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miércoles, 7 de agosto de 2013

Por crímenes de lesa humanidad condenan a siete represores en Santa Fe y elevan a juicio oral una causa en Mar del Plata

Este martes 6 de agosto Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci, dio a conocer la sentencia en la llamada causa Causa 050-III Brigada Aérea de Reconquista, por primera vez se condena a genocidas por el delito de violación agravada como de lesa humanidad. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de septiembre próximo, a las 12.

El tribunal condenó a los siete represores por los delitos de violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, tormentos agravados  y vejaciones. A Danilo Alberto Sambuelli se lo condenó con 21 años de prisión,  Jorge Alberto Benítez recibió la condena de 16 años de prisión; a los ex policías Carlos Armando Nickisch lo condenaron a 18 años, a Horacio Omar Machuca por 11 años, a Rubén Molina a 10 años, Arnaldo Máximo Neumann a 13 años y a 7 años de prisión condenaron a  Eduardo Luque. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca son condenados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente.
Los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum habían solicitado para Danilo Sambuelli una pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo y  para Jorge Alberto Benítez y Carlos  Nickisch, 20 años; para Arnaldo  Neumann, 15 años; para Rubén Molina y Horacio  Machuca, 12 años; y para Eduardo Luque, 8 años.

La abogada querellante Lucila Puyol dijo a LT9 de Santa Fe, que “A veces las pruebas, los testimonios para algunos jueces son suficientes y para otros no. Lo que creemos es que una vez más ha sido probado el plan sistemático de persecución y exterminio de militantes durante la última dictadura militar”, previo a la lectura de la sentencia Puyol había agradecido a "los compañeros que pusieron su voz en estos juicios".

Mar del Plata

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal nº 3 de Mar del Plata, a elevado a juicio oral la situación del represor Aldo Carlos Máspero, quien habría sufrido un ACV  en diciembre del año pasado y, por eso, no había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 marplatense, en la causa Base Naval II, en la cual fueron condenados otros trece represores en febrero de 2013 (siete de ellos a perpetua). Aparentemente ahora  Máspero no va a quedar impune.

En 1977 y 1978 Maspero estaba a cargo de la subzona militar XV y de los centros clandestinos que funcionaban en la ciudad de Mar del Plata y la zona, como " La Cueva," en la sede de la Base Naval de la ciudad y los CCD en la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina (ESIM), en la sede de la agrupación de buzos tácticos y en la Prefectura Naval Argentina (PNA); Máspero también fue jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601 de 1977 al '79; luego, en 1980, fue secretario del Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein y después profesor en la Escuela Superior de Guerra; además  Máspero fue premiado por la fundación El Libro el 30/04/2008, por "Vocación y Empleo en Abogacía, Criminalística y Seguridad" (34ª Feria del Libro).

Esta resolución del juez federal Inchausti, es una ampliación del pronunciamiento dictado el pasado 16 de mayo por delitos de lesa humanidad dentro de la megacausa 4477 (Base Naval), con respecto a los represores Alfredo Manuel Arrillaga (responsable de la represión al copamiento de La Tablada en 1989), Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Juan Alberto Ignacio Ortíz, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Roberto Luís Pertusio, Mario José Osvaldo Forbice, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Francisco Luís Rioja. En esta parte de la causa se investigan privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados, en perjuicio de 30 víctimas. En julio de 2013, el juez Inchausti procesó por una causa que es parte de la misma megacausa 4477 (Base Naval), a Ana María Teodori, jueza subrogante durante la última dictadura cívico militar, por presunta intervención como partícipe secundaria en delitos de lesa humanidad contra Héctor Ferreccio y Graciela Datto, entre otros, en complicidad con los grupos de tareas del CCD La Cueva de la Base Naval marplatense.

En la zona de Mar del Plata la estructura represiva era dirigida por el ejército a través de la jefatura de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea, identificada como “ADA 601”, con dos Grupos de Artillería de Defensa Aérea, identificados con las siglas “GADA 601” y “GADA 602”. El jefe de la agrupación “ADA 601” también era el comandante de la Subzona XV, áreas nº 151 y 152, todas dependientes del Primer Cuerpo del Ejercito o sea del genocida  Carlos Guillermo Suárez Mason. Bajo este mando operaban en Mar del Plata, las fuerzas de la Marina, de la Aeronáutica, de la Prefectura Naval y las policías provincial y federal, la Fuerza de Tareas Nº 6.

lunes, 22 de julio de 2013

La urdimbre civil de la dictadura segunda parte: Etchepare y la Comisión Nacional de Valores, y el personal civil de inteligencia



El pasado 15 de abril por orden del juez Daniel Eduardo Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, fue detenido  Juan Alfredo Etchebarne por delitos de lesa humanidad y, junto a otros represores, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Durante la dictadura cívico militar el abogado Etchebarne presidió  la Comisión Nacional de Valores (CNV) de junio de 1976 a 1981, y está imputado de participar en el secuestro y los tormentos de 28 personas desde septiembre a diciembre de 1978, cuando los secuestrados fueron legalizados. Todas las víctimas estaban vinculadas al caso del Banco de Hurlingham, que había sido de los Graiver. 

