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domingo, 7 de diciembre de 2014

Los 19 juicios de lesa humanidad que se están realizando y los condenados del 2014



La justicia argentina está realizando 17 juicios orales y dos por escrito contra cerca de 300 represores que cometieron delitos de lesa humanidad. Así se investigan más de dos mil (2.000), hechos de secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones, desapariciones o asesinatos. Hasta ahora, en este año 2014,  se condenaron a 72 represores (ver lista al final) en los 15 juicios orales que terminaron y que serán más, porque antes de fin de mes terminarían 5 de los juicios orales que se están desarrollando. Con estos condenados, desde 1983 hasta noviembre de este año, ya suman 561 condenas en 147 juicios por crímenes de lesa humanidad en el país cometidos desde 1974 y hay casi 1.100 detenidos.
Según un informe de octubre pasado, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la cantidad de prófugos asciende a 54, mientras que "se registran dos personas en proceso de extradición, tres con extradición denegada, dos localizadas que aún no han sido extraditadas y seis que se encuentran cumpliendo condena en Uruguay, cuyas extradiciones se concretarán una vez que estas sean cumplidas".
A continuación se presentan las características  los 19 juicios  que se están llevando a cabo y una lista de los condenados durante este año.


Los juicios orales por crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando actualmente son:


En la provincia de Córdoba: MEGACAUSA “LA PERLA” desde el 4/12/12, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, compuesto por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (cuarto juez), lleva la causa Nº 136/09 “MENÉNDEZ LUCIANO BENJAMÍN Y OTROS", que son  18 causas judiciales, que incluyen casos de secuestros, tormentos, violaciones, homicidios y robos de bebes cometidos mayoritariamente en los centros clandestinos de detención conocidos como  La Perla, La Ribera y la D2, contra más de 400 víctimas. Hay 44 represores imputados, además del genocida Menéndez están , entre otros, ACOSTA, Jorge Exequiel, HERRERA, José Hugo, BARREIRO, Ernesto Guillermo, LEMOINE, Miguel Ángel y VERGEZ, Héctor Pedro.

Enla Ciudad autónoma de Buenos Aires CABA: 
1) "MEGACAUSA E.S.M.A. III" o "UNIFICADA" porque abarca las causas 1282, 1349, 1415, 1492, 1510, 1545, 1668, 1689 y 1714, en las que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en los años 1976, 1977 y 1978 y la investigación denominada “Vuelos de la muerte”. Desde el 28/11/12 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, compuesto por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia lleva adelante este juicio en el que están imputados 65 represores por delitos que cometieron a casi 800 víctimas. Algunos de los imputados son: Acosta, Jorge Eduardo, Alemann, Juan Ernesto, Astiz, Alfredo Ignacio, Cavallo, Ricardo Miguel, Donda Tigel, Adolfo Miguel, Pernías, Antonio, Poch, Julio Alberto, Suárez Mason, Carlos Guillermo y Vañek , Antonio.

2) "PLAN CÓNDOR + AUTOMOTORES ORLETTI II" son las causas 1504, 1951 y 1976. Desde el 05/03/13 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo G. Laufer y Ricardo Ángel Basílico (éste último como juez sustituto), juzga a 22 represores imputados, entre los que se encuentran Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Jorge Carlos Olivera Róvere, los delitos de lesa humanidad se cometieron contra 108 víctimas en una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para perseguir y eliminar opositores. Por distintos motivos fueron apartados los represores Diaz Bessone, Luciano Menéndez y Ernesto Alais.

3) "VESUBIO II" El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández, inició 13/02/2014 el segundo juicio por los  delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como el El Vesubio, ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, en la localidad bonaerense de La Matanza; bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason. Están imputados los represores del ejército Gustavo Adolfo Cacivio, Federico Antonio Minucucci, Faustino José Svencionis y Jorge Raúl Crespi, y el ex penitanciario  Néstor Norberto Cendón; por crímenes cometidos a 204 víctimas. está en la etapa de alegatos, se espera sentencia para el próximo 18 de diciembre.


4) "MATERNIDAD CLANDESTINA DEL HOSPITAL MILITAR DE CAMPO DE MAYO" El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 formado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas juzga, desde el 17/09/2014, los crímenes cometidos contra 8 víctimas por los genocidas Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y los médicos militares  Raúl Eugenio Martín y Norberto Atilio Bianco y la obstetra  Yolanda Arroche de Sala García. Está en etapa de alegatos y se presume que la sentencia será el próximo 22 de diciembre.

En la provincia de San luis.  El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia integrado por los jueces los jueces Marcelo Alvero, José María Pérez Villalobo y Héctor Cortés, Comenzó el 05/11/2013 las audiencias en el proceso en el cual se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, hechos cometidos  en la Ciudad de San Luis y en las localidades puntanas de Villa Mercedes, Quines, Candelaria y Lujan, en perjuicio de 46 víctimas y por los que están imputados 30 represores, pero Luciano Menéndez fue apartado por tener otros dos procesos por crímenes de lesa humanidad en Córdoba y La Rioja. 

En la provincia de Mendoza: "EL JUICIO DE LOS JUECES" . El 17/02/2014, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade,  comenzó el juicio oral por 15 causas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 207 víctimas en esa provincia. Entre los 40 represores imputados figuran ex militares, penitenciarios y policías y están los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Roque Romano. Por su parte el ex juez Gabriel Guzzo fue separado del juicio oral por razones de salud; también fue apartado Luciano Menéndez. Por primera vez, los ataques sexuales serán abordados como un delito con entidad propia en un juicio de estas características e independientemente de las torturas; así se juzgará a algunos de los miembros del centro clandestino en la D2 de la policía provincial, por “Violación agravada por el uso de la fuerza”. 

En Rosario, provincia de Santa Fe. "SAINT AMANT II". El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello juzga desde el 08/04/2014 a 14 represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978, de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio. Estos hechos fueron en perjuicio de 70 víctimas, en el Área Militar 132 con asiento en San Nicolás, jurisdicción militar que comprendía también otras tres localidades bonaerenses San Pedro, Baradero y Pergamino. Algunos de los imputados son Manuel Fernando Saint Amant (a cargo del Área Militar 132 entre los años 1976 y 1977), Edgardo Antonio Mastrandrea, Juan Antonio Benvenutto y Antonio Bossie. Las audiencias se realizan en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino.

En la provincia de Buenos Aires: 
1) Localidad de San Martín "MANSIÓN SERÉE II", causa nº 2829. Se lleva a cabo este juicio desde el 26/03/2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín con los jueces Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler. Los imputados son los represores de la aeronáutica y de la policía bonaerense Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Néstor Rubén Oubiña, Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Ángel Ossés. Se investigan los delitos de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y homicidios. La mayoría cometidos en el CCD del municipio de Morón conocido como “Mansión Serée" que habría funcionado entre diciembre de 1976 y fines de marzo de 1978, en el ámbito de la Subzona 16 del Primer Cuerpo de Ejército, pero también en la Iª Brigada Aérea de El Palomar, la VIIª Brigada Aérea de Morón y las Comisarías 1ª (seccional Morón), 2ª (seccional Haedo) y 3ª de Morón (seccional Castelar).

