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lunes, 22 de diciembre de 2014

Cuatro condenas por la apropiación de ocho bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo

En otra sentencia en busca de memoria, verdad y justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital (TOF), integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, finalizó hoy el 17º juicio oral del 2014. Fue por la apropiación de ocho bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Eran los hijos de las detenidas-desaparecidas Marta Graciela Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De los ocho, sólo tres pudieron recuperar su identidad hasta ahora, son Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando. Asimismo se condenó a los represores por la privación ilegal de la libertad en perjuicio de cuatro víctimas de la dictadura cívico militar.
Imagen de Infojus Noticias

En su resolución el TOF condenó al genocida Santiago Omar Riveros, el responsable de la zona militar IV, a 30 años de prisión, unificando la pena con una anterior condena en la pena de prisión perpetua. Además, sentenció al dictador Reynaldo Bignone a 16 años de prisión, unificando la pena con una anterior condena, en la pena de 25 años de prisión, esta es la quinta condena a este genocida por crímenes de lesa humanidad. Al ex médico militar Norberto Atilio Bianco se le impuso 13 años de prisión por la apropiación de dos menores a quienes anotó como propios y 7 años para la obstetra Yolanda Arroche de Sala García, como partícipe necesaria del delito de falsificación de documento público, en el caso del certificado de nacimiento de Francisco Madariaga Quintela, Pero, es lamentable que fuera absuelto Raúl Eugenio Martín ex  jefe del servicio de clínica del Hospital Militar de Campo de Mayo; sobre esto el fiscal Martín Niklison aseguró a Infojus Noticias que la decisión del Tribunal “es por duda, con disidencia de la jueza María del Carmen Roqueta. Nosotros entendemos que no hay duda, por eso vamos a recurrir a Casación”. Miembros de la agrupación H.I.J.O.S. Capital le dijeron a Telam que  “ninguno de los genocidas de Campo de Mayo dijo dónde están nuestros hermanos apropiados...seguimos exigiendo la verdad” .

En el 2012, este Tribunal Oral en lo Criminal N° 6, con casi la misma conformación determinó que durante la última dictadura cívico-militar existió un plan sistemático de apropiación de bebés y condenó, entre otros, al genocida Videla a 50 años de prisión.

martes, 7 de octubre de 2014

Condenas a seis represores en otro juicio por los crímenes en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer hoy su veredicto en  el undécimo Juicio oral por delitos de lesa humanidad de la megacausa Campo de Mayo. En este juicio se investigaron los allanamientos ilegales, los casos de robo agravado y los secuestros, tormentos  y desapariciones,  en perjuicio de 60 víctimas, la mayoría obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre y de las empresas ceramistas Porcelanas Lozadur y Cattáneo, también de la zona norte del Gran Buenos Aires.
 
 

El tribunal condenó por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al genocida Santiago Omar Riveros; a  23 años de prisión al genocida Reynaldo Benito Bignone; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a  Eugenio Guañabens Perelló y nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. Fueron absueltos los ex prefectos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado, estas absoluciones despertaron la indignación de los familiares y sobrevivientes presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.

Graciela Villalba una de las hijas de
Mauricio Villalba obrero de ASTARSA desaparecido, dijo en su testimonio que: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 pidiendo justicia", a su padre lo secuestraron el 25 de mayo de 1976, a las 2.30 de la madrugada, cuando los represores entraron a su casa pateando la puerta, lo golpearon frente a sus cinco chicos menores y se lo llevaron. Esa misma noche fueron secestrados otros siete obreros navales. 

El Tribunal integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, resolvió también girar copia de las actuaciones en este juicio oral al juzgado de primera instancia, para que, como pidieron  los querellantes y los fiscales, se investiguen las responsabilidades de las autoridades empresariales de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos investigados. Así se comenzaría a investigar a los civiles que  fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico, como sostuvieron los querellantes.
 