Desde la dirección de la CNV Etchebarne la convirtió en una herramienta política del Ministerio de Economía, pero no como órgano rector del sistema financiero (para lo que fue creada en 1968, por el dictador Juan Carlos Onganía), sino como una central de inteligencia del terrorismo de estado, asociada al accionar represivo del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, para pasarle información de empresarios y financistas, y así secuestrar y robar a más de 130 acusándolos de "subversión economica" y otros delitos inventados. Lo que el juez Rafecas describe en su fallo como un "plan criminal y clandestino de represión" del terrorismo de estado durante la dictadura cívico miltar.

El martes 16 de julio el juez Rafecas dispuso finalmente el procesamiento con prisión preventiva de Etchebarne, y del ex coronel  Francisco Obdulio D´Alessandri, el ex Gendarme Víctor Enrique Rei, y al ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti; Rei ya estaba detenido desde el 2004 y condenado desde el 2009, por la apropiación de Alejandro, hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, secuestrados el 1 de julio de 1977, que están desaparecidos. En la causa del Banco de Hurlingham, iniciada en junio del 2010, también estaban imputados el fallecido ex coronel Roberto Roualdes (que comandaba los secuestros) y ex teniente coronel Raúl Gattica. Entre otras víctimas, Enrique Lucio García Mansilla, Rosa Dominga Laurito y Raúl Ramón Aguirre Saravia, deunciaron que Etchebarne estuvo presente en los interrogatorios y apremios ilegales en Campo de Mayo y el Vesubio, también se denunciaron a dos abogados de la CNV  René Garris y Julio Eduardo Juan Spinosa. Este último fue felicitado en 1979 por Etchebarne, por su eficiencia durante una misión para la que había sido designado a pedido del Comando del Comando del Primer Cuerpo deEjército.

Antes de 1976 Etchebarne había sido directivo de la acería Acindar y era amigo personal del ministro de Economía José Alfredo  (presidente del directorio de  Acindar) y también miembro del Grupo Azcuénaga, cuyos integrantes ocuparon varios lugares claves en la dictadura cívico militar.

Entre las víctimas estaban René Carlos y Luis Grassi, Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro, Rosa Laurito de Ernaiz, Raúl  Aguirre Saravia, Marcelo y Juan Claudio Chavanne, Sara Duggan, Jorge Tejerina, Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein. Todos estuvieron secuestrados en diferentes centros clandestinos de detención (CCD) y en el CCD de la  Prisión Militar de Campo de Mayo (la actual U34 del SPF), eran funcionarios del Banco de Hurlingham o pertenecían mayoritariamente como dueños directivos,  gerentes y secretarios, a dos grupos empresarios, uno era de las Industrias Siderúrgicas Grassi, y el otro del rubro inmobiliario, los Chavanne. Estos dos grupos se asociaron para comprar el banco de Hurlingham a Lidia Papaleo y los Graiver; pero el banco fue intervenido por la  Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Argentino (la Conarepa), que delegó las decisiones en Christian J. Zimmerman, vicepresidente del Banco Centrál (BCRA), y Alberto Rodríguez Varela (el ministro de Justicia y luego abogado defensor del genocida Videla), designó como veedor al jurista Gregorio Badeni (un "constitucionalista" aún citado por los medios monopólicos y presidente de la Academia Nacional de Derecho), mientras las víctimas de los grupos Grassi y Chavanne estaban detenidos clandestinamente y eran torturados. Finalmente el BCRA, con Adolfo Diz a la cabeza, liquidó el banco de Hurlingham, aunque se oponían los técnicos del propio Banco Central. Así también se lograba sacar del medio a las Industrias Grassi, porque se interponía en la reconversión de Acindar que pretendían Martínez de Hoz y sus socios. Esa reconversión se inició persiguiendo a los trabajadores de la acería con el operativo denominado "Serpiente Roja del Paraná", del 20 de marzo de 1975, cuando por orden del gobierno de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez se detuvieron a más de trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la UOM de Villa Constitución y dentro de Acindar hubo un centro clandestino de detención del gobierno democrático, donde desaparecieron más de 30 trabajadores.

