad, como había decidido Poviña.

Los abogados del Ingenio Ledesma, como el ex Juez Horacio Aguilar, aseguraron a la agencia DyN que van a recurrir a la Cámara de Casación Penal y, basándose en una resolución reciente de la Corte Suprema, van a denunciar y pedir el apartamiento del  fiscal federal Pablo Pelazzo por ser fiscal ad-hoc nombrado por la Procuración General de la Nación, y por haber sido abogado de los querellantes, algo que ya había sostenido otro de los defensores de Blaquier, Jorge Valerga Aráoz, ex integrante de la Cámara Federal porteña en 1985. Sobre el argumento de haber sido abogado querellante, Jorge Auat, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, afirmó que es en "el artículo 71 en concordancia con el artículo 55 inciciso 8 del Código Procesal Penal de la Nación, que expresamente se excluye de las causales de recusación y excusación para los miembros del Ministerio Público a la actuación previa en el proceso con el rol de acusador". Los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una “acción psicológica sobre la opinión pública” por parte de diversos medios como el diario La Nación (uno de los propietarios de DyN), para instalar una “verdad mediática” por fuera del expediente y “presionar a los jueces" en beneficio de Blaquier. 

Es necesario mencionar que el abogado defensor Horacio José Aguilar, intervino en las causas contra Blaquier cuando fue juez federal de Jujuy y juez subrogante de la Cámara de Apelaciones de Salta, y que su secretario en el juzgado nº 2 de Jujuy fue Carlos Olivera Pastor, también ex juez de las causas sobre Ledesma y quien siempre se negó a citar a indagatoria a Blaquier y Lemos, a pesar que el fiscal Federal Domingo Batule se lo había requerido el 13 de julio del 2009 y el 11 de octubre del 2011. Olivera Pastor tuvo que renunciar luego de varios cuestionamientos de las querellas y cuando, en marzo del 2012 y ante un pedido del fiscal  Batule, la Cámara Federal de Salta le dio un plazo de cinco días para que se pronuncie sobre el pedido de detención e indagatoria de Blaquier y Lemos. Por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, en abril del 2012, asumió como subrogante el juez federal tucumano Fernando Luis Rodolfo Poviña, quien en mayo citó a declarar a  Blaquier y Lemos y luego los procesó. En su fallo Poviña puso a la represión ideológica dentro de un contexto de intereses económicos.

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La Masacre de Trelew según pasan los años

La Masacre de Trelew de 1972 suele ser considerada la antesala de la Dictadura Cívico Militar de 1976 y no es necesario abundar en información para sumar evidencia a favor de esta afirmación. Los compañeros, todos ellos presos políticos -valga la redundancia- eran: Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart. Los sobrevivientes Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar, serían víctimas de la dictadura de 1976.

Fueron los testimonios de Camps, Berger y Haidar los que permitieron esclarecer el atroz asesinato perpetrado en la Base Naval Almirante Zar, desmitificando la versión oficial que justificaba la Masacre con el argumento de un intento de fuga. La secuencia previa a la Masacre ha sido relatada una y otra vez. Una y otra vez quedaron al descubierto las mentiras de la Armada y el gobierno dictatorial del Teniente General Agustín Lanusse. La versión de los sobrevivientes será ratificada años después por marinos y conscriptos que fueron testigos de los hechos. Así también lo constataron pericias realizadas por científicos del Centro Atómico de Bariloche en 2008.

Pasaron solo semanas después de los hechos hasta que se hiciera escuchar en los lugares de trabajo, en los barrios y en las universidades, la consigna impulsada por las distintas fuerzas políticas: “La sangre derramada no será negociada”. Meses hechos macabros de la base Almirante Irizar se generó en todo el país una campaña de repudio con expresiones de solidaridad del mundo entero. Este episodio, el de la campaña por la Masacre de Trelew, mostró la inmediata reacción de los jóvenes y suele ser señalada como el inicio de un proceso de reactivación de la participación política.

