Finalmente 41 represores serán juzgados en Mendoza

El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza (TOF1), integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade,  aceptó acumular en un solo juicio las 15 causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran en condiciones de realizar debate oral en esa provincia. Pero la fecha de inicio del debate será recién el 17 de febrero del 2014, postergando también el juicio contra el represor Enrique Blas Gómez Saa, que se iba a iniciar el pasado 11 de noviembre y se había postergado por problemas de salud del imputado. Sobre este represor el Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió que, como no hay fondos para que los médicos de la Corte Suprema viajen a Mendoza, se debía convocar a médicos de la Universidad Nacional de Cuyo para que ellos revisen el estado de salud de Enrique Blas Gómez Saá.

En este juicio oral, si no lo vuelven a postergar, estarán imputados 41 represores (fuente CIJ), entre ellos los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Roque Romano, acusados en decenas de causas. La iniciativa de acumular las 15 causas fue propuesta hace tiempo, tanto por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza como por el fiscal federal Dante Vega. 

 

Otilio Irineo Roque Romano
 

En una nota anterior se había publicado que Cecilia Pando, la activista de ultraderecha y defensora de genocidas y apropiadores, había sido invitada a Mendoza por el ex senador del partido demócrata Sergio Miranda y para dar una "charla" en el auditorio del diario Los Andes. Pero el diario El Sol informó que el repudio social que generó la figura de Pando, determinó que las autoridades del diario Los Andes desactivaran el evento. Pando y sus cómplices tampoco pudieron realizar un acto en las escalinatas de Tribunales Federales mendocinos, donde querían protestar contra los juicios a los genocidas de la dictadura cívico militar. Hay que recordar que Sergio Miranda es hijo del represor y ex policía Ricardo Miranda Genaro, quien en 1977 dirigía el Departamento Dos de Inteligencia de la Polícía de Mendoza (D2)  y en marzo pasado fue condenado a prisión perpetua junto a otros 6 genocidas,  pero Miranda está con prisión domiciliaria.

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Otra vez se posterga el inicio de un juicio en Mendoza

 Este lunes pasado se suspendió el inicio del debate en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1), integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade informó la suspensión porque el represor Enrique Blas Gómez Saa (el único imputado), adujo un repentino “estado confusional” a horas de iniciarse el juicio. Los magistrados del tribunal, junto a un representante de cada una de las partes, concurrieron al Hospital Español donde está internado Gómez Saá; luego el Dr. Alejandro Piña, presidente del Tribunal anunció que convocará a los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que den un diagnóstico para determinar si el represor fingió enfermedad; sobre esto la fiscalía solicitó que se realice un examen médico pero con la presencia física de un profesional y con la mayor urgencia posible. Además el TOF 1 citó a los médicos que intervinieron en la internación, asi se les tomará declaración testimonial en audiencia pública tanto a los médicos que firmaron el certificado en el que le diagnosticaron al represor un estado de “situación confusional”, como al que firmó la orden de internación. Hay que recordar que en este juicio ya hubo tres prórrogas y una de ellas fue porque el imputado se había ido de vacaciones a Chile.

El represor Gómez Saa fue el segundo Jefe  de la División de Inteligencia (la G2), de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y está imputado  por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea en 1976.

Casualmente, la defensora de  genocidas y apropiadores Cecilia Pando, viaja ahora a Mendoza para militar por “la situación de los presos políticos en Argentina y los derechos humanos para algunos”; sin embargo las suspensiones de este juicio (y de otros), no hacen más que evidenciar la legitimidad de los juicios a los genocidas, en los cuales los acusados tienen todas las garantías de la ley. Pando fue invitada por  Sergio Miranda, dirigente del Partido Demócrata y ex funcionario en la gestión de Cobos

A pesar de los pedidos de la fiscalía y los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, el Tribunal Oral N° 1, finalmente no resolvió unificar varias causas donde habría alrededor de 40 imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces de la dictadura cívico militar: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren (jubilados). El inicio del juicio para esos imputados está demorado por las trabas burocráticas, los largos tiempos procedimentales y las diferentes “chicanas judiciales”, algunas de las cuales  están relacionadas al estado de salud de los represores o son como las recusaciones de Miret y Romano  contra el juez González Massía, la de Miret ya fue rechazada por Cámara Nacional de Casación Penal.

