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sábado, 18 de abril de 2015

Histórico fallo: las empresas son "cómplices del delito de genocidio" durante la dictadura cívico militar

El pasado 27 de febrero del 2015, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo histórico al condenar al grupo Techint por el delito de genocidio perpetrado contra un trabajador de una de sus empresas en la localidad de Campana, que entonces se llamaba Dálmine-Siderca (hoy Tenaris-Techint). Aunque no es una condena penal sino civil, es la primera condena por un delito de lesa humanidad a una empresa, y cometido durante la dictadura cívico militar.
Planta Dalmine-Tenaris

El 5 de mayo de 1977 el dibujante técnico Enrique Roberto Ingenieros de 28 años, fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército en la Oficina de Personal, en el interior de la planta y en su horario de trabajo. Aparte de la causa penal, desde el 2008 su hija María Gimena inició una causa contra la empresa en el foro laboral basándose en el artículo 1º de la ley de accidentes del trabajo que estaba vigente en aquel entonces (Ley 9688); el mismo día secuestraron a
su madre Irma Pompa, que estaba embarazada y también permanece deasaparecida. En el 2012 esta misma Sala (con otra composición) había revocado una sentencia de 1ª instancia y ya había dictaminado que el delito de genocidio que se cometió en esta causa, era imprescriptible y ordenó “revocar la sentencia de grado en cuanto declara la prescripción de la acción”. En aquel fallo (nº73797) el camarista Enrique Arias Gibert sostuvo que “La utilización del instituto de la prescripción por parte de las sociedades que resulten cómplices del delito de genocidio en acciones resarcitorias como la presente importa reconocer el provecho tenido en mira para actuar en complicidad con la dictadura genocida por parte de las organizaciones empresarias” (foja 4). Por su parte el camarista Oscar Zas dijo en el 2012 que “la violación grave de un derecho humano como consecuencia de un delito de lesa humanidad conlleva para la víctima el derecho a obtener una reparación. Si se admitiera la prescripción de la acción civil de reparación se cercenaría injustificadamente este derecho del afectado, y se consagraría la impunidad del victimario” (foja 32).
 

En el fallo de febrero de este año (nº 76898), los jueces Enrique Arias Gibert y Luís Aníbal Raffaghelli, volvieron a revocar un fallo de 1ª instancia y condenaron a la empresa Techint “a reparar el daño que sus acciones y/u omisiones causaron en la integridad de la víctima”, o sea que Techint deberá pagar una indemnización por el secuestro y la desaparición forzada dentro de su empresa de Enrique Ingenieros. Esta vez el juez Gibert agregó en su sentencia que “la mayoría absoluta de los detenidos-desaparecidos del período iniciado en 1976 fueron trabajadores, muchos de ellos con inserción sindical. En tal sentido, los beneficiarios de las políticas de genocidio, como la implementación de las políticas de concentración, trabajo esclavo o exterminio, deben responder por las consecuencias civiles de sus actos". También destaca que con la llegada de la democracia “la empresa Techint S.A mantuvo silencio respecto de los hechos ocurridos”; e incluso le mintió al Presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep Legajo Nº 1733), cuando  le contestó que el señor Ingenieros "ingresó a la empresa el día 10 de marzo de 1971 y renunció el 21 de mayo de 1973". Finalmente la Cámara decidió responsabilizar a la "firma accionada" en virtud de la obligación de seguridad y en los términos de la acción especial de la Ley 9688, además de considerarla "cómplice (art.1081, Código Civil), del delito perpetrado contra su dependiente por haber tolerado la presencia de los agentes del Estado Terrorista en el ámbito de su establecimiento".

Según publicó Maximiliano Villa en el portal Infojus “nos encontramos frente a uno de los fallos más importantes y valientes habidos en el fuero desde la llegada de la democracia a la actualidad, ello en lo que a materia de derechos humanos en su estrecha relación con el derecho del trabajo se refiere”.
 
Se puede recordar un poco la historia del grupo Techint y de la familia Rocca. El fundador de la empresa, Agostino Rocca, fue un Ingeniero Industrial Electrotécnico italiano, a quien a mediados de la década de 1930, Benito Mussolini lo designa como director del consorcio metalúrgico estatal Cornigliano, que durante la guerra interimperialista se dedicó a la producción de armamentos para el nazifascismo. Cuando terminó la guerra Rocca estuvo arrestado y cuando lo absolvieron vino a la Argentina en 1946, donde fundó la Compañía Técnica Internacional (Techint), luego siguieron las siderúrgicas Dalmine Safta o Siderca, Cometarsa y Propulsora Siderúrgica, petroleras como Tecpetrol o mineras como Tecminera, entre otras empresas. Agostino falleció en 1978, luego del secuestro de Ingenieros, y otros trabajadores de Siderca que aún permanecen desaparecidos, como Alberto Luis Bedia, Armando Culzoni, Manuel Ignacio Martínez y Raúl Aroldo Moreno, todos secuestrados en septiembre de 1976 y también otros 40 obreros más.

Su hijo Roberto siguió controlando al grupo hasta el 2003, y actualmente Techint es liderado por Paolo Rocca. El grupo está comprometido en uno de los mayores y recientes escándalos de corrupción de Brasil, y en la Argentina lidera la Asociación Empresaria Argentina (AEA), siguiendo la tradición de Agostino que en su momento integró la Confindustria, la Cámara de Corporaciones Fascistas.

También es bueno recordar que el juez Enrique Arias Gibert fue el que se pronunció en el 2001 en contra del recorte del 13% a los sueldos de los empleados públicos y de los jubilados, que decretaron la Ministra de trabajo Patricia Bullrich y el gobierno de la Alianza. En declaraciones recientes a Radio Nacional el camarista Arias Gibert, dijo que la dictadura cívico militar implementó un "plan sistemático de redistribución de la riqueza a favor de los más poderosos...los genocidas fueron un instrumento de un plan económico"...la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 fue el instrumento para que se instaure ese proceso de reapropiación y de destrucción del movimiento obrero, y lo que le pasó a Ingenieros sucedió en otras empresas..."el terror fue funcional a la decisión de cambiar la matriz de distribución en el pueblo argentino...Techint nunca alegó que el gobierno militar los hubiera obligado... y niega el hecho".


viernes, 18 de julio de 2014

Palestina sufre un nuevo ataque indiscriminado



Desde la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA reclamamos la PAZ en Gaza y el fin de los asesinatos contra el pueblo de Palestina. Abogamos porque las distintas fuerzas sociales, políticas, sindicales y estudiantiles, sumen sus voces contra estas aberraciones.