Pasaron 40 años para que Trelew tuviese finalmente un capítulo de justicia. Recién el 15 de octubre del año 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó perpetua a los fusiladores Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino, disponiendo reiterar el pedido de extradición del genocida Roberto Bravo. No obstante, el mismo tribunal absolvió a Rubén Paccanini y a Jorge Bautista. Novedosamente, los hechos fueron considerados por la justicia argentina como “delitos de lesa humanidad”. 

El día de hoy se cumplen 41 años del fusilamiento perpetrado por marinos al mando del por entonces Capitán Luis Emilio Sosa que acabó con la vida de 16 compañeros y compañeras, dejando sólo 3 sobrevivientes.

41 años después, los hechos de Trelew muestran una enorme significación, porque allí se prueba un método, se ensaya una estrategia. Desde Trelew la muerte como metodología sistemática será parte de la estrategia de militares y civiles para resolver su disputa con las distintas organizaciones políticas. O visto desde otra manera: se ensayó el uso del terror como respuesta organizada ante el agrietamiento de la hegemonía capitalista y contra la posibilidad de que emerjan nuevas formas de sociedad.

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La Rioja: Tiene fecha el inicio del juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli

Luego de una larga serie de dilaciones, el pasado lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja anunció que el juicio en el que se investiga el homicidio ocurrido en 1976 del obispo Enrique Angelelli, se iniciará el 4 de noviembre próximo en esa provincia.

El 4 de agosto de 1976 el entonces obispo Angelelli salía de la ciudad de Chamical con una carpeta con datos sobre el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville ocurrido el 18 de julio de 1976 en Chamical y Wenceslao Pedernera  un laico muy cercano a él, asesinado el 25/07/76 en Sañogasta. Angelelli decía que "después me toca a mí", por eso se trasladaba en la camioneta Fiat 125 multicargo por la ruta nacional 38 vieja para que no lo supieran los integrantes de la Fuerzas Armadas, la camioneta era conducida por el sacerdote y chofer del obispo Arturo Pinto. Pero cerca de la localidad de Punta de los Llanos, a unos 100 kilómetros al sur de la capital de La Rioja, la camioneta es interceptada por un auto de color claro con personal miltar y policial, con el auto encierran a la camioneta haciendo que  salga de la ruta y diera varios vuelcos despidiendo al obispo Angelelli lo que le produjo la muerte y lesiones graves a Pinto, la documentación no apareció. Es muy necesario no postergar el inicio de este juicio porque ya murieron varios represores imputados como Osvaldo Pérez Battaglia, Pedro Malagamba y Lázaro Aguirre, entre otros. También están los declarados insanos como Edilio Cristóbal De Cosari.

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Otilio Romano será extraditado desde Chile en 30 días

 La Sala Segunda  de la Corte Suprema de Chile, integrada por Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, ratificó por unanimidad la determinación de junio pasado del juez Sergio Muñoz, en la cual había dispuesto la extradición del excamarista federal Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz, quien había huído a Chile el 24 de agosto de 2011.

Como se dijo en otra nota la extradición fue presentada por la justicia argentina el 6 de enero del 2012, inculpando a Romano del  delito de denegación de justicia y de amparar la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamientos ilegales en cuatro casos. En febrero del 2012 la Corte Suprema de Chile ordenó su detención bajo arresto domiciliario nocturno hasta que se resuelva su extradición.

En su fallo, los jueces chilenos dijeron que Romano esta acusado por "hechos que pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad  y existe un compromiso a nivel internacional de los Estados involucrados" para investigar y sancionar esos delitos. La causa vuelve al juez de instrucción  que debe ordenar a las autoridades chilenas entregar a Otilio Romano a sus pares argentinas.

El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza solicitó al  Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Mendoza (TOF), que la causa de Romano sea sumada a otras causas y que se traten todas juntas en el debate que ya estaba pactado para el 11 de noviembre, aparentemente  los fiscales Daniel Rodríguez y Dante Vega también pedirían en las próximas horas la acumulación de causas. En el marco de la fragmentación de causas, el 11 de noviembre el TOF mendocino, integrado por los jueces Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, juzgará al represor Enrique Blas Gómez Saa, ex agente de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Montaña, quien está acusado por privación ilegítima de la libertad y torturas contra Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Ignacio Lecea. 