2) Ciudad de Olavarria "MONTE PELONI". En la Facultad de Ciencias Sociales de la localidad bonaerense de Olavarría, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata comenzó el 22/09/2014 a juzgar los crímenes cometidos en cometidos en el circuito represivo del centro de la Provincia, que comprendía los Centros Clandestinos de Detención (CCD) Comisaría de Olavarría – Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría - Brigada de Investigaciones de Las Flores – Monte Peloni (Sierras Bayas de Olavarría) – CCD “La Huerta” de Tandil (intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada). Los imputados por los crímenes a 21 víctimas son los represores del ejército Ignacio Anibal Verdura, Omar Ferreyra, Walter Grosse y Horacio Rubén Leites. El tribunal está compuesto por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra y el juicio está en etapa de alegatos. Rafael Curtoni, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, denunció que fue amenazado con una carta firmada por un autodenominado Comando Argentino Olavarriense Solidario (CAOS). Para fin de este diciembre se espera que se dicte sentencia.

3) Ciudad de Bahía Blanca "FRACASSI", Causa 1.103 (ex causa 04/07). Desde el 08/07/2014, 25 represores son juzgados por diversos crímenes de lesa humanidad, como privaciones ilegítimas de la libertad, asesinatos y tormentos a 66 víctimas. El juicio oral lo lleva a cabo  el Tribunal Oral  subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca,  integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava. Los que están siendo juzgados son ex militares de la armada y el ejército, ex prefectos y ex policías de la bonaerense, ellos son Alejandro Lawless, Felipe Ayala, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Alfredo Castro, Félix Ovidio Cornelli, Enrique De León, Victor oscar Fogelman, Eduardo René Fracassi, Manuel Jacinto García Tallada, Leandro Marcelo Maloberti, Francisco Manuel Martínez Loydi, Domingo Ramón Negrete, Edmundo Oscar Nuñez, Alberto Gerardo Pazos, Víctor Raúl Aguirre, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, y Carlos André Stricker; la mayoría goza de la detención domiciliaria.  En esta causa estuvo prófugo 8 meses el represor Lawless; por su parte Eduardo Morris Girling fue apartado y otros cinco imputados, como el genocida Videla o recientemente Guillermo Félix Botto, murieron sin ser condenados. 
Entre las víctimas de los militares figuran  trabajadores de la Central Termoeléctrica DEBA, de la Junta Nacional de Granos, portuarios y los gráficos del diario bahiense"La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados por los militares el 30 de junio de 1976 y asesinados poco después. Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato de Artes Gráficas, mientras que Loyola trabajó como estenotipista y  era el tesorero de esa organización gremial.

4) Ciudad de Junín. El pasado 26/11/2014 los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Alvarez, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, comenzaron el juicio contra siete represores, por los crímenes de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 24 víctimas, cometidos en la localidad de Junín. Los imputados son los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. En este circuito represivo del centro de la Provincia, denominado Subzona 13,  funcionaron tres centros clandestinos de detención (CCD), que fueron la Comisaría Primera de Junín, la Unidad Penitenciaria 13 (UP13) y el destacamento rural de Morse.

5) Localidad de San Martín. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San Martín  juzga al ex policía federal Adolfo Osvaldo Porcel, acusado de encubrimiento por fraguar un allanamiento para encubrir al represor Víctor Rei, cuando se intentaba determinar la identidad del nieto restituido Pedro Sandoval Fontana; por su apropiación fue condenado Rei en el 2009. Pedro es hijo de Liliana Clelia Fontana Deharbe y de Pedro Fabián Sandoval; ambos fueron secuestrados el 1° de julio de 1977. La sentencia será este martes 9 de diciembre, luego de los últimos alegatos.

Provincia de Tucumán, "PENAL DE VILLA URQUIZA", causa 400133/05. Este juicio oral comenzó el 23/09/2014 donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Tucumán juzga los delitos de lesa humanidad a 45 víctimas, de violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, abusos sexuales y homicidios agravados con ensañamiento, cometidos por personal de ese penal de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El tribunal está integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y Hugo Norberto Cataldi (juez sustituto) y los imputados son los ex guardiacárceles Daniel Arturo Alvarez, Ángel Armando Audes, Augusto Wertel Montenegro, Santo González, José Víctor Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Alfredo Ledesma y Héctor Manuel Valenzuela; el ex militar Jorge Omar Lazarte, y el ex policía Roberto Heriberto Albornoz. El genocida Luciano Benjamín Menéndez fue apartado por tener otros juicios en curso. Se espera sentencia para fines de este mes.

Provincia de Jujuy. "PENAL DE VILLA GORRITI". El 6 de noviembre pasado comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que son juzgados 13 represores  por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, cometidos en perjuicio de 88 víctimas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, integrado por los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla, Mario Marcelo Juárez Almaráz y Federico Santiago Díaz, investiga los crímenes contra víctimas que  se encontraban privadas ilegítimamente de su libertad en el Centro Clandestino de Detención (CCD)  de la cárcel jujeña de Villa Gorriti. Las víctimas eran trabajadores del Ingenio Ledesma, de la Mina El Aguilar, docentes y comerciantes y los imputados son el ex militar Domingo Horacio Marengo, y los 12 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Rogelio Mason Iglesias, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo Cesar Juárez,  Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc.

Provincia de la Rioja. "DE DIOS MURIS Y LONGUEVILLE II". Desde el 20/11/2014,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Fabián Asís, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, comenzo a juzgar al represor ex militar Ángel Ricardo Pezzetta (ex jefe de Inteligencia de Aeronáutica en Chamical), en el segundo juicio oral por los delitos de  secuestro, tortura y homicidio cometidos a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. También estaba imputado el ex policía de La Rioja Juan Carlos “Bruja” Romero (ex jefe del Departamento de Inteligencia D-2 de la policía provincial), pero falleció en septiembre del 2013.  Ambos religiosos fueron secuestrados en la noche del 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador de la localidad riojana de Chamical, torturados en la Base Aérea y asesinados a unos siete kilómetros en dirección sur desde la ciudad de Chamical por la ruta 38, Como en otros juicios en la Rioja el fiscal es Dario Illanes y son querellantes las abogadas Viviana y Maria Elisa Reinoso, en este caso en representación de María Cristina Murias, la hermana del sacerdote. 

Provincia de Salta. "RAGONE II" El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta comenzó el 02/12/2014, por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la provincia, conformado por los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi. Los imputados son los ex militares Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz (ex  jefes de la Policía de Salta),  los ex policías provinciales Joaquín Guil (ex jefe de Seguridad ), Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, acusados por tormentos, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios agravados por alevosía entre otros crímenes de lesa humanidad. Además de la segunda parte de la investigación por el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone,  se investigan los secuestros, tormentos y asesinatos de Lucrecia Eugenia Barquet, César Carlos Martínez Luis Obrero Destello Iñiguez Vásquez, Hugo Maza, Rubén Yáñez Velarde, Mario Amelunge Vargas y Ricardo Munir Falú, entre otros; también el secuestro y posterior asesinato policía retirado Carlos César Martínez.
En este juicio también se iba a juzgar al ex militar Carlos Alberto Mulhall, pero falleció el 24 de noviembre pasado. 


Juicios escritos por crímenes de lesa humanidad, en base al viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, (Ley 2372) de 1888.


