Otra vez se posterga el inicio de un juicio en Mendoza

 Este lunes pasado se suspendió el inicio del debate en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1), integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade informó la suspensión porque el represor Enrique Blas Gómez Saa (el único imputado), adujo un repentino “estado confusional” a horas de iniciarse el juicio. Los magistrados del tribunal, junto a un representante de cada una de las partes, concurrieron al Hospital Español donde está internado Gómez Saá; luego el Dr. Alejandro Piña, presidente del Tribunal anunció que convocará a los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que den un diagnóstico para determinar si el represor fingió enfermedad; sobre esto la fiscalía solicitó que se realice un examen médico pero con la presencia física de un profesional y con la mayor urgencia posible. Además el TOF 1 citó a los médicos que intervinieron en la internación, asi se les tomará declaración testimonial en audiencia pública tanto a los médicos que firmaron el certificado en el que le diagnosticaron al represor un estado de “situación confusional”, como al que firmó la orden de internación. Hay que recordar que en este juicio ya hubo tres prórrogas y una de ellas fue porque el imputado se había ido de vacaciones a Chile.

El represor Gómez Saa fue el segundo Jefe  de la División de Inteligencia (la G2), de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y está imputado  por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea en 1976.

Casualmente, la defensora de  genocidas y apropiadores Cecilia Pando, viaja ahora a Mendoza para militar por “la situación de los presos políticos en Argentina y los derechos humanos para algunos”; sin embargo las suspensiones de este juicio (y de otros), no hacen más que evidenciar la legitimidad de los juicios a los genocidas, en los cuales los acusados tienen todas las garantías de la ley. Pando fue invitada por  Sergio Miranda, dirigente del Partido Demócrata y ex funcionario en la gestión de Cobos

A pesar de los pedidos de la fiscalía y los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, el Tribunal Oral N° 1, finalmente no resolvió unificar varias causas donde habría alrededor de 40 imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces de la dictadura cívico militar: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren (jubilados). El inicio del juicio para esos imputados está demorado por las trabas burocráticas, los largos tiempos procedimentales y las diferentes “chicanas judiciales”, algunas de las cuales  están relacionadas al estado de salud de los represores o son como las recusaciones de Miret y Romano  contra el juez González Massía, la de Miret ya fue rechazada por Cámara Nacional de Casación Penal.