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sábado, 6 de septiembre de 2014

Por el asesinato de Víctor Jara fueron procesados otros militares chilenos

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Después de casi 41 años se acerca la posibilidad de llevar a juicio a los asesinos del cantautor y docente chileno Víctor Jara.

Recientemente, el ministro Miguel Vázquez de La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, dictó los procesamientos de los militares Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso, en calidad de autores del crimen y al ex fiscal militar Ramón Melo Silva como encubridor de los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Víctor Jara.

Con estos nuevos procesamientos ya son cuatro los imputados en calidad de autores materiales del asesinato: Hugo Sánchez Marmonti, Pedro Barrientos Núñez, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso. Pero, entre diciembre de 2012 y enero de 2013 el ministro Vázquez también procesó como cómplices a Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio.

Sigue prófugo el oficial del ejército chileno Pedro Barrientos Núñez,  quien vive en Florida (USA), desde 1990. Los familiares de Víctor (Joan Turner y sus hijas Manuela y Amanda), consideran que Barrientos Núñez fue el principal autor del homicidio, junto al ya procesado Hugo Sánchez Marmonti. En enero del 2013 la Corte Suprema de Chile solicitó su extradición a Estados Unidos y unos meses después lo hizo la familia pero en los EEUU; sin embargo, la justicia de ese  país aún no respondió a estos pedidos.

Víctor Lidio Jara Martínez, el hijo de Amanda y Manuel, fue director de teatro, compositor, cantor y profesor e investigador de la Universidad Técnica del Estado (ahora de Santiago). De esa Universidad, el 12 de septiembre de 1973, lo secuestraron los militares del Regimiento “Arica” del Ejército de Chile, junto a otros cientos de profesores y estudiantes y a todos los encerraron en el Estadio Chile, que hoy se llama Estadio Víctor Jara. En ese estadio lo torturaron y lo asesinaron el 16 de septiembre con más de 40 disparos. Fueron más de 5500 chilenos los que estuvieron detenidos por la dictadura en el Estadio Chile luego del Golpe, y ahí se torturó y exterminó a cientos de personas, como a lo largo de todo Chile.

Para los que lo conocen a Víctor Jara y para los que no, compartimos una parte de una de sus últimas actuaciones en vivo, del 17 de julio de 1973 en Perú.





jueves, 27 de marzo de 2014

Malvinas. Soberanía, Paz y Descolonización: el aporte de la CTERA



Este cuaderno publicado en 2012, producto del trabajo mancomunado entre CTERA, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos, y el Centro de Ex Combatientes Malvinas Argentinas (La Plata), es un aporte al debate sobre Malvinas. 

Aquí revisamos y conjugamos los enfoques desde la Historia, Geografía, Biología, Ciencia Política, Ciencias Jurídicas y Sociología, con el objetivo de ahondar sobre los argumentos de la soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur. Este tema, que a 32 años de la aventura bélica de la dictadura cívico-militar, emerge como una de las deudas pendientes.

Dejamos a disposición de nuestras/os compañeras/os y del público en general, este aporte. Asimismo les rogamos se pongan en contactos en caso de solicitar el material interactivo con las sugerencias didácticas.

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA



  

viernes, 21 de marzo de 2014

Los civiles que hicieron la dictadura. Cuadernillo para el debate y la formación.

     Compartimos este documento para el debate y la formación. Un texto que pretendemos que no se quede en la efeméride, que sea, más bien, una base para futuros aportes. En este momento histórico, a casi 4 décadas del inicio de la dictadura cívico-militar, es preciso exponer a los responsables civiles a la condena social. No olvidamos que ADEBA, la Sociedad Rural, Clarín, La Nación, Techint, Ford, Mercedes Benz, la Corporación Judicial, entre tantas otras corporaciones, fueron quienes acudieron a las botas y a los palos, para imponer un modelo económico-social regresivo y excluyente. 
Este texto, pretende dar continuidad a los debates pendientes y contribuir a saldar a las deudas de la justicia. Como tantos otros aportes realizados desde otros actores del campo popular, creemos necesario asumir el desafío de llevar el Nunca Más al aula.
     Otra de las deudas está en advertir el peligro de recrear y difundir las prenociones, prejuicios y representaciones negativas sobre los grupos políticos. Esto implica analizar el impacto del discurso que decía que peronistas, socialistas, trabajadores, sindicalistas, marxistas, comunistas, eran delincuentes subversivos y peligrosos. Este discurso fue asumido por los medios de comunicación, los militares, los empresarios, parte de la iglesia, algunas fuerzas partidarias y tantos otros civiles. Así se preparó el escenario para iniciar la cacería genocida contra los enemigos políticos del bloque dominante.
     A 38 años esas categorías negativas sobre el otro, en particular sobre los grupos políticos, sigue viva en los nichos del sentido común y legitima el accionar arbitrario de distintos actores. Queda en nosotros asumir esta deuda, elaborar los desafíos y llevar esta reflexión al plano material.