En la CABA, causas 15750/08 (EX 14.171/2003 A -7050) iniciada el 05/11/2008 y la causa 4389/10, agregada en 06/2010,  "autores de los delitos de sustracción, ocultación y retención de un menor de diez años". Es por la apropiación de Laura Ruiz Dameri, la nieta recuperada nº90 en el 2008. Laura era hija de Silvia Beatriz María Dameri y de Orlando Antonio Ruiz, ambos secuestrados junto sus hijos Marcelo y María de las Victorias en mayo de 1980. Los niños recuperaron su identidad en 1990 y en el 2000 respectivamente pero los padres permanecen desaparecidos. Laura nació en agosto de 1980 en "La Huevera" del CCD de la ESMA y fue apropiada por el represor ex prefecto Juan Antonio "Piraña" Azic, quien también se había apropiado de Victoria Donda Perez (nieta recuperada nº79). Están procesados  además de Azic, Oscar Rubén Lanzón (jefe el Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la ESMA), el ex médico de la armada Carlos Octavio “Tomy" Capdevila que hizo el certificado de nacimiento de la niña como hija biológica de Azic, el ex director de la ESMA en 1980 Edgardo Aroldo Otero y el ex prefecto Jorge Manuel Díaz Smith quien estuvo prófugo hasta fines del 2009 y fue agregado en el 2010. También estuvo imputado el represor Luis Jorge "ratón" Arias Duval, condenado a prisión perpetua en el 2007 en la causa a los oficiales del Batallón 601 por la denominada "contraofensiva", y que falleció en el 2012 cuando estaba siendo juzgado por 100 casos de privación ilegal de la libertad, torturas y apropiación de niños, en el juicio al "Circuito Camps" en La Plata.

Provincia de Entre Ríos, "AREA PARANA", Causa Nº7824
Se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la costa oeste entrerriana durante la dictadura cívico-militar. Entre esos delitos se encuentran las desapariciones de Pedro Miguel Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink y Carlos José María Fernández y el asesinato de Juan Alberto Osuna.  Se encuentran procesados los represores Cosme Ignacio Mario Demonte, Jorge Humberto Appiani, Alberto Rivas, Carlos Horacio Zapata, José Anselmo Appelhans (ex director de la cárcel de Paraná),  Rosa Susana Bidinost (ex directora de la cárcel de mujeres de Paraná), Oscar Ramón Obaid y Hugo Mario Moyano (ex médico penitenciario), por delitos de lesa humanidad a 56 víctimas. El genocida Ramón Genaro Díaz Bessone y Luis Francisco Armocida, fueron separados del juicio por razones de salud. 
A fines de noviembre pasado terminaron las declaraciones testimoniales ante el juez Federal Leandro Ríos, quien prorrogó por un año las prisiones preventivas de los imputados, salvo  a Obaid que está excarcelado.
Esta causa se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el proceso ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró poco después por la sanción de las leyes de impunidad. El proceso se reinició en el 2004 y se elevó a juicio por escrito en abril del 2011, pero se dilata por el procedimiento y por los recursos presentados por los abogados defensores y también porque tuvo varios jueces federales a cargo como Myriam Galizzi, Gustavo Zonis, Fermín Ceroleni y Jorge Luis Delorenzi; en estos 10 años 11 represores imputados ya murieron. El periodista misionero Carlos Luis Carvallo, se encuentra prófugo desde hace unos días luego de que el juez Ríos ordenara su detención. Carvallo trabajó en el área de inteligencia de la  Policía de Entre Ríos desde antes de 1976 y está acusado de delitos de lesa humanidad por varios testigos y víctimas como Manuel Ramat. Carvallo también aparece en el listado del Batallón 601 como "Agente de Reunión" y "personal de civil de Inteligencia que prestó servicios entre 1976 y 1983".



Represores condenados durante el 2014


PCI: Personal Civil de inteligencia.
PFA: Policía Federal.
PNA: Prefectura Naval Argentina.
PPBA: Policía de la Provincia de Buenos Aires.
PPSa: Policía de la Provincia de Salta.
PPSF: Policía de la Provincia de Santa Fe.
SPPBA: Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
SPPSa: Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

1-ALI AHMED, Haydee Raquel (civil)
GIRBONE, Salvador Norberto (civil)
GIRBONE, Hector Salvador (militar ejército)
2-ESPAÑADERO, Carlos Antonio (PCI)
SAA, Teofilo (militar ejército)
3-ESTRELLA, Luis Fernando (militar Fuerza Aérea)
MENENDEZ, Luciano Benjamin (militar ejército)
4-DE LA PAS SOSA, Hilarion (militar ejército)
DI PASQUALE, Jorge Hector (militar ejército)
FARIAS BARRERA, Luis Alberto (militar ejército)
GOMEZ ARENAS, Mario Alberto (militar ejército)
SOZA, Jorge Alberto (PFA) 
5-AMIGO, Miguel Angel (militar ejército)
BALMACEDA, Roberto Armando (militar ejército)
CACIVIO, Gustavo Adolfo (militar ejército)
DI PASQUALE, Jorge Hector (militar ejército)
ESPINOZA, Raul Ricardo (militar ejército)
FERNANDEZ, Ricardo Armando (militar ejército)
GRANDE, Claudio Raul (militar ejército)
HERRERO ANZORENA, Emilio Alberto (militar ejército)
HIDALGO GARZON, Carlos del Señor (militar ejército)
PALAVEZZATI, Pedro Anselmo (militar ejército)
ROMERO PAVON, Carlos Maria (militar ejército)
SMART, Jaime Lamont (civil)
LUJAN, Horacio Elizardo (PPBA)
MIRANDA, Isaac Crespin (SPPBA)
HERZBERG, Juan Carlos (militar armada)
GARACHICO, Julio Cesar (PPBA)
BATALLA, Rufino (PCI)
ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo (PPBA)
6-RIVEROS, Santiago Omar (militar ejército)
SADI PEPA, Luis (militar ejército)
GUAÑABENS PERELLO, Eugenio (militar ejército)
BIGNONE, Reynaldo Benito Antonio (militar ejército)
GERARDI, Juan Carlos (PNA)
LUNA, Juan Demetrio (PPBA)
7- DOGOUR, Eduardo (PPSF)
FERMOSELLE, Hector Julio (PPSF)
IBARRA, Telmo Alcides (PPSF)
OLAZAGIOITIA, Ovidio Marcelo (PPSF)
VALLEJO, Ernesto (PPSF) 
LOFIEGO, Jose Ruben (PPSF)
ALTAMIRANO, Carlos Ulpiano (PPSF)
NAST, Lucio Cesar (PPSF)
TORRES, Ricardo Jose (PPSF)
8-SALOMON, Ricardo Jose (PPSF)
DIAB, Jorge Roberto (militar ejército)
9-AEBI, Maria Eva (PPSF)
BRUSA, Victor Hermes (civil)
PERIZZOTTI, Juan Calixto (PPSF)
RAMOS CAMPAGNUOLO, Eduardo  Alberto (PPSF)
10- DEL VALLE, Eduardo del Carmen (PPSa)
MEDINA, Marcos Honorio (PPSa)
MULHALL, Carlos Alberto (militar ejército)
SORAIRE, Andres del Valle (PPSa)
PERELLO, Rafael Rolando (PPSa)
GENTIL, Miguel Raul (militar ejército)
VARGAS, Antonio Orlando (militar ejército)
DIAZ, Cesar Dario (militar ejército)
ZARATE, Herminio (SPPSa)
ORTIZ, Orlando Ricardo (SPPSa)
ORTIZ, Carlos Alberto (SPPSa)
11- VILLAVICENCIO, Lidia Fanni (civil)
12- D'AMICO, Jorge Alberto (militar ejército)
13- CHILO, Hector Hugo Lorenzo (militar ejército)
GONZALEZ NAVARRO, Jorge (militar ejército)
COLOTTI, Camilo Angel (militar ejército)
GORLERI, Jorge Eduardo (militar ejército)
LUCENA, Alberto Carlos (militar ejército)
VALDIVIEZO, Ariel Rolando (militar ejército)
14- MASPERO, Carlos Aldo (militar ejército)
15- SCHALLER, Carlos Ramón (PNA)




martes, 18 de febrero de 2014

Mendoza: comenzó el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad contra civiles y militares

Parte de los 41 represores que serán juzgados.

