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jueves, 2 de mayo de 2013

Confirman pena a Musa Azar y el procesamiento a Menéndez

Indagaran a Musa Azar
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, confirmó la condena a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en 2010 contra el genocida Musa Azar (ex jefe del Departamento de Investigaciones Policiales de esa provincia). La medida también alcanza a a los condenados Miguel Tomás Garbi - ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones Policiales- y Ramiro del Valle López Veloso  –ex oficial de ese mismo departamento-, quienes también habían sido sentenciados a perpetua por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra de Cecilio José Kamenetsky. Este fue el primer juicio por crímenes contra la humanidad realizado en la provincia de Santiago del Estero.

Cecilio fue secuestrado en agosto del 76, cuando militaba en el Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Argentina de Santiago del Estero. Fue llevado  Centro Clandestino de Detención DIP   de la capital provincial, donde fue torturado y asesinado, tras una simulación de intento de fuga.
Acusados por genocidio, lucieron escarapelas con los colores del Vaticano 

 La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Códoba, integrada por los jueces Carlos Julio Lascano (presidente),  Abel Guillermo Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo, confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín (Cachorro) Menéndez, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, rechazando así la apelación de  sus abogados Juan Carlos Belagardi y Mauricio Zambiazzo, en el marco de la causa Maffei, Enrique Alfredo y otros; en esta causa se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en diversos centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba, como La Perla, La Ribera, La Perla Chica o Malagueño y, en algunos casos, en dependencias policiales del interior provincial y en el Departamento de Informaciones (D2) de la ciudad capital. 
También se ratificó los procesamientos de los genocidas Héctor Pedro Vergéz, Ernesto Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y José Andrés Tófalo, como autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravado.


viernes, 21 de septiembre de 2012

El genocida Héctor Vergez se negó a declarar

El genocida represor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en la última dictadura cívico militar, Héctor Vergez, se negó a prestar declaración indagatoria al inicio del juicio oral en su contra por cuatro secuestros y tres desapariciones. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal - integrado por los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel - contó con una importante concurrencia de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones. 
El genocida Héctor Vergez

Vergez, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por condenas previas, es juzgado por la desaparición del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, en 1977.  En el proceso también se juzgan la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de Cristina Zamponi, su esposa, quien sobrevivió y declarará por videoconferencia. El secuestro de ambos también se había producido ese mismo año.

Casariego de Bel era Director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y se había negado a dar su aval para la estatización de la ex Compañía Italo-Argentina de Electricidad durante la dictadura cívico militar. El funcionario de 24 años de carrera había denunciado irregularidades en las negociaciones para la estatización de la CIAE. Casariego de Bel desapareció el 15 de Junio de 1977, cuando fue a una reunión con secretario de Planificación Guillermo W. Klein. Su esposa nunca fue recibida ni por Klein ni por Martínez de Hoz. Gallego Soto, empresario y contador allegado al ex presidente Juan Domingo Perón, se oponía junto a Casariego a esa operación que benefició a los dueños de la empresa de energía eléctrica. 

Javier Coccoz -entrerriano de 26 años- fue secuestrado por un grupo de tareas el 11 de mayo de 1977 en Lanús. Era miembro del equipo de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto a Rafael Andrés Perrota. 




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