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA

martes, 18 de marzo de 2014

Comenzó el jury de enjuiciamiento del suspendido Juez Hooft


Después de siete años, y con la declaracion de varios testigos, comenzó ayer el jury de enjuiciamiento al suspendido juez marplatense Pedro Federico Hooft. Si se comprueba que incumplió sus tareas como juez podría ser destituido del cargo; el juicio durará unos dos meses en los que se presentará la documentación y darán testimonio unos 100 testigos. A Hooft se lo acusa de archivar hábeas corpus, cerrar causas penales por secuestros y desapariciones sin siquiera citar a los testigos y por no informar sobre la muerte de los secuestrados por los represores, como sucedió con el abogado Jorge Candeloro (asesinado en junio de 1977), entre otros. 

Hooft fue nombrado juez en 1976 por decreto del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint-Jean; por los presuntos delitos ya figura en el informe de la Conadep desde 1984 y también fue denunciado en junio de 1985 en el Juicio a las Juntas y en el 2001-02 en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.  Si Hooft pierde sus fueros, entonces en la Justicia Federal se podría avanzar en la causa penal donde se lo investiga por los posibles delitos de archivar las denuncias penales y los hábeas corpus  presentados por familiares de apresados ilegalmente por la dictadura cívico militar y entre otros presuntos delitos en varios casos con víctimas del terrorismo de estado, como el secuestro de varios abogados laboralistas (Centeno y Candeloro entre ellos), conocido como "La Noche de las Corbatas" (ocurridos entre el 6 y el 13 de julio de 1977).  La querella fue iniciada en el 2006 por el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, pero el ahora juzgado y suspendido juez, amparándose en sus fueros, se negó sistemáticamente a declarar ante diversos jueces, las últimas veces ante el juez federal de Mar del Plata Martín Bava.

El jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, es presidido por el ministro de la Corte Suprema bonaerense, Juan Carlos Hitters, y está integrado por los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina, los diputados provinciales Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores provinciales Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.

Entre otros testigos, ayer prestó declaración Carlos Bozzi, secuestrado el 8 de julio de 1977 junto a los aún desaparecidos Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz; también declaró el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Mario Alberto Portela, quien aseguró hoy que Hooft “reaccionó muy fuerte... contra el Juicio por la Verdad en Mar del Plata” y  contra los que llevaban adelante causas de derechos humanos.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Por la muerte del genocida Romero en la causa Angelelli quedan sólo con dos imputados: Menéndez y Estrella


El viernes pasado murió impune en su casa el represor Juan Carlos "La Bruja" Romero, estaba detenido desde abril del 2010 por disposición del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Como jefe del Departamento de Inteligencia (D2) de la policía riojana, Romero fue uno de los principales torturadores de presos políticos y secuestrados que pasaron por el ex Instituto de Rehabilitación Social (hoy Servicio Penitenciario Provincial), ahí era el que comandaba las sesiones de tortura, pero también actuaba en otros centros clandestinos de detención.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja, integrado por Juan Carlos Reynaga, José Quiroga Uriburu y Carlos Lascano, viene demorando dos años el juicio oral por el asesinato de monseñor  Angelelli (cometido el 4 de agosto de 1976), que recién comenzaría el próximo 4 de noviembre. Así de los cinco represores procesados en noviembre del 2011 en la instrucción de Herrera Piedrabuena, tres ya murieron (los genocidas Videla, Harguindeguy y Romero), por eso  sólo estarán sentados en el banquillo Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando  Estrella. Otros represores riojanos como  Lázaro Aguirre y Alfredo E. Marcó murieron sin ser enjuiciados.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Chile: cuarenta años de impunidad

Hace cuarenta años las corporaciones económica, judicial y militar en alianza con partidos políticos de derecha y el imperialismo, derrocaron a Salvador Allende, asesinando a miles de chilenos. Mediante el terrorismo de estado, este conglomerado de fuerzas restauradoras logró terminar con el poder popular para implantar un nuevo modelo económico neoliberal. Dirigiendo el teatro de operaciones se encontraba la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, la tristemente célebre C.I.A. El 11 de septiembre de 1973 detrás de la acción militar, política y mediática que derrocó a Allende, se transparentaba el plan conjunto del gobierno de los Estados Unidos y el conglomerado militar-político-empresarial de toda la región conocido como Operación Cóndor. 

Si bien reclamo de justicia no cesó, sólo se investigaron algunos casos aislados desde 1990, año en que terminó la dictadura. Esto se debe a que las mismas fuerzas restauradoras que instauraron el terror operaron silenciando la verdad y perpetuando la impunidad. 

En los últimos años se avizoró un cambio en la sociedad chilena, que encuentra sus causas, en parte, en el impulso de los jóvenes que comenzaron a participar en política revirtiendo el virtual congelamiento de la participación política que se marcó a fuego en septiembre del 73. El proceso de movilización actual, inédito desde 1990, comenzó con las primeras marchas estudiantiles de 2006 y la más masivas de 2011, con decenas de miles de estudiantes en las calles y en las tomas. Estas movilizaciones que pugnaban por la Educación Pública y Gratuita contribuyeron a derribar la fachada de "consenso" que había regido en la vida política chilena.