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Detuvieron a tres represores en Montevideo, Mar del Plata y otro en Gualeguay

Interpol detuvo en Montevideo al represor uruguayo Antranig “el Turco” Ohannessian Ohannian, ex militar e integrante de la organización represiva del Uruguay Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). La orden la libraron la jueza Penal de 6º Turno Fanny Canessa y la fiscal Ana María Tellechea, a pedido del fiscal italiano Gianncarlo Capaldo que investiga los delitos de lesa humanidad en el Plan Cóndor. A Ohannessian lo detienen por su participación en las desapariciones de los uruguayos Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Gatti de Islas, todos ellos secuestrados , oren Buenos Aires en setiembre y octubre de 1976 y recluidos en el centro clandestino de detención (CCD),  “Automotores Orletti”.

Es la segunda vez que se captura a este represor,  ya que estuvo detenido por unos años en la Argentina por la investigación de los delitos dentro del Plan Cóndor, pero se dilató la extradición y se cometieron "errores" formales que determinaron la libertad de Ohannessian en el 2012; muy parecido a lo que sucedió en el 2008 con el represor uruguayo Jorge Trócolli, quien  había sido detenido en Italia, también por pedido del fiscal Capaldo y quedó libre porque el pedido de extradición llegó tarde. El OCOA fue crado en 1972 por decisión del futuro dictador Gregorio Conrado "Goyo"Alvarez y se mantuvo organizada en la represión aún después de la restauración democrática de 1985.

Mar del Plata

Este miércoles 14 de agosto fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Mar del Plata el represor Teodoro Rosauro Sabbino, la orden la impartió el juez Santiago Inchausti, titular del juzgado federal en lo Criminal y Correccional 3 de esa ciudad. Sabbino era comandante del Grupo de Tareas 6.1, dependiente de la  Fuerza de Tareas 6 de la marina  y la Prefectura, que operaba especialmente, en los CCD la Cueva y el de la sede de la agrupación de buzos tácticos. También fue director de la Escuela Antisubmarina de la Base Naval de Mar del Plata durante la  dictadura cívico-militar hasta 1983. El juez Inchausti lo investigó a Sabbino en una causa que es parte de la megacausa 4477 (Base Naval) y en la que están imputados otros 20 represores (marinos y policías), y la ex jueza Ana María Teodori porque habría tomado declaración indagatoria a Héctor Ferreccio y Graciela Datto, cuando estaban detenidos clandestinamente (torturados, maniatados y encapuchados), en el CCD de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM). Inchausti elevó el 16 de mayo pasado a debate oral y público otra parte de la megacausa (ver nota anterior) y, además, ya hubo dos juicios orales.

Aparte de detener a Sabbino se secuestró documentación relacionada con los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

Captura de Buzatto en Gualeguay, Entre Rios

El viernes 16 de agosto el represor Nestor Ramón Buzatto,  fue capturado en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Estaba prófugo desde junio del 2012 cuando después de muchas dilaciones, el entonces juez federal platense Arnaldo Hugo Corazza (renunciado a principios de este año), se decidió a pedir la detención de  Buzatto y su cómplice Cecilio Reynaldo Gomez, a este lo detuvieron en su casa de Berazategui, pero cuando fueron a buscar a Buzatto no lo encontraron, por lo cual se lo declaró “en rebeldía” y se dispuso su captura nacional e internacional en agosto del año pasado.

Los represores ex policías Cecilio  Gomez y Néstor Buzatto  están acusados por los homicidios cometidos durante un ataque conjunto de las FFAA y la bonaerense, perpretado el 24 de noviembre de 1976 a la casa Mariani Teruggi, en la calle 30 entre 55 y 56 de la ciudad de La Plata, y están procesados por los asesinatos de Diana Esmeralda Teruggi, Roberto Porfidio, Daniel Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris y por la apropiación de Clara Anahí Mariani-Teruggi, la nieta de Chicha Mariani. En principio no se pudo determinar la identidad de otros dos cuerpos, luego se confirmó que uno era Alberto Oscar Bossio. Daniel Enrique Mariani, fue asesinado el 1° de agosto de 1977.