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Informaciones sobre juicios por crímenes de lesa humanidad


                               




El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital, integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, comenzó la semana pasada un juicio oral por las apropiaciones de menores ocurridas en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero sólo se van a investigar los casos de apropiación de los hijos de las embarazadas desaparecidas Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña.

Hospital de Campo de mayo

Los imputados son los genocidas Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone; la obstetra Yolanda Arroche de Sala García y  los médicos militares Raúl Eugenio Martín y  Norberto Atilio Bianco, este represor ya fue condenado (junto a su esposa  Nilda Wehrli),   por la apropiación de dos menores a quienes había anotado como hijos propios. Bianco huyó en los '80 con su familia al Paraguay, donde permaneció prófugo por once años, desde el 2007 uno de esos jóvenes recuperó su identidad como Pablo Casariego Tato y aún no se pudo hacer el análisis de ADN a su hermana apropiada llamada Carolina. El médico represor Martín era el jefe del servicio de Clínica médica del hospital militar de Campo de Mayo y Bianco era traumatólogo en ese hospital y participaba activamente en los traslados de las mujeres detenidas-desaparecidas, a las que llevaba para dar a luz en el sector de Epidemiología de ese hospital y luego era el que retiraba a los bebés recién nacidos. Por su parte Yolanda Arroche de Sala García  está acusada por la alteración de la identidad del nieto Francisco Madariaga Quintela, ella atendió el parto de Silvia Quintela pero registró al bebé como hijo de Víctor Gallo y Susana Colombo, privándolo de su identidad. Los represores Jorge Haddad y Ramón Capecce, no serán juzgados ahora porque la causa contra ellos se suspendió por problemas de salud.


Este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, inició en la ciudad de Olavarria el jucio oral en el que se investigarán los crímenes de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los centros clandestinos de detención (CCD) de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, de la Brigada de Investigaciones de la localidad de Las Flores, el CCD llamado Monte Peloni en las Sierras Bayas de Olavarría, el CCD “La Huerta” de Tandil (ubicado cerca de la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar de Tandil). Los delitos de este juicio, cometidos a  20 víctimas, comenzaron en las ciudades de Tandil y Olavarría en septiembre de 1977.

La estancia de Monte Peloni fue utilizada por los militares del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 2 "Lanceros General Paz", como lugar de detención, tortura y ejecución de decenas de víctimas.

El juicio se lleva a cabo en el SUM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro en Olavarría, donde los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, juzgan a los represores Omar Antonio "pájaro" Ferreyra, Horacio Leites, Walter josé "vikingo" Grosse y Aníbal Ignacio Verdura, este último tiene arresto domiciliario, los otros tres se encuentran detenidos en la Unidad N°34 de Campo de Mayo.

A la primera audiencia asistió la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; su nieto Ignacio Guido fue criado en la ciudad de Olavarría.

En estos días en  la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la ESMA (la "megacausa ESMA"), que se está instruyendo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Sergio Gabriel Torres, en los tribunales de Comorodo Py, se estuvo tratando el caso de  Thelma Jara de Cabezas, quien estando detenida-desaparecida en ese CCD (secuestrada en abril de 1979), fue sacada del CCD por el represor Ricardo Miguel "sérpico" Cavallo, para hacer una nota en la revista “Para Ti”, la cual fue realizada en la confitería Selquet en el barrio de Núñez y publicada el 10 de septiembre de 1979, bajo el titulo “Habla la madre de un subversivo muerto”. Ese artículo estaba firmado por Agustín Bottinelli, quien podría ser imputado por organizar la nota con los represores; pero la entrevista la hizo Eduardo Scola enviado por orden de Bottinelli y las fotos Tito La Penna, ambos ya declararon en la causa como testigos.

En la nota figuraba que Thelma decía a otras madres que “Estén alertas, vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el gran precio de la culpa, como estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe”.