Junto a ello, el pedido de investigar los crímenes de lesa humanidad que era impulsado por los sectores políticos de izquierda comenzó a adquirir un consenso más amplio. En ese proceso se vieron interpelados las corporaciones y los sectores de la derecha política se vieron obligados a intervenir públicamente. Desde estos sectores, otrora cómplices se reviven los vetustos y absurdos argumentos de la Teoría de los Dos Demonios, esta vez aplicados al caso chileno. El propio presidente Sebastián Piñera cargó la responsabilidad sobre el gobierno de Allende. Sin tapujos, afirmó que fue el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende quienes quebrantaron reiteradamente "la legalidad y el Estado de derecho" en Chile y que el golpe y la dictadura fueron "el desenlace previsible de una larga y penosa agonía de los valores republicanos"; luego, en una copia devaluada de la teoría de los dos demonios, agregó que eso no justifica los "inaceptables atropellos a la vida, la integridad y la dignidad de las personas que ocurrieron con posterioridad, pero también tienen responsabilidad aquellos que "no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia". Por su parte la candidata de la coalición de derecha en las elecciones presidenciales de noviembre, Evelyn Matthei, dijo  que en septiembre de 1973 "la inmensa mayoría de los chilenos quería el fin del gobierno de Allende".

Después de años de ocultamiento, la televisión chilena está mostrando imágenes del golpe y del terrorismo de estado y, recientemente, el presidente de la Corte Suprema chilena, Rubén Ballesteros reconoció que los jueces no hicieron lo suficiente en dictadura. La Asociación de Magistrados de Chile fue un poco más allá y  pidió perdón por sus "acciones y omisiones" durante el régimen militar; algo que también pidió el senador Hernán Larraín, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), el mismo presidente Sebastián Piñera dijo la semana pasada que todavía falta mucho por subsanar con respecto a los derechos humanos y la justicia, pero culpó de eso al sistema judicial y a los medios de comunicación chilenos, también reclamó por la paz y la reconciliación en Chile. 

Con respecto a la Corte Suprema chilena habría que recordar que, en democracia, tampoco permitió investigar, porque en enero de 2005 rechazó una demanda para revocar la inmunidad judicial del genocida Augusto Pinochet en la investigación de los crímenes cometidos en marco del Plan Cóndor, Pinochet murió impune al año siguiente.

El domingo 8 de septiembre decenas de miles de chilenos se manifestaron contra la impunidad en las principales ciudades del país, en Santiago de Chile se realizó una multitudinaria marcha que estaba encabezada por mas de dos mil pancartas con imágenes de los rostros de los ejecutados y los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar, la marcha fue convocada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD),y otras organizaciones de derechos humanos chilenas, para conmemorar los 40 años del golpe de Estado de 1973, por el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y contra los pedidos de perdón sin justicia y para conocer dónde se encuentran los cuerpos de personas asesinadas que nunca aparecieron.

En declaraciones a Prensa Latina Lorena Pizarro, la presidenta de la  AFDD, rechazó el llamado de algunos sectores de la derecha chilena que estiman que es mejor olvidar los crímenes de la dictadura y que las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio entre quienes violaron los derechos humanos, algo que reconoció hace unos días Hugo Dolmestch, el portavoz de la Corte Suprema chilena. Asimismo Pizarro dijo que "a pesar de lo que dijeron que era un tema del pasado, que era necesario enterrar, el hecho de que hayan salido a las calles miles de jóvenes,  junto a representante de otras generaciones, evidencia cuan presente están las heridas de la dictadura...porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quienes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes”.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 

                 11/09/1973 palabras de  Salvador Allende por Radio Magallanes

jueves, 22 de agosto de 2013

La Rioja: Tiene fecha el inicio del juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli

Luego de una larga serie de dilaciones, el pasado lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja anunció que el juicio en el que se investiga el homicidio ocurrido en 1976 del obispo Enrique Angelelli, se iniciará el 4 de noviembre próximo en esa provincia.

El 4 de agosto de 1976 el entonces obispo Angelelli salía de la ciudad de Chamical con una carpeta con datos sobre el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville ocurrido el 18 de julio de 1976 en Chamical y Wenceslao Pedernera  un laico muy cercano a él, asesinado el 25/07/76 en Sañogasta. Angelelli decía que "después me toca a mí", por eso se trasladaba en la camioneta Fiat 125 multicargo por la ruta nacional 38 vieja para que no lo supieran los integrantes de la Fuerzas Armadas, la camioneta era conducida por el sacerdote y chofer del obispo Arturo Pinto. Pero cerca de la localidad de Punta de los Llanos, a unos 100 kilómetros al sur de la capital de La Rioja, la camioneta es interceptada por un auto de color claro con personal miltar y policial, con el auto encierran a la camioneta haciendo que  salga de la ruta y diera varios vuelcos despidiendo al obispo Angelelli lo que le produjo la muerte y lesiones graves a Pinto, la documentación no apareció. Es muy necesario no postergar el inicio de este juicio porque ya murieron varios represores imputados como Osvaldo Pérez Battaglia, Pedro Malagamba y Lázaro Aguirre, entre otros. También están los declarados insanos como Edilio Cristóbal De Cosari.

sábado, 10 de agosto de 2013

Detuvieron al genocida Ricardo Valdivia, tras estar 15 meses prófugo de la justicia

El 9 de agosto fue capturado el ex policía  Ricardo "Miralejos" Valdivia, quien estaba prófugo desde el 9 de mayo de 2012. La detención del represor  Valdivia había sido ordenada por el juez Daniel Eduardo Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº3, en el marco de la "megacausa" en la que se investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, es la causa Nº 14.216, caratulada Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros, en la que interviene la  Fiscalía Nº 6 a cargo del doctor Federico José Delgado. La detención fue "en la vía pública por parte del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria" y luego fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El 17 de mayo pasado el ministerio de Justicia y Derechos Humanos había ofrecido cien mil pesos de recompensa al que de  datos útiles  para capturarlo.