Este lunes 17 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 - integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade- dio comienzo al  Juicio en el edificio de Tribunales Provinciales. En las audiencias  se tratarán 15 causas que involucran a 207 víctimas;  por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar están imputados ex jueces, militares, policías y agentes penitenciarios, en total son 41 los acusados, de los cuales tres fueron apartados de este proceso por diversos motivos. Entre los funcionarios del poder judicial será juzgado el ex juez Otilio Romano, quien fue extraditado de Chile recientemente.

Por primera vez, los ataques sexuales serán abordados como un delito con entidad propia en un juicio de estas características, independientemente de las torturas; así se juzgará a algunos de los miembros del centro clandestino en la D2 de la policía provincial, por “Violación agravada por el uso de la fuerza”, por los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro de las mujeres detenidas en ese CCD. Se estima que todo el proceso podría durar dos años, para que presenten su testimonio ante el tribunal unos 660 testigos.

Antes del inicio de la audiencia, se realizó un festival bajo la consigna "Democracia con Justicia Futuro con Memoria", en la explanada de los Tribunales provinciales sobre la calle Patricias Mendocinas, con cientos de concurrentes, entre ellos Susana Trimarco, Horacio Pietragalla, Jorge Auat y Pablo Parenti.


Luis Miret y Guillermo Petra
A lo largo de este juicio se irá confirmando la complicidad civil con el terrorismo de estado, especialmente la del Poder Judicial que se adecuó al “plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión “ perpretado  por la dictadura, relegando su deber de garantizar  la vida y la integridad de las personas. Los procesados civiles son cinco ex funcionarios de la Justicia Federal pero, uno de ellos, Gabriel Guzzo fue separado del juicio oral por razones de salud y no responderá por los 107 hechos por los cuales fue denunciado. Los que sí estarán en el banquillo son Luis Miret, quien fuera juez subrogante y luego juez designado en la dictadura;  el  profugado y extraditado ex juez y camarista Otilio Ireneo Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Los otros dos son el ex camarista Guillermo Max Petra Recabarren y el ex juez Rolando Evaristo Carrizo; todos ellos están acusados por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que les presentaron por centenares en sus juzgados, en forma Habeas Corpus y demás recursos legales.


El único magistrado condenado por delitos de lesa humanidad, hasta ahora, es el ex juez Víctor Hermes Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión en diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay en total 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ya fueron procesados por su actuación durante la dictadura cívico militar y recién ahora se juzgan 4 de ellos.

Los demás imputados son represores  militares, penitenciarios y policías; diez de ellos ya fueron condenados en juicios anteriores. El ex jefe del G2 de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Furió ya tiene dos condenas a perpetua, otros condenados son Aldo Patrocinio Bruno, Armando Osvaldo Ferández, Dardo Migno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal, Alsides París Francisca, Ramón Ángel Puebla,  Luis Rodríguez y Eduardo Smaha. Por su parte serán juzgados por primera vez Andrada, Félix Humberto; Bianchi, Oscar Alberto;  Camargo, Héctor Rubén; Castro Videla, Alfredo Milagro; Fuertes, José Antonio; Garro Rodríguez, Antonio; González, Rubén Darío; Guevara, Armando Hipólito; Gutiérrez, Pablo; Lapaz, Julio Héctor; Laporta, Mario Alfredo; Linares, Pedro Modesto; López, Francisco; Lorenzo Constantino, José Antonio; Marchelli, Jorge Antonio;  Montes, Roberto; Morales, Diego Fernando; Moroy Suárez, Marcelo Rolando; Ponce, Miguel Ángel; Ponce, Juan Carlos; Rosales Amaya, Timoteo; Tello Amaya, Miguel Ángel; Tradi Martínez, Pablo Antonio; Tragant, Carlos Horacio. Doce de los imputados que estaban en libertad fueron arrestados el pasado jueves 13 y durante el debate permanecerán en las celdas de los Tribunales Federales (Miret permanece en libertad). No estará en el juicio oral el represor Enrique Blas Gómez Saá -ex agente de Inteligencia del Ejército- quien ya había logrado eludir el juicio contra él el 11 de noviembre pasado (ver nota en este blog),  y ahora logra eludir la justicia nuevamente a pesar de las sospechas en torno a su verdadero estado de salud. También fue apartado en esta nómina el máximo responsable de la represión en  la región,  el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quién ya fue apartado en otros juicios por estar siendo juzgado en las provincias de Córdoba y La Rioja.

Aún está pendiente un pedido de agregar la causa "Las Lajas", para juzgar la intervención de la Fuerza Aérea en las las desapariciones  de Mauricio López, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Héctor Osvaldo Zuin y Juan Ramón Fernández.

lunes, 30 de diciembre de 2013

Entre febrero y Abril de 2014 comienzan 4 juicios de lesa humanidad en varias provincias.

El 17 de febrero de 2014 se abrirá el debate de la primera Megacausa en Mendoza, el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, con unos unos 42 imputados. El Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió esa fecha luego de acumular  doce causas a la que suspendió el pasado 11 de noviembre, esa vez el único imputado era el represor Enrique Gómez Saa.La mayoría de las víctimas y procesados están en la Causa que investiga los crímenes en el principal Centro Clandestino de Detención (CCD) de Mendoza, el Departamento de Información 2  de la policía provincial (D2).

También se enjuiciará a cinco ex magistrados, son Luis Miret, quien fuera subrogante y luego juez designado en la dictadura cívico militar y que fue  destituido por el consejo de la Magistratura por haber omitido investigar denuncias de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones, entre 1975 y 1983; también Otilio Ireneo Roque Romano quien fue destituido por los mismos delitos que Miret, y estuvo  profugado  en Chile y fue extraditado hace unos meses. Los otros tres ex jueces son Gabriel Guzzo, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo; todos están procesados por ser funcionales a los procedimientos ilegales del terrorismo de Estado de la dictadura, en decenas de delitos.

Menéndez, Romano y Miret

 

Entre los represores militares que serán juzgados está el genocida  Luciano Benjamín Menéndez y otros como Beltramone, René; Jofré, Pedro; Santamaría, Juan Carlos Alberto; Andrada, Félix Humberto; Bianchi, Oscar Alberto;  Camargo, Héctor Rubén; Castro Videla, Alfredo Milagro; Fuertes, José Antonio; Garro Rodríguez, Antonio; Gómez Saá, Enrique; González, Rubén Darío; Guevara, Armando Hipólito; Gutiérrez, Pablo; Lapaz, Julio Héctor; Laporta, Mario Alfredo; Linares, Pedro Modesto; López, Francisco; Lorenzo Constantino, José Antonio; Marchelli, Jorge Antonio;  Montes, Roberto; Morales, Diego Fernando; Moroy Suárez, Marcelo Rolando; Ponce, Miguel Ángel; Ponce, Juan Carlos; Rosales Amaya, Timoteo; Tello Amaya, Miguel Ángel; Tradi Martínez, Pablo Antonio; Tragant, Carlos Horacio.


En septiembre pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, fijó para el 13 de febrero de 2014 la fecha de inicio del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civico militar en el CCD  “El Vesubio”. Este CCD funcionó en Camino de Cintura y Riccheri, bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason. Los imputados son los represores Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, en perjuicio de 204 víctimas.

 

Hace unos días el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Rosario fijó para el 14 de febrero de 2014 el inició del juicio oral a los represores  Lucio César Nast, Carlos Ulpiano Altamirano, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en perjuicio de 43 víctimas. Será el 6º juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad.