Recientemente la periodista Stella Calloni, ha solicitado en una carta abierta que además de hacer “un llamado urgente a la solidaridad con el pueblo palestino”, se difunda “una información precisa para enfrentar la manipulación mediática”. Calloni escribió que “Ante la tragedia que vive el pueblo palestino bombardeado y atacado con poderosísimo armamento por el ejército de Israel, una vez más, en esa cárcel y campo de concentración a cielo abierto que es Gaza, hago un llamado a todos aquellos sectores que honestamente saben del  genocidio que está sufriendo esa población -consentido y apoyado por el poder mundial- para emprender  una solidaridad activa y denunciar la temible campaña de desinformación y manipulación mediática que ha paralizado la reacción en muchos lugares del mundo, contra esta cruel acción de exterminio”.

Destrosos en las calles de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Obviamente no es la única que pide esto, más adelante citaremos algunos de los pedidos de solidaridad, pero antes hay que aclarar cuál es la justificación para este ataque militar israelí al que denominan "Margen Protector", y en el que se contabilizan más de 2.000 ataques por mar y aire de las fuerzas israelíes a Gaza, un pueblo que no tiene aviación militar ni armada encarcelado en un pedacito de tierra y bloqueado por el mar. El Ministerio de Sanidad en Gaza informó hoy que la cifra de víctimas mortales en la Franja asciende al menos 214 palestinos muertos en Gaza, mientras que los heridos superan los 1.400, que las casas destruidas son más de 250 y, desde la ONU se sostiene que la mayoría de las víctimas mortales de los ataques aéreos israelíes contra la Franja de Gaza son civiles, incluidos cerca de 40 niños y decenas de mujeres, como ejemplo, este miércoles Murieron Mohammed Baker, de nueve años, junto a Ahed y Zakareya Baker, ambos de diez, y su primo Mohammed Baker, de once, asesinados mientras corrían por la playa.. Xabier Abu Eid (portavoz del Departamento de Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina), dijo en Ramala que “independientemente de que lo digan o no, los blancos de ellos son blancos civiles; blancos del Gobierno. Son tuberías de agua, bancos, mezquitas…”. Ahora fracasó la mediación de Egipto y el el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó el pedido del coordinador especial de Naciones Unidas para Oriente Próximo, Robert Serry y decidió dar una tregua de sólo cinco horas para que le llegue ayuda humanitaria aun pueblo aislado y bloqueado.

(26)MEDIO ORIENTE-GAZA-SEGURIDAD-CONFLICTOLa justificación de estas muertes y destrucción comenzó en la noche del pasado 12 de junio, cuando fueron secuestrados tres adolescentes israelíes, Naftali Frenkel (16), Gilad Shaer (16) y Eyal Yifraj (19), cerca de la ciudad de Hebrón en la Cisjordania ocupada por colonias de población israelí. La información que se difundió es que los tres estaban "haciendo dedo" (autostop) a la salida de su establecimiento educativo, algo que esta  prohibido para los estudiantes en la región rápidamente se acusó a dos palestinos, Marwan Kawasme and Amar Abu-Aysha, que tenían antecedentes de colaborar con el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás. 18 días después, con una enorme repercusión mediática y tras un amplio operativo en el que participaron miles de soldados y voluntarios y  que se realizaron los arrestos masivos de más de 600 palestinos, los cadáveres de los tres fueron encontrados sepultados en un descampado entre la localidad de Jaljul y la ciudad de Hebrón, a menos de diez minutos de donde habían sido secuestrados. Inmediatamente, y sin investigar  para determinar la identidad de los responsables, de tan  terrible hecho,  el primer ministro del Estado de Israel Benjamin Netanyahu, dijo que Hamás era el responsable y que pagará por los asesinatos. Al día siguiente, el 1º de julio, comenzaron los ataques en Gaza. Stella Calloni se pregunta en su carta "¿Cómo se puede tomar una decisión inmediata , cuando hay tantos detalles dudosos en este secuestro y en este crimen y cuando ya hace años dos colonos judíos en un asentamiento fueron asesinados por un grupo de sus pares, para acusar a los palestinos, como fue denunciado en el  mismo Congreso israelí por tres diputados honestos?" 

Siguiendo la solicitud de informar, se van a analizar lo puntos dudosos de estos crímenes, los de los tres jóvenes israelíes y los cientos de palestinos. Varios de esos "detalles" fueron analizados por Roy Tov, quien es un científico, ex oficial del Ejército Israelí y refugiado político luego que descubrieron que se había convertido al cristianismo siendo capitán. En su blog publicó una nota titulada  3 Boys for the West Bank (3 muchachos por la Ribera o Margen Occidental o Cisjordania, ver el texto completo en http://www.roitov.com/articles/18.htm), con el subtítulo Impossible Kidnapping (El secuestro imposible).

Antes de ir a la nota una pequeña  aclaración, cuando en inglés se nombra West Bank (Ribera Occidental), en medio oriente se está haciendo referencia al territorio conocido, desde mediados del siglo XX, como Cisjordania, y son las tierras que están hasta unos 50 km al oeste del río Jordán.


Palestinian PlateRoy Tov presenta y analiza lo que el llama los "principales eventos problemáticos" en el secuestro y muerte de los "tres muchachos". Por ejemplo, algunos de los "detalles" son que los hechos ocurrieron  había tenido lugar en la zona C de Cisjordania, que no se encuentra bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina sino de la Shin Bet  israelí y la policía, y por lo tanto no se la puede culpar de lo ocurrido. Roy tov sostiene que pesar de 
Israeli Plate
Imagen 1- Palestinian Plate
Israeli Plate
haber quebrantado las regulaciones sobre el autostop (hitchhiking), es improbable que ellos esa noche hicieran lo que ningún judío haría o sea parar un auto que no tenga placas israelíes, una regla básica para los colonos judíos en Cisjordania. Porque la matrícula de los  palestinos es blanca y verde y la de los judíos es amarilla y negra (ver imagen 1), el auto que se encontró quemado y que se supone fue en el que secuestraron y mataron a los chicos tenía chapas amarillas que fueron sacadas para ocultar la evidencia incriminatoria y  sin investigar al dueño que sólo puede ser judio (ver imagen 2, no confundir con la matrícula del camión).