A Valdivia se lo acusa de  de nueve homicidios agravados y tormentos en el centro clandestino de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO), y de más de 200 secuestros durante la última dictadura cívico militar.



viernes, 9 de agosto de 2013

Condenaron a sólo 8 años a tres represores en Rosario




El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella, condenó este jueves 8 de agosto, a los represores a penas muy diferentes a las que solicitó la fiscalía. El TOF condenó a 8 años y medio de prisión a los ex militares Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y al abogado Pedro Alberto ‘Pili’ Rodríguez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, contra Manuel Casado, el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad de San Lorenzo. Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, fue torturado y  pasó por el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, hasta que  10 días después fue “blanqueado” en la Jefatura de Policía de San Lorenzo. El tribunal ordenó que las penas sean cumplidas en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La Fiscal Mabel Colalongo había solicitado la pena de 20 años de prisión para Cervera y para Maderna, y de 18 años para Rodríguez,  también requirió que las condenas se hagan efectiva en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Los represores llegaron en libertad al juicio, en el que también estuvo imputado al genocida Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, pero fue “declarado inhábil para este juicio” por razones de salud y apartado.

Pedro "Pili" Rodíguez fue asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar de Rubén Cervera en 1976, quien también era el jefe del Batallón 121 de la localidad de Fray Luis Beltrán. Rodríguez también fue abogado del gremio de aceiteros hasta hace poco tiempo y en el 2009 había presentado su candidatura al Concejo Municipal  por un partido vecinalista de San Lorenzo; fue electo, pero una campaña de las organizaciones de derechos humanos impidió que asuma.

Esta causa es una parte de la causa denominada “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, que reúne las investigaciones sobre el Terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales, entre otros. Para el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial al separar la causa quedaba de manifiesto "la intención deliberada de beneficiar a los genocidas", debido a que en el juicio no se contemplará que el "plan sistemático de exterminio fue justamente un plan perfectamente organizado" y  al "juzgar individualmente a los responsables hace que la verdad se diluya".

sábado, 13 de julio de 2013

Prisión perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad


Olivera,  Martel, Gómez, Nieto y Lazo, en el juicio
Luego de 20 meses de juicio oral, el pasado jueves 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, dio a conocer la sentencia en "fallo definitivo y unánime", por crímenes de lesa humanidad. En general el fallo concidó con lo pedido en mayo pasado por el fiscal Mateo Bermejo, quien tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega.

A los genocidas Horacio Julio Nieto (el único expolicía), Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera se los condenó a la pena de prisión perpetua;  a Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, a la pena de 25 años de prisión. mientras que el represor Alejandro Manuel Lazo, recibió una pena de 10 años de de prisión, cinco años menos que lo que pidieron los fiscales. Salvo Nieto y Lazo que mantendrán la prisión domiciliaria, los otros genocidas irán donde lo decida el Servicio Penitenciario Federal.

A todos se los condenó por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de 60 víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otros. Todos secuestrados y torturados en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan.

El TOF  ordenó al  juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, que investigue a 12 represores del ejército y de la gendarmería, quienes actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22.

lunes, 24 de junio de 2013

Este martes comienza el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo del Ejército durante la dictadura cívico militar

Este martes el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces subrogantes Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava,  comenzará a juzgar a nueve genocidas por privación ilegal de la libertad agravada, aplicación reiterada de tormentos, homicidio agravado reiterado y otros delitos contra Gustavo Marcelo Yotti, Daniel Guillermo Hidalgo, Olga Souto, Julio Ruiz, Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y otras 100 víctimas, crímenes cometidos en esa ciudad. En esta causa está prófugo el genocida Carlos Alberto Arroyo.

Los imputados son José Fidalgo, Ricardo Claudio Gandolfo, Alejandro Osvaldo Marjanov, Carlos Andrés Stricker, Miguel Antonio Villegas, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón y Fernando Antonio Videla, la mayoría fueron miembros del del Batallón de Comunicaciones 181, de la justicia militar o del CCD la Escuelita de Bahía Blanca, todos dependientes del V Cuerpo de Ejército. El genocida de la Escuelita Armando Barrera no estará en el juicio por problemas de salud.
En abril de 2011 Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, había aprobado la excarcelación de varios de estos represores (como Villegas, Ayala, Stricker),  junto a otros 30 militares investigados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. En enero del 2011 el Concejo Deliberante de General Pueyrredón  declaró a Carlos Andrés Stricker como "persona no grata para el distrito de General Pueyrredón", junto a otros tres represores.

También estaba imputado en esta causa y tendría que ser juzgado, el ex coronel Carlos Alberto Arroyo, que está prófugo desde el 6 de mayo y con pedido de captura, por la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100.000 pesos. Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal a pesar que la Unidad Fiscal, a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzan, se opuso en reiteradas oportunidades a que el represor permanezca excarcelado. Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor nº6 de Avellaneda y está acusado (entre otros delitos), de ser coautor de los homicidios de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto en 1976.

jueves, 20 de junio de 2013

La justicia federal de Corrientes beneficia al genocida Juan Carlos De Marchi condenado por delitos de lesa humanidad


La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA repudia la medida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que beneficia con salidas transitorias de la unidad penal N°34 de Campo de Mayo, al ex militar y represor Juan Carlos  "el electricista" De Marchi. El genocida, condenado a 25 años, viajó el 14 de junio pasado a su domicilio del centro de la capital correntina para visitar a su familia, sin haber cumplido aún la mitad de la condena. Según el informe judicial, debe volver a la cárcel recién el próximo lunes 24. 