El abogado de la querella, Pablo Llonto, declaró al diario Página 12 que  “El procesamiento de Botinelli significará uno de los mayores avances en la lucha contra la impunidad contra quienes tenían el poder civil en aquellos años y sirvieron de sostén al plan genocida. Bottinelli no era un periodista cualquiera; había sido responsable de Gente y de Para Ti junto con los Vigil, Gelblung, Alfredo Serra, Luján Gutiérrez, Paredes y otros. Fogonearon la persecución gremial y política y alabaron al terrorismo de Estado con profundo conocimiento de la barbarie que se estaba cometiendo.”


miércoles, 4 de diciembre de 2013

Cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo



Condenan de nuevo a Reynaldo Benito BignoneEn el noveno juicio oral por los crímenes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Daniel Antonio Petrone, condenó al represor Santiago Omar Riveros a la pena de 25 años de prisión, por privación ilegítima de la libertad de Gabriel Matías Cevasco y por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados en perjuicio de Roberto Quieto (secuestrado en diciembre de 1975), y María Delia Leiva (secuestrada en enero de 1977); al genocida Reynaldo Antonio Benito Bignone lo condenaron a 23 años por los mismos delitos pero contra María Delia Leiva y Gabriel Matías Cevasco. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 17 de diciembre próximo.

Por su parte a Aída Blandida Dusolina Pizzoni la condenaron a 5 años y 6 meses por la apropiación de Martín Guillermo Amarilla Molfino, hijo de Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, secuestrados y desaparecidos en 1979; Martín recuperó su identidad en el 2009. A Roberto Cándido Duarte y Margarita Fernández los condenaron a cinco años de prisión por la apropiación de Gabriel Matías Cevasco, hijo de Enrique Horacio Cevasco y María Delia Leiva y que tenía 3 meses cuando lo secuestraron con su madre que permanece desaparecida; recién en octubre del 2000 Gabriel pudo conocer a su padre cuando recuperó su identidad. Fueron absueltos Jorge J. Buffe, Alicia I. Rodríguez y Mabel Álvarez.


En esta causa también estaba imputado por el secuestro de Roberto Quieto el genocida Albano Eduardo Harguindeguy, él era el jefe de la Federal en el gobierno de Isabel, pero murió impune en octubre del 2012 y luego de ser indultado en 1989
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miércoles, 16 de octubre de 2013

Desde este jueves serán 14 los juicios por delitos de lesa humanidad en el país

El jueves 17 de octubre  darán comienzo dos nuevos juicios orales por crímenes de lesa humanidad; uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la de Neuquén, además en unos meses se iniciarán otros cuatro. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén iniciará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia (en el Centro clandestino de detención CCD, la Escuelita, ubicado al fondo del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181) y en en el Alto Valle de Río Negro, por  cinco represores contra 56 víctimas. A la vez se continúan realizando 11 juicios orales en 9 provincias y en la CABA y uno por escrito en Entre Rios.

El tribunal estará integrado por los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal). En tanto que como magistrado sustituto fue designado Luis Gustavo Losada (del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires).

Los cinco represores imputados en  la causa N° 779/2011, son Jorge Di Pasquale (también carapintada en Monte Caseros en 1987); Jorge Soza, ex segundo jefe de la Delegación de la Policía Federal en Neuquén; Mario Gómez Arenas, ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, ex jefe de Personal del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI; e Hilarión de la Paz Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. Dos de los represores permanecieron prófugos de la Justicia durante varios años, como Jorge Soza desde 1992, y procesado recién en julio de 2010 y Jorge Di Pasquale.

En la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal nº1 de San Martín, integrado por los jueces Hector Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Daniel Antonio Petrone, iniciará el noveno juicio oral por delitos cometidos de lesa humanidad en la jurisdicción de Campo de Mayo.

Los casos a investigar corresponden a tres causas por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto (el 28 de diciembre de 1975 ), y de María Delia Leiva y por las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco Leiva y de Guillermo Amarilla Molfino, nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Los imputados son los genocidas y apropiadores Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Margarita Fernández, Roberto Cándido Duarte, Jorge J. Buffe, Aída Blandida Dusolina Pizzoni y Alicia I. Rodríguez. Hace casi un año murió sin ser juzgado el genocida Albano Eduardo Harguindeguy quien, cuando secuestraron a Quieto, era el jefe de la Policía Federal.