The mystery car being removed from the scene
Imagen 2
Entre los detalles del hecho Roy Tov dice que hay una grabación en la que Gilad Shaar llamó al 100 (número de emergencia de la policía de Israel), y cuando lo atendieron le dijo en voz baja al policía "He sido secuestrado", que en hebreo se dice "hatfu oti", una frase corta, inmediatamente se escucha que alguien gritó en hebreo que bajen la cabeza y se escuchan varios disparos y gritos terminando la comunicación. También se escuchaba en la radio del auto a la parlamentaria de  izquierda israelí  Shelly Yachimovich. Pero  la policía israelí de un cuartel en una zona de guerra esperó casi cinco horas antes de entrar en acción ante un secuestro denunciado en hebreo, esto no se investigó. Roy Tov opina que este hecho tiene las características de una operación de "Guerra Psicológica" (psychological warfare o PSYWAR), o sea de un  uso planificado de propaganda y otras acciones de naturaleza psicológica con el fin de influenciar las emociones, actitudes, opiniones y el comportamiento contra algo o alguien. En este sentido, el pacifista israelí, periodista y ex diputado del Knesset  Uri Avnery dijo que "...todo Israel estaba alborotado. Se emplearon muchos miles de soldados durante tres semanas en la búsqueda de los tres jóvenes, peinando miles de edificios, cuevas y campos...pero pronto degeneró en una orgía de incitación al racismo que se intensificó día a día. Periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión competían en descaradas diatribas racistas, repitiendo los anuncios oficiales hasta la náusea y añadiendo sus propios comentarios nauseabundos, todos los días, todo el día." En www.ticovision.com/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=14592


En Sudamérica diversos presidentes y legisladores reclamaron el fin de los ataques a la Franja de Gaza. Por ejemplo el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales repudió ayer la agresión israelí al pueblo palestino y declaró que realizo un "..pedido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas … y al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para empezar de oficio una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por delitos de lesa humanidad. Es un genocidio”. Por su parte el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó el rechazo de su país a la masacre promovida por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino y exigió justicia ante ese ataque, a la vez llamó al pueblo judío a repudiar la masacre.

Muchos intelectuales de Latinoamérica como Calloni también reclamaron por la paz y el fin de la matanza en Gaza, así  Eduardo Galeano escribió que "El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños. Y suman miles los mutilados,  La llamada comunidad internacional, ¿existe? ...¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más..."; (ver el texto completo en http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/07/12/gaza-2/#.U8SQ10DaKgE el 12/07).

Pero poco se hizo, a pesar que el presidente palestino Mahmud Abas pedido ayuda y ha entregado en Ramala una carta el coordinador de la ONU en Oriente Medio, Robert Serry, en la que pide ayuda a la ONU que se impongo y detenga los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad solamente hizo  un comunicado en el que pedía el final de las hostilidades pero a ambas partes.

Lamentablemente y a pesar de los cientos de civiles muertos, los miles de heridos y mutilados en sus casas en la calle o en la playa, de las viviendas, escuelas y servicios destruidos en un territorio cercado, existen algunos que tienen el descaro de escribir textos como estos "En esta campaña en Gaza, es de esperar que se fabriquen otra vez causas contra Israel por el ejercicio de su legítima defensa a fin de paralizar los ataques del enemigo, pero mientras tanto se puede ya ver por dónde se apunta en la difamación periodística y de redes sociales, a mostrar como nunca que Israel se dedica a matar civiles por placer, incluídos niños contra los cuales tiene especiales deseos de hacer sufrir antes de matarlos...Las Fuerzas de Defensa de Israel no atacan civiles jamás (!!!), porque considera que no tiene sentido alguno ni militar ni político hacerlo, y porque se trata de un ejército que defiende los derechos humanos a rajatabla(!!!)...", Carlos Maslatón en InfoBAE.com el 14/07/14. 





domingo, 6 de julio de 2014

El genocidio del pueblo Saharaui continúa impune luego de 38 años


Bandera de la República Arabe Saharaui Democrática

Cuando pensaban que lograban su autonomía y dejaban de ser una provincia española comenzó el martirio del pueblo Saharaui.  La República Arabe Saharaui Democrática (RASD) fue creada el 27 de febrero de 1976, el mismo día en que los soldados españoles terminaron de abandonar a los habitantes de la colonia del Sáhara Occidental. La RASD es un territorio no autónomo para la ONU, y es reconocida por 62 estados, los sudamericanos son Bolivia, Ecuador, Guyana, Uruguay y Venezuela y algunos otros de Latinoamérica y el Caribe son México, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Jamaica, varios otros países congelaron o terminaron las relaciones por presiones de Marruecos o de EEUU (como Afganistán), pero la Argentina nunca mantuvo relaciones con la RASD. La  proclamación de la república autónoma se realiza oficialmente en Bir Lehlu (localidad situada en el noreste del territorio), aprovechando el vacío jurídico dejado por España y en un momento de excepcionalidad marcado por la guerra que mantenían desde unos meses antes con Marruecos y Mauritania, estos países pretendían repartirse el territorio de los saharauis, sin haber tenido en cuenta la opinión de ellos y sus derechos. El 14 de noviembre de 1975 se habían firmado en Madrid los “Acuerdos Tripartitos” entre España, Marruecos y Mauritania, que le "permitieron" a estos países invadir. De esta forma el rey marroquí Hassan II consiguió ocupar el Sáhara Occidental sin tener que enfrentarse al ejército español, ya que pocos días antes el 6 de noviembre de 1975, Hassan II había decidido ocupar por la fuerza  a la colonia española, para lo cual impulsó la llamada Marcha Verde y el ataque militar al territorio saharaui, enviando a invadir a unos 350.000 civiles y a 25.000 soldados. El rey lo hizo como respuesta a su derrota en la ONU, porque en un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), del 16 de octubre de 1975 se rechazó definitivamente la existencia de vínculos de soberanía de Marruecos con el territorio de la entonces colonia española de Sáhara Occidental, algo que nunca fue aceptado por Marruecos. Finalmente con la Marcha Verde y el despliegue militar se consiguió el objetivo primordial de Hassan II, que era intimidar y presionar al Gobierno español, así en tan solo unos días se firmó el acuerdo sin enfrentamientos. Hay que recordar que ese 14 de noviembre el gobierno del Estado español lo ejercía el entonces príncipe de España, y ahora ex rey, Juan Carlos de Borbón; lo hacía en forma interina porque el dictador Francisco Franco estaba enfermo (murió el 20 de noviembre de 1975), así fue el príncipe Juan Carlos, que tenía todos los poderes del dictador, el que aceptó la presión de Hassan II y cedió la colonia y a sus habitantes españoles sin ninguna resistencia. Al entregar el territorio a Marruecos y Mauritania sin tenerlos en cuenta, sin impedir que las tropas españolas colaboren con los invasores en la represión y dejando de reconocerlos como españoles, el pueblo Saharaui consideró que el príncipe Juan Carlos los traicionó y abandonó. Además unos días antes de firmar la entrega del territorio y como jefe del Estado español, Juan Carlos de Borbón había visitado en un viaje sorpresivo, a las tropas coloniales españolas destacadas en El Aaiún (la capital del Sahara occidental) y declaró que se le iba a dar la autonomía a los saharauis, algo que no cumplió.