El 6 de agosto del 2008 el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también presidido por el juez Víctor Alonso,  dictó la sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, conocida  como “Causa RI9” por el centro clandestino de detención  que funcionó en  el ex Regimiento de Infantería 9. Entonces se condenó a cuatro represores, el ex coronel  Julio Rafael Barreiro con prisión perpetua , con 25 años a Juan Carlos De Marchi y  al ex coronel Horacio Losito, y con 18 años al ex Gendarme Raúl Alfredo Reynoso. El genocida Cristino Nicolaides no fue juzgado por razones de salud. Estos represores fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Cuando se dictó la sentencia, la militante a favor de los genocidas Cecilia Pando, realizó un triste espectáculo amenazando a Eduardo Luis Duhalde, entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, diciéndole que  “¡Te voy a matar con mis propias manos!”.

Ramón Leguizamón, abogado de la querella en la causa RI9 afirmó a Télam que no se está cumpliendo uno de los recaudos de la ley, que establece el 50 por ciento de la condena cumplida para poder tener salidas transitorias. Por eso  Flavio Ferrini, Fiscal Federal de Corrientes y la Comisión Provincial de Derechos Humanos apelarán la decisión del Tribunal Oral.

Hoy familiares y ex detenidos junto a organizaciones como Barrios Unidos- La Colectiva- , La Campora , JP Descamisados y la Federación Juvenil Comunista realizaron, a pesar del mal tiempo,  un escrache en la la casa del represor De Marchi, en la esquina céntrica de Santa Fe 403 y Quintana de la Capital de Corrientes, contra la decisión judicial que otorgó el beneficio de una salida transitoria de la cárcel de Campo de Mayo por diez días. Todo se desarrolló en forma pacífica, con cánticos, afiches y pintadas, sin embargo, y sorprendentemente,  se enteraron que el Tribunal Oral Federal de Corrientes había suspendido la salida transitoria del genocida, y que esta  mañana a las 7 horas ya se había producido su regreso a la Unidad 34 de Campo de Mayo, con la custodia de efectivos de Gendarmería. De todas formas el represor estuvo casi una semana fuera de la cárcel, cuando no correspondía.

Hay que recordar que De Marchi era empresario ganadero y presidió la Sociedad Rural de Corrientes hasta que fue detenido en el 2004 y desde 1989, además de ser  vocal suplente de la Sociedad Rural Argentina nacional, cuyo presidente, Luciano Miguens, dijo en el 2005 “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi, una persona honorable que también integra nuestra casa”.

Según denunció oportunamente  H.I.J.O.S. Capital, De Marchi viajó cinco veces, durante cinco años, a la Escuela de las Américas en Panamá, la academia de torturadores.

viernes, 14 de junio de 2013

Pidieron la extradición de María Estela "Isabelita" Martínez para indagarla por el Operativo Independencia



Los Fiscales Federales Ad Hoc de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, presentaron oralmente ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez de Perón por ser responsable de 270 víctimas del denominado "Operativo Independencia" de 1975. En esta presentación, los fiscales se basaron en que Martínez firmó, el 5 de febrero de 1975, el decreto secreto 261/75 "que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la Directiva 333 del Comandante General del Ejército (Leandro Enrique Anaya ), del 23 de enero de 1975". Como se publicó en este blog el pasado 16 de abril (ver detalles en Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla), el decreto 261/75 determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, ya que ahí se ordenaba "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN" y se destinaban al ejercito unos 4 millones de dólares extras para lograr ese fin.

"María Estela Martínez se encuentra en España, país que negó la extradición de la ex-vice jefa de Estado en 2008."

El dia 9 de febrero de 1975 el ex general Acdel Edgardo Vilas ordenó que tropas del Ejército ocuparan militarmente la provincia de Tucumán, e iniciaran la represión indiscriminada, que luego  fue comandada  por el genocida Antonio Domingo Bussi. Los fiscales Camuña y  Rovira sostienen que Isabelita tenía "conocimiento del verdadero curso de las acciones represivas de las FF AA en la ejecución de dicho plan".

La causa por el Operativo Independencia la lleva el juez federal Raúl Daniel Bejas, y tiene unos 130 imputados. El 27 de diciembre del 2012 Bejas negó la solicitud de indagatoria y detención de la ex presidenta que había sido presentada por Camuña y Rovira un año antes, el 20 de diciembre de 2011; los fiscales iniciaron la apelación el 6 de febrero pasado porque el juez no permitió "el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada". Entre los detenidos por este caso,  desde octubre del 2012; están  Mario Benjamín  y José María Menéndez y  Walter "Capitán" Saborido, ex candidato a vicegobernador de la provincia y otros 20 represores.