El otro juicio con fecha de inicio es el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Este se iniciará el 3 de abril de 2014, por los delitos de tortura y amenazas de muerte, los que fueron cometidos a más de 70 presos políticos, muchos de los cuales eran trabajadores del Ingenio Ledesma y de la compañía minera “Mina el Aguilar” de esa provincia. El 7 de octubre de 1976 los presos políticos fueron sacados de la unidad del Servicio Penitenciario de barrio Gorriti en la capital jujeña, donde estaban alojados, y y trasladados, vendados y engrillados, en un camiones y luego en un avión Hércules, hasta la unidad carcelaria Nº9 de la ciudad de La Plata (los hombres) y al penal de Villa Devoto (las mujeres), en el traslado los amenazaban con tirarlos del avión y  les abrían las escotillas, además de haber sido torturados. Estos delitos fueron denunciados en el segundo juicio que se realiza actualmente en Jujuy, por varios testigos, como Mercedes Susana Zalazar. El imputado es el represor 
Domingo Horacio Marengo.

Estos cuatro juicios se sumarán a  otros 9 juicios por crímenes de lesa humanidad que ya se están llevando a cabo.

 Aunque no tiene fecha de inicio, recientemente el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público a tres ex militares y a nueve ex policías bonaerenses, entre los que se encuentra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y, entre otros, a los represores Hugo Idelbrando Pascarelli. José Félix Madridm Guillermo Horacio Ornstein, José Sánchez, Ángel Salerno y Carlos Tarantino. Es por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD que funcionó en la División Cuatrerismo de la localidad de La Matanza, el que estuvo a cargo del comisario Juan Modesto Carabajal, fallecido en el año 1977, también  bajo dependencia operacional del Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo "pajarito" Suárez Mason.


miércoles, 20 de noviembre de 2013

Finalmente 41 represores serán juzgados en Mendoza



El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza (TOF1), integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade,  aceptó acumular en un solo juicio las 15 causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran en condiciones de realizar debate oral en esa provincia. Pero la fecha de inicio del debate será recién el 17 de febrero del 2014, postergando también el juicio contra el represor Enrique Blas Gómez Saa, que se iba a iniciar el pasado 11 de noviembre y se había postergado por problemas de salud del imputado. Sobre este represor el Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió que, como no hay fondos para que los médicos de la Corte Suprema viajen a Mendoza, se debía convocar a médicos de la Universidad Nacional de Cuyo para que ellos revisen el estado de salud de Enrique Blas Gómez Saá.

En este juicio oral, si no lo vuelven a postergar, estarán imputados 41 represores (fuente CIJ), entre ellos los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Roque Romano, acusados en decenas de causas. La iniciativa de acumular las 15 causas fue propuesta hace tiempo, tanto por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza como por el fiscal federal Dante Vega. 

 Romano y Miret serán enjuiciados en Mendoza el 17 de febrero

Otilio Irineo Roque Romano
 

En una nota anterior se había publicado que Cecilia Pando, la activista de ultraderecha y defensora de genocidas y apropiadores, había sido invitada a Mendoza por el ex senador del partido demócrata Sergio Miranda y para dar una "charla" en el auditorio del diario Los Andes. Pero el diario El Sol informó que el repudio social que generó la figura de Pando, determinó que las autoridades del diario Los Andes desactivaran el evento. Pando y sus cómplices tampoco pudieron realizar un acto en las escalinatas de Tribunales Federales mendocinos, donde querían protestar contra los juicios a los genocidas de la dictadura cívico militar. Hay que recordar que Sergio Miranda es hijo del represor y ex policía Ricardo Miranda Genaro, quien en 1977 dirigía el Departamento Dos de Inteligencia de la Polícía de Mendoza (D2)  y en marzo pasado fue condenado a prisión perpetua junto a otros 6 genocidas,  pero Miranda está con prisión domiciliaria.

sábado, 16 de noviembre de 2013

Otra vez se posterga el inicio de un juicio en Mendoza


 Este lunes pasado se suspendió el inicio del debate en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1), integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade informó la suspensión porque el represor Enrique Blas Gómez Saa (el único imputado), adujo un repentino “estado confusional” a horas de iniciarse el juicio. Los magistrados del tribunal, junto a un representante de cada una de las partes, concurrieron al Hospital Español donde está internado Gómez Saá; luego el Dr. Alejandro Piña, presidente del Tribunal anunció que convocará a los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que den un diagnóstico para determinar si el represor fingió enfermedad; sobre esto la fiscalía solicitó que se realice un examen médico pero con la presencia física de un profesional y con la mayor urgencia posible. Además el TOF 1 citó a los médicos que intervinieron en la internación, asi se les tomará declaración testimonial en audiencia pública tanto a los médicos que firmaron el certificado en el que le diagnosticaron al represor un estado de “situación confusional”, como al que firmó la orden de internación. Hay que recordar que en este juicio ya hubo tres prórrogas y una de ellas fue porque el imputado se había ido de vacaciones a Chile.

El represor Gómez Saa fue el segundo Jefe  de la División de Inteligencia (la G2), de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y está imputado  por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea en 1976.

Casualmente, la defensora de  genocidas y apropiadores Cecilia Pando, viaja ahora a Mendoza para militar por “la situación de los presos políticos en Argentina y los derechos humanos para algunos”; sin embargo las suspensiones de este juicio (y de otros), no hacen más que evidenciar la legitimidad de los juicios a los genocidas, en los cuales los acusados tienen todas las garantías de la ley. Pando fue invitada por  Sergio Miranda, dirigente del Partido Demócrata y ex funcionario en la gestión de Cobos

A pesar de los pedidos de la fiscalía y los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, el Tribunal Oral N° 1, finalmente no resolvió unificar varias causas donde habría alrededor de 40 imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces de la dictadura cívico militar: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren (jubilados). El inicio del juicio para esos imputados está demorado por las trabas burocráticas, los largos tiempos procedimentales y las diferentes “chicanas judiciales”, algunas de las cuales  están relacionadas al estado de salud de los represores o son como las recusaciones de Miret y Romano  contra el juez González Massía, la de Miret ya fue rechazada por Cámara Nacional de Casación Penal.


miércoles, 16 de octubre de 2013

Desde este jueves serán 14 los juicios por delitos de lesa humanidad en el país

El jueves 17 de octubre  darán comienzo dos nuevos juicios orales por crímenes de lesa humanidad; uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la de Neuquén, además en unos meses se iniciarán otros cuatro. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén iniciará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia (en el Centro clandestino de detención CCD, la Escuelita, ubicado al fondo del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181) y en en el Alto Valle de Río Negro, por  cinco represores contra 56 víctimas. A la vez se continúan realizando 11 juicios orales en 9 provincias y en la CABA y uno por escrito en Entre Rios.

El tribunal estará integrado por los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal). En tanto que como magistrado sustituto fue designado Luis Gustavo Losada (del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires).

Los cinco represores imputados en  la causa N° 779/2011, son Jorge Di Pasquale (también carapintada en Monte Caseros en 1987); Jorge Soza, ex segundo jefe de la Delegación de la Policía Federal en Neuquén; Mario Gómez Arenas, ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182; Luis Alberto Farías Barrera, ex jefe de Personal del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI; e Hilarión de la Paz Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI. Dos de los represores permanecieron prófugos de la Justicia durante varios años, como Jorge Soza desde 1992, y procesado recién en julio de 2010 y Jorge Di Pasquale.

En la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Oral Federal nº1 de San Martín, integrado por los jueces Hector Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Daniel Antonio Petrone, iniciará el noveno juicio oral por delitos cometidos de lesa humanidad en la jurisdicción de Campo de Mayo.