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La defensora de los genocidas Cecilia Pando llevó a juicio a la Revista Barcelona

Ayer, martes martes 22 de octubre se realizó la primera audiencia en el juicio oral por la demanda iniciada por la defensora de genocidas Cecilia Pando contra la Revista Barcelona. La denuncia de Pando -quien fue condenada en marzo por agraviar a las Madres y a la memoria de los 30000 desaparecidos cuando pintó con crespones negros los pañuelos blancos que rodean la Pirámide de Mayo- es por presunto daño moral por un fotomontaje aparecido en 2010. La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA suma su apoyo a lxs compañerxs de la Revista Barcelona, en su defensa de la libertad de expresión.

El proceso obra en el Juzgado lo Civil Nº 108 a cargo de la Dra. Susana Novile, realizando las audiencias de una demanda para limitar la libertad de expresión. 

En agosto del 2010 Cecilia Pando, la presidenta de la "Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos (genocidas) de la Argentina", presentó una demanda contra la revista Barcelona por una sátira aparecida en la contratapa del número 193, en la cual se utilizaba un montaje fotográfico como recurso humorístico para satirizar un acto público de Pando realizado unos días antes. Este fue encadenarse al Edificio Libertador para reclamar por la detención de represores procesados o juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. El  24/08/2010 la Sala D de la Cámara Civil revocó un fallo de primera instancia y ordenó sacar de circulación los ejemplares de la revista Barcelona y prohibió su distribución.

En septiembre pasado hubo una audiencia de conciliación en el mismo juzgado  número 108, en la cual las partes no lograron acuerdo. Pando, la militante por la impunidad de los represores,  reclama 70000 pesos de indemnización; desde la revista sostienen que se está poniendo en discusión la libertad de expresión que protege a la parodia y la sátira, argumentando que ellos no pretenden dañar el honor o burlarse de Pando, sino abordar un tema público a través de recursos humorísticos.

Hay que recordar que el 6 de agosto de 2008, cuando se leyó en la provincia de Corrientes la  condena a los genocidas del Regimiento 9 de Infantería de Corrientes, Juan Carlos De Marchi (hermano del represor fugado) y Raúl Alfredo Reynoso entre otros, Pando amenazó de muerte al entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde ("te voy a matar con mis propias manos" le dijo); también insultó a gritos a los integrantes del Tribunal Oral Federal, los  acusó de "cobardes" y  se pasó la mano por el cuello en un claro gesto de "degüello" hacia los jueces, luego fue retirada por efectivos de Gendarmería Nacional.

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Los pañuelos no se manchan: Pando sentenciada a 5 meses de prisión

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA saluda la condena impuesta sobre Cecilia Pando por el  agravio cometido contra a las Madres de Plaza de Mayo y a lxs 30.000 compañeros y compañeras desaparecidxs. Pando, es conocida por su defensa de los genocidas y de los crímenes cometidos en durante la dictadura cívico-militar. 

El juez Morrosi, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la CABA condenó a Cecilia Pando por el delito de “daño agravado” por haber cubierto con crespones negros los pañuelos blancos que rodean la Pirámide de Mayo en homenaje a las Madres, un Sitio Histórico por Ley de la CABA. Cecilia Pando tuvo una pena de 5 meses de prisión en suspenso y también deberá cumplir 30 horas mensuales de trabajo comunitario, para lo cual deberá presentarse por dos años ante el Patronato de Liberados. 

Equipo de la Secretaría de Derechos Humanos

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