En Tucumán, sigue el megajuicio que unificó las causas  “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía"; el TOF de Tucumán juzga a 41 represores entre ex militares, ex gendarmes y ex policías y tres civiles (de los cuales ocho lo hacen por videoconferencia desde el hospital penitenciario de Ezeiza), por crímenes de lesa humanidad como  violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra 235 víctimas. Está en etapa Testimonial.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta está juzgando desde mayo de 2012 y en etapa de alegatos, a 18 represores por la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, delitos cometidos en esa provincia entre los años 1975 y 1978.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, investiga desde fines del año pasado los delitos cometidos en los CCD “La Perla”, “Campo de la La Ribera”, en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Entre las 416 víctimas hubo asesinados, desaparecidos y solo 166 sobrevivientes. En este juicio son 45 los represores imputados, con los genocidas Luciano Benjamín  Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, entre ellos. Sigue en la etapa de Testimonios.

En Bahía Blanca, también  la Provincia de Buenos aires, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bavar, realiza el juicio a ocho represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Hay que recordar que el represor imputado Carlos Alberto Arroyo, miembro del grupo de tareas de la Compañía Comando y Servicios, está prófugo desde el 6 de mayo pasado. El juicio ya está en etapa de alegatos. Recientemente la Justicia Federal bahiense pidió la captura internacional del sacerdote Aldo Vara, ex capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181. Vara fue denunciado en el 2012 por varias víctimas durante el primer juicio penal bahiense contra represores del V Cuerpo, entre los denunciantes están los que entonces eran  estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca.

Desde el 31 de julio de 2013, el Tribunal Oral Federal de Formosa,  realiza el segundo juicio  por delitos de lesa humanidad en esa provincia en perjuicio de 87 víctimas. Son ocho los represores imputados: Hugo Kishimoto, Faustino Blanco Cabrera, Juan Carlos Camicha,  Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, todos del ejército y el ex gendarme Mario Osvaldo Sosa. Es importante recordar que está prófugo el represor Angel Ervino Spada por haber llegado libre al juicio (ver nota anterior). Está en la etapa Testimonial y se espera sentencia para principios de diciembre.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces  José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Karina Rosario Perilli, juzga a siete represores: Luciano Benjamín Menéndez, Normando Guillermo Torres, Cándido Medardo Aroca, Jorge Alberto García, Eulogio Vilte, Eduardo Abelardo Britos, Ricardo Manuel Torres Daram y Hernán Dolivar Pizarro, por los los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos;  el próximo viernes 25 de octubre se conocerá la sentencia. Por enfermedad fueron desvinculados del juicio los represores Eulogio Vilte y Wilson Manuel Velázquez.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy lleva en etapa de testimonios, el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia. Se juzga a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Orlando Vargas, ex interventor de la cárcel de barrio Gorriti; el ex militar César Darío Díaz y a los ex penitenciarios Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz; por delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio en perjuicio de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Giribaldi, Jaime Lara Torrez, María Alicia Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero,  realiza el juicio oral por delitos de lesa humanidad, en la denominada Megacausa II, en el que juzgan 34 casos de secuestros y torturas a presos políticos cometidos en la provincia, incluido el homicidio de Consolación Carrizo (en noviembre de 1976) y el secuestro y torturas a su novio, René Orellana. Están imputados los represores Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López Veloso, Francisco Laitán, Juan Bustamante, José Gregorio Brao, Carlos Héctor Capella, Pedro Ledesma, Jorge D’Amico y Marta Noemí Cejas. También está imputado el ex policía Roberto Díaz, pero desde mediados de 2011 se encuentra prófugo.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario inició el juicio por delitos de lesa humanidad en la denominada causa `Guerrieri II´, en el que hay 12 represores acusados, que integraban el Batallón de Inteligencia 121 de esta ciudad y se tratan 27 casos de víctimas del terrorismo de Estado.