Uno de los argumentos del juez Bejas fue que Martinez desconocía el accionar llevado a cabo en Tucumán por las fuerzas armadas, cuando ella les ordenó aniquilar y era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así Bejas sustuvo a teoría de la autonomía de los militares e indicó que “desde el año 1974 las FF.AA. y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista”.

miércoles, 5 de junio de 2013

Otros dos ex jueces procesados por delitos cometidos durante la dictadura cívico militar


En Santiago del Estero, los ex jueces federales Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga (también ex vocal de Cámara en Catamarca), fueron procesados por los delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", por el juez federal Guillermo Molinari de esa provincia. El procesamiento se volvió a impulsar después de las denuncias en su contra en el juicio en el que se condenó al genocida Musa Azar el año pasado.

Sin embargo estos dos ex jueces ya habían sido imputados en el 2004 por delitos durante la dictadura, esa vez por asociación ilícita y denegación de justicia junto con Luis Eduardo López (secretario penal durante la dictadura y luego camarista federal en Santiago del Estero) y la ex secretaria Lorna Hernández. López fue sobreseido en abril del 2011 por el juez ad hoc Eduardo Coroleu, quien sólo estuvo 3 días a cargo de la causa, hasta que el pasado 29 de mayo, la Cámara de Apelaciones de Tucumán anuló el sobreseimiento de Luis Eduardo López, y se lo puede volver a investigar.

Liendo Roca antes de 1976 fue fiscal y en la dictadura fue juez federal. Olmedo  trabajó como juez ad hoc cuando Liendo Roca debía abstenerse de intervenir en los casos de algunos presos políticos en los que había trabajado como fiscal. Eduardo Luis López, en tanto, era secretario penal. Olmedo de Arzuaga se hizo conocido fuera de la provincia cuando le tocó presidir el tribunal que juzgó el crimen de María Soledad Morales en Catamarca y quedó registrado por las cámaras de televisión cuando le hacía un gesto a una de las partes.

Volviendo al 2004  el Juez Federal Ángel Toledo, decidió sobreseer directamente a Liendo Roca y a Santiago Olmedo, sin siquiera haberles tomado una  declaración indagatoria. La fiscalía presentó recursos por 7 años hasta que en julio del 2011, la cámara de Casación de Nación decidió intimar al tribunal oral de Santiago  presidido por Pedro Ibáñez e integrado por los conjueces Eduardo Coroleu y Guillermo Ruiz Alvelda. Estos jueces sostuvieron que la fiscalía tenía razón, que no se puede sobreseer a alguien sin investigar los delitos, pero terminaron resolviendo que los delitos por los que los imputados Liendo Roca y Olmedo estaban acusados ya habían prescripto.

En agosto del 2012 la  Sala IV  de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga y ordenó investigar la participación de ellos en delitos durante la dictadura y ayer fueron procesados.

Durante las actuaciones del año pasado en el máximo tribunal penal de la Nación  el fiscal ante la Cámara, Raúl Plee, planteó que “de autos surge nítidamente que Santiago Olmedo de Arzuaga incumplió sus deberes de juez federal –subrogante– en relación con Mercedes Cristina Torres y Luis Garay, de quienes conoció sus privaciones ilegítimas de la libertad y torturas agravadas, tolerando y permitiendo la perpetración de estos delitos, ello por cuanto si hubiese cumplido con sus deberes de funcionario judicial, esas personas no habrían sido víctimas de los delitos antes mencionados”.

Lo mismo dijo de Liendo Roca. “Incumplió sus deberes de fiscal federal antes de producirse el golpe de Estado de marzo de 1976 y de juez federal durante el gobierno de facto en relación con Luis Roberto Avila Otrera, Cristina Torres, Raúl Eduardo Dargoltz, Luis Guillermo Garay, Daniel Eugenio Rizzo Patrón, María Susana Habra, Ramón Orlando Ledesma Miranda, Enrique Figueroa Nieva, Javier Silva y Margarita del Valle Urtubey, de quienes conoció las privaciones ilegítimas de sus libertades y torturas agravadas tolerando la perpetración de estos delitos en perjuicio de los antes nombrados.”









jueves, 30 de mayo de 2013

Lesa Humanidad: El próximo 3 de junio se conocerá la sentencia por crímenes contra los hermanos Iaccarino



El 29 de mayo, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus escuchó los alegatos en el juicio a dos ex policías acusados del secuestro y los tormentos sufridos por los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino  durante la última dictadura cívico militar. El  4 de noviembre de 1976, ellos con el resto de su familia, fueron secuestrados en Santiago del Estero y luego torturados para  obligarlos a transferir sus bienes. El tribunal tiene previsto ecuchar las palabras de los acusados y dar a conocer la sentencia el próximo lunes 3 de junio.

El fiscal Hernán Schapiro pidió la pena de 13 años de prisión para Jorge Rómulo Ferranti, y 11 años de cárcel para Bruno Trevisán, quienes eran subjefe y jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús donde funcionó el centro clandestino de detención "el Infierno". En la acusación del ministerio público fiscal se los consideró como “coautores penalmente responsable del secuestro de los hermanos Iaccarino, en concurso real con el delito de tormentos reiterados en tres oportunidades”.Por su parte Florencia Arietto, representante de la querella que representa a las víctimas, requirió la pena de 13 años para los dos imputados; lo mismo que Hernán Navarro, el representante de la otra parte querellante, constituida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

También alegaron los abogados defensores, Horacio Insanti, defensor de Bruno Trevisán, y Luis Ricardo Aliana, defensor de Ferranti.



martes, 21 de mayo de 2013

Volvieron a capturar al genocida Juan Miguel Wolk



Despues de algo más de un año, el pasado viernes fue recapturado el ex comisario de la bonaerense, Juan Miguel “El nazi” Wolk, quien fue, entre 1976 y 1978, el jefe del centro clandestino de detención el Pozo de Banfield, uno de los principales centros de tortura del circuito Camps donde, entre muchos otros, estuvieron los pibes secuestrados en la denominada Noche de los Lápices, cuando reclamaban por el boleto estudiantil. El represor fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, donde permanecerá acusado de  apropiación de niños, privación ilegal de la libertad y tormentos a más de trescientas víctimas.

