Condenaron a sólo 8 años a tres represores en Rosario
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella, condenó este jueves 8 de agosto, a los represores a penas muy diferentes a las que solicitó la fiscalía. El TOF condenó a 8 años y medio de prisión a los ex militares Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y al abogado Pedro Alberto ‘Pili’ Rodríguez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, contra Manuel Casado, el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad de San Lorenzo. Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, fue torturado y pasó por el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, hasta que 10 días después fue “blanqueado” en la Jefatura de Policía de San Lorenzo. El tribunal ordenó que las penas sean cumplidas en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
La Fiscal Mabel Colalongo había solicitado la pena de 20 años de prisión para Cervera y para Maderna, y de 18 años para Rodríguez, también requirió que las condenas se hagan efectiva en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
Los represores llegaron en libertad al juicio, en el que también estuvo imputado al genocida Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, pero fue “declarado inhábil para este juicio” por razones de salud y apartado.
Pedro "Pili" Rodíguez fue asesor del municipio de San Lorenzo durante la
intervención militar de Rubén Cervera en 1976, quien también era el jefe del Batallón 121 de
la localidad de Fray Luis Beltrán. Rodríguez también fue abogado del gremio de
aceiteros hasta hace poco tiempo y en el 2009 había presentado su candidatura al Concejo Municipal por un partido vecinalista de San Lorenzo; fue electo, pero una campaña de las organizaciones de derechos humanos impidió que asuma.
Esta causa es una parte de la causa denominada “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, que reúne las investigaciones sobre el Terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales, entre otros. Para el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial al separar la causa quedaba de manifiesto "la intención deliberada de beneficiar a los genocidas", debido a que en el juicio no se contemplará que el "plan sistemático de exterminio fue justamente un plan perfectamente organizado" y al "juzgar individualmente a los responsables hace que la verdad se diluya".