Un poco de historia
Extensión de la cultura hassanía

A finales del siglo VIII comienzan a llegar a la costa del Atlántico, grupos de arabo-islámicos que estaban ocupando el noroeste de África, en un proceso de islamización a través de una lenta migración y de un gran proselitismo religioso entre los pueblos. El segundo gran acontecimiento en la formación del actual pueblo saharaui  fue en el siglo XI, con otras invasiones masivas de los árabes procedentes de la península arábiga quienes atravesaron el desierto norafricano, llegando al Atlántico dos siglos después, y se instalaron en Saguia el Hamra (al norte del Sáhara Occidental), luego durante los siglos XIV y XV se fueron extendiendo hacia el Sur, a Río de Oro, la otra región de la futura colonia y a otros territorios sureños imponiendo la cultura hassanía, similar a los mauritanos y argelinos pero diferente a la de la inmensa mayoría de los marroquíes. A la vez, a fines del siglo XIV y principios del XVI, los portugueses y los españoles, desembarcan en diferentes puntos de las costas saharauis, pero hasta mediados del siglo XIX, el territorio de los saharauis, sigue totalmente libre de ocupación extranjera, aunque  sí existieron relaciones comerciales de siglos entre saharauis y sus vecinos y con los españoles,  principalmente de las cercanas islas Canarias, y a pesar que en el siglo XVI, el Sultán de Marruecos intentó conquistar los territorios situados más al sur y no tuvo éxito ya que las tribus del Sahara le pagaron tributos pero no se sojuzgaron políticamente al Sultán marroquí, algo que no acepta el gobierno de marruecos pero que tampoco ha podido probar, ya que aún son importantes las diferencias culturales y políticas entre los saharauis y los marroquíes. Las tribus saharauis tenían una especie de gobierno comunal con una Asamblea compuesta por representantes de cada tribu saharaui, las cuales se dividían en subtribus, que tenían su autonomía. En el Congreso colonialista de Berlín de 1884-85, España logra que se le conceda a las regiones de Saguia el Hamra y Río de Oro como "territorios a colonizar" y en Julio de 1886 ya se había firmado el Acta de Idjil entre los dirigentes saharauis y los españoles por la cual se aceptaba el establecimiento de factorías comerciales españoles en el país saharaui. Desde 1906 el rey español Alfonso XIII impulsa una política colonial para apoderarse definitivamente de los territorios de Saguia el Hamra y Río de Oro como la colonia de Sahara Occidental. Así, se ocupa la Güera en 1920, Aaiún, Dora y, en especial, Smara en 1934 con lo que se consagra la colonización del Sahara por España con la ayuda de Francia que ocupaba Marruecos. El fin de esta etapa se determina por la conferencia hispano-gala de Bir Moghrein de diciembre del mismo año donde se reparten los territorios. Entre enero de 1958 y 1961, el dictador Franco convierte al Sahara Occidental en una provincia más de España, con servicios administrativos y representación en las Cortes de forma similar las restantes provincias españolas y los saharauis eran considerados ciudadanos españoles. Esto se contradice con el texto de la Ley de Descolonización del 19 de noviembre de 1975 (40/1975), firmada por el príncipe Juan Carlos de Borbón, donde el Sahara Occidental ya no se considera como una provincia, sino que es considerado como un "territorio no autónomo", con “analogías al provincial” pero que nunca formó parte del territorio nacional, o sea que para Juan Carlos nunca fue una provincia y los saharauis no eran españoles como figuraba en sus documentos y como está en la ley de 1961 (la 8/1961) .



Los campamentos en Argelia
El genocidio

A partir de la invasión marroquí ordenada por Hassan II de noviembre de 1975, una gran parte de la población saharaui tuvo que huir hacia el desierto donde instalaron campamentos. El genocidio Saharaui, comenzó a finales de enero de 1976 (todavía estaban los españoles), cuando a la aviación marroquí se le ordenó comenzar a bombardear a los civiles de los campamentos en el desierto, los cuales estaban principalmente habitados por ancianos, mujeres y niños, ya que la mayoría de los hombres estaban luchando, con los pocos medios que tenían, contra el invasor marroquí. Primero fue bombardeada la población civil en los campamentos de Amgala y Tifariti, con un saldo de decenas de muertos y cientos de heridos. Unos días más tarde fue bombardeado el campamento de Bir N´zaran, y los días 18, 20 y 23 de febrero de 1976, la aviación de Marruecos bombardeó el campamento de Um Draiga pero con bombas de fósforo blanco y napalm (pueden producir temperaturas entre 1500 y 2000ºC), armas prohibidas que usaba en esos momentos la aviación yanqui en Vietnam y unos años antes el ejército  del dictador cubano Fulgencio Batista contra el pueblo cubano. El resultado de los ataques marroquíes con napalm a Um Draiga fue de al menos 2.000 civiles asesinados, principalmente niños, mujeres y ancianos y muchos más quemados. Los ataques de la aviación marroquí contra los campamentos continuó hasta finales de marzo de 1976, cuando Argelia recibió a los saharauis como refugiados en la región de Tindouf; 38 años después siguen en esos campamentos de refugiados de Tindouf (llamados El Aaiun, Auserd, Smara, Dakhlao o 27 de febrero), más de 165.000 saharauis que permanecen el desierto más duro del planeta, separados de los que están perseguidos en los territorios ocupados por los marroquíes y dependiendo  totalmente de la ayuda de organismos internacionales. 




El “Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro” o Frente Polisario había iniciado la lucha contra España en 1973 y, desde febrero de 1976, el gobierno de la RASD, y el Polisario que la dirige, inicia la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación contra sus vecinos que los quieren dominar, con grandes batallas como las de Lamsayel,  Lamsied y Uaragziz con cientos de muertos y heridos. En los ’80 los marroquíes empiezan construir un muro de 2720 kilómetros (es el más grande del mundo) de arena y piedra, que divide el Sáhara Occidental en dos, la zona ocupada y la zona liberada de la RASD y el Polisario (ver mapa). La guerra armada sigue por varios años, hasta que se firma de un alto el fuego con Marruecos bajo los auspicios de la ONU y la Unión Africana (UA) con el nombre de "Plan de Arreglo", aprobado por el Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991, bajo la Resolución 690. Un tiempo antes la guerra del Frente Polisario contra Mauritania había concluido el 5 de agosto de 1979, cuando Mauritania se retiró y cedió Río de Oro, lo que consideraban su parte del Sahara Occidental, a la RASD; pero Marruecos no reconoce esa cesión y ocupó militarmente ese territorio unos días después. Por esta anexión, la ONU aprueba una resolución en la que reconoce al Frente Polisario como el único y legítimo representante del pueblo saharaui, a la vez se considera que el reino de Marruecos es una potencia ocupante.  La RASD es uno los países miembros de la UA, como miembro de pleno desde 1982, poco después Marruecos abandonó la Organización para la Unidad Africana como se denominaba entonces la UA.  desde entonces el rey  Mohamed VI no acata las resoluciones de la Unión Africana  y la ONU, como lo hacía el régimen del apartheid de Sudáfrica, así tampoco acepta al  enviado especial de la UA, el ex presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, en el comunicado marroquí dice que "la UA no tiene ninguna base jurídica ni fundamento político o legitimidad moral para intervenir de cualquier manera en este expediente" porque le incumbe "exclusivamente a la ONU tratar sobre el Sáhara marroquí" (como ellos lo llaman). Sin embargo Marruecos obstaculiza desde 1991 la realización de un referéndum de autodeterminación patrocinado por la ONU, e impide el trabajo de Christopher Ross, el enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental. Mientras el gobierno de Marruecos está preparando un "plan estratégico para el 2020 y para que "el territorio Sahara Occidental sea explotado de forma razonable”; un  "plan estratégico" para el desarrollo socioeconómico de un territorio en estado de sitio y con la falta de derechos fundamentales de los habitantes sobre los que se intenta planificar. 