Los casos a investigar corresponden a tres causas por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto (el 28 de diciembre de 1975 ), y de María Delia Leiva y por las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco Leiva y de Guillermo Amarilla Molfino, nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo. Los imputados son los genocidas y apropiadores Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone, Margarita Fernández, Roberto Cándido Duarte, Jorge J. Buffe, Aída Blandida Dusolina Pizzoni y Alicia I. Rodríguez. Hace casi un año murió sin ser juzgado el genocida Albano Eduardo Harguindeguy quien, cuando secuestraron a Quieto, era el jefe de la Policía Federal.

En Tucumán, sigue el megajuicio que unificó las causas  “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía"; el TOF de Tucumán juzga a 41 represores entre ex militares, ex gendarmes y ex policías y tres civiles (de los cuales ocho lo hacen por videoconferencia desde el hospital penitenciario de Ezeiza), por crímenes de lesa humanidad como  violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra 235 víctimas. Está en etapa Testimonial.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta está juzgando desde mayo de 2012 y en etapa de alegatos, a 18 represores por la privación de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri De Gamboa, delitos cometidos en esa provincia entre los años 1975 y 1978.

En Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, investiga desde fines del año pasado los delitos cometidos en los CCD “La Perla”, “Campo de la La Ribera”, en el Departamento de Informaciones de la Policía provincial (D2), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Entre las 416 víctimas hubo asesinados, desaparecidos y solo 166 sobrevivientes. En este juicio son 45 los represores imputados, con los genocidas Luciano Benjamín  Menéndez, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luís Gustavo Diedrichs, entre ellos. Sigue en la etapa de Testimonios.

En Bahía Blanca, también  la Provincia de Buenos aires, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bavar, realiza el juicio a ocho represores, por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Hay que recordar que el represor imputado Carlos Alberto Arroyo, miembro del grupo de tareas de la Compañía Comando y Servicios, está prófugo desde el 6 de mayo pasado. El juicio ya está en etapa de alegatos. Recientemente la Justicia Federal bahiense pidió la captura internacional del sacerdote Aldo Vara, ex capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181. Vara fue denunciado en el 2012 por varias víctimas durante el primer juicio penal bahiense contra represores del V Cuerpo, entre los denunciantes están los que entonces eran  estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET) de Bahía Blanca.

Desde el 31 de julio de 2013, el Tribunal Oral Federal de Formosa,  realiza el segundo juicio  por delitos de lesa humanidad en esa provincia en perjuicio de 87 víctimas. Son ocho los represores imputados: Hugo Kishimoto, Faustino Blanco Cabrera, Juan Carlos Camicha,  Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, todos del ejército y el ex gendarme Mario Osvaldo Sosa. Es importante recordar que está prófugo el represor Angel Ervino Spada por haber llegado libre al juicio (ver nota anterior). Está en la etapa Testimonial y se espera sentencia para principios de diciembre.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces  José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Karina Rosario Perilli, juzga a siete represores: Luciano Benjamín Menéndez, Normando Guillermo Torres, Cándido Medardo Aroca, Jorge Alberto García, Eulogio Vilte, Eduardo Abelardo Britos, Ricardo Manuel Torres Daram y Hernán Dolivar Pizarro, por los los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos;  el próximo viernes 25 de octubre se conocerá la sentencia. Por enfermedad fueron desvinculados del juicio los represores Eulogio Vilte y Wilson Manuel Velázquez.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy lleva en etapa de testimonios, el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia. Se juzga a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Orlando Vargas, ex interventor de la cárcel de barrio Gorriti; el ex militar César Darío Díaz y a los ex penitenciarios Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz; por delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio en perjuicio de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Giribaldi, Jaime Lara Torrez, María Alicia Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero,  realiza el juicio oral por delitos de lesa humanidad, en la denominada Megacausa II, en el que juzgan 34 casos de secuestros y torturas a presos políticos cometidos en la provincia, incluido el homicidio de Consolación Carrizo (en noviembre de 1976) y el secuestro y torturas a su novio, René Orellana. Están imputados los represores Musa Azar, Miguel Tomás Garbi, Ramiro López Veloso, Francisco Laitán, Juan Bustamante, José Gregorio Brao, Carlos Héctor Capella, Pedro Ledesma, Jorge D’Amico y Marta Noemí Cejas. También está imputado el ex policía Roberto Díaz, pero desde mediados de 2011 se encuentra prófugo.

El Tribunal Oral Federal Nº1 de Rosario inició el juicio por delitos de lesa humanidad en la denominada causa `Guerrieri II´, en el que hay 12 represores acusados, que integraban el Batallón de Inteligencia 121 de esta ciudad y se tratan 27 casos de víctimas del terrorismo de Estado.

En la CABA se están realizando dos juicios orales, en el Tribunal Oral Federal nº5 , el de la ESMA III, con 68 represores imputados  de haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ; incluyendo a 8 pilotos de los llamados "vuelos de la muerte" y el otro por el Tribunal Oral  Federal nº1 por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del plan Cóndor con 25 represores imputados. En Italia el juez Alessandro Arturi debe dictaminar la solicitud de enjuiciamiento de 35 imputados, hecha por el fiscal Giancarlo Capaldo, por la muerte y desaparición de 23 italianos también en le marco del plan Cóndor. El fiscal italiano imputó a 17 represores uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, todos ellos dictadores (como Luis García Meza Tejada), miembros de las juntas militares y de servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1980 (ver nota sobre los represores uruguayos Antranig “el Turco” Ohannessian y Jorge Trócolli).

En Entre Ríos desde mayo de 2004, cuando la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente iniciado en 1987,  se desarrolla un juicio que no es oral sino que se realiza a través del viejo sistema del Código de Procedimiento en Materia Penal de 1888 (juicio por escrito), en la llamada causa "Area Paraná". En este juicio están acusados los genocidas Ramón Díaz Bessone, Jorge Appiani (el socio del genocida fugado Jorge Olivera), Oscar Obaid y Alberto Rivas; los ex policías provinciales José Appelhans, Luis Armocida y Carlos Zapata; el ex policía federal Cosme Marino Demonte; la ex agente penitenciaria Rosa Bidinost; y el médico Hugo Mario Moyano entre otros. Se investigan delitos cometidos a 70 víctimas. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná busca reactivar esta causa parada desde el 2011, por la cual ya pasaron diez jueces en el último año y medio; el proceso se estancó por los planteos dilatorios de los abogados de los represores, lo cual fue denunciado por los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti. También complicó que se fueron agregando causas como la del CCD de la ex comisaría de El Brete.

Hay que destacar que ha llegado a la la Corte Suprema de USA un reclamo iniciado en el 2004 por los familiares de los 14 obreros desaparecidos de Mercedes Benz en nuestro país y de los otros 3 que sobrevivieron a su cautiverio y tormentos. La audiencia en la Corte Suprema es para definir si se admite la competencia de los tribunales de USA, para iniciar un juicio civil y que la empresa automotriz (hoy DaimlerChrysler), los indemnice por la complicidad de la compañía en el secuestro y desaparición, en 1977 durante la dictadura cívico militar, de los 17 trabajadores. En la Argentina la causa estaría parada en el Juzgado Federal nº2 de San Martín actualmente a cargo de Alicia Vence, que también interviene en la causa contra la empresa Ford, pero antes estuvieron otros jueces como Alberto Suárez Araujo y  Juan Manuel Yalj.