El genocida Ramón Juan Alberto Camps había firmado el 2 de noviembre e 1977, una resolución donde se decía que “la jefatura (de la bonaerense), felicita a los efectivos Luis Vides, Norberto Cozzani, Nestor Buzatto y Cecilio Gomez por haber protagonizado actos de servicio en (…) una finca donde se guarnecían varios delincuentes”

La tardanza de algunos jueces como Corazza en su tarea investigativa, se suma a la fragmenteción de las causas ya que esta (la n° 208, caratulada “Arana-Brigada de Investigaciones La Plata), tendría que haberse juzgado con el resto del "circuito Camps" en el 2011 pero, en su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, decidió que los hechos sucedidos en otros sectores de Arana -el "Pozo", "Cuatrerismo" - debían analizarse por separado. Así se excluyeron 5 CCD (Arana, Brigada, Comisaría 5ª de La Plata, Puesto Vasco, COT 1 de Martínez), de los 29  del Circuito.

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Este viernes 16 comienza en La Rioja un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad

 Comenzará este viernes 16 un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia en 1977, durante la dictadura cívico militar, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier (de Córdoba) y Karina Rosario Perilli (de la Capital Federal),

El juicio es por delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos  a los que fueron sometidos Teresa Elida Robles de Maza, Santiago Nicolás Maza, Rosario del Valle Manzur, Juana Antonia Manzur, Juan Antonio Leiva, Marcelino Reyes Leiva y Andrés Abelardo Ángel, los crímenes fueron comentidos en el Escuadrón 24 de Gendarmería de la ciudad riojana de  Chilecito, luego de estar detenidos clandestinamente unos días allí  fueron trasladados a otros centros de detención. En el juicio están imputados los represores genocidas Luciano Benjamín Menéndez, Normando Guillermo Torres, Candido Medardo Aroca, Jorge Alberto García, Eulogio Vitale, Wilson Manuel Velazquez, Eduardo Abelardo Britos, Ricardo Manuel Torres Daram, Francisco Domingo Franco Casco, Hernan Dolivar Pizarro.

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La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Rago Gallo?

Primera Parte

El Dr. Lepoldo Rago Gallo llevó la instrucción y elevó a juicio oral la causas de Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi y estos represores ya se habían fugado mientras el juez Rago Gallo hacía esa instrucción, el primero estuvo prófugo hasta que fue detenido en el 2008. Por su parte De Marchi se fugó en octubre de 2010, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió excarcelarlo junto a otros imputados, de estos algunos fueron detenidos otra vez como Jorge Horacio Paez y Juan Francisco Del Torchio, y otros como Eduardo Daniel Vic siguen prófugos. Como veremos Rago Gallo ya sabía desde el año 2000 que Olivera fraguaba evidencia y del riesgo de fuga.

Este juez ha tenido fallos controversiales, así como en el 2008 dictó la detención y el embargo al genocida Jorge Antonio Olivera y antes procesó a varios genocidas, poco después ordenó la excarcelación del represor Alejandro Víctor Manuel Lazo, a quien condenaron a 10 años de prisión en el mismo juicio que los fugados. En junio del 2009, le concedió la prisión domiciliaria al genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien había sido condenado el año anterior a perpetua, esta medida fue suspendida por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, que mandó un exhorto a la justicia cordobesa para que Menéndez sea trasladado al penal de Bower. 

El 29 de diciembre del 2009 el juez federal Rago Gallo fue uno de los cuatro primeros jueces que suspendió la ley de medios (26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), junto a los jueces Edmundo Carbone y Miguel Medina, cuando aceptó el amparo presentado por "Jorge Estornel S.A y Otros", que incluye al grupo Vila de Mendoza, dueño del Canal 8 de San Juan, Canal 7 Mendoza,  Canal 6 de San Rafael, la operadora de cable Supercanal, América TV, América 24, 14 radios AM y FM y el Diario Uno. 

En octubre del 2010 Rago Gallo integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, junto al camarista Julio Demetrio Petra y el otro juez federal sanjuanino Miguel Ángel Gálvez, esta cámara resolvió apartar al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber sido presuntamente cómplices durante la dictadura cívico miltar, por esto los tres fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un mes después la constitución de la Cámara Federal fue cambiada por una orden dada por la Cámara Nacional de Casación Penal, así integrada por Roberto Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Pedro Humberto González, repusieron al juez Walter Bento al frente de la investigación.