Según declaró a Télam Jorge Devincenzi (de la Sec.de DDHH nacional),  Martínez de Hoz y Etchebarne estaban secundados "por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la Secretaría de Hacienda y Guillermo Walter Klein en la Secretaría de Programación Económica", para apropiarse de los bienes que habían pertenecido a David Graiver y en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales. Recientemente en un informe de la CNV se denunció que fueron, al menos, 130 los empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados y despojados de sus bienes durante la dictadura cívico miltar por información brindada por la misma CNV. 

El personal civil de inteligencia

El personal civil de inteligencia del Ejército (PCI), no sólo clasificaba y ordenaba los informes remitidos al y del Batallón 601, sino que muchos integraban los grupos de tareas que secuestraban, asesinaban y torturaban. La pasada semana la sala III de la Cámara de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que le había otrorgado el Tribunal Oral Federal número 1, al represor Ariel Antonio López. Este se desempeñaba como PCI en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y desde el 9 de agosto próximo sera juzgado en el marco de la causa "Porra" (también conocida como "Oscar Pascual Guerrieri II), junto a otros 11 represores, como los civiles Ariel Zenón"El Puma" Porra, Marino Héctor González, Juan Andrés "El Barba" Cabrera y Alberto Enrique Pelliza.
López fue procesado en esta causa por el juez Marcelo
Martín Bailaque, del juzgado Federal nº 4 de Rosario, en octubre de 2009, como coautor de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos que damnificaron a 17 víctimas, y por 14 homicidios de personas que fueron secuestradas en el CCD conocido como "Quinta de Funes", como así también hacia los que fueron alojados en el CCD de la  Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu". El Juzgado Federal nº 2 de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo también procesó a Ariel López junto a los genocidas Reynaldo Benito Antonio Bignone y Luis Abelardo Patti, y varios PCI del 121 y el 122.
Otro ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que va a ser juzgado, el represor Marino Héctor González, fue trasladado en junio pasado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Algunos otros de los que fueron Personal Civil de Inteligencia del Ejército y que están imputados o procesados o condenados son Nicolás Correa, Eleodoro Jorge "lolo" Hauque, Horacio Américo "Quique" Barcos (secuestrador del prof. José Alberto Tur
), Gustavo Francisco "german" Bueno, Eduardo Rodolfo Costanzo, Carlos Gabriel Jesús Isach, Rodolfo Daniel Isach, Walter Salvador Dionisio Pagano,  Jorge Walter Perez "doble V" Blanco,  Walter Roberto Roscoe, Carlos Antonio Sfulcini, Eduardo Rebechi, César Luis Frilocchi, Juan José Luis Gil, Julio Adelaido "Tipi" Ramos.

 

viernes, 21 de septiembre de 2012

El genocida Héctor Vergez se negó a declarar

El genocida represor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en la última dictadura cívico militar, Héctor Vergez, se negó a prestar declaración indagatoria al inicio del juicio oral en su contra por cuatro secuestros y tres desapariciones. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal - integrado por los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel - contó con una importante concurrencia de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones. 
El genocida Héctor Vergez

Vergez, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por condenas previas, es juzgado por la desaparición del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, en 1977.  En el proceso también se juzgan la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de Cristina Zamponi, su esposa, quien sobrevivió y declarará por videoconferencia. El secuestro de ambos también se había producido ese mismo año.

Casariego de Bel era Director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y se había negado a dar su aval para la estatización de la ex Compañía Italo-Argentina de Electricidad durante la dictadura cívico militar. El funcionario de 24 años de carrera había denunciado irregularidades en las negociaciones para la estatización de la CIAE. Casariego de Bel desapareció el 15 de Junio de 1977, cuando fue a una reunión con secretario de Planificación Guillermo W. Klein. Su esposa nunca fue recibida ni por Klein ni por Martínez de Hoz. Gallego Soto, empresario y contador allegado al ex presidente Juan Domingo Perón, se oponía junto a Casariego a esa operación que benefició a los dueños de la empresa de energía eléctrica. 

Javier Coccoz -entrerriano de 26 años- fue secuestrado por un grupo de tareas el 11 de mayo de 1977 en Lanús. Era miembro del equipo de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto a Rafael Andrés Perrota. 




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