Desde 2009 Wolk tenía el beneficio de arresto domiciliario que le concedió  Arnaldo Corazza titular del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, pero a principios de mayo del 2012 se escapó de su casa de Punta Mogotes, en Mar del Plata (Benedetto Crocce al 3000), cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la revocación de esa decisión.

En 1987 con la ley de obediencia debida Wolk evitó una condena a prisión perpetua y en el 2000 Fernando de la Rúa se negó a conceder la extradición solicitada por el juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio.

Hace unos años se lo daba por muerto, hasta que en el 2008, Marta Ungaro, hermana de Horacio, uno de los militantes de la UES desaparecidos en septiembre de 1976 cuando tenía 17 años, descubrió que Wolk todavía  cobraba una jubilación de comisario mayor en Mar del Plata, por  la Caja de Retiros de la Policía y le presentó las pruebas al juez Corazza. Recién muchos meses después y luego que fuera entrevistado por el periodista marplatense Roberto Garrone, Corazza lo citó a Wolk a indagatoria, pero rápidamente le concedió la prisión domiciliaria, con su hija, también policía bonaerense, como garante de la integridad y la detención de su padre.



domingo, 12 de mayo de 2013

Adherimos al pronunciamiento de HIJOS y organismos de DDHH ante el pedido de detención de Massot, cómplice civil de la dictadura


La lucha del pueblo y la decisión política del Estado hicieron posible que Bahía Blanca viva una realidad nueva: se terminó la impunidad y los partícipes de los delitos de lesa humanidad empiezan a tener Juicio y Castigo. La Nueva Provincia fue parte del aparato civil de la última dictadura cívico-militar. El pedido de la Unidad Fiscal para que el Poder Judicial avance sobre los responsables de ese órgano de propaganda del terrorismo de Estado que todavía sigue haciendo apología de esos delitos de lesa humanidad, es un paso histórico.


Dos obreros gráficos del Sindicato de Artes Gráficos que trabajaban en el diario La Nueva Provincia fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Se trata de Enrique Heinrich, quien era maquinista en la rotativa y secretario del Sindicato, y Miguel Ángel Loyola, estereotipista y tesorero. Ambos fueron secuestrados, torturados y fusilados. Tres meses antes de ser asesinados, sus nombres encabezaron una lista de Prefectura sobre “personal a ser RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (La Nueva Provincia). El año pasado terminó el primer juicio a genocidas en Bahía Blanca con un fallo ejemplar en el que, entre otras cosas, se ordenó la investigación del Directorio de ese medio de prensa por su participación en delitos de lesa humanidad. A partir de esto, los fiscales Nebbia y Palazzani pidieron la detención e indagatoria de Vicente Massot, propietario y director, y de Mario Gabrielli, ex secretario de redacción.

“No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, sostuvieron los fiscales en el pedido de detención. Asimismo, sostuvieron que Massot tuvo “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. 

Este paso histórico para terminar con la impunidad de los Massot merece todo nuestro apoyo y nos convoca a seguir militando por el Juicio y Castigo para todos los genocidas. Esperamos que el juez federal Sergio Martínez procesada de inmediata sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal para seguir fortaleciendo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. 


H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

Comunicado de prensa - 11/5/2013

jueves, 2 de mayo de 2013

Confirman pena a Musa Azar y el procesamiento a Menéndez

Indagaran a Musa Azar
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, confirmó la condena a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en 2010 contra el genocida Musa Azar (ex jefe del Departamento de Investigaciones Policiales de esa provincia). La medida también alcanza a a los condenados Miguel Tomás Garbi - ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones Policiales- y Ramiro del Valle López Veloso  –ex oficial de ese mismo departamento-, quienes también habían sido sentenciados a perpetua por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra de Cecilio José Kamenetsky. Este fue el primer juicio por crímenes contra la humanidad realizado en la provincia de Santiago del Estero.