Pero, como se dijo, hay un caso anterior que relaciona a Rago Gallo con Jorge Antonio Olivera. Este represor fue detenido el 6 de agosto del 2000 en el aeropuerto de Fiumicino en Roma por pedido de la justicia francesa, y estuvo 42 días detenido en la cárcel italiana de Regina Coeli, hasta que fue liberado por la acción de sus abogados en Italia. Esos eran Augusto Sinagra, también abogado del gran maestre de la logia P2 Licio Gelli (ver detalles más adelante en otra nota), y el letrado de extrema derecha Marcantonio Bezicherique, quienes lograron que los jueces italianos de Corte de Apelaciones liberaran a Olivera sobre la base de un documento falso. La estrategia que diseñaron sus defensores para liberarlo se inició en San Juan, el 6 de septiembre del 2000, cuando el Juez Leopoldo Rago Gallo, permitió que dos de los abogados argentinos de Olivera, Jorge Appiani y Jorge González Pagnanelli, fotocopiaran el expediente sobre Marie Anne Erize Tisseau (secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 y aún desaparecida), en el que estaba imputado Olivera como miembro del grupo de tareas. El 14 de septiembre llegaron por fax a la Cámara de Apelaciones de Roma esas fotocopias del expediente y le agregaron un certificado de defunción falso, en el que figuraba como fecha de fallecimiento de Marie Anne Erize el 11 de noviembre de 1976, así los jueces italianos liberaron al represor la semana siguiente. Al estar libre Olivera volvió inmediatamente a la Argentina, donde por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final estaba a salvo de cualquier proceso y podía continuar, como abogado, en la defensa del genocida y miembro nº 609 de la logia P2, Carlos Guillermo "pajarito" Suárez Mason. Aunque no pudo hacerlo con su propio padre, el genocida Jorge Olivera Rovere, ex subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército y condenado a perpetua en el 2009. Rago Gallo se despegó del incidente diciendo que en el expediente “no figura ninguna partida de nacimiento ni certificado de defunción” de Marie Anne Erize (La Nación 21 de septiembre de 2000). 

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El viernes 9 de agosto comenzó en Rosario otro juicio por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, integrado por los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Amalia Berros, inicio este viernes 9 de agosto el proceso en el que se va a juzgar a 12 represores, se investigan delitos de lesa humanidad contra 27 víctimas.

Son juzgados el ex jefe de la inteligencia militar en Rosario durante la última dictadura militar, Pascual Guerrieri,  el jefe del Grupo de Tareas 1, Marino Héctor González,  Joaquín Gurrera, el jefe de Operaciones de Inteligencia Jorge Alberto Fariña, el ex jefe de sección y segundo jefe de Operaciones Especiales,  y los Personal Civil de Inteligencia (PCI), Eduardo Rodolfo Costanzo, Walter Salvador Dionisio Pagano, Juan Andrés Cabrera, Alberto Enrique Pelliza, Ariel Zenon Porra, Ariel Antonio López y Carlos Antonio Sfulcini. Por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios en los centros clandestinos  de detención (CCD) La Calamita, Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”, en el marco de una asociación ilícita.

El represor Guerrieri era el Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 dependiente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército (comandante el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri), además Guerrieri fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. También está procesado desde febrero del 2012, por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás, por  el secuestro ocurrido en Rosario el 14 de mayo de 1983, y las  torturas y homicidios de  Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso. En esa causa también están procesados los genocidas Reynaldo Benito Bignone, Luis Abelardo Patti, Luis Américo Muñoz, y los PCI Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López. Como el juez no activa la investigación de esta y otras causas, el fiscal Juan Patricio Murray cuestionó recientemente ante la  Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, al Juez Villafuerte Ruzzo porque en referencia a las cusas por violaciones a los Derechos Humano el juez incurre en "infundadas demoras en el trámite de los expedientes a raíz de haber asumido una posición parcial contraria a la persecución penal de ese tipo de delitos". Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, había solicitado que Villafuerte Ruzzo se apartara de la causa en la se investigan los secuestros y homicidios de Cambiaso y Pereyra Rossi entre otros cuestionamientos, pero Corte Suprema ratificó al Juez. Esta semana las Abuelas de Plaza de Mayo sac aron un comunicado en el que "manifiestan  su profundo malestar por una decisión de la Corte Suprema, que protege al juez Carlos Villafuerte Ruzzo...al rechazar un pedido de recusación de la fiscalía a ese magistrado..."