Como se dijo antes, más de 30 años después de la invasión, las familias saharauis siguen separadas por el muro y el desierto y, como se verá, con nombres y apellidos e idiomas distintos (el francés de los marroquíes y el español), y una educación diferente, porque además se perpetra un genocidio cultural en las zonas ocupadas por Marruecos, donde los saharauis que no se pueden ir, sufren maltratos, discriminación, torturas, asesinatos, desaparición y toda clase de violaciones a su cultura y a sus derechos humanos. Este es un genocidio cultural con prácticas racistas con gran  semejanza con la política de discriminación racial del apartheid de Sudáfrica, porque a la población saharaui se le pretende lesionar su integridad al destruir su historia, su patrimonio y la forma de vida tradicional, lo cual es imprescindible para su existencia como grupo nacional (artículo1º párrafo2º de la Carta de las Naciones Unidas). Los marroquíes no permiten el estudio de la cultura y la historia saharauis en las escuelas de la zona ocupada por ellos e imponen una política que pretende “marroquinizar a los saharauis” a partir de la educación, lo que se realiza a través de los manuales escolares, los exámenes diferenciales y una infinidad de medidas coercitivas y discriminatorias en el ámbito escolar y social. Esta destrucción del patrimonio saharaui fue denunciada últimamente por Farida Shaheed, Experta independiente de Naciones Unidas para los Derechos Culturales, en su informe dice que por el sistema de enseñanza existente en los territorios ocupados, los saharauis "sólo aprendían la historia oficial de Marruecos y no se les enseñaba su propia cultura ni de su propia historia". La experta independiente recuerda que esto está en contra con el artículo 29º de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ("Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores"), y con el artículo 5º de la Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural. La Asociación Saharaui para Proteger y Divulgar la Cultura y el Patrimonio Saharaui (ASPDCP), es una de las instituciones que denuncian las violaciones de los derechos culturales del pueblo saharaui en los territorios ocupados.

Otro hecho brutal para imponer la cultura marroquí que sufre el pueblo saharaui es que le cambiaron los nombres a todo los de ese pueblo para asimilarlo. En la cultura tradicional del Sahara Occidental, siguiendo una costumbre árabe anterior al Islam, le dan un nombre al recién nacido y le añaden el de su padre y después el del abuelo paterno. Pero los marroquíes les alternaron el nombre y les pusieron compulsivamente a todos los saharauis  un solo nombre y un apellido como es en Marruecos, el apellido no era el nombre del padre sino uno inventado por ellos. Hasta ahora los saharauis no pueden anotar a su hijo con el nombre que quieran sino el que les imponen, una violación de derechos masiva en contra del artículo 8º de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ("...respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre..."). Por ejemplo cuando el combatiente del Frente Polisario Mohamed Sidi Mohamed Salem Emhamed cayó preso, en la cárcel le cambiaron el nombre por Sidi Mohamed Dadach.


Luego de años de estar sometidos a condiciones de existencia que buscan su destrucción como pueblo, en mayo de 2005, los saharauis comienzan en los territorios ocupados lo que denominaron la Intifada por la Independencia y contra el genocidio, fue una oleada de manifestaciones pacíficas en contra de la ocupación marroquí, pero que tuvieron escasa repercusión en el mundo. Durante meses, la población saharaui salió a las calles de sus pueblos masivamente, desplegando la bandera de la RASD, y con una gran participación de los jóvenes. La respuesta represiva de los marroquíes contra los saharauis fueron detenciones, torturas y juicios irregulares por los cuales reconocidos activistas como Aminatou Haidar o Ali Salem Tamek fueron encarcelados, además las fuerzas de intervención marroquíes entraron de forma indiscriminada en las casas de los saharauis destruyendo y rompiendo todo lo que encontraban y golpeando o secuestrando a sus ocupantes.

En octubre de 2010, comienza a formarse un campamento de protesta saharaui en Agdaym Izik (Campamento de la Dignidad), a unos 16 kilómetros al sureste de la ciudad de El Aaiún, llegando a reunirse más de 20.000 personas, pero el 8 de noviembre de 2010 (luego de un discurso del rey de Marruecos, Mohamed VI), la policía marroquí atacó (con unos 3000 efectivos), y disolvió el campamento violentamente iniciando otro  período de represión intensa en varias localidades, con 11 muertos, cientos de heridos y centenares de personas que sufrieron detenciones arbitrarias y tormentos. Unos días después se sumaron enfrentamientos con la población marroquí implantada, en las localidades de Smara y El Aaiún. El Frente Polisario señaló que luego de varios días de represión los fallecidos eran diecinueve, 723 los heridos y 159 desaparecidos y el ministro de Exteriores de la RASD, Mohamed Uld Salek, denunció que en la ciudad de El Aaiún había cadáveres degollados y con impactos de bala, tirados en la calles, que el ejército marroquí dejaba a la vista para intimidar a los saharauis. El presidente del Parlamento saharaui, Jatri Aduh, sostuvo entonces que Marruecos lleva a cabo “un genocidio y una verdadera limpieza étnica contra el pueblo del Sahara Oriental”, situación que podría desembocar en un conflicto bélico. Por las durísimas penas que recibieron los presos políticos luego de esta represión, se inició una campaña Internacional por la liberación de los Presos políticos Saharauis. Recientemente el Comité de Defensa a la Autodeterminación del Pueblo Sahara Occidental, (CODAPSO), ante la grave situación de salud del defensor de derechos humanos y preso político saharaui Yahya Mohamed El Hafed, que realiza una huelga de hambre, reclama por su salud y denuncia, junto a otras organizaciones de derechos humanos y sociales, la grave situación carcelaria que sufre hace varios años junto a otros presos.

