Dos agentes de inteligencia van a juicio oral por delitos de lesa humanidad

Se trata de los ex Personal Civil de Inteligencia (PCI), del batallon 601 Rubén Osvaldo “Mariano” Bufano (foto) y Arturo Ricardo Silzle. Ambos represores habían sido procesados este año por el juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7; Bufano en mayo y Silzle en julio. Ahora Casanello dispuso la elevación  a juicio de la causa en la que también está imputado y detenido otro ex agente del 601,  Leandro Angel "Lenny" Sánchez Reisse, respecto al cual ya se había ordenado la elevación parcial a juicio a fines del año pasado. A todos se los acusa por asociación ilícita agravada para cometer secuestros extorsivos a financistas y empresarios. Estos represores y sus cómplices secuestraban en el marco del sistema clandestino de represión establecido por la dictadura cívico militar, en una "organización ilegal" y como "personal de inteligencia integrante del Ejército argentino", a las órdenes del genocida Carlos Suárez Mason. En esta causa se los juzga por los secuestros extorsivos de Ricardo A. Tomasevich y su cuñado Alberto Martínez Blanco ocurridos en septiembre de 1980, pero ya fueron imputados en otros secuestros.

Arturo Ricardo Silzle 

A principios del 2010, la presidente Cristina Fernández de Kirchner ordeno que los documentos del Batallon 601 fueran desclasificados y el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani, entregó  al juez Ariel Lijo por intermedio de Ramón Torres Molina, titular del Archivo de la Memoria, las listas  con los 4.300 nombres de militares y civiles que integraban el Batallón de Inteligencia 601 en la dictadura. Ahí figuran Bufano y Silzle como PCI en el rubro seguridad entre 1976 y 1983. Pero hasta que fue detenido en mayo del 2013, Bufano vivía y trabajaba tranquilamente en San Juan a pesar que, al menos desde diciembre del 2010, se sabe públicamente tenía una agencia de seguridad en esa provincia. Por su parte  Silzle recién fue detenido en julio pasado en Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires.

Otro imputado en la causa es el ex policía federal Luis Alberto "el Japonés" Martínez, pero aún se está viendo si este represor realmente padece de insania, para poder juzgarlo. 

Bufano, Martínez, Sánchez Reisse y las esposas de estos últimos ya fueron condenados en noviembre de 1983 por el Tribunal Superior del Cantón de Zurich, Suiza, por haber intentado el cobro del rescate del empresario Carlos Koldobsky (dueño de Cambio América S.A.). Sánchez Reisse escapó en 1985 y recién fue detenido en 1987 en New York y luego extraditado, pero el ex juez Luis Cevasco lo liberó rápidamente al sobreseerlo por falta de mérito.

A mediados del 2000 Sánchez Reisse y Bufano fueron extrañamente absueltos por el juez de instrucción Eduardo Daffis Niklison, en la causa por el secuestro del empresario Fernando Combal, ocurrido en mayo de 1979, cuando Combal era socio de Sánchez Reisse en la empresa Urbaires SA; la medida fue sostenida por un fallo de la Corte Suprema de ese momento. Su absolución es extraña no sólo por la evidencia, sino porque Sánchez Reisse fue recapturado en 1995 en España por orden del juez argentino Ricardo Warley y luego fue, otra vez, extraditado para ser juzgado por este delito; increiblemente luego de su absolución el represor pidió el juicio político del juez Warley. Otro antecedente de Sánchez Reisse  es haber integrado el Grupo de Tareas Especiales del Ejército Argentino que intervino en la represión en Centroamérica, especialmente en Honduras, como denunció en 1993 Leo Valladares, el comisionado gubernamental de Derechos Humanos de Honduras.

Leer más

El viernes 9 de agosto comenzó en Rosario otro juicio por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, integrado por los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Amalia Berros, inicio este viernes 9 de agosto el proceso en el que se va a juzgar a 12 represores, se investigan delitos de lesa humanidad contra 27 víctimas.

Son juzgados el ex jefe de la inteligencia militar en Rosario durante la última dictadura militar, Pascual Guerrieri,  el jefe del Grupo de Tareas 1, Marino Héctor González,  Joaquín Gurrera, el jefe de Operaciones de Inteligencia Jorge Alberto Fariña, el ex jefe de sección y segundo jefe de Operaciones Especiales,  y los Personal Civil de Inteligencia (PCI), Eduardo Rodolfo Costanzo, Walter Salvador Dionisio Pagano, Juan Andrés Cabrera, Alberto Enrique Pelliza, Ariel Zenon Porra, Ariel Antonio López y Carlos Antonio Sfulcini. Por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios en los centros clandestinos  de detención (CCD) La Calamita, Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”, en el marco de una asociación ilícita.

El represor Guerrieri era el Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 dependiente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército (comandante el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri), además Guerrieri fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. También está procesado desde febrero del 2012, por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás, por  el secuestro ocurrido en Rosario el 14 de mayo de 1983, y las  torturas y homicidios de  Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso. En esa causa también están procesados los genocidas Reynaldo Benito Bignone, Luis Abelardo Patti, Luis Américo Muñoz, y los PCI Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López. Como el juez no activa la investigación de esta y otras causas, el fiscal Juan Patricio Murray cuestionó recientemente ante la  Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, al Juez Villafuerte Ruzzo porque en referencia a las cusas por violaciones a los Derechos Humano el juez incurre en "infundadas demoras en el trámite de los expedientes a raíz de haber asumido una posición parcial contraria a la persecución penal de ese tipo de delitos". Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, había solicitado que Villafuerte Ruzzo se apartara de la causa en la se investigan los secuestros y homicidios de Cambiaso y Pereyra Rossi entre otros cuestionamientos, pero Corte Suprema ratificó al Juez. Esta semana las Abuelas de Plaza de Mayo sac aron un comunicado en el que "manifiestan  su profundo malestar por una decisión de la Corte Suprema, que protege al juez Carlos Villafuerte Ruzzo...al rechazar un pedido de recusación de la fiscalía a ese magistrado..."


Pascual Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Constanzo ya fueron condenados a prisión perpetua en el 2010, por homicidios "agravados por alevosía" y también por "persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades.

Leer más

El genocida Héctor Vergez se negó a declarar

El genocida represor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en la última dictadura cívico militar, Héctor Vergez, se negó a prestar declaración indagatoria al inicio del juicio oral en su contra por cuatro secuestros y tres desapariciones. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal - integrado por los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel - contó con una importante concurrencia de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones. 

El genocida Héctor Vergez

Vergez, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por condenas previas, es juzgado por la desaparición del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, en 1977.  En el proceso también se juzgan la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de Cristina Zamponi, su esposa, quien sobrevivió y declarará por videoconferencia. El secuestro de ambos también se había producido ese mismo año.

Casariego de Bel era Director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y se había negado a dar su aval para la estatización de la ex Compañía Italo-Argentina de Electricidad durante la dictadura cívico militar. El funcionario de 24 años de carrera había denunciado irregularidades en las negociaciones para la estatización de la CIAE. Casariego de Bel desapareció el 15 de Junio de 1977, cuando fue a una reunión con secretario de Planificación Guillermo W. Klein. Su esposa nunca fue recibida ni por Klein ni por Martínez de Hoz. Gallego Soto, empresario y contador allegado al ex presidente Juan Domingo Perón, se oponía junto a Casariego a esa operación que benefició a los dueños de la empresa de energía eléctrica. 

Javier Coccoz -entrerriano de 26 años- fue secuestrado por un grupo de tareas el 11 de mayo de 1977 en Lanús. Era miembro del equipo de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto a Rafael Andrés Perrota. 

Leer más