Pascual Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Constanzo ya fueron condenados a prisión perpetua en el 2010, por homicidios "agravados por alevosía" y también por "persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades.

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Detuvieron al genocida Ricardo Valdivia, tras estar 15 meses prófugo de la justicia

El 9 de agosto fue capturado el ex policía  Ricardo "Miralejos" Valdivia, quien estaba prófugo desde el 9 de mayo de 2012. La detención del represor  Valdivia había sido ordenada por el juez Daniel Eduardo Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº3, en el marco de la "megacausa" en la que se investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, es la causa Nº 14.216, caratulada Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros, en la que interviene la  Fiscalía Nº 6 a cargo del doctor Federico José Delgado. La detención fue "en la vía pública por parte del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria" y luego fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El 17 de mayo pasado el ministerio de Justicia y Derechos Humanos había ofrecido cien mil pesos de recompensa al que de  datos útiles  para capturarlo.

A Valdivia se lo acusa de  de nueve homicidios agravados y tormentos en el centro clandestino de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO), y de más de 200 secuestros durante la última dictadura cívico militar.

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Condenaron a sólo 8 años a tres represores en Rosario

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella, condenó este jueves 8 de agosto, a los represores a penas muy diferentes a las que solicitó la fiscalía. El TOF condenó a 8 años y medio de prisión a los ex militares Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y al abogado Pedro Alberto ‘Pili’ Rodríguez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, contra Manuel Casado, el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad de San Lorenzo. Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, fue torturado y  pasó por el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, hasta que  10 días después fue “blanqueado” en la Jefatura de Policía de San Lorenzo. El tribunal ordenó que las penas sean cumplidas en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La Fiscal Mabel Colalongo había solicitado la pena de 20 años de prisión para Cervera y para Maderna, y de 18 años para Rodríguez,  también requirió que las condenas se hagan efectiva en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Los represores llegaron en libertad al juicio, en el que también estuvo imputado al genocida Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, pero fue “declarado inhábil para este juicio” por razones de salud y apartado.

Pedro "Pili" Rodíguez fue asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar de Rubén Cervera en 1976, quien también era el jefe del Batallón 121 de la localidad de Fray Luis Beltrán. Rodríguez también fue abogado del gremio de aceiteros hasta hace poco tiempo y en el 2009 había presentado su candidatura al Concejo Municipal  por un partido vecinalista de San Lorenzo; fue electo, pero una campaña de las organizaciones de derechos humanos impidió que asuma.

Esta causa es una parte de la causa denominada “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, que reúne las investigaciones sobre el Terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales, entre otros. Para el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial al separar la causa quedaba de manifiesto "la intención deliberada de beneficiar a los genocidas", debido a que en el juicio no se contemplará que el "plan sistemático de exterminio fue justamente un plan perfectamente organizado" y  al "juzgar individualmente a los responsables hace que la verdad se diluya".

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Por crímenes de lesa humanidad condenan a siete represores en Santa Fe y elevan a juicio oral una causa en Mar del Plata

Este martes 6 de agosto Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci, dio a conocer la sentencia en la llamada causa Causa 050-III Brigada Aérea de Reconquista, por primera vez se condena a genocidas por el delito de violación agravada como de lesa humanidad. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de septiembre próximo, a las 12.

El tribunal condenó a los siete represores por los delitos de violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, tormentos agravados  y vejaciones. A Danilo Alberto Sambuelli se lo condenó con 21 años de prisión,  Jorge Alberto Benítez recibió la condena de 16 años de prisión; a los ex policías Carlos Armando Nickisch lo condenaron a 18 años, a Horacio Omar Machuca por 11 años, a Rubén Molina a 10 años, Arnaldo Máximo Neumann a 13 años y a 7 años de prisión condenaron a  Eduardo Luque. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca son condenados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente.
Los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum habían solicitado para Danilo Sambuelli una pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo y  para Jorge Alberto Benítez y Carlos  Nickisch, 20 años; para Arnaldo  Neumann, 15 años; para Rubén Molina y Horacio  Machuca, 12 años; y para Eduardo Luque, 8 años.