En uno de los raros casos en que los saharaui pudieron acceder a la justicia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, por el fiscal José Perals, dictaminó que en el Sáhara Occidental se cometieron delitos de genocidio y lesa humanidad contra ciudadanos españoles y en territorio español porque..."por la legalidad internacional, ese territorio no puede ser considerado marroquí" y, en consecuencia, "España de jure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora". Son dos causas en la justicia española, una iniciada en el 2007 por el entonces juez Baltasar Garzón, en la que se describe "el plan sistemático de eliminación del pueblo saharaui, que se realiza de forma organizada y jerarquizada" por el Ejército de Marruecos desde la ocupación del Sáhara Occidental, precisándose casos concretos entre 1975 y 1980. Trece marroquíes de altos cargos están imputados. La otra es por  al desalojo violento entre octubre y noviembre de 2010 del campamento en Agdaym Izik, en el que fue asesinado el ciudadano saharaui con nacionalidad española Baby Handay Buyema (le habían cambiado le nombre por Babby Kankan), además de otras 18 pesonas. Entre los imputados están el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, los de Defensa y Asuntos Exteriores,entre otros funcionarios. Hay que tomar en cuenta que, incluso durante el gobierno del PSOE, no era fácil investigar en España sobre el Sáhara Occidental, por ejemplo a mediados de noviembre de 2010, mientras se desarrollaba la violenta represión luego del ataque al campamento de la Dignidad, el entonces vicepresidente primero "socialista", Alfredo Pérez Rubalcaba, se entrevistó personalmente con el ministro del Interior marroquí y luego dijo que su explicación de los hechos fue "detallada y minuciosa" y que "refuta las acusaciones de los activistas y colectivos saharauis".








Actualmente el pueblo saharaui continúa dividido en dos, con el territorio administrado y defendido por la La República Arabe Saharaui Democrática (RASD) hacia el este, y muchos viviendo en campamentos de refugiados. Para su organización administrativo territorial, la .RASD está dividida en tres provincias (Wilayas) cada una de las cuales está formada por varias localidades (Dairas) y están los campamentos en Argelia. En la RASD los ciudadanos se expresan a través de los Congresos Populares de Base y del Congreso Popular General, que es la máxima instancia en el Estado Saharaui libre. Toda la población civil saharaui del territorio liberado está organizada en los comités populares existentes en cada localidad (Daira), que son los  encargados de decidir y llevar a cabo las tareas de la educación, la alimentación, la sanidad, la justicia y la producción artesanal. Actualmente la máxima autoridad de la RASD y secretario general del Frente Polisario es Mohamed Abdelaziz, quien estuvo a principios de junio con una delegación, en el Salvador para la asunción del nuevo presidente por el FMLN Salvador Sánchez Cerén. y luego viajó a Cuba, donde fue recibido por Raúl Castro quien reafirmó la solidaridad con la RASD, más de mil profesionales saharauis se formaron en instituciones educativas cubanas. Aparte de participar en la UA, la RASD realiza una intensa campaña de difusión, así, aparte del viaje de Mohamed Abdelaziz mencionado antes, hace unas semanas el Parlamento de Croacia expresó su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y hace unos días el presidente Mohamed Abdelaziz se reunió con el presidente del gobierno español , Mariano Rajoy, en el marco de la XXIII cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Africana.


Mohamed Abdelaziz y Raúl Castro
Para terminar se presenta la versión marroquí en palabras del periodista paraguayo Luis Agüero Wagner "...al sur Marruecos también sufrió una amplia amputación a manos de España, dando origen a una entidad que hoy muchos llaman Sáhara Occidental... las raíces de varias dinastías de reyes marroquíes fueron así cortadas por la ocupación española, que estableció en conjunto con la ocupación francesa unas fronteras artificiales, inventadas por los conquistadores europeos... un conflicto, sostenido en los medios de comunicación a lo largo de 41 años por dudosas ONG", la versión completa  en atalayar.com.

viernes, 21 de marzo de 2014

Los civiles que hicieron la dictadura. Cuadernillo para el debate y la formación.

     Compartimos este documento para el debate y la formación. Un texto que pretendemos que no se quede en la efeméride, que sea, más bien, una base para futuros aportes. En este momento histórico, a casi 4 décadas del inicio de la dictadura cívico-militar, es preciso exponer a los responsables civiles a la condena social. No olvidamos que ADEBA, la Sociedad Rural, Clarín, La Nación, Techint, Ford, Mercedes Benz, la Corporación Judicial, entre tantas otras corporaciones, fueron quienes acudieron a las botas y a los palos, para imponer un modelo económico-social regresivo y excluyente. 
Este texto, pretende dar continuidad a los debates pendientes y contribuir a saldar a las deudas de la justicia. Como tantos otros aportes realizados desde otros actores del campo popular, creemos necesario asumir el desafío de llevar el Nunca Más al aula.
     Otra de las deudas está en advertir el peligro de recrear y difundir las prenociones, prejuicios y representaciones negativas sobre los grupos políticos. Esto implica analizar el impacto del discurso que decía que peronistas, socialistas, trabajadores, sindicalistas, marxistas, comunistas, eran delincuentes subversivos y peligrosos. Este discurso fue asumido por los medios de comunicación, los militares, los empresarios, parte de la iglesia, algunas fuerzas partidarias y tantos otros civiles. Así se preparó el escenario para iniciar la cacería genocida contra los enemigos políticos del bloque dominante.
     A 38 años esas categorías negativas sobre el otro, en particular sobre los grupos políticos, sigue viva en los nichos del sentido común y legitima el accionar arbitrario de distintos actores. Queda en nosotros asumir esta deuda, elaborar los desafíos y llevar esta reflexión al plano material.

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA

martes, 18 de marzo de 2014

Comenzó el jury de enjuiciamiento del suspendido Juez Hooft


Después de siete años, y con la declaracion de varios testigos, comenzó ayer el jury de enjuiciamiento al suspendido juez marplatense Pedro Federico Hooft. Si se comprueba que incumplió sus tareas como juez podría ser destituido del cargo; el juicio durará unos dos meses en los que se presentará la documentación y darán testimonio unos 100 testigos. A Hooft se lo acusa de archivar hábeas corpus, cerrar causas penales por secuestros y desapariciones sin siquiera citar a los testigos y por no informar sobre la muerte de los secuestrados por los represores, como sucedió con el abogado Jorge Candeloro (asesinado en junio de 1977), entre otros. 

Hooft fue nombrado juez en 1976 por decreto del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint-Jean; por los presuntos delitos ya figura en el informe de la Conadep desde 1984 y también fue denunciado en junio de 1985 en el Juicio a las Juntas y en el 2001-02 en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata.  Si Hooft pierde sus fueros, entonces en la Justicia Federal se podría avanzar en la causa penal donde se lo investiga por los posibles delitos de archivar las denuncias penales y los hábeas corpus  presentados por familiares de apresados ilegalmente por la dictadura cívico militar y entre otros presuntos delitos en varios casos con víctimas del terrorismo de estado, como el secuestro de varios abogados laboralistas (Centeno y Candeloro entre ellos), conocido como "La Noche de las Corbatas" (ocurridos entre el 6 y el 13 de julio de 1977).  La querella fue iniciada en el 2006 por el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, pero el ahora juzgado y suspendido juez, amparándose en sus fueros, se negó sistemáticamente a declarar ante diversos jueces, las últimas veces ante el juez federal de Mar del Plata Martín Bava.

El jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, es presidido por el ministro de la Corte Suprema bonaerense, Juan Carlos Hitters, y está integrado por los abogados Héctor Ricardo Martín, Eduardo Gustavo López Wesselhoefft, Atilio Ricardo Rossello, José Luis Núñez y José Miguel Nemina, los diputados provinciales Lucía Portos, Abel Eduardo Buil y Guido Lorenzino Matta y los senadores provinciales Héctor Luis Vitale y Luciano Martini.

Entre otros testigos, ayer prestó declaración Carlos Bozzi, secuestrado el 8 de julio de 1977 junto a los aún desaparecidos Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz; también declaró el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Mario Alberto Portela, quien aseguró hoy que Hooft “reaccionó muy fuerte... contra el Juicio por la Verdad en Mar del Plata” y  contra los que llevaban adelante causas de derechos humanos.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Sentenciaron a tres genocidas por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, María  Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral, sentenció a 25 años de cárcel al genocida Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares del Ejército revocándole la prisión domiciliaria, por lo que será traladado a la cárcel de Ezeiza. Al ex prefecto Servando Ortega lo condenó a 9 años de prisión y le impuso una pena de 6 años de cárcel al expolicía Juan Fernando Meneghini (superior del genocida Luis Patti en la comisaria 1ª de Escobar). Al represor Ortega se le revocó la excarcelación pero se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Por otra parte, respecto Meneghini los 6 años de prisión serán computados por el tiempo que está detenido, por lo cual el tribunal dispuso su libertad.

Las penas son por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado, cometidos en perjuicio de 31 personas, cometidos en las localidades bonaerenses de Zárate y Campana, distritos que, como Zona IV, dependían de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la dictadura cívico militar.

Uno de los imputados en esta causa era el represor Sergio Buitrago,  ex jefe de la Base Arsenales de Zárate, que falleció el pasado 30 de julio pasado sin ser condenado. 

miércoles, 7 de agosto de 2013

Por crímenes de lesa humanidad condenan a siete represores en Santa Fe y elevan a juicio oral una causa en Mar del Plata

Este martes 6 de agosto Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci, dio a conocer la sentencia en la llamada causa Causa 050-III Brigada Aérea de Reconquista, por primera vez se condena a genocidas por el delito de violación agravada como de lesa humanidad. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 25 de septiembre próximo, a las 12.

El tribunal condenó a los siete represores por los delitos de violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia, tormentos agravados  y vejaciones. A Danilo Alberto Sambuelli se lo condenó con 21 años de prisión,  Jorge Alberto Benítez recibió la condena de 16 años de prisión; a los ex policías Carlos Armando Nickisch lo condenaron a 18 años, a Horacio Omar Machuca por 11 años, a Rubén Molina a 10 años, Arnaldo Máximo Neumann a 13 años y a 7 años de prisión condenaron a  Eduardo Luque. Sambuelli, Molina, Neumann y Machuca son condenados por violaciones reiteradas en perjuicio de una adolescente que cumplió 17 años mientras estaba detenida ilegalmente.
Los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum habían solicitado para Danilo Sambuelli una pena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo y  para Jorge Alberto Benítez y Carlos  Nickisch, 20 años; para Arnaldo  Neumann, 15 años; para Rubén Molina y Horacio  Machuca, 12 años; y para Eduardo Luque, 8 años.

La abogada querellante Lucila Puyol dijo a LT9 de Santa Fe, que “A veces las pruebas, los testimonios para algunos jueces son suficientes y para otros no. Lo que creemos es que una vez más ha sido probado el plan sistemático de persecución y exterminio de militantes durante la última dictadura militar”, previo a la lectura de la sentencia Puyol había agradecido a "los compañeros que pusieron su voz en estos juicios".

Mar del Plata

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal nº 3 de Mar del Plata, a elevado a juicio oral la situación del represor Aldo Carlos Máspero, quien habría sufrido un ACV  en diciembre del año pasado y, por eso, no había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 marplatense, en la causa Base Naval II, en la cual fueron condenados otros trece represores en febrero de 2013 (siete de ellos a perpetua). Aparentemente ahora  Máspero no va a quedar impune.

En 1977 y 1978 Maspero estaba a cargo de la subzona militar XV y de los centros clandestinos que funcionaban en la ciudad de Mar del Plata y la zona, como " La Cueva," en la sede de la Base Naval de la ciudad y los CCD en la Escuela de Suboficiales de la Infantería de Marina (ESIM), en la sede de la agrupación de buzos tácticos y en la Prefectura Naval Argentina (PNA); Máspero también fue jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601 de 1977 al '79; luego, en 1980, fue secretario del Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein y después profesor en la Escuela Superior de Guerra; además  Máspero fue premiado por la fundación El Libro el 30/04/2008, por "Vocación y Empleo en Abogacía, Criminalística y Seguridad" (34ª Feria del Libro).

Esta resolución del juez federal Inchausti, es una ampliación del pronunciamiento dictado el pasado 16 de mayo por delitos de lesa humanidad dentro de la megacausa 4477 (Base Naval), con respecto a los represores Alfredo Manuel Arrillaga (responsable de la represión al copamiento de La Tablada en 1989), Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Juan Alberto Ignacio Ortíz, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Roberto Luís Pertusio, Mario José Osvaldo Forbice, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva y Francisco Luís Rioja. En esta parte de la causa se investigan privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados, en perjuicio de 30 víctimas. En julio de 2013, el juez Inchausti procesó por una causa que es parte de la misma megacausa 4477 (Base Naval), a Ana María Teodori, jueza subrogante durante la última dictadura cívico militar, por presunta intervención como partícipe secundaria en delitos de lesa humanidad contra Héctor Ferreccio y Graciela Datto, entre otros, en complicidad con los grupos de tareas del CCD La Cueva de la Base Naval marplatense.