En la CABA se están realizando dos juicios orales, en el Tribunal Oral Federal nº5 , el de la ESMA III, con 68 represores imputados  de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ; incluyendo a 8 pilotos de los llamados "vuelos de la muerte" y el otro por el Tribunal Oral  Federal nº1 por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan Cóndor con 25 represores imputados. En Italia el juez Alessandro Arturi debe dictaminar la solicitud de enjuiciamiento de 35 imputados, hecha por el fiscal Giancarlo Capaldo, por la muerte y desaparición de 23 italianos también en le marco del plan Cóndor. El fiscal italiano imputó a 17 represores uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, todos ellos dictadores (como Luis García Meza Tejada), miembros de las juntas militares y de servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1980 (ver nota sobre los represores uruguayos Antranig “el Turco” Ohannessian y Jorge Trócolli).

En Entre Ríos desde mayo de 2004, cuando la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente iniciado en 1987,  se desarrolla un juicio que no es oral sino que se realiza a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal de 1888 (juicio por escrito), en la llamada causa "Area Paraná". En este juicio están acusados los genocidas Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani (el socio del genocida fugado Jorge Olivera), Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el ex policía federal Cosme Marino Demonte; la ex agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano entre otros. Se investigan delitos cometidos a 70 víctimas. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná busca reactivar esta causa parada desde el 2011, por la cual ya pasaron diez jueces en el último año y medio; el proceso se estancó por los planteos dilatorios de los abogados de los represores, lo cual fue denunciado por los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti. También complicó que se fueron agregando causas como la del CCD de la ex comisaría de El Brete.

Hay que destacar que ha llegado a la la Corte Suprema de USA un reclamo iniciado en el 2004 por los familiares de los 14 obreros desaparecidos de Mercedes Benz en nuestro país y de los otros 3 que sobrevivieron a su cautiverio y tormentos. La audiencia en la Corte Suprema es para definir si se admite la competencia de los tribunales de USA, para iniciar un juicio civil y que la empresa automotriz (hoy DaimlerChrysler), los indemnice por la complicidad de la compañía en el secuestro y desaparición, en 1977 durante la dictadura cívico militar, de los 17 trabajadores. En la Argentina la causa estaría parada en el Juzgado Federal nº2 de San Martín actualmente a cargo de Alicia Vence, que también interviene en la causa contra la empresa Ford, pero antes estuvieron otros jueces como Alberto Suárez Araujo y  Juan Manuel Yalj.

En lo próximos meses darán inicio cuatro juicios en varias provincias, en La Rioja la causa por el asesinato de monseñor Angelelli empieza el 04/11/13 luego de un largo retraso; en San Luis otro el 05/11/13; en Mendoza el Tribunal Oral N° 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade dará inicio otro juicio el 11/11/13;  recientemente este TOF resolvió unificar varias causas donde habría varias decenas de imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces y camaristas: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren. Por otra parte en la CABA se inicia el 13/02/2014 el juicio por la causa llamada Vesubio II.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Sentenciaron a tres genocidas por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, María  Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral, sentenció a 25 años de cárcel al genocida Santiago Omar Riveros, excomandante de Institutos Militares del Ejército revocándole la prisión domiciliaria, por lo que será traladado a la cárcel de Ezeiza. Al ex prefecto Servando Ortega lo condenó a 9 años de prisión y le impuso una pena de 6 años de cárcel al expolicía Juan Fernando Meneghini (superior del genocida Luis Patti en la comisaria 1ª de Escobar). Al represor Ortega se le revocó la excarcelación pero se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Por otra parte, respecto Meneghini los 6 años de prisión serán computados por el tiempo que está detenido, por lo cual el tribunal dispuso su libertad.

Las penas son por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado, cometidos en perjuicio de 31 personas, cometidos en las localidades bonaerenses de Zárate y Campana, distritos que, como Zona IV, dependían de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la dictadura cívico militar.

Uno de los imputados en esta causa era el represor Sergio Buitrago,  ex jefe de la Base Arsenales de Zárate, que falleció el pasado 30 de julio pasado sin ser condenado. 

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