En lo próximos meses darán inicio cuatro juicios en varias provincias, en La Rioja la causa por el asesinato de monseñor Angelelli empieza el 04/11/13 luego de un largo retraso; en San Luis otro el 05/11/13; en Mendoza el Tribunal Oral N° 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade dará inicio otro juicio el 11/11/13;  recientemente este TOF resolvió unificar varias causas donde habría varias decenas de imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces y camaristas: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren. Por otra parte en la CABA se inicia el 13/02/2014 el juicio por la causa llamada Vesubio II.

jueves, 22 de agosto de 2013

Otilio Romano será extraditado desde Chile en 30 días

 La Sala Segunda  de la Corte Suprema de Chile, integrada por Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva, ratificó por unanimidad la determinación de junio pasado del juez Sergio Muñoz, en la cual había dispuesto la extradición del excamarista federal Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz, quien había huído a Chile el 24 de agosto de 2011.

Como se dijo en otra nota la extradición fue presentada por la justicia argentina el 6 de enero del 2012, inculpando a Romano del  delito de denegación de justicia y de amparar la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamientos ilegales en cuatro casos. En febrero del 2012 la Corte Suprema de Chile ordenó su detención bajo arresto domiciliario nocturno hasta que se resuelva su extradición.

En su fallo, los jueces chilenos dijeron que Romano esta acusado por "hechos que pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad  y existe un compromiso a nivel internacional de los Estados involucrados" para investigar y sancionar esos delitos. La causa vuelve al juez de instrucción  que debe ordenar a las autoridades chilenas entregar a Otilio Romano a sus pares argentinas.

El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza solicitó al  Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Mendoza (TOF), que la causa de Romano sea sumada a otras causas y que se traten todas juntas en el debate que ya estaba pactado para el 11 de noviembre, aparentemente  los fiscales Daniel Rodríguez y Dante Vega también pedirían en las próximas horas la acumulación de causas. En el marco de la fragmentación de causas, el 11 de noviembre el TOF mendocino, integrado por los jueces Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, juzgará al represor Enrique Blas Gómez Saa, ex agente de la División de Inteligencia G2 de la VIII Brigada de Montaña, quien está acusado por privación ilegítima de la libertad y torturas contra Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Ignacio Lecea. 

viernes, 26 de julio de 2013

Se fugaron los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi Condenados recientemente en San Juan por delitos de lesa humanidad.

Jorge Antonio Olivera
La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA expresa su preocupación por la fuga de los genocidas Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Los represores se evadieron ayer del Hospital Militar Central, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se les había permitido ir a tratarse durante la feria judicial por orden del  subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan,  a cargo de Leopoldo Rago Gallo, quien habría avanzado en el expediente de aprobación de la solicitud de traslado para que los dos represores vayan a Marcos Paz, pero con el inicio de la feria judicial se fue de vacaciones y el expediente para que fueran al hospital fue firmado por Miguel Gálvez, el titular del Juzgado Federal Nº 1 y subrogante del Nº2 de la provincia.

El pasado 4 de julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de San Juan, había condenado a prisión perpetua a Jorge Antonio Olivera y a Gustavo Ramón De Marchi a 25 años de prisión, por los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita, en perjuicio de 60 víctimas,  en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 en San Juan, del cual Olivera era el jefe de Inteligencia y De Marchi era jefe de la compañía comando. 
Gustavo De Marchi

El ministro Julio Alak declaró que "por la gravedad del hecho, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal Víctor Hortel ya ordenó el pase a disponibilidad de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la división traslados y seguridad". Tanto Olivera como De Marchi ya habían estado prófugos antes de ser juzgados. Por su parte Fernando Castro, uno de los abogados querellantes, declaró a Diario de Cuyo "No me sorprende que se hayan escapado, para mí estos dos tipos lo tenían preparado desde antes". Olivera fue defendido en Italia por Augusto Sinagra, que antes defendió a Licio Gelli, el ex jefe de la logia masónica P2,  y logró la liberación de Olivera; además, y como abogado, Olivera defendió al genocida Suarez Mason, ligado a la P2.

Hay que recordar que el juez Leopoldo Rago Gallo, recién en mayo pasado  ordenó la detención del represor Rubén Osvaldo “Mariano” Bufano, que vivía y trabajaba tranquilamente en San Juan, porque se lo solicitó el juez federal Sebastián Norberto Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Nro 7 de Capital Federal. Además Rago Gallo es el juez que, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal,  tendría que hacer la instrucción para juzgar a  12 represores del ejército y gendarmería, que actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas la mayoría de las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22; entre otros represores están Juan Carlos Méndez Casariego, Oscar Regino Oviedo,  Miguel Angel Megías, Carlos Angel Castro o Claudio Bernardo Kalicinski .

Del juez Miguel Gálvez hay que recordar que, en el 2011, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza y familiares de víctimas de la represión durante la dictadura cívico militar denunciaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, a Gálvez junto a los jueces Leopoldo Rago Gallo y Julio Petra Fernández, por apartar al juez Walter Bento de la investigación de delitos de lesa humanidad que se seguía contra los ex camaristas  Luis Francisco Miret y el aún prófugo Otilio Roque Romano.
Este De Marchi es hermano del genocida Juan Carlos  "el electricista" De Marchi; también condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad y que, casualmente, también consiguió recientemente un permiso para viajar cuando no le correspondía (ver nota del 20 de junio). Por otra parte, no hay que confundir  a Gustavo Ramón De Marchi con el cuadro de la CNU y ex fiscal marplatense Gustavo Modesto Demarchi, detenido en Marcos Paz por delitos de lesa humanidad.
l ex fiscal marplatense Gustavo Demarchi
l ex fiscal marplatense Gustavo Demarchi

martes, 18 de junio de 2013

Primer fallo para extraditar a Otilio Romano desde Chile


El juez de la Corte Suprema de Chile Sergio Muñoz, decidió la extradición del ex camarista federal Otilio Ireneo Roque Romano Ruiz para que este pueda ser juzgado en la Argentina. Romano fue destituido por el Consejo de la Magistratura y está acusado por no investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. Por eso huyó a Chile el 24 de agosto de 2011, un día antes de ser destituido y el gobierno chileno rechazó otorgarle refugio político, permaneciendo en ese país bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna.

La extradición había sido peticionada el 6 de enero del 2012, cuando la Justicia argentina presentó las pruebas de las imputaciones por la privación ilegítima de libertad de 34 personas, la privación de libertad de 26 personas, la torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos; delitos imprescriptibles por los cuales Romano está acusado de ampararlos.

El mes pasado Mónica Maldonado, fiscal de la Corte Suprema de Chile, le entregó un informe al ministro Muñoz, en el cual señaló que sobre Romano "hay presunciones fundadas de la participación en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".

Pablo Salinas, abogado defensor de derechos humanos y apoderado legal del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza (MEDH), indicó al diario Los Andes que a Romano le resta una instancia de apelación ante la sala penal de la Corte Suprema chilena. Según Salinas, esta situación podría tardar pocos meses hasta ser resuelta. Recién cuando la determinación del juez Muñoz sea confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema, Otilio Romano deberá enfrentar a la justicia argentina.





martes, 4 de junio de 2013

Otro ex camarista mendocino está prófugo de la Justicia



Se trata del ex camarista federal de Mendoza, Carlos Pereyra González, quien ante un pedido de captura de la justicia federal de San Luis,  durante la última semana, por el cargo de homicidio por omisión, aún no ha podido ser ubicado ni en su domicilio ni en el hospital donde supuestamente estaba con su esposa, por lo tanto estaría técnicamente prófugo de la Justicia. La orden de captura fue emitida el pasado 27 de mayo, en el marco de una investigación iniciada en el 2009 luego de un fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis.