En la zona de Mar del Plata la estructura represiva era dirigida por el ejército a través de la jefatura de Agrupación de Artillería de Defensa Aérea, identificada como “ADA 601”, con dos Grupos de Artillería de Defensa Aérea, identificados con las siglas “GADA 601” y “GADA 602”. El jefe de la agrupación “ADA 601” también era el comandante de la Subzona XV, áreas nº 151 y 152, todas dependientes del Primer Cuerpo del Ejercito o sea del genocida  Carlos Guillermo Suárez Mason. Bajo este mando operaban en Mar del Plata, las fuerzas de la Marina, de la Aeronáutica, de la Prefectura Naval y las policías provincial y federal, la Fuerza de Tareas Nº 6.

lunes, 5 de agosto de 2013

Son doce los juicios por delitos de Lesa humanidad que se están realizando y dos terminaron recientemente

Los juicios sobre los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado en todo el país, se estan llevando a cabo en siete provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), once son orales y uno es por escrito, con casi 240 imputados entre todos ellos.

En la CABA se están realizando dos juicios orales, el de la ESMA III con 68 represores imputados; incluyendo los pilotos de los llamados "vuelos de la muerte" y el otro por el plan Condor con 25 represores imputados.

En Santa Fe también son dos los juicios orales, en la ciudad de Santa Fe el de la Causa 050-III Brigada Aérea de Reconquista y otro por los delitos cometidos en la ciudad de San Lorenzo que se desarrolla en Rosario. Esta semana se conocerán las sentencias en estos dos juicios, el martes 6 de agosto de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe, leerá el veredicto en la Causa 050, donde son juzgados siete represores por crímenes de Lesa humanidad a 35 víctimas. El jueves 8,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario dará a conocer la sentencia a los represores Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y Pedro Alberto Rodríguez.

En Tucumán, sigue el megajuicio que unifica las causas  “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía"; el TOF de Tucumán juzga a 41 represores, por crímenes de lesa humanidad como  violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra 235 víctimas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta está juzgando desde mayo de 2012, a 18 represores por la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, delitos cometidos en esa provincia entre los años 1975 y 1978.

En Catarmarca el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, inició en mayo del 2013, juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia en perjuicio de 14 víctimas, durante la última dictadura cívico militar, por los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, investiga desde fines del año pasado los delitos cometidos en los centros  clandestinos de detención (CCD),  “La Perla” y “Campo de la La Ribera” y en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar; ya se realizaron 64 audiencias. Entre las 416 víctimas hubo asesinados, desaparecidos y solo 166 sobrevivientes. En este juicio son 45 los represores imputados, con los genocidas Luciano Benjamín  Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, entre ellos.

Entre los juicios que terminaron recientemente, el pasado 24 de julio el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba condenó a sólo 12 años de prisión al ex policía del Comando Radioeléctrico provincial, Juan Domingo Ayala, por el fusilamiento de seis presos políticos el 17 de mayo de 1976.

En la provincia de Buenos Aires es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín el que realiza el juicio por la 8ª etapa de Campo de Mayo, iniciado en abril pasado y focalizado en el área represiva que abarcaba Zárate-Campana. En este juicio están imputados los genocidas Santiago Omar Riveros, Sergio Buitrago, Servando Ortega y el ex titular de la Comisaría de Escobar Juan Fernando Meneghini, por crímenes contra 31 víctimas; los alegatos comenzaron el viernes 2 de agosto.

En Bahía Blanca el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad realizaba el juicio a  ocho represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, pero la semana pasada el TOF apartó del juicio, por razones de salud, al represor Miguel Ángel Villegas y ordenaron su inmediata libertad, la fiscalía anunció que recurrirá en Casación. Hay que recordar que el represor imputado Carlos Alberto Arroyo, miembro del grupo de tareas de la Compañía Comando y Servicios, está prófugo desde el 6 de mayo pasado.

El pasado miércoles 31 el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzó el segundo juicio en esa provincia por delitos de lesa humanidad, son ocho los represores imputados: Hugo Kishimoto, Faustino Blanco Cabrera, Juan Carlos Camicha,  Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, todos del ejército y el ex gendarme Mario Osvaldo Sosa. Es importante recordar que está prófugo el represor Angel Ervino Spada por haber llegado libre al juicio (ver nota anterior). Se estima que terminará antes de fin de año.

Recientemente, el pasado 30 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia M. Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, condenó a 25 años de prisión a los genocidas Carlos Faraldo y a Héctor Filippo y a seis años a Rubén Ledesma, por ser coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, en perjuicio de tres víctimas. Además el TOF ordenó el traslado de estos represores a la Unidad Penal N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

En Entre Ríos hace varios años se desarrolla un juicio a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal (juicio por escrito), en la llamada causa "Area Paraná". En este juicio están acusados los genocidas Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani (el socio del fugado Jorge Olivera), Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el ex policía federal Cosme Marino Demonte; la ex agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano entre otros. Se investigan delitos cometidos a 70 víctimas. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná busca reactivar esta causa, por la cual ya pasaron diez jueces en el último año y medio  y el proceso se estancó por los planteos dilatorios de los abogados de los represores. También complicó que se fueron agregando causas como la del CCD de la ex comisaría de El Brete.

Según el CELS, hasta ahora hay más de 370 causas activas incluyendo más de 80 con sentencia, con casi 2000  entre denunciados,  prófugos, imputados e investigados, incluyendo más de 320 condenados, de los cuales casi el 50% fueron condenados a perpetua.


sábado, 13 de julio de 2013

Prisión perpetua para tres represores en San Juan por delitos de lesa humanidad


Olivera,  Martel, Gómez, Nieto y Lazo, en el juicio
Luego de 20 meses de juicio oral, el pasado jueves 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, integrado por los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña, dio a conocer la sentencia en "fallo definitivo y unánime", por crímenes de lesa humanidad. En general el fallo concidó con lo pedido en mayo pasado por el fiscal Mateo Bermejo, quien tuvo el apoyo del fiscal Dante Vega.

A los genocidas Horacio Julio Nieto (el único expolicía), Orlando Martel y Jorge Antonio Olivera se los condenó a la pena de prisión perpetua;  a Juan Francisco Del Torchio, Gustavo Ramón De Marchi y Daniel Gómez, a la pena de 25 años de prisión. mientras que el represor Alejandro Manuel Lazo, recibió una pena de 10 años de de prisión, cinco años menos que lo que pidieron los fiscales. Salvo Nieto y Lazo que mantendrán la prisión domiciliaria, los otros genocidas irán donde lo decida el Servicio Penitenciario Federal.

A todos se los condenó por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita durante la dictadura cívico miltar, en perjuicio de 60 víctimas como Edgardo Fábregas, Marie Anne Erize, Rogelio Roldán, Juan Luis Neffa, María Cristina Anglada, César Gioja, Juan Carlos Rodrigo, Elías Alvarez, Daniel Illanes, José Abel Soria Vega, Margarita Camus,  Víctor Carbajal, María Cristina Anglada, Hilda Díaz, Silvia Guilbert y Lidia Paparelli entre otros. Todos secuestrados y torturados en el en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan.

El TOF  ordenó al  juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, que investigue a 12 represores del ejército y de la gendarmería, quienes actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22.

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