La abogada querellante Lucila Puyol dijo a LT9 de Santa Fe, que “A veces las pruebas, los testimonios para algunos jueces son suficientes y para otros no. Lo que creemos es que una vez más ha sido probado el plan sistemático de persecución y exterminio de militantes durante la última dictadura militar”, previo a la lectura de la sentencia Puyol había agradecido a "los compañeros que pusieron su voz en estos juicios".

Mar del Plata

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal nº 3 de Mar del Plata, a elevado a juicio oral la situación del represor Aldo Carlos Máspero, quien habría sufrido un ACV  en diciembre del año pasado y, por eso, no había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 marplatense, en la causa Base Naval II, en la cual fueron condenados otros trece represores en febrero de 2013 (siete de ellos a perpetua). Aparentemente ahora  Máspero no va a quedar impune.

En 1977 y 1978 Maspero estaba a cargo de la subzona militar XV y de los centros clandestinos que funcionaban en la ciudad de Mar del Plata y la zona, como " La Cueva," en la sede de la Base Naval de la ciudad y los CCD en la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina (ESIM), en la sede de la agrupación de buzos tácticos y en la Prefectura Naval Argentina (PNA); Máspero también fue jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601 de 1977 al '79; luego, en 1980, fue secretario del Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein y después profesor en la Escuela Superior de Guerra; además  Máspero fue premiado por la fundación El Libro el 30/04/2008, por "Vocación y Empleo en Abogacía, Criminalística y Seguridad" (34ª Feria del Libro).

Esta resolución del juez federal Inchausti, es una ampliación del pronunciamiento dictado el pasado 16 de mayo por delitos de lesa humanidad dentro de la megacausa 4477 (Base Naval), con respecto a los represores Alfredo Manuel Arrillaga (responsable de la represión al copamiento de La Tablada en 1989), Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Juan Alberto Ignacio Ortíz, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Roberto Luís Pertusio, Mario José Osvaldo Forbice, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Francisco Luís Rioja. En esta parte de la causa se investigan privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados, en perjuicio de 30 víctimas. En julio de 2013, el juez Inchausti procesó por una causa que es parte de la misma megacausa 4477 (Base Naval), a Ana María Teodori, jueza subrogante durante la última dictadura cívico militar, por presunta intervención como partícipe secundaria en delitos de lesa humanidad contra Héctor Ferreccio y Graciela Datto, entre otros, en complicidad con los grupos de tareas del CCD La Cueva de la Base Naval marplatense.

En la zona de Mar del Plata la estructura represiva era dirigida por el ejército a través de la jefatura de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea, identificada como “ADA 601”, con dos Grupos de Artillería de Defensa Aérea, identificados con las siglas “GADA 601” y “GADA 602”. El jefe de la agrupación “ADA 601” también era el comandante de la Subzona XV, áreas nº 151 y 152, todas dependientes del Primer Cuerpo del Ejercito o sea del genocida  Carlos Guillermo Suárez Mason. Bajo este mando operaban en Mar del Plata, las fuerzas de la Marina, de la Aeronáutica, de la Prefectura Naval y las policías provincial y federal, la Fuerza de Tareas Nº 6.

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Son doce los juicios por delitos de Lesa humanidad que se están realizando y dos terminaron recientemente

Los juicios sobre los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en todo el país, se estan llevando a cabo en siete provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), once son orales y uno es por escrito, con casi 240 imputados entre todos ellos.

En la CABA se están realizando dos juicios orales, el de la ESMA III con 68 represores imputados; incluyendo los pilotos de los llamados "vuelos de la muerte" y el otro por el plan Condor con 25 represores imputados.