Cecilio fue secuestrado en agosto del 76, cuando militaba en el Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Argentina de Santiago del Estero. Fue llevado  Centro Clandestino de Detención DIP   de la capital provincial, donde fue torturado y asesinado, tras una simulación de intento de fuga.
Acusados por genocidio, lucieron escarapelas con los colores del Vaticano 

 La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Códoba, integrada por los jueces Carlos Julio Lascano (presidente),  Abel Guillermo Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo, confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín (Cachorro) Menéndez, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, rechazando así la apelación de  sus abogados Juan Carlos Belagardi y Mauricio Zambiazzo, en el marco de la causa Maffei, Enrique Alfredo y otros; en esta causa se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en diversos centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba, como La Perla, La Ribera, La Perla Chica o Malagueño y, en algunos casos, en dependencias policiales del interior provincial y en el Departamento de Informaciones (D2) de la ciudad capital. 
También se ratificó los procesamientos de los genocidas Héctor Pedro Vergéz, Ernesto Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y José Andrés Tófalo, como autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravado.


martes, 30 de abril de 2013

36 años de Madres, 36 años de lucha

Más de tres décadas han pasado desde aquel 30 de abril de 1977, en el que un grupo de Madres que buscaba a sus hijos e hijas, se congregó frente de la Pirámide de Mayo. Ante el Estado de Sitio que prohibía las concentraciones, el grupo comenzó a circular a su alrededor, de a dos y con un pañuelo blanco cubriendo sus cabellos como distintivo. Así nació el emblema de la lucha por los Derechos Humanos, en plena dictadura cívico-militar.

En esta especial fecha, no olvidamos a las primeras madres: Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, secuestradas en la Parroquia de la Santa Cruz en diciembre de 1977. No olvidamos que el mismo horror que arrasó con sus brotes, se llevó sus propias vidas.

El impulso de las Madres no cesó, a pesar de haber perdido a tres valiosísimas mujeres, a tres luchadoras. Aparecieron pronto decenas más alrededor de la pirámide. Y vino luego el pedido de "Aparición con vida", para nada ingenuo. Así forjaron ellas esta consigna que, como toda su lucha y parafraseando a Cortázar, contrariaba los cálculos "más científicos" del Terrorismo de Estado, en lo conceptual y en el llano de su práctica. 

La importante trayectoria de todas las Madres es imprescindible para comprender los logros en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Ellas han trazado las líneas de la reparación histórica que se encarnó en las fuerzas populares y hoy es política de Estado. 

En estos 35 años, Madres, queridas Madres, la CTERA las acompaña y las abraza. 

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA



lunes, 15 de abril de 2013

Al ex agente civil médico Hugo Mario Moyano le concedieron la prisión domiciliaria en Paraná

Hugo Mario Moyano en un traslado desde la cárcel

El juez ad hoc Jorge Luis Delorenzi (abogado radical de Concepción del Uruguay), a cargo del Juzgado Federal de Paraná, le concedió la prisión domiciliaria porque Moyano fue operado de la columna vertebral y, según su defensa, presenta una discapacidad motriz que se ve agravaría por su permanencia en el establecimiento carcelario. En declaraciones a Télam, la abogada querellante por  H.I.J.O.S., María Florencia Amore, sostuvo hoy que una vez que conozca estudiará si apela o no la medida.

El médico Hugo Mario Moyano, de 64 años, está procesado como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad Moyano, fue acusado por diversas víctimas por participar de sesiones de torturas en cárceles y centros clandestinos de detención entrerianos durante la última dictadura cívico militar. Como agente civil médico del Servicio Penitenciario Entrerriano (SPE), su función era la intervención activa en sesiones de torturas, porque controlaba hasta cuando un torturado podía ser sometido a la picana u otros métodos de tormento. Moyano actuaba como agente civil del SPE aunque era capitán médico de la Fuerza Aérea.

La megacausa Área Paraná viene muy demorada, debido a las recusaciones y recursos de todo tipo que son presentados por los defensores de los diversos genocidas, con el objetivo de postergar la sentencia, pero también porque esta causa se basa en el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888, que prevé que las actuaciones deben realizarse en forma escrita.

Desde junio de 2009 Moyano ha estado preso mayormente en la Unidad Penal N° 1 de la capital entrerriana, pero estuvo más de un año internado en el Centro de Atención Integral y Cuidados Especiales (Caice), también en Paraná, donde ultimamente concurría diariamente, por autorización judicial.

  Moyano venía reclamando, sin éxito, este beneficio desde que fue detenido y ante distintos estrados, ya en diciembre del 2010 el juez Federal Gustavo Zonis rechazó el pedido de prisión domiciliaria realizado por Moyano por supuestas enfermedades y el 9 de marzo de 2011 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también rechazó un pedido de excarcelación, bajo el argumento de que el planteo del otorrinolaringólogo era inadmisible y lo declaró “improcedente”, en base al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En octubre del año pasado se le realizó una evaluación por parte de peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesionales de las querellas, ahí se determinó que el ex agente civil podía continuar atendiéndose en la Unidad Penal.

Es importante recordar que, en septiembre del 2012, el  Consejo Superior de la UADER, por unanimidad, resolvió impedir que Hugo Mario Moyano y otros procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, cursen o rindan materias en la Facultad de Humanidades de esa Universidad, donde Moyano pretendía estudiar la carrera de Acompañante Terapéutico.
 

El juez Delorenzi

El juez ad hoc que dictó la domiciliaria de Moyano es Jorge Luis Delorenzi, con matrícula vigente del Colegio de Abogados de Entre Ríos y estudios en Concepción del Uruguay. Es dirigente de la Unión Cívica Radical, ha ocupado cargos en el Comité Departamental Uruguay de ese partido y fue precandidato a viceintendente de Concepción del Uruguay, en 2011 acompañando a José Antonio Artusi en la lista Nuevo Tiempo del Frente Progresista Cívico y Social. Es docente universitario y ha integrado la conducción del Colegio de Abogados en su sección Uruguay.

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