En ese fallo se  ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, cuando Pereyra González era secretario del juez federal puntano Eduardo Allende; durante el juicio se lo acusó varias veces de haber encubierto casos de torturas y homicidios, como presenciar el interrogatorio bajo torturas a Graciela Fiochetti antes de su asesinato, y de no haber recibido las denuncias de tormentos de otras víctimas. Luego de ese fallo Pereyra González renunció y consiguió eximición de prisión por los problemas de salud de su esposa, mientras el ex juez Eduardo Allende y el ex fiscal Hipólito Saá están detenidos.

Este es el segundo ex camarista mendocino que entra en la categoría de prófugo de la Justicia, tras el caso de Otilio Irineo Roque Romano, que está en Chile y se espera que se resuelva su extradición en el corto plazo, luego de la reciente resolución de  Mónica Maldonado Fiscal de la Corte de Chile.



jueves, 4 de abril de 2013

La justicia al banquillo. Parte 2: ¿Quienes son los jueces de la dictadura que están procesados?


Fueron conocidos los casos del procesamiento de los ex jueces Carlos Otero Álvarez en Córdoba y Roberto Catalán, o el ex camarista Otilio Romano, prófugo en Chile desde 2011. Otros casos, no obstante, no resonaron en los oídos sordos de los grandes grupos de medios de comunicación. 

El ex camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano Ruiz está acusado como “partícipe primario” en 103 casos de violaciones de los derechos humanos, entre desapariciones, secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura cívico-militar, época en la que se desempeñaba como fiscal federal en Mendoza. Romano utilizaba las declaraciones hechas bajo tortura por detenidos en los centros clandestinos y las utilizaba para acusarlos en procesos penales. Recientemente, en su último descargo, mientras enfrenta en Chile la finalización del juicio de extradición, rechazó los cargos y afirmó que existe una persecución política en su contra, en un escrito judicial en el que contesta las acusaciones, Romano asegura que las "imputaciones obedecen a razones de índole político”. El ex juez está prófugo de la justicia desde agosto del 2011 cuando pidió refugio político en Chile, pero el gobierno chileno rechazó otorgárselo en mayo de 2012, al estimar que "no estaban los elementos para señalar su calidad de perseguido político". A fines del 2012 varias víctimas directas en casos donde actuó Romano, viajaron a Chile para explicar al juez supremo Sergio Múñoz cómo operaba el ex camarista federal en Mendoza. 

El ex camarista Romano fue destituido en diciembre del 2011 por un Jurado presidido por la camarista federal María Noli e integrado por la también magistrado María Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Sahade.


El Juez federal Walter Bento confirmó que habrá juicio oral para el ex camarista Luis Miret, imputado por garantizar la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Con una treintena de causas en su contra, por omitir investigar denuncias de torturas, violaciones y desapariciones forzadas de personas y ayudar a que estos delitos se concretasen en el centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (CCD-D2). Miret había jurado su cargo como Juez Federal, en 1976, frente a la plana mayor del gobierno provincial de facto.

El 12 de marzo de 2011 fue destituido de su cargo por fallo unánime del Consejo de la Magistratura de la Nación, por los diversos delitos señalados antes, Miret presentó su renuncia luego de ser suspendido, pero no le fue aceptada. De entre todos los casos pueden destacarse el secuestro del estudiante de medicina Luis Rodolfo Moriña ocurrido ocurrió el 22 de noviembre de 1975, y de otras personas detenidas con el pretexto de la llamada “ley antisubversiva” (20.840), como Luz Faingold que tenía sólo 17 años cuando fue secuestrada y trasladada como si fuera mayor a la D2 el 29 de agosto de 1975.

Luis Miret fue suspendido y expulsado como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo en abril de 2010, donde era profesor de Filosofía del Derecho. Fue una decisión unánime del Consejo Superior en una audiencia, que tuvo carácter de pública y en la cual Luis Miret no se hizo presente. Poco después el conjuez Luis Santamaría, abogado del foro local, repuso a Miret a la Universidad Nacional de Cuyo por una medida cautelar.

El Juez federal de Mendoza Walter Bento también imputó por garantizar la impunidad de los delitos de lesa humanidad y omitir investigar a los ex jueces Guillermo Petra Recabarren, Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. Todos, con Miret, serán juzgados por un tribunal oral de Mendoza.

El ex juez Gabriel Fernando Guzzo está imputado por como partícipe de 109 delitos de lesa humanidad pero está preso con arresto domiciliario. Varios presos políticos que pasaron por el CCD-D2 declararon ante él y le denunciaron haber sido secuestrados, vendados, torturados a golpes y con picana; sin embargo, nunca actuó en consecuencia. Sistemáticamente Guzzo rechazaba todos los habeas corpus que presentaban las familias de las personas que eran secuestradas en operativos clandestinos. Con la democracia, Guzzo llevaría a punto muerto las causas relativas a delitos cometidos durante la dictadura.

Evaristo Carrizo será juzgado por 19 omisiones de investigar desapariciones, secuestros, torturas, robos y violación de domicilio. Por su parte Petra Recabarren era defensor oficial pero subrogaba como juez de la dictadura y está imputado por 17 omisiones de impulsar la pesquisa sobre desapariciones y privaciones ilegales de libertad.

Carrizo y Guzzo también habrían tenido conocimiento, a través de las indagatorias, de la situación de Luz Faingold.

En septiembre del 2012, el juez Federal de La Rioja y subrogante del juzgado Federal 2 de Córdoba, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó la detención y traslado al penal provincial de Bouwer del ex camarista federal Carlos Otero Álvarez. Fue en el marco de una causa en la que se investiga la presunta connivencia entre funcionarios y magistrados con los funcionarios de la última dictadura cívico-militar; Otero Álvarez estaba imputado por los delitos de "incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal" y "aplicación de tormentos" y su "actitud pasiva" ante el terrorismo de estado durante su desempeño como secretario del Juzgado Federal 1 cordobés durante la dictadura. En aquella época el juez federal era Adolfo Zamboni Ledesma y Otero Alvarez era su secretario. 

Significativamente Otero Álvarez integró el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba que, en 2008, condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menénez y a otros genocidas por los delitos de lesa humanidad que cometieron en Córdoba.

Una de las acusaciones contra Otero Álvarez fue la realizada por el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luís Miguel Baronetto, porque  había autorizado el traslado de presos que estaban alojados en la cárcel de barrio San Martín (ciudad de Córdoba), quienes luego serían fusilados, una de las fusiladas fue Marta González, la esposa de Baronetto. 

Una semana antes habían sido detenidos otros funcionarios judiciales como los ex defensores oficiales de la justicia federal de Córdoba, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, además del ex fiscal federal de esa provincia, Antonio Sebastián Cornejo, junto al ex Juez Federal, Miguel Ángel Puga. 

En octubre de 2012 el Juez Federal, Herrera Piedrabuena, dictó el procesamiento de Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga junto al ex juez Carlos Otero Alvarez por los delitos de “incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento”, y como partícipes secundarios de los delitos de homicidio calificado e imposición de tormentos. A la vez, Piedrabuena, dictó la falta de mérito respecto de los hechos por los que fueron indagados los ex defensores oficiales, Ricardo Haro y Luis Molina.

 Al ex juez federal de Salta Ricardo Lona se lo acusa de encubrimiento y prevaricato por no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento (era el único juez federal de Salta), sobre privaciones de la libertad antes y durante la última dictadura cívico militar y sobre la desaparición de personas. Uno de los casos fue el de la desaparición del gobernador salteño Miguel Ragone, Lona cerró la causa dos meses después que la familia realizó la denuncia en marzo de 1976.
El ex juez Lona había sido sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en junio de 2010 pero, recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la causa revocando el fallo del 2010 y prohibiendo la salida del país de Lona, quien seguirá procesado.

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