En Santa Fe también son dos los juicios orales, en la ciudad de Santa Fe el de la Causa 050-III Brigada Aérea de Reconquista y otro por los delitos cometidos en la ciudad de San Lorenzo que se desarrolla en Rosario. Esta semana se conocerán las sentencias en estos dos juicios, el martes 6 de agosto de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe, leerá el veredicto en la Causa 050, donde son juzgados siete represores por crímenes de Lesa humanidad a 35 víctimas. El jueves 8,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario dará a conocer la sentencia a los represores Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y Pedro Alberto Rodríguez.

En Tucumán, sigue el megajuicio que unifica las causas  “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía"; el TOF de Tucumán juzga a 41 represores, por crímenes de lesa humanidad como  violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra 235 víctimas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta está juzgando desde mayo de 2012, a 18 represores por la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, delitos cometidos en esa provincia entre los años 1975 y 1978.

En Catarmarca el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, inició en mayo del 2013, juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia en perjuicio de 14 víctimas, durante la última dictadura cívico militar, por los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, investiga desde fines del año pasado los delitos cometidos en los centros  clandestinos de detención (CCD),  “La Perla” y “Campo de la La Ribera” y en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar; ya se realizaron 64 audiencias. Entre las 416 víctimas hubo asesinados, desaparecidos y solo 166 sobrevivientes. En este juicio son 45 los represores imputados, con los genocidas Luciano Benjamín  Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, entre ellos.

Entre los juicios que terminaron recientemente, el pasado 24 de julio el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a sólo 12 años de prisión al ex policía del Comando Radioeléctrico provincial, Juan Domingo Ayala, por el fusilamiento de seis presos políticos el 17 de mayo de 1976.

En la provincia de Buenos Aires es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín el que realiza el juicio por la 8ª etapa de Campo de Mayo, iniciado en abril pasado y focalizado en el área represiva que abarcaba Zárate-Campana. En este juicio están imputados los genocidas Santiago Omar Riveros, Sergio Buitrago, Servando Ortega y el ex titular de la Comisaría de Escobar Juan Fernando Meneghini, por crímenes contra 31 víctimas; los alegatos comenzaron el viernes 2 de agosto.

En Bahía Blanca el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad realizaba el juicio a  ocho represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, pero la semana pasada el TOF apartó del juicio, por razones de salud, al represor Miguel Ángel Villegas y ordenaron su inmediata libertad, la fiscalía anunció que recurrirá en Casación. Hay que recordar que el represor imputado Carlos Alberto Arroyo, miembro del grupo de tareas de la Compañía Comando y Servicios, está prófugo desde el 6 de mayo pasado.

El pasado miércoles 31 el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzó el segundo juicio en esa provincia por delitos de lesa humanidad, son ocho los represores imputados: Hugo Kishimoto, Faustino Blanco Cabrera, Juan Carlos Camicha,  Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, todos del ejército y el ex gendarme Mario Osvaldo Sosa. Es importante recordar que está prófugo el represor Angel Ervino Spada por haber llegado libre al juicio (ver nota anterior). Se estima que terminará antes de fin de año.

Recientemente, el pasado 30 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia M. Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, condenó a 25 años de prisión a los genocidas Carlos Faraldo y a Héctor Filippo y a seis años a Rubén Ledesma, por ser coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, en perjuicio de tres víctimas. Además el TOF ordenó el traslado de estos represores a la Unidad Penal N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

En Entre Ríos hace varios años se desarrolla un juicio a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal (juicio por escrito), en la llamada causa "Area Paraná". En este juicio están acusados los genocidas Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani (el socio del fugado Jorge Olivera), Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el ex policía federal Cosme Marino Demonte; la ex agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano entre otros. Se investigan delitos cometidos a 70 víctimas. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná busca reactivar esta causa, por la cual ya pasaron diez jueces en el último año y medio  y el proceso se estancó por los planteos dilatorios de los abogados de los represores. También complicó que se fueron agregando causas como la del CCD de la ex comisaría de El Brete.

Según el CELS, hasta ahora hay más de 370 causas activas incluyendo más de 80 con sentencia, con casi 2000  entre denunciados,  prófugos, imputados e investigados, incluyendo más de 320 condenados, de los cuales casi el 50% fueron condenados a perpetua.

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